dissabte, 4 de juny de 2016

Cautivos y desarmados: los batallones de trabajadores de la dictadura franquista


http://www.deia.com/2016/06/04/sociedad/historias-de-los-vascos/cautivos-y-desarmados-los-batallones-de-trabajadores-de-la-dictadura-franquista


HISTORIAS DE LOS VASCOS


Durante la Guerra Civil y al finalizar esta, decenas de miles de prisioneros fueron enrolados a la fuerza en batallones de trabajadores en los que vivieron en condiciones lamentables
REPORTAJE DE ALAZNE DÍEZ MUÑIZ FOTOGRAFÍAS FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL-COLECCIÓN LUIS ORTIZ ALFAU - Sábado, 4 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:03h

Compañía Primera del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 38, en torno a 1940.
Compañía Primera del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 38, en torno a 1940.
Vista:
  • Compañía Primera del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 38, en torno a 1940.
  • El Batallón 38, en Renteria, en torno a 1940.
  • En Gipuzkoa, durante el reparto del                                  rancho, en torno a 1940.
  • Reparto del rancho, mientras trabajaban en Gipuzkoa, en torno a 1941.
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LA utilización de mano de obra para la construcción y reconstrucción de infraestructuras estatales dentro del sistema impuesto por el franquismo a los rojos, a los antiespañoles republicanos capturados durante la Guerra Civil, ocupó un puesto de honor y los campos de concentración, para aquéllos considerados potencialmente peligrosos por su ideología, como lugares de la memoria y generadores de violencia, gozaron de hegemonía tanto durante la guerra como después de que esta hubo finalizado.
Franco contó con un extenso número de campos de concentración, hasta 188 durante la guerra, y con la mano de obra de casi medio millón de prisioneros, más de 300.000 durante la contienda y cerca de 200.000 tras la derrota de la guerra, viviendo en lamentables condiciones, entre muestras de improvisación y descoordinación. Los campos de concentración franquistas fueron empleados para cobijar, inicialmente, a los prisioneros que iban siendo arrestados y, tras la clasificación, los prisioneros eran dirigidos a otros destinos. Iniciaron su apertura en noviembre de 1936 y empezaron a ser clausurados en 1939; el de Miranda de Ebro sobrevivió hasta 1947.
Dentro de este entorno, las comisiones clasificadoras serían las encargadas de seleccionar a los prisioneros de guerra. Los considerados afectos eran destinados a las trincheras del ejército de los sublevados; los desafectos eran sometidos a juicios militares sumarísimos y condenados a la cárcel o a la pena de muerte y los dudosos, aquéllos a los que por falta de datos no pudo instruírseles causas, fueron destinados a trabajos forzosos, donde, además de la rentabilidad económica, se buscaba la expiación de sus culpas, siempre bajo la mirada atenta del poder disciplinario.
Sin llegar a la dureza que se aplicaba en los campos nazis, donde a los judíos, además de negárseles su condición de ciudadanos, se les destruía físicamente hasta convertirlos en ceniza para no dejar huella o donde a los prisioneros se les forzaba a correr desnudos bajo la presión de los golpes y de los perros, en los campos franquistas, diseñados para aquéllos que se habían atrevido a no acatar el orden establecido, también se practicó la exclusión, la tortura y el asesinato.
CENTENA DE CAMPOS ESTABLES Los Batallones de Trabajadores explican la puesta en marcha de una red concentracionaria de más de una centena de campos estables. A partir de mayo de 1937, un Decreto otorgaba el derecho al trabajo, en calidad de peones, a los prisioneros de guerra. Esta concesión conllevaba la explotación de mano de obra, con largas jornadas de trabajo y condiciones que rayaban la esclavitud y los prisioneros de guerra serían considerados personal militarizado. Al acabar el año, había 65 Batallones de Trabajadores forzosos en la retaguardia de Franco, esclavizando a 34.000 personas. El número se fue incrementando, contabilizándose en abril de 1938, la cifra de 40.690 trabajadores. En el año 1939, el número total de prisioneros bajo el mando de la ICCP ascendía a 277.103 en campos de concentración y a 90.000 en Batallones de Trabajadores.
