dissabte, 23 de març de 2013

El proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina

http://politica.elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363986587_915674.html


Víctimas piden la extradición de tres ministros del régimen, dos jueces y cuatro policías

Adriana Fernández y Darío Rivas, familiares de víctimas del franquismo que se han querellado. /ALEJANDRO REBOSSIO
Más de 150 familiares de víctimas del franquismo han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a España la extradición de nueve presuntos responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según informaron ayer los abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Suárez González.
La causa en Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos judiciales en España y bajo el criterio de justicia universal, el mismo con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigó los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez María Romilda Servini de Cubría también pida a España la extradición a Argentina de los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como de los policías, y presuntos torturadores del régimen, José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
La juez decidirá tras tomar declaración por teleconferencia a 12 víctimas que viven en España
La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los nueve acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del franquismo que viven en España. Servini había dicho hace un año que cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las víctimas, pero finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti, abogada argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas querían ir a denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados de Argentina en España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para ello eligieron aquellos que habían sido víctimas directas, no familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.
Uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy, admitió que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la extradición de los nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme presión para que sean detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy recordó que parecía una utopía que Garzón pidiera la extradición de los criminales de Argentina porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los juicios en su propio país.
La causa afecta a los políticos Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez
A Martín Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de Relaciones Sindicales en 1976 ordenó una represión policial que acabó en Vitoria con cinco trabajadores asesinados y más de 100 heridos por armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era ministro de Gobernación. La querella quiere que se impute también a Utrera Molina, de 86 años, porque como secretario general del Movimiento firmó en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.
Por su parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo, contra José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, de ETA.
La acusación contra el exjuez Gómez Chaparro, de 89 años, se basa en que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel. A Cejas Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas penas fueron conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de 66 años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados por sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían a la BPS, mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil.

dijous, 21 de març de 2013

Federación Foros. 21/03/13.



“Madrid Olímpico es Madrid sin fascismo”
Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, - 20/03/13
Fotografías de la concentración realizada el martes 19 de Marzo, en la Plaza de la Villa de Madrid
“Faltó un Núremberg español”
Enriqueta de la Cruz. Cuarto Poder, 18-03-2013 - 19/03/13
Entrevista a Lidia Muñoz, arqueóloga, militante para el rescate de la Memoria
IIª Marcha memorial Batalla de Guadalajara
Foro por la Memoria de Guadalajara, - 17/03/13
Galería fotográfica de los actos celebrados el sábado 16 de marzo
@Olympics: Madrid Olímpico es Madrid sin Fascismo
Federación Estatal de Foros por la Memoria, - 15/03/13
Petición en Change.org dirigida al Presidente del Comité Olímpico Internacional

Avi, et trauré d'aquí. Documental.


