dissabte, 25 de juny del 2022

Los búnkeres y las trincheras del Túria que resisten 84 años después

 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2022/06/25/bunkeres-trincheras-turia-resisten-84-67645169.html


La línea de defensa Inmediata construida en 1938 desde el Puig a Vilamarxant dejó un reguero de construcciones militares de las que sobreviven un 80 %, aunque no todas protegidas


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Un paseo por las trincheras y búnkeres de la República JOSÉ ALEIXANDRE

Visitar un búnker, recorrer una trinchera o entrar en un refugio a pocos kilómetros de València es una intromisión en la historia que se debe a los grupos cívicos que desde hace años exigen la protección de estas construcciones y su puesta en valor. En concreto, todas las que compusieron la Línea de defensa Inmediata de València, construida en 1938 como última oportunidad del bando republicano de frenar a los nacionales antes de tomar la capital. Nunca entró en funcionamiento, pero la veintena de centros de resistencia y puntos de apoyo que salpican esta línea imaginaria entre el Puig, Rafelbunyol, Moncada, Bétera, San Antonio de Benagéber, l'Eliana, Riba-roja y Vilamarxant dan cuenta de que se realizó una gran inversión para defender València.

Los años del olvido terminaron en los 90, cuando varias asociaciones cívicas comenzaron a reivindicar estas construcciones como parte del patrimonio paisajístico. Entre ellas, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria, o el Grupo de Estudios Posición Defensiva València, o tantos otros cuya presión sobre los distintos gobiernos llevó al Consell a aprobar en 2017 una modificación de la Ley de Patrimonio. Con ella, cualquier construcción de la Guerra Civil contaba con la catalogación de Bien de Relevancia Local, un primer paso para proteger estas estructuras.

Vista aérea de una de las trincheras y un nido de ametralladoras en San Antonio de Benagéber, donde se prevé construir viviendas. | JOSÉ ALEIXANDRE

Vista aérea de una de las trincheras y un nido de ametralladoras en San Antonio de Benagéber, donde se prevé construir viviendas. | JOSÉ ALEIXANDRE AMPARO SORIA. VALÈNCIA

«De los municipios que tienen estas construcciones, hay de todo. Paterna las protegió mucho antes que el Consell, Riba-roja tiene un gran patrimonio puesto en valor, como Rafelbunyol; l’Eliana lo perdió todo en los 70 y en San Antonio no se ha hecho nada», explica Esteban Clemente, miembro de la Coordinadora y presidente del Centro de Estudios Locales de San Antonio de Benagéber. Esta semana fueron noticia los tres búnkeres y el fortín que hay junto a la urbanización Colinas de San Antonio porque una empresa constructora quiere soterrarlo y edificar nuevos chalés, algo que las asociaciones cívicas califican de error. «Este conjunto de ruinas es uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar porque se ven muy bien las trincheras», explica.

Fortín de doble cámara y refugio que servía de punto de resistencia durante la Guerra Civil, en San Antonio de Benagéber

Fortín de doble cámara y refugio que servía de punto de resistencia durante la Guerra Civil, en San Antonio de Benagéber JOSÉ ALEIXANDRE

En total, del cerca de 30 kilómetros que tiene esta línea hasta Vilamarxant (oficialmente llega hasta los Altos de Carassols, en Riba-roja), se conserva el 80 % de las estructuras. Clemente considera que entre un 20 y un 30 % ha sido destruido o soterrado por diversas razones, la principal por estar en zonas donde se ha construido después. «Es lo que pasó en l’Eliana, donde se edificaron chalés en zonas forestales encima de casamatas y estructuras varias, no se le daba ninguna importancia entonces», cuenta Clemente.

Fotografías de los americanos

Los distintos grupos de historiadores, memorialistas y ecologistas han desarrollado diversos trabajos para catalogar todo este patrimonio y no siempre ha sido fácil. Si embargo, según explica Clemente, fueron fundamentales las fotografías que realizó el avión americano cuya delegación visitó España en 1957. Esas imágenes aéreas, que se pueden ver en el Visor Cartogràfic de la Generalitat, muestran la ubicación de estas construcciones defensivas y permiten compararlo con los mapas actuales para ver si hay una urbanización encima, si el bosque se las ha tragado o si siguen a plena luz del día, esperando una protección y una puesta en valor social.