En estos batallones, disfrazados con un toque de buena voluntad y un falso manto de derecho al trabajo, que traen a la mente el letrero que se mostraba en la entrada de uno de los campos de Auschwitz, cuya escritura en alemán (Die Arbeit macht frei), traducida a castellano, significa “el trabajo os hará libres”, se vivieron las consecuencias de unas estrategias de carácter totalitario. El hacinamiento, y consiguientemente, la falta de higiene; el hambre, hasta el punto de llegar a competir con los perros por hacerse con un hueso; la sed; el calor y el frío sin recursos necesarios para afrontarlos; la escasez de ropa o de calzado, que obligó a no pocos prisioneros a caminar por la nieve descalzos y cubiertos los pies con sacos; los piojos y demás parásitos; las múltiples enfermedades sin medios para poder combatirlas; la tortura; la destrucción de identidad; la presión sobre las voluntades; la humillación; la disciplina con normas de dominación; la prohibición; el miedo; la reeducación ideológica para ser devueltos a la sociedad a aquellos engañados y depravados…, dentro de una vigilancia continua, fueron los compañeros inseparables en el día a día de cualquier batallón.
Mientras duró la guerra, estos prisioneros se ocuparon de la recogida de material bélico, de la recuperación de explosivos, de la carga y descarga de trenes o barcos con avituallamiento de intendencia, de la excavación de trincheras, de la construcción de fortificaciones, de labores de desescombro, de la reconstrucción de diferentes vías férreas, carreteras o determinados núcleos de población, así como de las producciones de interés nacional, como las fábricas de armas o las explotaciones de minas.
En la primera etapa, el trabajo que realizaron fue impuesto y sin que existiera ninguna posibilidad de mostrar oposición y tampoco sirvió para redimir penas, puesto que, todavía, no estaban ni juzgados ni condenados. Desde 1939, que dio inicio el Sistema de Redención de Penas, mediante el cual se descontaban días de condena por días de trabajo, la cantidad de prisioneros y el número de destacamentos acogidos a este régimen aumentó incesantemente, siendo 1943 cuando alcanzó su esplendor la explotación de mano de obra de prisioneros políticos en el exterior de las prisiones. De ella se beneficiaron las diputaciones, los ayuntamientos, la Iglesia católica, las empresas e incluso los particulares.
La regularización en la articulación de los batallones requirió la redacción de un reglamento, en el que constaban las diferentes finalidades por las que nacieron los batallones: la de compensaciónpor el mantenimiento de los prisioneros; la de reparación del deterioro y de las destrucciones ocasionadas “por las hordas marxistas”, o sea, en ambos casos el cosechar un beneficio económico para los sublevados, haciendo recaer la culpa de lo acaecido sobre los prisioneros; y la de corrección del individuo, esto es, la regeneración moral, nacional y social, mediante hábitos de disciplina adquiridos, de forma especial a través del trabajo, con el fin de garantizar su integración en la nueva España.
Los trabajos forzados afectaron a una gran diversidad de personas: a aquéllas que habían llevado a cabo una actividad política; a aquéllas que tenían tradición política, pero sin responsabilidades; a aquéllas que estaban afiliadas, sin más, a partidos políticos o a sindicatos o a las que mostraban simpatía hacia ellos; también a aquellos jóvenes que no lograron los avales requeridos.
BATALLONES DISCIPLINARIOS Durante 1939, se efectuó una importante variación en la administración de campos y batallones. Desde mediados de 1940, los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores serían el soporte de la Jefatura y de la explotación de mano de obra extrapenal, lo que posibilitaría prolongar el sistema de concentración después del período de la contienda, siendo la pieza esencial en la reorganización de los batallones la normativa respecto al servicio militar.
