Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
“Se ha comprobado que hay casos de personas muriendo en las calles de hambre”. Esta descripción sombría proviene de Sir Samuel Hoare, embajador británico en España, y está incluida en un informe que envió a Londres en febrero de 1941. Sus palabras revelan la tragedia que los españoles sufrieron durante la posguerra (1939-1951) en la que al menos 200.000 personas murieron por inanición o por enfermedades derivadas de una deficiente alimentación. Una de las victorias de la propaganda del franquismo es que, todavía hoy, la sociedad recuerda aquel desastre como “los años del hambre”. Un concepto que esconde la realidad de las muertes masivas y de las enfermedades enmascaradas en una escasez de alimentos que, según el régimen franquista, se explicaba por las destrucciones de la guerra, el aislamiento internacional como consecuencia de la II Guerra Mundial y la “pertinaz sequía”. De hecho, la Guerra civil no destruyó las infraestructuras del país, España continuó importando y exportando comida durante la II Guerra Mundial, y los años cuarenta no fueron más escasos en precipitaciones que las normales del clima mediterráneo o de otras décadas. La importancia de estos mitos franquistas está en que camuflan una hambruna propiciada por decisiones políticas. Como sucedió en la España de Franco, las hambrunas que han tenido lugar en el mundo en el periodo contemporáneo rara vez son propiciadas especialmente por desastres naturales, sino que son resultado de decisiones políticas en las que la distribución de los recursos se antoja como esencial.
La hambruna en la España de posguerra fue causada por la política autárquica adoptada voluntariamente por el franquismo en abril de 1939, antes de que diese comienzo la II Guerra Mundial. Una política que establecía una intervención extrema de productos básicos y fijaba precios oficiales. Los resultados fueron funestos: el mercado negro floreció en toda España, muchos artículos de primera necesidad desaparecieron de los comercios y el coste de la vida se disparó de forma espectacular. En el verano de 1941 los precios de algunos productos habían crecido un 200% respecto a julio de 1936. La política autárquica y el control de precios provocó que muchos agricultores redujesen las hectáreas dedicadas a cereal, o incluso derivasen parte de su producción al mercado negro.
Aquellos grupos sociales con acceso a la producción o a la comercialización (pequeños, medianos y grandes agricultores; comerciantes e industriales), o con contactos con los aparatos del régimen, podrían obtener los preciados alimentos. En cambio, las clases bajas, sobre todo en el sur, no podían acceder a ellos por los míseros salarios que cobraban, en gran parte debido a la feroz represión franquista: se trataba de familias desestructuradas, con el varón ausente, en el que muchas mujeres tuvieron que poner todo de su parte para salvar a sus familias, con unos sindicatos aplastados por la represión y con unos salarios miserables. El rastro de aquel terrible fenómeno se palpa en la documentación de la dictadura. Por supuesto, en ella las autoridades esconden siempre el concepto de “hambruna”, pero sí describen con precisión algunas escenas dramáticas. En 1941 un falangista de la provincia de Córdoba informaba que en las últimas semanas habían muerto de hambre 32 personas en Pueblonuevo, 23 en Peñarroya y 17 en Bélmez. En Belalcázar fallecían de inanición 8 al día. (…).”
La solución de los más pobres, en muchos casos marcados por el pasado republicano, residió en transgredir la ley. A veces practicando el pequeño estraperlo, tratando de obtener algún ingreso con la venta de productos en el mercado negro. No obstante, sabemos que el régimen persiguió sin piedad a estos pequeños estraperlistas: en Almería, el 80% de los encausados por este delito eran pobres de solemnidad; algunas mujeres solas justificaron entonces sus actos por la necesidad de alimentar a sus hijos. Otros recurrieron al robo: los hurtos famélicos de productos básicos se dispararon. En algunos lugares como Extremadura, los más desesperados se lanzaron a comer productos ajenos a la dieta como bellotas, hierbas, perros o gatos. Paradójicamente, mientras que familias pobres se sumían en la desesperación o eran perseguidas por las autoridades, algunas destacadas personalidades del régimen, generales del ejército, gobernadores civiles y hasta el propio Franco se enriquecieron en una espiral de corrupción fraguada en el hambre ajena.
La muerte, la enfermedad, el consumo desesperado de cualquier sucedáneo que se tuviese a mano y la comisión de delitos para sobrevivir caracterizan a las hambrunas más importantes del siglo XX, tales como la hambruna griega (1941-44), la holandesa (1944) o el devastador Holodomor (1932-34) ucraniano. Sin embargo, el caso español destaca por algo: rara vez es calificado como hambruna, en una suerte de supervivencia de los mitos del franquismo. En las entrevistas que hemos realizado con testigos de aquella tragedia recuerdan las muertes por inanición, gentes desmayándose por las calles, vecinos muriendo por tuberculosis o tifus o incluso mujeres violadas a cambio de comida. A menudo estos testimonios entienden lo sucedido sencillamente como consecuencia inevitable de unos duros años de posguerra causados por la guerra y en los que el régimen franquista no tuvo nada que ver. Para entender mejor el pasado traumático y para ser capaces de hablar más abiertamente de él tenemos que calificar a los cuarenta no como los “años del hambre”, sino como el tiempo de la hambruna de Franco.