http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4506412

Piden la detención de franquistas


http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-216073-2013-03-19.html


ABOGADOS DE LAS VICTIMAS EN ARGENTINA SOLICITAN QUE SERVINI DE CUBRIA LIBRE NUEVE ORDENES DE CAPTURA


Carlos Slepoy y Ana Messuti se reunieron con la jueza argentina en el marco de la querella contra los crímenes del franquismo. Entre los acusados figura el suegro del actual ministro de Justicia del gobierno español.
 Por Adrián Pérez
La querella argentina contra los crímenes del franquismo tomó un nuevo giro. Los abogados representantes de familiares y víctimas entregaron un escrito en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de María Servini de Cubría, donde piden que la magistrada libre órdenes de detención internacional, con el fin de ser extraditados e indagados, para nueve españoles vinculados con el régimen de Franco. Se trata de funcionarios, ex jueces y policías acusados de diferentes crímenes. El suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, del gobernante Partido Popular, es uno de los acusados.
Junto a la abogada Ana Messuti, el abogado Carlos Slepoy, que llegó días atrás desde España para reunirse con Servini de Cubría, señala que todo comenzó con dos presentaciones particulares en Buenos Aires. La querella reúne hoy más de 150 denuncias. “González Pacheco era una especie de Astiz, un torturador notorio del franquismo condecorado en democracia”, señala Slepoy. “Si se libran las órdenes de detención va a haber un clamor en toda España para que se los detenga y extradite a la Argentina”, augura el abogado.
Página/12 tuvo acceso, en exclusiva, a datos personales, las funciones que desempeñaron y los crímenes imputados a esos funcionarios. Rodolfo Martín Villa (79 años) fue ministro de Relaciones Sindicales, senador por designación real y diputado por Madrid. También presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso. Lo apodaron “la porra de la Transición” por su saña en la represión de manifestaciones obreras y estudiantiles mientras era ministro de Gobernación. Roberto Conesa, conocido por sus brutales prácticas de tortura, estuvo bajo su mando. La Asociación de Víctimas 3 de Marzo del País Vasco lo hace responsable de cinco muertes y más de cien heridos durante un ataque perpetrado en Vitoria en 1976.
El suegro de Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina (87), es miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco. Militó en el Frente de Juventudes, brazo del partido fascista. Gobernó Ciudad Real, Burgos y Sevilla y fue vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento hasta poco antes de la muerte de Franco. Se le imputa haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil. Es considerado colaborador necesario de ese crimen.
Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2007, Fernando Suárez González (80) fue jefe en Oviedo del Sindicato Español Universitario, gremio fascista de afiliación obligatoria para los estudiantes. Se desempeñó como ministro de Trabajo hasta la muerte de Franco. Firmó la condena a muerte de cinco antifranquistas fusilados el 27 de septiembre de 1975. Rafael Gómez Chaparro Aguado (86) cerró el caso Montejurra, por el asesinato de dos militantes carlistas a manos de bandas parapoliciales. Fue juez de instrucción del Tribunal de Orden Público entre 1972 y 1977. Por lo menos tres testigos señalan que el juez desestimó sus denuncias por malos tratos y torturas.
Jesús Cejas Mohedano (67) ingresó en 1969 al cuerpo jurídico del ejército. En 2002, el Consejo General del Poder Judicial admitió su ingreso a la carrera de magistrado. Fue vocal del Consejo de Guerra que condenó a muerte a tres personas: José Humberto Baena Alonso fue fusilado el 27 de septiembre de 1975. Hasta su disolución en 1976, Juan Antonio González Pacheco (67) formó parte de la Brigada Político Social (BPS) que actuó como policía política de la dictadura. Acacio Puig Mediavilla, Antonio Chapero Varela y Silvia Carretero Moreno, entre otros, denunciaron a “Billy el niño” por torturas.
José Ignacio Giralte González (71) fue miembro destacado de la BPS hasta su disolución y comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Al igual que Cejas Mohedano, fue acusado por numerosos testigos de torturas. Celso Galván Abascal (77) fue escolta de Franco y, más tarde, de la Casa Real. Lo denuncian por haber diseñado estrategias de sufrimiento. Jesús Muñecas Aguilar (74) ingresó a la Guardia Civil en 1961. Es dueño del Centro Hípico Valdemoro, donde en 1994 homenajeó, junto con los guardias que lo acompañaron, a Antonio Tejero. También es sindicado como torturador.
Amnistía Internacional, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Unida i Republicana, los sindicatos CGT, CC.OO. y UGT –entre otras fuerzas– apoyan a la querella argentina para que se investiguen esos crímenes. Desde un despacho atiborrado de documentos y nuevas denuncias, Slepoy considera que, en caso de concretarse, las detenciones pueden abrir paso al fin de la impunidad del franquismo. Para el abogado, sería ideal que los consulados argentinos en el exterior recibieran denuncias para remitirlas luego a España.
El balance de la reunión con Servini de Cubría, según Slepoy, fue satisfactorio. “Creo que la jueza es consciente de la trascendencia histórica de este procedimiento”, afirma. “Los argentinos tenemos al Che Guevara, a Messi, un papa: ahora esperamos tener un juez universal”, bromea. Se espera que en abril, cuando la causa 4591/10 cumpla tres años de iniciada, comiencen las videoconferencias entre Servini de Cubría y los denunciantes que se encuentran en España para agilizar los tiempos de la investigación.
“Mucha gente pregunta por qué acá y no en otro país –señala Messuti–. Argentina abrió el camino jurídico poniéndose en consonancia con todas las normas internacionales para juzgar estos crímenes”, responde. El viernes, Slepoy y el grupo de abogados que lo acompañan realizarán una conferencia de prensa a las 12, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, para comentar los avances de la querella.


Luces y sombras de la Ley de Memoria Histórica y su DA 7ma que dio el derecho a la Nacionalidad a los hijos-nietos de españoles emigrados.


http://blog.grupodobler.com/2013/03/luces-y-sombras-de-la-ley-de-memoria.html

Luces y sombras de la Ley de Memoria Histórica y su DA 7ma ...