En la orden dictada se hacía referencia a los mozos presentes en filas correspondientes a los reemplazos de 1938 a 1941, pero únicamente a la parte que estaba en la zona liberada en el primer año de campaña. Por tanto, para enderezar el justo cumplimiento, se hacía necesario modificar los alistamientos de los reemplazos referentes a los años de la guerra y a los que habían adelantado su ingreso en el Ejército Nacional, comprobando la clasificación de los antecedentes. Como consecuencia de ello y aunque hubieran cumplido, parcial o totalmente el servicio militar, no se les tenía en cuenta a los jóvenes reclutados por el Gobierno republicano. El artículo 2 de la citada orden rezaba de esta manera: El alistamiento alcanzará a los mozos de los reemplazos comprendidos entre el año 1936 y el del año 1941, ambos inclusivo, haciendo los alistamientos de cada año por separado. De esta forma, se consiguieron varios objetivos: continuar con el alistamiento de los reemplazos que estaban haciendo la mili, aumentar el número de soldados, discriminar en el empleo de armas a quienes pudieran ser dudosos y clasificar a cada persona a tenor de la ideología política.
Indudablemente, el control político influyó en los jóvenes que ya habían sido clasificados durante la guerra y que habían sido incorporados a Batallones de Trabajadores, por lo que el traslado de uno a otro se realizaría o bien automáticamente o bien tras un breve espacio de tiempo en el entorno familiar. Todo ello dio como resultado, que miles de jóvenes siguieran condenados a trabajos forzados, sin que pesara sobre ellos ningún delito. A estos batallones también serían asignados los presos comprendidos en edad militar que habían alcanzado la libertad condicional a mediados de 1940.
Los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores funcionaron con el reglamento fijado para los Batallones de Trabajadores que se aprobó en 1938; es decir, los soldados trabajadores estaban incluidos en la estructura militar, pero sin tener ninguno de sus atributos, esto es, sin uniforme militar, sin armas y sin tener que jurar bandera. En las dos circunstancias los prisioneros estaban custodiados y observados por personal armado, concretamente, por soldados de escolta, tanto en los tajos como en los barracones o campamentos, lo que nos posibilita a emplear, en ambos casos, la consideración y el término de prisioneros.
EL DOLOR SILENCIADO Los castigos, las injusticias y las pocas posibilidades de llevar con éxito movilizaciones colectivas en su contra, les llevaron a los prisioneros a la resignación, pero no lograron la creación de individuos renovados en base a unos nuevos modelos de pensamiento y de conducta establecidos.
No consiguieron el arrepentimiento de aquello que se les imputaba como delito, porque ¿a qué o a quién estaban traicionando?, y tampoco la subyugación de sus almas, ni modificaron los valores tradicionales ni los sentimientos individuales de unos sujetos de derecho que, lejos de perder interés, siguieron bien custodiados en el interior de cada persona y lo único que llegaron a alcanzar fue el simple acatamiento de las circunstancias, el sometimiento para poder sobrevivir, la interiorización del miedo y el silencio temporal de sus voces.
Unas voces que pertenecían a unos prisioneros, una gran parte de ellos muy jóvenes, que tenían mucho que contar y poco que esconder; privados de libertad, sin pertenencias, incomunicados de sus familias, derrotados, cansados, a menudo, afligidos por el desamparo y la indefensión a la que se veían sometidos, dóciles en apariencia, que resistían, sobrevivían y gemían en silencio y sin posibilidad de elección los sufrimientos y dolores, físicos y morales, impuestos día tras día. Pero, y aun con todo, no eran unos hombres destruidos, vencidos ni convencidos en su fuero interno. Así, mucho más tarde y ya mayores, más allá de la venganza y de la revancha y sí en busca de justicia, gritaron, avivaron aquella llama que no se había sofocado y utilizaron su memoria y su palabra para dejar constancia y dar respuesta a tantos agravios padecidos, a tantas cuestiones ignoradas y tergiversadas, convirtiéndose en portadores directos de un pasado de conflictos no solucionados, de esperanzas y sueños truncados y de las verdades y mentiras encubiertas que envolvieron a aquel férreo mundo que abarcó a la mayor parte de los prisioneros.
LA AUTORA