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Peter Anderson es profesor en la Universidad de Leeds. Miguel A. Del Arco Blanco es profesor en la Universidad de Granada y disfruta de una beca Leonardo de la Fundación BBVA. Ambos son editores del libro Franco’s Famine. Malnutrition, Disease and Starvation in Post-Civil War Spain (Bloomsbury, 2021).
El Comité de Desapariciones forzosas pide a España indemnizar a las víctimas y crear un banco de ADN para éstas y otro para bebés robados
El Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU ha emitido un informe en el que arremete contra la Ley de Amnistía de 1977, que considera un «obstáculo» para investigar las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista y pide que se castigue a los autores de los delitos «conforme a la gravedad de sus actos».
Además reclama que se habiliten «indemnizaciones» en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática para las víctimas de desapariciones forzosas y también pide la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como un Banco de ADN para investigar los bebés robados.
En el último informe emitido por este comité el pasado 27 de septiembre, se reconocen las medidas adoptadas por España tras sus anteriores observaciones finales, incluyendo la adopción del Estatuto de la víctima del delito y la creación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el ámbito de la Vicepresidencia Primera y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Sin embargo, este Comité de la ONU considera que el marco normativo en vigor, así como su aplicación, «aún no se ajustan a la Convención» de Naciones Unidas. Por ello, el Comité «alienta» a España a tener encuenta sus recomendaciones, reforzar el marco normativo existente y a garantizar que el mismo, así como todos los actos dimanantes de las autoridades del Estado, incluyendo los procesos legislativos en curso, en particular el Proyecto de Ley de Memoria Democrática y laProposición de Ley sobre Bebés Robados, se conformen a los derechos y obligaciones contenidos en la Convención.
En este sentido, reclama a España que «adopte las medidas necesarias con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir las investigaciones, incluyendo la Ley de Amnistía de 1977» y además, pide que los autores «sean juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos».
Además, manifiestan su preocupación por las «informaciones que indican que ciertos aspectos del Proyecto de Ley de Memoria Histórica, en su redacción actual, no permitirían que se dé pleno cumplimiento a los derechos y obligaciones previstos en la Convención», tales como «la exclusión de la indemnización como forma de reparación y la ausencia de medidas para eliminar los obstáculos legales que impiden la investigación penal de las desapariciones forzadas iniciadas en el pasado como la Ley de Amnistía de 1977».
PIDEN REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS
En este sentido, advierten que el ordenamiento jurídico español «aún no prevé un sistema de reparación integral» de las víctimas de desaparición forzada independientemente de la fecha deinicio de la misma.
Por ello, el Comité «recomienda que el Estado parte adopte las medidas que sean necesarias para garantizar que su ordenamiento jurídico prevea un sistema de reparación integral que incluya todas las medidas de reparación previstas en el artículo 24, párrafo 5, de la Convención».
Además, invitan al Gobierno a que revise el artículo 167, párrafo 2, del Código Penal para incorporar el término «desaparición forzada» a la descripción de la conducta tipificada, así como especificar las penas aplicables, garantizando que sean proporcionales a su «extrema gravedad».
COMISIÓN DE LA VERDAD Y EXCLUIR A LA JURISDICCIÓN MILITAR
A ello, añade la petición de crear un mecanismo encargado de «determinar la verdad» sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado.
En cuanto a la competencia de la jurisdicción militar sobre algunas de las desapariciones forzadas, el Comité «recomienda» a España «excluir expresamente» de la jurisdicción militar la investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones forzadas «en todos los casos».
Además, alienta nuevamente al Estado parte a contemplar en elordenamiento jurídico «el derecho a la verdad» de todas las víctimas de desaparición forzada, independientemente de la fecha de inicio de la desaparición forzada.
El citado Comité considera necesario también que el Gobierno vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, esto es hasta que se esclarezca su suerte o paradero.
Y recordando sus anteriores recomendaciones, también exhorta alEstado parte a garantizar que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial; asegurar que los autores sean juzgados y sancionados; velar por que las instituciones que participen en la investigación de las desapariciones cuenten con recursos económicos, técnicos y de personal cualificado adecuados; que las autoridades coordinen las búsquedas de forma sistemática y que toda víctima de desaparición forzada pueda ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral.
La Comisión también aborda el auxilio judicial internacional pidiendo a España que garantice este auxilio cuando reciba solicitudes de otros estados, como por ejemplo Argentina.
BANCO NACIONAL DE ADN DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA Y DICTADURA
El citado Comité de la ONU también ha alentado a España para que diseñe e implemente estrategias integrales de búsqueda de personas desaparecidas y que «a la mayor brevedad posible» las busque, localice y libere y en caso de fallecimiento, las identifique y restituya sus restos «en condiciones dignas» teniendo en cuenta «sus costumbres».