"La ley de memoria histórica nació atrapada entre dos almas. De un lado, por la voluntad de reconocer los principios, derechos y valores por los que fueron reprimidos  quienes los defendieron; de otro, por la intención de no romper el marco de la transición legitimador del sistema constitucional. De la primera destaca la condena  explícita al franquismo contenida en la exposición de motivos de la ley", dice en una de sus parte más significativas el libro "Qué hacemos por la memoria histórica" de Rafael Escudero (profesor de Filosofía del Derecho en la Carlos III), Carmen Pérez González (profesora de Derecho Internacional en la Carlos III), Patricia Campelo (periodista especializada en memoria histórica) y Emilio Silva (cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica). Más información en la web de 'Qué hacemos'.
Más adelante el libro, ya a la venta en España, sigue diciendo:"La segunda legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero -los años de la frustración- dio paso al gobierno con mayoría absoluta del PP. Su mayoría parlamentaria, unida a su oposición a la ley de memoria histórica durante el proceso de su tramitación, hizo temer por la vigencia de la ley aprobada en 2007."
Más adelante el libro nos devela una táctica que aplica con bastante frecuencia la derecha española y en estos términos los destacan los autores:"Lo cierto es que si el PP no ha promovido la derogación de la ley es porque no le ha hecho falta. Su oposición a la recuperación de la memoria histórica sigue siendo la misma que la que exhibió de manera furibunda durante la tortuosa tramitación de la ley. Lo que sucede es que ahora no necesita exhibirla públicamente. Le basta con llevar a la ley a vía muerta, es decir, con ignorar su contenido y las políticas públicas que en ella se refieren. Es decir, con llevar a cabo una derogación de facto de la ley."
En la LMH está incluida la DA 7ma, conocida popularmente como Ley de Nietos.

Acá convendría matizar algunos aspectos relacionados con la Ley de Memoria Histórica a que hace referencia el citado libro, pero en otro sentido. Se trata de que en esta ley se consignó la Disposición Adicional 7ma. para el acceso de los hijos-nietos de emigrantes españoles (ya fueran emigrantes económicos o exiliados políticos) a la Nacionalidad de sus ascendientes y que significó una batalla larga y difícil en las Cortes para lograr su aprobación. Como hemos dicho en varias ocasiones en nuestro blog esta disposición fue un paso de avance en el reconocimiento de la Sociedad española de los derechos de sangre de los descendientes de españoles y en la cual el PP puso muchas zancadillas para detenerla, a tal extremo que estuvo a punto de no llegar a tiempo antes de la conclusión de la legislatura socialista. Luego de aprobada el PP se dedicó a echar en cara al gobierno las lagunas y miserias que tuvo dicha Disposición 7ma que entre otras fueron: la discriminación para el acceso a la Nacionalidad de los hijos-nietos de mujer española emigrante, el supuesto año de Vacatio legis, para preparar a los consulados en el exterior para poner en marcha la disposición, incumplida notoriamente porque luego fueron conocidas las fallas más elementales de previsión, las interpretaciones sesgadas de muchos funcionarios consulares y el casi total desconocimiento de los funcionarios de los Registros civiles dentro de España al iniciarse la aplicación de la DA en diciembre del 2008 y por último la discriminación de los bisnietos mayores de edad, lo que produjo una división en la familia.
Es conocida también  la firme posición de un hombre muy conocedor de la comunidad española en el Exterior que en varias ocasiones se ha quejado de la falta de sensibilidad de la propia España par reconocer el valor y la trascendencia de los españoles que viven fuera de sus fronteras. En un reciente artículo Ángel Capellán Gonzalo (consejero por los EE UU en el consejo general de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) dijo en Crónicas de la Emigración:"Los artículos que han publicado numerosos periódicos nacionales muestran el desconocimiento profundo que los medios de comunicación tienen de la España Exterior, la también llamada emigración española". En este artículo de Capellán se critica la inclusión de los nuevos españoles en el exterior como españoles que han emigrado durante la actual crisis que vive nuestro país y aclara a qué se debe el equívoco.
Ahora también se aprecia, en su justa magnitud, el doble rasero del PP ya que en los años iniciales de aplicación de la llamada ley de Nietos decían a voz en cuello en cuanta oportunidad tenían, de que el gobierno de Zapatero era cicatero porque si ellos hubieran estado en el poder otorgarían la nacionalidad a todos los descendientes de emigrantes en el exterior. Hoy constatamos que era pura farsa estos anuncios de intenciones: ellos no apoyaron la ley de nietos y jamás le ha interesado tal normativa, dejémonos de engaños.
Pero la táctica de la derecha en el poder es la misma que con el texto general de la Ley de Memoria Histórica que ahora se analiza en este libro. Como no les interesa la adquisición de la Nacionalidad de los nietos, usan ahora la vía "de una derogación de facto",es decir, dilatar cada vez más la resolución de los cientos de miles de expedientes pendientes en los consulados de Argentina, Venezuela, México y Cuba. No hay información de los expedientes resueltos en los últimos meses, las denegaciones ni las cifras de aquellos expedientes sin resolver. Buscan explicaciones para tales retrasos e incumplen la promesa de dar informes a la comunidad de españoles en los diferentes países.