CLAVES Abonos transporte, pensiones, ingreso mínimo o bono mensual: las medidas del plan anticrisis una a una La memoria LGBTI+ durante el franquismo: “depredadores sexuales” y eternos “culpables”

 https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/memoria-lgbti-durante-franquismo-depredadores-sexuales-eternos-culpables_1_9117072.html


Conferencia 'Memoria Histórica Homosexual: Los últimos ajusticiados por garrote vil en Sevilla ¿asesinos o inocentes?'

Junio es el Mes del Orgullo, una fecha marcada por las fiestas, reivindicaciones, pero también para recordar lo que han sufrido y vivido las personas de este colectivo a lo largo de la historia, especialmente durante el periodo de la dictadura franquista. Pablo Morterero, presidente de la Asociación Adriano Antinoo, ha recordado, en una conferencia sobre Memoria Histórica en la Alameda de Hércules de Sevilla, que se llevaron a cabo “modificaciones terribles” de leyes que servían para “perseguir y violentar a las personas homosexuales, bisexuales y trans por su orientación y/o su identidad”.

María del Monte, pregonera del Orgullo LGTBI+ Sevilla: "Soy una persona más de todos los que estamos aquí"

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Ha explicado que a los homosexuales se les comenzó a declarar “depredadores sexuales” al reformar la ley del Código Penal en 1944 “donde se establecieron los 23 años como la edad mínima de consentimiento entre dos hombres o dos mujeres”. Mientras que en una relación heterosexual “se mantuvo en los 13 años”. Además, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social también fue modificada en la década de los 50 para incluir los delitos de homosexualidad.

El presidente de la asociación ha explicado que había los llamados tribunales de honor para los homosexuales, que no fueron prohibidos hasta la Constitución de 1978. Ha puesto de ejemplo que “se podía forzar la expulsión laboral de un farmacéutico por el simple hecho de que fuera gay”. Las últimas investigaciones que ha realizado Pablo escenifican “una realidad aún más terrible y desconocida”.

“Éxito policial”

La supuesta práctica judicial de buscar y culpabilizar de delitos a “personas vulnerables”, dejando libres a culpables y condenando a inocentes. Esta persecución policial al colectivo LGBT+ mostraba una “eficacia policial falsa” a través de testimonios de personas trans y personas homosexuales que muestran el horror que ha pasado este colectivo. Morterero cuenta durante la conferencia el caso de E.T., una mujer trans que cuenta que fue detenida en Sevilla y traslada a la Comisaría de la Gavidia donde, después de interrogarla y exigiendo que confesara que había robado, “un policía me bajó a la celda, me metió en el ascensor y me violó”.

La negativa de un hombre homosexual, A.J., a firmar una declaración de culpabilidad en la misma comisaría (Gavidia) por el asesinato de un ciudadano inglés que había sucedido días antes en Torremolinos hizo que se “llevara una paliza por un famoso policía apodado Billy el Niño”. “Querían hacerme firmar sin que leyera lo que ponían en el papel”, añadía el afectado.

“Asesinados por garrote vil”

El 3 de noviembre de 1959 se produjo un robo en el Hotel Cecil Oriente en plaza Nueva, donde el policía Julio Pérez Fuentes fue asesinado con una metralleta que fue robada tras un asalto al destacamento del Ejército del Aire del aeropuerto de San Pablo, explica Morterero como muestra de uno de los casos más claros de injusticia contra el colectivo. “La clave para encontrar a los culpables fue el arma, que fue encontrada un mes después en un hueco de la muralla de la Macarena”, añade.

Rafael Pino Cordón y Rafael Romero Peña fueron los “culpables” de este asesinato. Fueron juzgados el 21 de diciembre en un Consejo de Guerra y, “a pesar de declararse inocentes durante el juicio”, fueron condenados a muerte por “intimidación con arma de fuego y con resultado de homicidio”. Fueron ejecutados el 20 de febrero de 1960 a garrote vil, procedimiento para ejecutar a un condenado comprimiéndole la garganta con una soga retorcida con un palo con un aro metálico u oprimiéndole la nuca con un tornillo, como explica la Real Academia Española de la Lengua.

Sin “conseguir una sola pista en el primer mes del suceso y con la presión social” la policía en menos de tres semanas “consiguió encontrar a los culpables confesos” y, a pesar de “declararse inocentes, son ajusticiados en menos de dos meses”. A esto se le añade la intervención de Monseñor Camilo Olivares, quien fue sacerdote de la Santa Caridad y que acompañó a los dos “culpables”.