Y en esta línea, pide acelerar la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, garantizando que el mismo esté coordinado y que su contenido pueda ser cotejado con el de otras bases de datos genéticos existentes o que puedan crearse en el futuro como el Banco Único de ADN previsto en la Proposición de Ley de Bebés Robados.
El Comité de la ONU también insta al Estado a intensificar sus esfuerzos para «buscar e identificar» a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de desaparición forzada y/o apropiación; garantizar su derecho a la identidad; e investigar a los presuntos responsables.
PIDE PRONTA ADOPCIÓN DE UNA LEY SOBRE BEBÉS ROBADOS
Además, recomienda también la «pronta» adopción de la Proposición de Ley sobre Bebés Robados en el Estado español (122/39), garantizando su plena compatibilidad con la Convención y crear a la mayor brevedad un Banco Nacional de ADN que centralice todas las muestras genéticas de las víctimas de los casos denunciados por vía administrativa o judicial, en el que se puedan aportar muestras de forma gratuita, voluntaria y sin necesidad de contar con una orden judicial.
Además, consideran necesario a pesar del tiempo transcurrido, que las autoridades inicien de oficio y sin dilaciones la búsqueda e investigación exhaustiva de todos los presuntos casos de desaparición forzada o de apropiación de niños o niñas y permitan la participación activa de los allegados que así lo requiriesen.
Al respecto, pide a España que vele por que el plazo de prescripción se cuente a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas; que los autores sean llevados ante la justicia y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; garantizar que todas las víctimas reciban reparación integral; asegurar la adecuada conservación de, y acceso a, todos los archivos y otra documentación de carácter público y privado que pudieran resultar relevantes para la investigación y búsqueda de niños y niñas que pudiesen haber sido víctimas de desaparición forzada.
Se trata de la primera fase del proyecto, y los trabajos están promovidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex)
Los trabajos de preparación del proyecto de localización y delimitación de los lugares de enterramiento de los víctimas de la represión franquista en el Departamento 4 del Cementerio de San Juan de Badajoz han comenzado.
Se trata de la primera fase del proyecto, y los trabajos están promovidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex).
Así, en concreto se trata de un proyecto técnico arqueológico y multidisciplinar en este cementerio de Badajoz, que nunca antes había sido investigado de forma científica, subvencionado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dentro de la convocatoria de 2020 de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la guerra civil y de la dictadura.
Estos trabajos que ahora comienzan consisten en la instalación de la infraestructura necesaria que el equipo técnico de la intervención ha dispuesto y la organización del trabajo.
Posteriormente se procederá a la delimitación de las zonas en que se producirán las intervenciones, en total seis catas, dentro de las zonas susceptibles de contener los enterramientos de las víctimas de la represión en el Departamento 4.
La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha visitado hoy el Cementerio de San Juan de Badajoz el inicio de las catas. Durante su recorrido por el cementerio pacense la delegada destacó la importancia de un proyecto que tiene un doble objetivo: el de recuperar la memoria individual y la memoria colectiva. «La memoria individual es necesaria porque es una forma de cerrar el círculo del dolor que durante tantos años persigue a las familias, y en lo que se refiere a la colectiva, me gustaría que estos trabajos sirvieran para que muchos jóvenes y no tan jóvenes pudieran visitar este cementerio y conocer lo que pasó en la ciudad de Badajoz».
Además de estos trabajos, la delegada explicó que este año se llevará a cabo prospecciones de estas características en diversas localizaciones distintas de la comunidad, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz, trabajos de diversa índole además de exhumaciones.
«Una apuesta decidida del Gobierno de España que no va a dar marcha atrás en este proyecto que ha tardado demasiados años en iniciarse pero que va a continuar y finalizar con éxito», dijo.
Concretamente, se realizarán 7 proyectos más en distintos municipios extremeños, con una inversión de 207.000 euros, de distinto ámbito.
«Agradezco a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que ha trabajado incansablemente, con experiencia y rigor científico, para que no se olviden estos hechos», finalizó.
Se trata de la primera vez que esta zona se estudia con metodología científica, informa en nota de prensa Armhex.
Asimismo, la intervención cuenta con el permiso del Ayuntamiento de Badajoz como entidad titular del citado cementerio, y con la preceptiva autorización como sondeo arqueológico de la competente Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Cuenta, además, con el aval de historiadores como Francisco Espinosa Maestre, Albero Reig Tapia, Dulce Simoes o Mirta Nuñez, entre otros.
Intervenciones
El área de intervención como se ha avanzado se ubica dentro del Departamento 4 del Cementerio de San Juan de Badajoz, en parte dentro del espacio del actual de homenaje de las víctimas de la Guerra Civil y posterior dictadura, que actualmente constituye una zona ajardinada sin enterramientos señalizados, en la cual se construyó por parte del Ayuntamiento de Badajoz en 1986 el monumento memorial que ocupa una posición central. Esta zona está cruzada por dos caminos enlosados que confluyen en el centro, los cuales dividen el espacio en tres cuadrantes.