Fíjense que digo a la Comunidad, no a los acólitos de los consulados que supuestamente hacen función representativa de la comunidad y en realidad viven como "pichón con 
el pico abierto" a la espera de las prebendas del poder.
En el artículo <
Otra falacia, allende los mares> expusimos cómo se está comportando el proceso en el Consulado de La Habana que aún tiene pendiente casi 100 mil expedientes por la ley 52/07 o ley de Memoria Histórica. No conocemos tampoco información de la marcha del proceso en los principales países de aplicación de la normativa y por el contrario cada día el proceso es más lento y cada vez menos transparente. En el post señalado concluíamos diciendo que:"Si fuera cierta esta estimación (la que hace DobleR) los cálculos matemáticos más elementales nos llevarían a pronosticar alrededor de 23,8 años para concluir el proceso. Es decir, el año 2036".
No es sólo esta táctica de falta de información y transparencia lo que nos hace sospechar una acción silente y malintencionada del gobierno y de las autoridades consulares, son muchas otras, entre las que podemos señalar:
a.- Expedientes presentados desde el 2009 que aún no tienen solución como el caso señalado en el post
 La Burocracia bloquea... 
b.- Requerimientos a expedientes que datan de tres años de presentados.
c.- Denegaciones cada vez más frecuentes por causas no contempladas en el espíritu y letra de la ley. Una de ellas es la referida a que debe presentarse documentación que demuestre que el emigrante español estaba inscrito en los registros de Extranjería o haberse nacionalizado en el país adonde emigró. Se conoce que la gran mayoría de los emigrantes españoles no regularizaban su situación por temor a ser deportados a España o simplemente porque se asentaban en zonas rurales para trabajar la tierra, alejados de la comunicación y la ciudad.
d.- Denegaciones poco claras cuya argumentación no explica en términos asequibles al hombre de a pie, cuáles son las causas de dicha Negativa.
e.- Atasco en las respuestas a las denegaciones de nacionalidad por LMH por parte de la DGRN, del Ministerio de Justicia español.
f.- Imposibilidad de que los ciudadanos denegados puedan acceder a una demanda ante el Tribunal Supremo debido al incremento de las tasas judiciales.
g.- Dificultades cada vez más crecientes para que los nuevos ciudadanos españoles por esta ley puedan inscribir el Matrimonio en los Consulados.
h.- Dilatación excesiva del otorgamiento de la nacionalidad a los hijos menores de edad de la Generación Recuperada, como se le ha llamado.
Y un sinnúmero de etcéteras imposibles de abarcar en este post.

Este rosario de dificultades es lo que se vislumbra en el horizonte de este justo derecho, inédito hasta el 2007 en la legislación española, referido al derecho de sangre de su gran comunidad en el exterior.

Por todo ello vemos con gran preocupación el estado y sobretodo el futuro de la aplicación de la parte que atañe a los hijos-nietos de españoles que se beneficiaron
con la DA 7ma. de la Ley de Memoria Histórica que como hemos visto está siendo torpedeada silenciosamente por el gobierno español esgrimiendo la crisis como justificación de su táctica encubierta.
He leído recién que:"... defender los derechos de los que solo ven la nacionalidad española como una oportunidad o tan solo como un pasaporte libre de visado es muy cuestionable". Nosotros decimos que NO, defender los derechos de cualquier persona es una misión digna y el derecho a la Nacionalidad de los padres y abuelos emigrados, es aún, una misión más honrosa. Habría que recordar aquí aquella brillante frase de Juárez:"Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
En definitiva que España, como nación moderna, acabe de reconocer los crímenes y la represión de la Dictadura Franquista y que España como país sensible reconozca y atienda adecuadamente a su Comunidad en el Exterior: estas son nuestras aspiraciones!!