Porque el olvido nunca es la solución.


http://cadenaser.com/programa/2016/06/03/hora_14_fin_de_semana/1464955111_949439.html



La Plataforma “Por una Comisión de la Verdad en el Parlamento” sobre los crímenes del franquismo, apoyada por el movimiento Convocatoria Cívica del exjuez Garzón, reclama el compromiso de los partidos para resarcir a las víctimas y que el pasado no se vuelva a repetir


Concentración de víctimas de los crímenes del franquismo / ARCHIVO
España es el segundo país del mundo en número de fosas comunescon restos humanos, con más de 2.400. Son 140.000 las personas que continúan desaparecidas y se cuentan por decenas de miles los casos de niños robados. Ante esta estadística, “sorprende que, después de 40 años de Constitución, aún no se hayan atendido hechos que ocurrieron hace 80 años”.
Así lo denuncia Jaime Ruiz Reig, presidente de la Plataforma por una Comisión de la Verdad en el Congreso de los Diputados sobre los crímenes del franquismo: “Tenemos buenos historiadores, pero falta voluntad [política] para que ese conocimiento llegue a las nuevas generaciones”.
Para que “el país no le dé la espalda a su Historia”, esta plataforma ha iniciado una recogida de firmas a través de change.org para pedirle al nuevo Parlamento que salga de las urnas el próximo 26-J la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, comisión recomendada por Naciones Unidas después de la visita a España de suGrupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.

Herramienta de Naciones Unidas

A juicio de Ruiz Reig, “la democracia española es ya lo suficiente madura para la formación de una Comisión de la Verdad”, unaherramienta que la ONU ha utilizado en más de 40 países y que “facilita el conocimiento de nuestro pasado más grave, desde el golpe militar hasta el final de la dictadura franquista”. La Comisión estudia los hechos, su desarrollo, crea un política de Estado para resarcir a las víctimas, forma a las nuevas generaciones y establece recomendaciones para que “este pasado traumático no se vuelva a repetir”.
Esta Plataforma por la Comisión de la Verdad, a la que pertenece el movimiento Convocatoria Cívica el exjuez de la Audiencia NacionalBaltasar Garzón, pone como ejemplo la resolución aprobada el jueves por el Parlamento alemán, que reconoce como “genocidio” la masacre perpetrada en 1915 por el Imperio otomano en Armenia. Para Ruiz Reig, “el reconocimiento hace poder mirar a la historia con claridad para poder aprender de ella. Ha llegado la hora de que ocurra en nuestro país”.

“La afirmación de reconciliación es la excusa permanente cuando no ha habido ni verdad, ni justicia ni reparación”


http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/04/quot_afirmacion_reconciliacion_excusa_permanente_cuando_habido_verdad_justicia_reparacion_quot_50772_1012.html



  • Asociaciones y colectivos en favor de la Memoria Histórica se dieron cita este sábado en Madrid en el acto de presentación de la iniciativa por la Comisión de la Verdad en el Parlamento
  • En el acto intervinieron el juez Garzón, Mayor Zaragoza, Almeida, Manuel de la Rocha y Jaime Ruiz, quienes recordaron la necesidad de reconstruir el pasado español
  • Los parlamentarios Sol Sánchez (IU), Soraya Rodríguez (PSOE) y Miguel Gutiérrez (C's) representaron a sus partidos ante la ausencia injustificada de Podemos y la no respuesta del PP

Publicada 04/06/2016 a las 14:36Actualizada 04/06/2016 a las 17:52  
Acto en el Ateneo de Madrid por una Comisión de la Verdad en el Parlamento.  IL
Acto en el Ateneo de Madrid por una Comisión de la Verdad en el Parlamento. IL
El derecho a reconocer el pasado, a recuperar la memoria histórica, se dio cita este sábado en Madrid en la presentación de la iniciativa por la Comisión de la Verdad en el Parlamento. En un acto desarrollado en el Ateneo de Madrid e impulsado por la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, juristas, políticos y asistentes debatieron sobre un pasado que, para casi todos los presentes, debe ser reconstruido.

“Hay quien dice que mirar la historia es un problema irresoluble y que es mejor ignorar el pasado”, apuntó Jaime Ruiz Reig, el presidente de la Asociación para la Memoria Social y Democrática (AMESDE) durante su discurso de apertura. Sin embargo, continuó, “mirar la historia es facilitar no caer en los mismos errores”.