La elección de las zonas a sondear, en esta primera fase de actuación, se ha basado en una serie de factores interrelacionados por la investigación historiográfica previa llevada a cabo, y de toda la información de la que se dispone hasta el momento.
En cualquier caso, las dimensiones finales de la actuación, así como la orientación y la profundidad en la misma, estarán condicionadas por la naturaleza de los indicios que se identifiquen en ellos y por las propias características del terreno.
El tiempo total necesario para la realización de estas actuaciones sobre el terreno del proyecto serían de unas cinco semanas para los trabajos de campo, que comienzan este lunes, día 27. No obstante, la duración total de los trabajos dependerá de diversos factores, como posibles retrasos por circunstancias imprevistas relacionadas con los factores meteorológicos u otras excepcionales causas sobrevenidas en su caso.
De igual manera, el equipo técnico que se hará cargo de esta tarea tiene la máxima cualificación, así como una «gran experiencia contrastada» en este tipo de actuaciones en proyectos similares. La intervención técnica va a desarrollarse siguiendo protocolos científicos reconocidos y acreditados en este ámbito.
Este proyecto arranca y se basa en «los principios fundamentales del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el obligado deber de memoria para que no se repitan hechos similares, poniendo a las víctimas y familiares en el centro del foco de este proceso».
Se pretende, con ello, recordar a los represaliados «olvidados durante tanto tiempo para reparar siquiera sea moralmente a las familias que durante años han venido reclamando esta investigación científica, fomentando con ello valores democráticos y de los derechos humanos, propios de una sociedad como la nuestra en pleno siglo XXI».
“Comunistas contra Franco”, un reconocimiento a la lucha antifranquista. Archivo histórico del PCE
La historia del Partido Comunista de España se inicia en octubre de 1917, cuando los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia y este hecho produce un enorme cataclismo en el sistema y en el propio movimiento obrero internacional. El PCE nace el 14 de noviembre de 1921 a raíz de una escisión del PSOE por el rechazo a la línea socialdemócrata. Los objetivos fundacionales del principio fueron los de sumarse a la Internacional Comunista convocada por Lenin.
Antes, en 1919, había nacido en Moscú la Internacional Comunista que convocó a los partidos obreros a unirse en torno a esta Internacional. Como consecuencia de esta llamada, las Juventudes Socialistas dieron el paso y abrazaron esta iniciativa en 1929. En noviembre de 1921, nace el PCE fruto de la fusión del PC Español y el PCOE. Su gran protagonismo político lo obtendría el durante la II República con su integración en el Frente Popular.
La caída de la República por la Guerra Civil provocada por los sublevados fascistas y la posterior represión franquista significó un terrible golpe para el PCE. La mayoría de sus cuadros se vieron obligados a sufrir el duro exilio sin que antes el partido hubiera podido organizar una estructura para operar en la clandestinidad en España. Fueron muchísimos los militantes y dirigentes que sufrieron la represión de la Dictadura en forma de fusilamientos, venganzas a familiares, torturas, persecución y, en muchos casos, el abandono de su país.
Ahora que se cumplen los cien años del nacimiento de esta histórica formación un libro lo conmemora. La editorial Catarata acaba de poner a la venta el libro “Comunistas contra Franco. Cien años de luchas”, de los autores Carlos Fernández, Mauricio Valiente y Santiago Vega, un reconocimiento a la lucha antifranquista de tantos hombres y mujeres en el centenario del PCE.
Prisión, torturas, insultos…
En su presentación el libro recuerda como “hace no tanto tiempo en España había personas que arriesgaban su libertad, su integridad física e incluso su vida por sus ideas. Fueron héroes y heroínas anónimos, y gracias a su lucha por la democracia, las libertades y la justicia social, hoy nuestras vidas no son tan duras como las que ellos vivieron. Compartían las virtudes y los defectos de su época, pero eran personas capaces de sobreponerse a las experiencias traumáticas: la prisión, las torturas, los insultos, las dificultades para reconstruir sus vidas… sus relatos de lo vivido en esa época, recogidos en este libro, son valiosos testimonios de un tiempo de sacrificio e ideales”.
El valor de “el partido”
El libro pone de manifiesto el valor de la lucha política contra Franco del PCE y la importancia de la labor de oposición de ‘el partido’: “A pesar de sus errores, fueron protagonistas de un cambio necesario. No fueron las únicas, pero sí fueron las más numerosas, las más entregadas, las más pertinaces. Y la organización a la que pertenecían, el Partido Comunista de España, era ‘el partido’, no hacía falta especificar nada más. Hubo quienes tiraron la toalla, quienes cambiaron de opción política y quienes continuaron afiliados toda su vida. Algunos, con el tiempo, abandonaron la militancia desencantados. Otros siguieron en un contexto muy diferente. Todos se merecen el reconocimiento de la sociedad por su esfuerzo en el logro de la reconciliación democrática”.