En una entrevista para el ABC, Olivares comentó entonces sobre las dos personas asesinadas que “eran personas frágiles, de corta inteligencia, extremadamente amanerados y físicamente débiles”. Con un “sentimiento terrible de culpa” el sacerdote añadió que “parecía difícil de comprender que hubieran sido capaces de robar un arma de fuego en un cuartel, planear y realizar personalmente un atraco y disparar en un tiroteo matando a un policía armado”. Pablo Morterero termina la conferencia denunciando que la policía no investigó cómo consiguieron el arma homicida y que “no hicieron justicia al policía asesinado”.

La memoria histórica debe reivindicar “de dónde venimos” porque “muchas personas eran despreciadas por sus familias, pero nosotros estaremos aquí para luchar por su memoria”, ha sentenciado el activista.

El calvario judicial del alcalde al que se le embargó una vaca por atreverse a exhumar una fosa común

 https://www.eldiario.es/sociedad/calvario-judicial-alcalde-le-embargo-vaca-atreverse-exhumar-fosa-comun_1_9103975.html


Benito Benítez Trinidad vivió un calvario judicial a comienzos de la Transición por trasladar los restos de represaliados de una fosa al cementerio

Marta Borraz


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Hoy la memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente, pero impulsarla cuando la muerte de Franco estaba reciente fue un auténtico desafío. Quienes buscaron poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura en los tiempos en los que España estaba empezando a estrenar la democracia se enfrentaron a obstáculos, presiones, amenazas o incluso denuncias. Es lo que ocurrió en Torremejía, un pueblo de Badajoz marcado por la represión franquista en el que impulsar la exhumación de la fosa común en la que yacían los fusilados abocó a su primer alcalde democrático a un calvario judicial en 1979, tras la denuncia de quienes se oponían a la reparación de las víctimas.

Felipe Acedo Colunga, el creador de la "solución final" de la represión franquista

Felipe Acedo Colunga, el creador de la "solución final" de la represión franquista

Dos investigadores expertos en memoria histórica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Paloma Aguilar y Guillermo León, han rescatado la historia de Benito Benítez Trinidad en el artículo Los orígenes de la memoria histórica en España: los costes del emprendimiento memorialista en la Transición, publicado en la revista Historia y Política. Los expertos han accedido por primera vez al expediente judicial y al archivo municipal y han recopilado testimonios para retratar un caso cuya relevancia trasciende al ámbito local y sirve para ilustrar los límites con los que se encontraba entonces lo que hoy llamamos memoria histórica.

Este tipo de acciones “se produjeron casi exclusivamente” a pequeña escala y gracias al empeño de los familiares, que solían conocer dónde estaban enterrados los asesinados. “Pensaron que era su momento y que con la aprobación de la Constitución, el sistema sí les daría una respuesta”, cuenta León. Pero se toparon con un escenario de “hostilidad” por parte de los sectores profranquistas y de “indiferencia” social e institucional. “Las Administraciones no eran sensibles a ello, así que las medidas de reparación que se llevaron a cabo fueron escasas y fragmentadas”, añade.

Ni siquiera formó entonces parte de las agendas de los partidos y sindicatos de izquierdas. “Se marginó de las estrategias políticas a nivel provincial y nacional, pero en esos momentos el PSOE, el PCE o la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores) estaban trabajando sobre el terreno para construir candidaturas municipales, así que muchas familias se les acercaban en los pueblos para preguntarles por sus padres, sus hijos, sus tíos...”, explica el experto.

En la práctica, las iniciativas acabaron dependiendo de “la determinación” de alcaldes, concejales e incluso sacerdotes gracias al acercamiento local con las familias. Aunque no sin costes. A veces, como ocurrió en Motril, se llegaron a suspender funerales en honor a las víctimas debido a las presiones y algunas publicaciones como Cuadernos para el Diálogo llegaron a recibir amenazas por publicar reportajes sobre el tema. “En muchas ocasiones los pioneros de la memoria histórica sufrieron presiones, amenazas y acciones intimidatorias”, resume el artículo, que pone el foco en que la extrema derecha lo que quería evitar era “que se mancillara la versión de la historia ofrecida por el franquismo”.

