Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Eduardo Ranz, abogado de víctimas del franquismo, ha presentado este martes peticiones a ocho municipios de España para que cambien su nombre y a 20 arzobispados y obispados para que retiren simbologías franquistas en aplicación de la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática.
En un comunicado, el letrado recuerda que aún existen ocho municipios con nombres dedicados "a quienes hicieron vivir la peor etapa de la historia más contemporánea" de España.
A su vez, relaciona 20 territorios diocesanos con símbolos franquistas y explica que la ley señala que, cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos.
Municipios afectados
En concreto, menciona tres en Castilla y León, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos) y San Leonardo de Yagüe (Soria); dos en Extremadura, Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, ambos en la provincia de Badajoz; otros tantos Castilla-La Mancha, Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), y uno en Andalucía, Villafranco del Guadalhorce (Málaga).
Compromís
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado al Gobierno una batería de preguntas por la pervivencia de 8 nombres de municipios en todo el Estado que se ven afectados por la nueva Ley de Memoria Democrática, ya que en aplicación de la norma debería cambiar su nombre al hacer referencia a la dictadura franquista
Mulet preguntó qué medidas va a adoptar el Gobierno para obligar a este ayuntamiento a modificar su nombre y cumplir así con la ley, en los casos de :
Alberche del Caudillo (Toledo)
Alcocero de Molla (Burgos)
Llano del Caudillo (Ciudad Real)
Numancia de la Sagra (Toledo)
Quintanilla de Onésimo (Valladolid)
San Leonardo de Yague (Soria)
Villafranco de Guadalhorce (Málaga)
Villafranco del Guadiana (Badajoz)
Respuesta del Gobierno
Según lo expuesto en el artículo 35.2 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre pasado, establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.
Corresponde a los Ayuntamientos el cumplimiento de lo dispuesto, mediante la adopción del oportuno acuerdo por el Pleno municipal conforme a la normativa de régimen local.
Tal y como ha explicado Mulet “ la anterior ley de Memoria Histórica no contemplaba ningún tipo de protocolo o sanción, parece que ahora sí se puede proceder y sancionar a quien incumpla, por ello hemos pedido ya al Gobierno que actúe, y este remite a los plenos de estos ayuntamientos.
Daremos un tiempo prudencial y dentro de unos meses volveremos a preguntar por cada uno de estos casos, para saber si se ha requerido por parte del Gobierno a cumplir la ley, y para que sancione a los responsables políticos que no cumplan con la ley”.
Una imagen de la reunión de la comisión de Memoria Histórica de Pollença, este miércoles.AJUNTAMENT
Lacomisión de Memoria Histórica de Pollença, reunida este pasado miércoles, ha actualizado el censo de las víctimas de la represión franquista en el municipio, que ha quedado fijado en un total de 37 personas después de un proceso de investigación realizado por diversos miembros de la comisión a partir del censo preexistente que fue elaborado en 2019 por el historiador Tomeu Garí.
El censo actualizado por la citada comisión recoge información de interés sobre la identidad de las víctimas, el ‘malnom’ con los que eran conocidos en el pueblo, las fechas de nacimiento y muerte, el lugar del fallecimiento y la ubicación del cuerpo, así como información de carácter personal y política y documentación sobre las circunstancias que rodearon a los asesinatos.
El historiador Pere Josep Garcia, miembro de la comisión, anunció durante la reunión que si algún vecino quiere consultar más información, la comisión se la facilitará en el caso de que disponga de los datos. Actualmente se está trabajando en el proceso de difusión pública del censo de víctimas del fascismo, que permanece abierto para incorporar nuevos nombres a medida que se vayan constatando.
Durante la reunión se anunció que las muestras de ADN recogidas han prosperado en algunos casos y han permitido la identificación de las víctimas y la entrega de los restos a las familias, mientras que en otros ha sido imposible esta identificación. Otras muestras siguen pendientes de los resultados del laboratorio. También se abordó la incorporación de la fosa de Cala Sant Vicenç en el cuarto Plan de Fosas impulsado por el Govern.
Gemma Ubasart recuerda que la dictadura no solo reprimió a opositores políticos, sino también “a las personas que se alejaban del modelo de normalidad impuesto desde el poder” franquista
El gen rojo, la gente de moral relajada.... las definiciones discriminatorias que acuñó el franquismo contra cualquier forma de disidencia de la línea oficial nacionalcatólica del régimen se concretaron en la internación psiquiátrica de miles de personas. Ahora la Generalitat de Catalunya se propone reparar este tipo de represalia y reconocerá como víctimas del franquismo a las personas “psiquiatrizadas”.