Los autores
Carlos Fernández Rodríguez
(Madrid, 1974) es doctor en Historia por la UCM. Su labor de investigación ha sido diversa, destacando la historia de la oposición al franquismo y la historia social en la militancia comunista. Entre sus publicaciones destacan: Madrid clandestino. La reestructuración del PCE, 1939-1945 (2002), La lucha es tu vida. Retrato de nueve mujeres republicanas combatientes (2008) y Los otros camaradas: El PCE en los orígenes del franquismo (1939-1945) (2020).
Mauricio Valiente Ots (Madrid, 1966) es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y abogado de derechos humanos especializado en asuntos de extranjería. Ha sido coordinador de los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2019, en el que impulsó las políticas de memoria democrática. En la actualidad es responsable de las actividades para la conmemoración del centenario del PCE.
Santiago Vega Sombría (Calabazas de Fuentidueña, Segovia, 1964) es profesor de Historia del IES Diego Velázquez en Torrelodones y de la Universidad Complutense de Madrid. Investigador y divulgador, con exposiciones y documentales, sobre la II República y la violencia política durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre sus publicaciones: De la esperanza a la persecución (2005) y La política del miedo (2011) con la editorial Crítica y Tras las rejas franquistas (2008) y Segovianos al servicio de la República (2011) con el Ministerio de la Presidencia.
Aunque la fosa se abrió y exhumó en 2010, los trabajos de identificación e inhumación terminaron años después. Es la historia de todo el proceso, desde las primeras investigaciones hasta el homenaje y enterramiento, pasando por las actuaciones judiciales y la implicación de vecinas y vecinos. El documental finalizó en 2019 y recoge la visión actual de los protagonistas de la exhumación 9 años después.
Óscar Alzaga (Madrid, 1942), uno de los políticos más destacados de la transición en la UCD, acaba de publicar ‘La conquista de la transición (1960-1978)’. Con subtítulo imprescindible: ‘Memorias documentadas’.
Óscar Alzaga Villaamil es un jurista, catedrático emérito de Derecho Constitucional y académico supernumerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, director en su momento de un importante bufete de abogados en Madrid, diputado en la legislatura constituyente, en la que fue portavoz de UCD en la Comisión Constitucional, y hasta 1982. Su vocación jurídica le hizo rechazar cargos públicos —recibió cuatro ofertas para ser ministro– después de una larga trayectoria de oposición activa al régimen de Franco desde sus convicciones democristianas que le reportaron un confinamiento y sanciones.
Ya apartado de la actividad docente y del ejercicio de la abogacía ha culminado un libro de carácter histórico, inhabitual en su bibliografía: la reconstrucción de la «conquista» de la transición basándose en documentación en muchos casos inédita procedente de archivos inexplorados como el de Joaquín Satrústegui. El relato es pormenorizado, casi puntilloso. No deja cabos sueltos. Ha recibido presiones para que ni lo escriba y, ya escrito, evitase su publicación. Oídos sordos. Se muestra lúcido en nuestra conversación, tranquilo y consciente de que su obra editada por Marcial Pons —ha renunciado a los derechos de autor— molestará a muchos de sus seguros lectores y quebrará convenciones, más aún procediendo ese texto de un centrista democristiano. A la actual altura de su vida, en la que se encuentra como en una atalaya, esta crónica de la «conquista» de la democracia parece haber satisfecho en el autor un deseo vital largamente esperado.
PREGUNTA.En su libro ‘La conquista de la Transición’ hace una observación importante: sus protagonistas apenas han escrito sobre ella. ¿Por qué este vacío, este silencio?, ¿son los que le han animado a esta iniciativa editorial?
RESPUESTA. Entiendo bien que la inmensa mayoría de los líderes de la oposición democrática de los años sesenta del siglo pasado no se animasen a poner por escrito como desgastaron al régimen en la ilegalidad. A mí escribir este libro me ha llevado diez años, pues, además de acudir a los numerosos papeles que conservo en mi archivo, me ha parecido imprescindible encontrar en la prensa extranjera y en otras fuentes dispersas datos fiables en que apoyarme; de los que dejo constancia en notas a pie de página. Resulta una tarea dura para quienes somos mayores, pero me pareció obligada, pues nuestro pueblo tiene derecho a saber su verdadera historia y creía que podía aportarle una buena porción de su pasado reciente.
Óscar Alzaga en 2017 (foto: Moeh Atitar/El Español)
P.Para escribir este relato tan detallado se ha tenido que enfrentar a la destrucción por orden de Martin Villa en 1977 de una documentación histórica de gran valor sobre personas militantes en la oposición al franquismo y a solicitar la consulta en archivos hasta ahora inexplorados. ¿Por qué esa desaparición de documentos? ¿Qué archivos no utilizados le han sido brindados?