Un largo proceso judicial

A Benito Benítez Trinidad hacerlo le valió una denuncia y un largo proceso judicial instrumentalizado con fines políticos, lo que hoy llamaríamos lawfare. “Hay que tener en cuenta que se trataba de un contexto local donde la derecha se veía desplazada del poder que había detentado durante décadas y quien lo ocupaba era un jornalero. Esto en un ámbito rural donde las diferencias sociales estaban muy marcadas generaba impotencia entre los sectores conservadores”, explica León.

Militante de la ORT, un partido marxista ya desaparecido, y hasta entonces obrero agrícola, Benítez fue elegido alcalde de Torremejía con 30 años en las primeras elecciones democráticas, en 1979. El pueblo, eminentemente agrícola y marcado por el recuerdo traumático de la represión franquista, votó en esos comicios mayoritariamente a la ORT, seguida de la UCD, el PSOE y el PCE. Se conformó una corporación heterogénea que dio lugar a momentos tensos e intentos de mociones de censura contra el alcalde.

Pero el momento más convulso llegó con la petición de los familiares de los represaliados de abrir la fosa clandestina situada en una calle del cementerio por la que la gente pisaba al pasar. Llegaron a ser 40 asesinados, según ha contabilizado el historiador Francisco Espinosa, aunque en el mausoleo que se erigió para albergar los restos figuran 33 nombres. El momento lo recuerda Ángel Calle, entonces concejal en Mérida y dirigente de la ORT: “Una serie de mujeres se enfrentaron al alcalde y a mí y nos plantearon que teníamos que sacar a sus padres. El sepulturero del viejo cementerio municipal nos dijo la ubicación porque sabía de memoria dónde estaban [...] Y decía a la gente: 'aquí está tu padre', 'aquí, tu tío', 'aquí, tu abuelo'”.

Según consta en el artículo, Benítez no lo dudó y lo llevó al pleno del 28 de julio de 1979. Menos de un mes después, Torremejía llevaría a cabo la exhumación. Los restos se introdujeron en sacos de plástico y el acto de traslado se produjo en forma de cortejo sin banderas de partidos, según el informe que elaboró la Guardia Civil. Algunos medios se hicieron eco del hecho llegando a destacar el carácter multitudinario del acto. Los testimonios recogidos por los investigadores confirman que se vivieron momentos “de emoción” y “dolor” y que aquellos días la atmósfera en el pueblo era “tensa”. Tanto que aparecieron varias pintadas con amenazas e injurias al alcalde, que en una ocasión llegó a ser agredido e insultado por varios militantes de derechas.

Estas acciones no tuvieron repercusión judicial, pero sí lo tuvo la exhumación, a raíz de dos denuncias presentadas por el gobernador civil de la provincia y el concejal de UCD en Torremejía, médico y jefe local de Sanidad, Julián Membrillo Bote. No eran “dos actores cualquiera”, sino figuras “relevantes” desde el punto de vista sociopolítico, añade el artículo. Tras meses de instrucción, el 25 de enero de 1980, el juez emitió un auto de procesamiento contra Benítez en el que le imputaba dos delitos: uno contra la salud pública por no haber pedido permiso a la Jefatura de Sanidad y otro por malversación de caudales públicos, acusado de utilizar para la exhumación a trabajadores del Empleo Comunitario, una fórmula de empleo transitorio en obras financiadas por el Estado que rigió hasta 1983 para paliar el paro agrícola.

El apoyo del pueblo

El juez le impuso además una fianza de 50.000 pesetas, pero al no tener la cantidad ni disponer ni siquiera de vivienda en propiedad, la justicia solo pudo embargarle una de las dos vacas que tenía la familia. Aunque ahora puede resultar algo “cómico”, destaca la investigación, fue en su momento un suceso traumático porque eran los únicos bienes que poseían. De hecho, su hijo Antonio sigue acordándose del momento en el que las autoridades se llevaron al animal de su casa. Sin embargo, el pueblo “se volcó” en la causa judicial e hicieron una colecta de “bonos de ayuda” de 100 pesetas para desembargar la vaca, algo que consiguieron.

El caso fue muy sonado, publicado en medios nacionales como El País e incluso llegó al Congreso de los Diputados, donde el entonces diputado de Euskadiko Ezquerra, Juan María Brandés, interpeló al Gobierno para que, en caso de condenarse a Benítez, se tramitara “inmediatamente” el indulto. Finalmente, el alcalde fue absuelto el 19 de junio de 1980, casi un año después de la exhumación. Consideró el juez que no había cometido los delitos que se le imputaban: “El de la salud pública no se sostenía porque llevaban más de 40 años enterrados. Por otro lado, varios trabajadores del Empleo Comunitario testificaron que nadie les había ordenado hacer la exhumación, algunos incluso eran familiares de enterrados. Aun así, las actividades encajarían con lo que hacían” estos empleados, resume León.