Así lo ha anunciado este jueves la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, en la inauguración de la jornada ‘Memoria histórica y salud mental. Una aproximación al período 1930-1970 desde la ética, la legalidad y la cultura’.
Según fuentes de la conselleria, el anuncio de Ubasart se plasmará en el anteproyecto de ley de memoria democrática que prepara Justicia. El objetivo, indican desde Justicia, es ampliar la consideración de víctimas del franquismo a personas que no están reconocidas como tal en la legislación estatal, como es el caso de los ingresados en centros psiquiátricos por motivos ideológicos.
Ubasart ha destacado este jueves que la dictadura no solo reprimió a opositores políticos, sino también “a las personas que se alejaban del modelo de normalidad impuesto desde el poder”. La consellera ha expresado que la nueva normativa busca “poner un grano de arena para corregir una injusticia histórica”.
A juicio de Ubasart, profundizar en la memoria democrática es necesario “para reconstruir un pasado de lucha por la democracia y la dignidad”.
Al margen del reconocimiento a las víctimas, los trabajos del Govern en memoria histórica se concretan en los próximos presupuestos, pendientes de aprobación en el Parlament y del apoyo de los grupos parlamentarios. El objetivo es doblar el presupuesto para actuaciones en fosas de la Guerra Civil y el franquismo en los próximos tres años.
El departamento de Justicia tiene previsto destinar más de 4.494.000 euros para ampliar la ejecución de servicios de localización, recuperación y análisis antropológico y genético de restos óseos humanos. En el marco del plan de fosas 2023-2025, se iniciarán las primeras intervenciones el próximo año en las fosas de Bovera (Lleida) y las de la comarca del Berguedà, al norte de Barcelona.
La institución reconoce que no ha realizado un inventario exhaustivo pero tiene la intención de elaborar y publicar un informe que facilite la información de la que dispone y cómo acceder a ella antes de final de año o en el primer trimestre de 2023
La Biblioteca Nacional de España conserva, al menos, 2.500 ejemplares de libros y en torno a 4.000 obras gráficas (dibujos y grabados) expoliados por el franquismo, informa la institución a elDiario.es. Pero solo son cifras aproximadas. Hasta el momento los especialistas han identificado dos grandes fuentes de ingresos de obras incautadas, pero no existe un inventario que determine la cantidad exacta de bienes que no fueron devueltos a sus dueños tras la dictadura. Los técnicos sí han realizado los trabajos previos para su identificación, a través de la documentación que se conserva en el archivo de la Biblioteca Nacional y, al ser labores preliminares, avisan de que toda la información será corregida o ampliada. Cuentan que se están llevando trabajos de identificación para constituir el inventario exacto del expolio, ocho décadas después de los millares de ingresos que realizó el franquismo entre 1941 y 1943. Entre los ejemplares identificados “hay obras de valor cultural”, informan desde la BNE.
“Esta información se irá ampliando a medida que se vayan identificando más ingresos. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de miles de ejemplares de libros, entre 2.000 y 2.500, y que determinar las condiciones de cada uno de ellos es un trabajo que tiene cierta complejidad. Cabe señalar que la BNE no cuenta con el Archivo de la Junta del Tesoro Artístico si bien también prevemos consultarlo para tratar de determinar si por esta vía ingresaron fondos en la BNE”, cuentan las fuentes de la institución a elDiario.es. De momento, se han hecho varios informes sobre bienes depositados, indican, pero no son definitivos. “Tenemos intención de elaborar y publicar un informe que resuma la cuestión y que facilite la información de la que dispone la BNE y cómo acceder a ella. Si no antes de final de año, en el primer trimestre del año que viene. Queremos normalizar estas notas y ponerlas de forma sistemática en todos los fondos con estas procedencias”, explican.
La recuperación de esta memoria expoliada se ha puesto en marcha hace unos meses, desde que el responsable del archivo de la BNE empezó a estudiar los informes. El Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros y el de Bellas Artes y Cartografía también están implicados en las labores de identificación de estos bienes “huérfanos” de propietarios. Sostienen desde el centro que se ha conseguido aclarar, al menos en parte, las circunstancias en las que ingresaron las obras y se han localizado inventarios de entrega o de recepción y anotaciones en los libros de registro. Han planificado que a lo largo de 2023 se incluirá la procedencia de estos bienes en los registros de las obras identificadas, que hasta el momento no tienen.