R. En el primer capítulo de este libro expongo el disparate que fue la destrucción de los archivos de los diversos servicios policiales del franquismo, bajo la batuta del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, con la conformidad del presidente Suárez. Algunos policías —conscientes de su gravedad— filtraron que los expedientes de las actuaciones de la Brigada Social y otras fuerzas policiales durante los largos años del franquismo con información de las actividades de los opositores al régimen se introducían en camiones. Y estos se dirigían a la sede central de la Guardia Civil, donde se instaló una gran caldera para su quema. Seguidamente se le pidieron explicaciones en el Senado al ministro, quien se comprometió a salvar lo que tuviera interés histórico y naturalmente solo conservó escasísimos folios relacionados con una veintena de opositores. Uno de estos era yo y me consta que lo conservado es insignificante y carece de interés.
P.¿Ha localizado mucho material?
R. Como la oposición al franquismo hubo de desenvolverse en la ilegalidad producía pocos escritos. Pero sí constaban por escrito los informes de las permanentes escuchas telefónicas de nuestros teléfonos y de los continuos seguimientos a que estuvimos sometidos por la Brigada Social, la Guardia Civil en aquellas zonas rurales en que hubo que asumir funciones represivas, los servicios de información de los sindicatos verticales, etcétera. En aquellos casi cuarenta años se redactaron millones de informes que reflejaban la oposición creciente al régimen, pero estos se quemaron sistemáticamente, privando a los españoles de su historia real durante esas décadas. De forma que somos el único país de Europa donde se ha cometido tal barbaridad. Los informes de la policía política de la Alemania Nacional Socialista, de la Italia fascista, del Portugal salazarista o de la Grecia con dictadura militar… se han conservado. Nosotros constituimos la triste excepción, explicable porque muchos franquistas quisieron seguir en política durante la nueva democracia y ello solo les pareció factible si se destruían todas las pruebas de como habían contribuido a la represión de los que quisimos traer la democracia durante el franquismo.
Pero, naturalmente, del quehacer de la oposición democrática informaba casi a diario la mejor prensa extranjera y sabiendo en qué fechas hay que buscar cierta información, esta se logra y se puede citar en notas a pie de página. También he podido consultar los archivos privados que cito en mi libro y naturalmente, la amplia información que conservé de lo que hice de joven.
El lunes 27 de febrero de 1978, el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, visitó dos comarcas leonesas. En las calles había nieve que se transformó en barrizal por el trasiego de la gente que acudió. Y para evitar que el ministro se manchara los zapatos lo llevaron en volandas . Diario de León 28 de febrero de 2017.
P. La carta de Joaquín Satrústegui al entonces príncipe Juan Carlos es una auténtica e inédita joya histórica y las cartas del ministro franquista Tomás Garicano Goñi, igualmente inéditas, ofrecen una perspectiva distinta de las discrepancias en el núcleo más militante del Régimen.
R. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Joaquín Satrústegui fue una joya, todo un demócrata monárquico, enteramente leal a D. Juan de Borbón, con un comportamiento siempre coherente. Afortunadamente su hijo Miguel me ha dejado consultar con calma su archivo. Los dos informes de 1972 a Franco del ministro de la Gobernación Garicano Goñi, que reproduzco, dicen bastante a favor de aquel ministro. Es particularmente interesante que en el primero le narra a Franco que el gran problema del régimen es «el universitario». Ciertamente la oposición en las aulas universitarias —a la que yo contribuí cuando se me eligió delegado de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, en el curso 1964-1965— se llevó por delante al SEU y extendió entre los jóvenes la cultura política de las democracias de la Europa occidental. Profesores y alumnos ambicionaban una democracia occidental, como pude comprobar cuando en el Estado de Excepción de enero de 1969, en mi condición de profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, se me confinó en un pueblecito de Soria. Se pusieron en huelga pacífica todos los alumnos y se solidarizaron conmigo todos los profesores de esta universidad. El Gobierno hubo de levantarme el confinamiento para reabrir la Universidad.
P. Mientras es conocida la oposición antifranquismo de la izquierda (PSOE y PCE) y aun de los nacionalismos, no la de la democracia cristiana española ¿es un libro una referencia de la aportación a la democracia del 78 de los demócratas franquistas militantes en la democracia cristiana? ¿les faltó un líder que, a lo que lee en su libro, nunca fue Joaquín Ruiz Jiménez? ¿Qué ocurrió para que los democristianos se fuesen, unos al PSOE y otros a UCD?
R. Naturalmente, he procurado explicar la importante contribución de nuestra Democracia Cristiana a la labor de la oposición democrática, que fue mucho más importante cuando dispusimos del liderazgo de Manuel Giménez Fernández —en que IDC [Internacional Demócrta Cristiana] lideró a la oposición democrática— y resultó mucho menos coherente y eficaz bajo la presidencia de Joaquín Ruiz Giménez, hasta hacerla inviable, como narro. E incluyo la explicación de cómo la ineficacia de este último contribuyó a que un amplio sector optase por salir de nuestro partido para incorporarse al PSOE.