A esto se sumaba la presión social del pueblo y la repercusión que llegó a tener, lo que empezó a poner el foco en que “lo que se dirimía realmente era una cuestión de orden moral y no jurídica”, remacha el experto, que apunta a cómo el “tormento judicial” que afrontó el alcalde se constituyó como un “efecto disuasorio” de acciones parecidas. Benítez acabó siendo alcalde de Torremejía durante casi 25 años con diferentes formaciones políticas: de la ORT pasó a IU y después al PSOE, hasta 2003. Falleció en 2013, con 64 años.

Cuando el sindicalismo mundial miró a España: medio siglo del Proceso 1001

 https://www.elsaltodiario.com/sindicatos/cuando-el-sindicalismo-mundial-miro-a-espana-medio-siglo-del-proceso-1001


Conocidos como los diez de Carabanchel, se enfrentaron a duras penas de prisión por formar parte de la cúpula de las entonces ilegalizadas Comisiones Obreras. Una oleada de solidaridad internacional llegó hasta el juicio, el mismo día en que ETA asesinó a Carrero Blanco.


Todo estaba preparado para ese encuentro. Ahí se verían los dirigentes de diversas regiones de España para configurar la hoja de ruta de los próximos años. Algunos no llegaron ni a entrar, algo se olían. Los que ya estaban dentro no tuvieron escapatoria. Aquel 24 de junio de 1972, hace exactamente medio siglo, comenzó uno de los casos de represión hacia el sindicalismo más internacionalizados de la historia del franquismo. Ellos eran Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro Santiesteban, Eduardo Saborido, Francisco García (uno de los llamados “curas rojos”), Luis Fernández, Francisco Acosta, Juan Muñiz Zapico Juanín, y Fernando Soto Martín. La redada en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, les dejó sin capacidad de respuesta. Ellos son los “diez de Carabanchel”, los protagonistas del Proceso 1001.

Los máximos dirigentes a nivel nacional de Comisiones Obreras, organización ilegalizada por el Tribunal Supremo en 1967, cayeron en las garras de un régimen que empezaba a morir pero continuaba matando. Cristina Almeida, reconocida abogada laboralista, fue una de las letradas que engrosó la lista de defensores, todos ellos sobresalientes en su campo, como Gil Robles padre, Gregorio Peces Barba, Marcial Fernández Montes y Paquita Sauquillo. “Fue una barbaridad aquello, pedían condenas de hasta 20 años de cárcel por asociación ilícita en grado de dirigente a Marcelino Camacho”, rememora esta.

Según recuerda Almeida, mucha gente allí quería matar a los sindicalistas: “Después de aquello de cambiar las calificaciones, nada”

Las peticiones de la Fiscalía durante el juicio, que coincidió con el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, iban desde las dos décadas de prisión hasta los 12 años. “Eso lo convirtió en una causa contra el sindicalismo, no contra diez sindicalistas. Fue un juicio de especial importancia porque se solidarizaron representantes de sindicatos de todo el mundo”, continúa Almeida. Durante los meses que los diez sindicalistas estuvieron en prisión antes de la celebración del juicio el clamor popular que exigía su libertad inundó numerosas ciudades europeas.

Carrero Blanco en el juicio

Fue entonces cuando parecía que la incógnita se resolvería: pedirían penas mucho más bajas que las previstas. “A mí personalmente y a otros abogados compañeros nos habían dicho que se las rebajarían. Me llegaron a enseñar las calificaciones y vi que iban a pedir seis años de prisión”, recuerda Almeida. Todo cambió con el estallido de la bomba que mató al entonces presidente del Gobierno, Carrero Blanco. “En cuanto se supo, todos los fachas vinieron a la cola de espera del juicio porque querían buscar a Marcelino Camacho, y mucha gente que quería entrar para ser testigo tuvo que escapar como pudo”, agrega la abogada.