Una tarea complicada
Una vez hayan identificado la procedencia de los bienes ingresados por el Servicio de Recuperación Bibliográfica y por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) franquista, empezarán a estudiar cada pieza de manera individual. “También hay que tener en cuenta que en estos casos la información de la que disponemos en muchas ocasiones solo permite identificar cómo ingresan los fondos en la BNE, pero no es fácil establecer si los fondos fueron incautados o a quién, si fueron reclamados o no, etc. Puede ser relativamente complicado determinar la procedencia exacta de cada pieza, especialmente si las propias obras no contienen exlibris u otras marcas de propiedad”, indican. El objetivo, aseguran desde la BNE, es que cualquiera pueda hacer estas investigaciones al dar visibilidad a estos fondos.
La Biblioteca fue uno de los depósitos de salvaguarda del patrimonio que creó la República en Madrid durante la Guerra Civil. Cuando el SDPAN franquista accedió a la Biblioteca Nacional y encontró un volumen de libros almacenados para su conservación que superaba el millón de ejemplares. Entre ellos estuvo depositada la biblioteca de Pedro Salinas, que fue incautada por la Junta del Tesoro Artístico el 11 de agosto de 1937, para evitar su destrucción durante el conflicto. Una vez terminada la contienda, el franquismo no devolvió los bienes a la familia del poeta y ensayista. Las autoridades franquistas del SDPAN decidieron enviarla desde la BNE al Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes, en la madrileña glorieta de Embajadores, donde estuvo hasta junio de 2018.
El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de Cantabria, Pablo Zuloaga, y la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos Aramburo Javier Lizón / EFE
Entonces el Instituto entregó a la Biblioteca Regional Joaquín Leguina el fondo expoliado y la Comunidad de Madrid decidió llamarlo “legado” de Pedro Salinas. La entrega se componía de 1.432 ejemplares, pero con incorporaciones de otras instituciones madrileñas a lo largo de la dictadura. “El valor patrimonial de esta colección reside en proceder, en su mayoría, de uno de los poetas madrileños más destacados del siglo XX, con un amplio número de primeras ediciones de autores de la Generación del 27 y aproximadamente 600 ejemplares de estos con dedicatorias manuscritas de los autores a Pedro Salinas”, indicó Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio Cultural con el PP, en el acto de entrega. Marcel Proust o John Dos Passos figuran entre las dedicatorias de los ejemplares conservados.
Dibujos de Alberto Sánchez
Entre 1941 y 1943 el franquismo entregó libros a la BNE, de los saqueos que fue realizando por los hogares de los republicanos supervivientes o no. Los agentes del SDPAN se dedicaban a entrar en los hogares y a retirar bibliotecas, entre otros bienes. El 24 de abril de 1939, por ejemplo, llegaron a una casa del número 43 del paseo de la Castellana y encontraron una biblioteca de 4.000 volúmenes. También les pareció interesante una porcelana, una carabela de concha y “dos buenos relojes”. A la Biblioteca Nacional llegaban libros robados y, además, salían ejemplares sin propietarios reconocidos, por orden del Ministerio de Educación.
Dibujos de Alberto Sánchez incautados por el franquismo y depositados en la Biblioteca Nacional IPCE
El 11 de diciembre de 1942 el subdirector de la BNE acude a la Comisaría General del SDPAN, en virtud del acuerdo adoptado por “la Superioridad”, y le entregan una edición del Quijote de Montaner y Simón, del año 1883, compuesta de dos tomos. Se trata de una “rara y valiosa” edición con ilustraciones de José Luis Pellicer y Ricardo Balaca, y comentarios de Nicolás Díaz de Benjumea. “En la portada figuran las iniciales H.G. Esta edición aparece guardada en un estuche cuya cara superior tiene un escudo y en el centro del mismo las iniciales antes dichas”, puede leerse en el inventario conservado en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
Junto a los libros llegaron dibujos, grabados, litografías, fotografías, etc. Y entre ellos, obra del pintor y escultor Alberto Sánchez –el autor de la escultura El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella–, que se había exiliado a la Unión Soviética. “En la BNE se conservan cinco dibujos de este autor. Según la información de la que disponemos, dos fueron comprados en 1998 y en los otros tres se indica ”Transferido por Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, 1943“. Hay que tener en cuenta que esta información es solo preliminar con lo que es susceptible de verse corregida o ampliada en función de los trabajos que se están llevando a cabo”, indica la institución a este periódico.
“Desde la BNE se va a seguir trabajando con el mayor nivel de detalle posible en la identificación de estos fondos y facilitar la información para que la ciudadanía disponga de toda la información posible”, aseguran. Después de la iniciativa del Museo del Prado, la Biblioteca Nacional también quiere poner en orden sus fondos ilegítimos, pero siguen pendientes los 16 museos estatales del Ministerio de Cultura de Miquel Iceta, que siguen sin planificar la creación de un inventario para descubrir qué bienes proceden del expolio franquista.