P. Es muy interesante cómo se trata en libro el papel de la Iglesia. ¿No se ha valorado su resistencia al franquismo desde el protagonismo en la Santa Sede del cardenal Montini, luego el gran Papa conciliar?
R. El cardenal de Milán, Giovanni B. Montini, de joven había sido consiliario de la Acción Católica en la Universidad Italiana durante la presidencia de Benito Mussolini, desarrollando su eficaz solidaridad con los jóvenes estudiantes católicos y antifascistas cuando sufrían sanciones. Tenía una sólida formación jurídica y consideraba positivo que los españoles recuperásemos el Estado de Derecho. De manera que cuando le pedíamos apoyo frente a la represión del régimen, siempre pudimos contar con su solidaridad. Y el franquismo llegó a organizar una manifestación contra él frente a la sede de la Embajada italiana en Madrid, en que cientos de jóvenes franquistas gritaban «Sofía Loren SÍ, Montini NO» y portaban una pancarta donde se leía «La democracia cristiana nos ha salido marrana», de la que aporto una fotografía en mi libro. Poco después, el cardenal fue elegido pontífice y Pablo VI, como Papa hasta 1978, fue uno de los factores que imposibilitó la permanencia del franquismo a la muerte del Caudillo, como explico con el detalle que merece tan importante factor para poder recuperar la democracia.
El cardenal Montini (que pocas semanas después sería elegido papa con el nombre de Pablo VI) solicitó la conmutación de la condena a muerte a Julián Grimau
P.Demuestra usted en su obra que al franquismo le preocupó mucho más la «cuestión universitaria» que la «obrera», ¿por qué? ¿se movieron con más agilidad los democristianos en la primera que en la segunda?
R. La cuestión universitaria supuso un corte generacional. Pues nuestras universidades, con número de alumnos crecientes vivieron la defensa de los valores democráticos, enterrando muy pronto el SEU y no acogiendo las tesis anacrónicas del régimen. En nuestras universidades se anhelaba el sistema político de las democracias europeas y que España perteneciese a la Comunidad Europea, coincidiendo en ello profesores y alumnos. El coste entre los jóvenes y quienes hicieron la guerra era cada vez más nítido. Esto suponía que el régimen no podría mantenerse a la muerte de Franco. La oposición obrera desempeñaba un papel llegado el momento de negociar en una empresa el Convenio Colectivo, pero no impregnó a los trabajadores de un modelo de sistema político que ellos propugnasen.
P. Según se desprende de la lectura de su libro, Adolfo Suárez fue presidente del Gobierno más por el empeño de Torcuato Fernández Miranda que por el de Juan Carlos I, aunque él no quiso que esa fuese la versión oficial de su designación. ¿Fue así?
R. Efectivamente, Adolfo Suarez debió el ascenso en su carrera política, primero a Herrero Tejedor y tras la muerte de este, a Fernández Miranda, quien logró incluirle en la terna que el Consejo del Reino propuso al Rey, para recomendarle luego ante el Rey. Lo que ocurrió fue que más tarde Adolfo puso mucho empeño en reescribir la realidad histórica para negar que su padrino fue Torcuato Fernández Miranda, como expongo en las páginas de mi obra.
P.Desvela una conversación crucial: el tesorero de UCD, Álvaro Alonso Castrillo, le confiesa que una «monarquía árabe —tras una gestión singular hecha desde el palacio de la Zarzuela— a través del Banco de España» financió la campaña de UCD de 1979. ¿Hay documentación al respecto? ¿Fue el rey Juan Carlos I un rey preparado plenamente para asumir su papel en una monarquía constitucional y parlamentaria? ¿Se injirió en demasía en políticas concretas?
R. Efectivamente, Álvaro Alonso Castrillo narró a todo el que le quiso escuchar cómo Suárez le explicó que la financiación de la campaña de UCD para las primeras elecciones generales de 1977 estaba resuelta con la gran suma que una monarquía árabe —tras una gestión hecha por D. Juan Carlos— había aportado a través del Banco Exterior de España. A Álvaro, que era un serio Letrado del Consejo de Estado, aquello no le gustó nada y para dejar bien claro que él no tenía nada que ver con aquella opaca donación nos lo contaba a todos los candidatos de UCD que conocía. Supongo que la única documentación que existía sobre aquella singular donación sería la transferencia que recibió el Banco Exterior de España desde una cuenta bancaria lejana. Pero nada sé de ello. Sí recuerdo que esto no contribuyó positivamente a la fama del Rey emérito entre quienes conocimos tan incomprensible operación. Pero yo no soy quién para juzgar ni a él ni a nadie, me limito a aportar los hechos que creo relevantes.