Tras diez minutos de suspensión decretados por el presidente del tribunal, los letrados pidieron la suspensión del juicio. Según recuerda Almeida, mucha gente allí quería matar a los sindicalistas. “Después de aquello de cambiar las calificaciones, nada, así que la pena más dura continuó en los 20 años. No fue hasta el año siguiente, en el Tribunal Supremo, cuando les condenaron a los mismos años de cárcel que pensaban hacerlo en un primer momento”, continúa el relato. Por lo tanto, establecieron unas penas de dos y seis años. Fueron momentos muy convulsos. La propia Policía era la encargada de llevar a Almeida hasta su casa a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid para asegurar que no se produjera ninguna agresión.

Comisiones Obreras, algo más que un sindicato

Mayka Muñoz, doctora en Historia Contemporánea, archivera de la Fundación 1º de Mayo y autora de “Proceso 1001. El franquismo contra Comisiones Obreras” (Catarata, 2022) junto con José Antonio Pérez, incide en la gran movilización que suscitó el caso represivo: “Por entonces la dictadura intentaba dar una imagen más amable, pero no era verdad, así que fue esencial hacer ver internacionalmente que los juicios durante el franquismo no tenían ninguna garantía”. Tras la reducción de penas y el año que estuvieron en prisión antes del juicio, algunos salieron de la cárcel en torno a 1974. Otros, como Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, tuvieron que esperar al indulto con motivo de la proclamación del rey en noviembre de 1975 para pisar la calle.

“El Proceso 1001 estaba presente a diario. En todos los convenios, por ejemplo, en los que se reivindicaba la subida de sueldos y se hablaba de las jornadas laborales, siempre se añadía la reivindicación de la libertad para los procesados”, explica la historiadora. Así pues, Comisiones Obreras comenzaba a configurar su línea de acción dirigida a las libertades democráticas más allá de la situación socioeconómica.

Igual que en el Proceso de Burgos de 1970 "no se juzgaban a los miembros de una organización armada, sino a todo el País Vasco, en este caso no se juzga a una decena de miembros de CC OO, sino a la clase trabajadora española”

Muñoz, además, recalca cómo aquel 20 de diciembre de 1973 quedaron claras las dos formas de oposición al franquismo: “El atentado de ETA rompe con toda la solidaridad que había mostrado el mundo con los sindicalistas. Una campaña internacional brutal, observadores extranjeros, sindicalistas de otros países… Todo se fue al traste con el asesinato de Carrero Blanco”, opina. Aun así, entre insultos y amenazas a los que en unos minutos serían juzgados, varios policías les dijeron a los encausados que ahí estaban ellos para defenderlos, coinciden en reflejar Almeida y Muñoz.

Socializar la represión

Aquella reunión, que casi anulan por la sensación de inseguridad no del todo explicable pero que responde al instinto del que se mueve en la clandestinidad, fue el inicio de todo. Una “redada masiva”, como la define José Antonio Pérez, doctor en Historia Contemporánea y también autor del libro, remarca que aquello sirvió para sentar las bases de la concepción de CC OO como organización de carácter sociopolítico, no solo sindical, “que también lucha por la democracia y la caída de la dictadura”, apuntilla.

“La defensa de los abogados fue muy profesional, técnica, jurídica, y dejó entrever que los delitos de los que les acusaban no tenían sustento, y que eran derechos que en la mayor parte de los países de nuestro entorno ya estaban reconocidos para los trabajadores”, desarrolla el historiador. Así pues, la estrategia de defensa trató de replicar la llevada a cabo unos años antes con el Proceso de Burgos, en 1970, cuyos encausados pertenecían a ETA. “Igual que ahí no se juzgaban a los miembros de una organización armada, sino a todo el País Vasco, en este caso no se juzga a una decena de miembros de CC OO, sino a la clase trabajadora española”, enfatiza.

Pérez, por su parte, tampoco se olvida del importante papel que las mujeres jugaron en la lucha antifranquista y en el Proceso 1001 en concreto. “La legislación, abiertamente machista, trataba de ubicar a la mujer en el ámbito del hogar. Pese a ello, existía toda una red tejida por mujeres de los presos políticos, las hermanas y madres, que les sustenten”, dice el escritor. De hecho, que entre las filas de los defensores hubiera dos mujeres ya “descoloca al régimen porque son capaces de defender a hombres acusados de subvertir el orden”, en los propios términos del experto.

Esa fue la lucha que emprendieron a diferentes niveles: en la calle con la propaganda, en otros países con la solidaridad obrera, a nivel judicial con sus abogados de prestigio, pero también entre esas mujeres que, al igual que décadas antes durante el primer franquismo, continuaron siendo el sustento material y espiritual de los detenidos y encarcelados.

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