Óscar Alzaga en las Cortes constituyentes (foto: Hemeroteca del Buitre)
P. Muestra en su texto mucho respeto a D. Juan de Borbón ¿cómo actuó el «juanismo» en la oposición franquismo? ¿No fue zigzagueante y poco resuelto como hasta ahora se ha considerado?
R. Como narro en este libro, solo conocí personalmente a D. Juan en una reunión en Estoril en que me recibió. Fue un viaje y una audiencia que me organizaron, por su iniciativa, buenos amigos juanistas. Pero traté mucho a sus hombres de confianza en Madrid, Joaquín Satrústegui, Vicente Piniés, Jaime Miralles…. con los que coincidía en la Junta Directiva de la Asociación Española de Cooperación Europea, que se esforzaron por conquistar la democracia para nuestro pueblo. Creo que ellos contribuyeron mucho a que me forjase una buena opinión de D. Juan, aunque obviamente no pudieron hacer nada cuando su hijo se desvinculó de su padre y aceptó, sin reservas, el plan de Franco para convertirle en su sucesor, es decir, en Rey de la monarquía del Movimiento.
P. Usted fue, casi por azar, diputado en las Cortes Constituyentes y portavoz de UCD en la Comisión Constitucional pero no aceptó ser ministro de Educación ni asumir cargos públicos ¿desconfió usted de la buena labor constituyente?, ¿qué aspectos cree que debieron mejorarse en el debate de la Constitución? ¿Quizás el modelo territorial?
R. La razón por la que no acepté la cartera del Ministerio de Educación, que me ofreció el presidente Suárez, ni la segunda que me ofreció más tarde, ni ninguna de las tres que sucesivamente me propuso Calvo Sotelo, ni ningún cargo público fue muy sencilla. Mi vocación era ser un buen jurista, y concretamente catedrático de Derecho Constitucional, y un buen abogado en temas que requiriesen de estudio complejo. Me comprometí con la Democracia Cristiana de la oposición al franquismo por razones éticas: tenía el deber de esforzarme y asumir los riesgos de contribuir a poner fin a la dictadura y construir en España un Estado de Derecho. No era el único que estaba en política sin ambición de poder, pues recuerdo que Gregorio Peces-Barba me narró que Felipe González le había propuesto incorporarse al Gobierno, lo que él declinó. Y buena parte de los entonces jóvenes que militábamos en nuestra ilegal DC se dedicaron a sus profesiones tan pronto como se consolidó nuestra democracia. Cuestión distinta es que como profesor de Derecho Constitucional yo pensase que algunas materias no estaban reguladas óptimamente en el texto de nuestra Constitución. Por ejemplo, el Título VIII no merece mis elogios, en mi opinión se debió adoptar un sistema federal análogo al de la República Federal Alemana.
Óscar Alzaga (PDP), Manuel Fraga (AP) y José Antonio Segurado (PL) en la época de la Coalición Popular (1982-1987)(foto: El Cultural)
P.¿Es usted partidario de la una Ley de la Corona? ¿O de alguna reforma de la Constitución para abordar las distintas crisis que convergen en la realidad política y social de España?
R. España es el país de la Unión Europea que en estos cuarenta y tres años menos reformas ha incorporado a su Constitución. Y las pocas que hemos adoptado lo han sido precisamente a requerimiento de la Unión. Y me temo que esto es un síntoma de que nuestra clase política es reacia a los debates de altura sobre cómo mejorar las dinámicas de nuestras instituciones democráticas. Ahí tenemos un terreno sobre el que reflexionar para aproximarnos a las mejores prácticas de las democracias europeas de más alto nivel. Sobre la Corona quizá bastase con asumir, sin reservas, las prácticas de las monarquías europeas que llevan muchos años siendo modélicas en no entremeterse para nada en las contiendas políticas.
P. Una última cuestión: ¿ha tenido presiones para no que este libro no viese la luz? Lo pregunto porque su relato altera alguno de los cánones de la Transición en su fase inicial, respecto de acontecimientos, pero también respecto de determinados políticos.
R. Efectivamente, he recibido dos presiones, que no creo procedente detallar, para que ni terminase ni publicase este libro. Naturalmente, he hecho caso omiso a tal intromisión en mi libertad de escribir. Mi impresión es que quienes vienen del franquismo y no de la oposición democrática están muy satisfechos con la falsa tesis que flota en nuestro país sobre que la democracia nos la donaron los últimos hombres del franquismo, a la muerte de su caudillo. Para poder sostener esta falacia quemaron millones de documentos policiales sobre la sistemática represión que durante más de treinta años se aplicó a la oposición democrática al franquismo, que con el apoyo importantísimo de las potencias europeas —que narro en este libro— fue cambiando la visión de nuestra población sobre qué tipo de vida pública debíamos gozar los españoles. A quien lea esta obra le van a quedar pocas dudas de que la labor de la oposición democrática fue determinante del final de un franquismo incompatible con ser uno de los estados de Derecho que integran la Unión Europa de la que felizmente somos miembros.