Esta opinión fue respaldada por el coordinador general de Convocatoria Cívica, Ángel Viviente, quien instó a los asistentes a firmar la petición en la platafoma Change.org para la creación de una Comisión de la Verdad “que encuentre y explique de una vez por todas lo que sucedió en nuestro país”. Por el momento,105.000 personas ya han mostrado su apoyo a esta petición que, en palabras de Viviente, “sólo es el inicio”.

El objetivo es que el Parlamento se haga eco de su solicitud y finalmente se “elimine la impunidad de los graves crímenes cometidos contra la vida por las instituciones del franquismo”. No obstante, el camino no es fácil. Una persona que conoce de cerca esta realidad es el jurista Baltasar Garzón, uno de los ponentes en el acto e impulsor de la recogida de firmas.

Para el jurista, recuperar los cuerpos de los miles de víctimas del franquismo es “un derecho fundamental, un derecho humanoy reconocido como tal por los organismos internacionales”. Por eso se apoyó en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitido en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para subrayar que “es el Estado quien tenía que estar presente y avalar esta situación” y que ante su ausencia “son las víctimas y asociaciones quienes se vieron obligados a tomar el testigo".

Garzón criticó a un determinado sector social que "se limita a decir que ya estamos reconciliados". En cambio, "la afirmación de reconciliación es la excusa permanente cuando no ha habido ni verdad, ni justicia ni reparación", subrayó. "Nadie en España puede pensar que por hablar y por conseguir hacer una reparación mínima y suficiente se vaya a quebrar ningún sistema democrático". En cambio, el jurista apuntó que no todo el mundo opina igual. "La propia ausencia del Partido Popular esta mañana así lo evidencia", afirmó. "No entiendo por qué no se puede hablar con el PP de estos temas", cuando sólo se trata de "hablar", recordó.

De hecho, los conservadores no respondieron la petición de los organizadores solicitando su asistencia al acto. De aspecto diferente pero con el mismo final fue lo sucedido con Podemos. Estaba previsto que Rafael Mayoral acudiese al evento en representación de la formación morada, no obstante, éste se ausentó para desconocimiento de los organizadores, quienes no obtuvieron ninguna explicación.

Quienes sí acudieron fueron Sol Sánchez, en representación de Izquierda Unida; Soraya Rodríguez, por el PSOE; y Miguel Gutiérrez, por Ciudadanos. Este último, además, fue el único que recibió abucheos por parte de los asistentes tras explicar la postura de la formación naranja sobre la memoria histórica.

Gutiérrez comentó que desde Ciudadanos ven con buenos ojos que los familiares de las víctimas puedan recuperar los cuerpos de las víctimas, pero interpretó que hasta que no se conforme un nuevo gobierno no entrarán a valorar la formación de la Comisión de la Verdad.

Por su parte, Sol Sánchez, diputada de IU-UP en el Congreso durante la pasada y corta legislatura, subrayó que desde su formación incluyeron en el programa de cara al 20-D diversas propuestas para recuperar los cuerpos de las víctimas del franquismo. Y Rodríguez, la que fuese portavoz socialista en el Parlamento entre 2012 y 2014, optó por rechazar las medidas impulsadas por el Partido Popular para acabar con la Ley de Memoria Histórica que aprobó el PSOE en 2007.

En alusión a una entrevista concedida por Mariano Rajoy al diario 20 Minutos en 2008, en la que el entonces candidato a la presidencia afirmó que no daría ni un sólo euro del erario público para recuperar el pasado, la socialista reprochó que tal como afirmó Rajoy así ha cumplido durante su mandato; al tiempo que subrayó que de haber gobernado el Partido Socialista la pasada legislatura, la Comisión de la Verdad ya hubiese estado creada y en funcionameinto.

"Nuestra historia está llena de héroes y heroínas"


Una de las ponentes con mayor énfasis en la recepción de sus palabras fue Cristina Almeida. La abogada y política afirmó que no quieren investigar los crímenes del franquismo “por un afán de venganza, sino porque creemos que nuestra historia está llena de héroes y heroínas”. 

Para Almeida, las firmas para conformar la Comisión de la Verdad no son sólo unas cifras, sino un apoyo “para sentirnos cada vez más unidos en esa exigencia”. “Aquí nadie habla de que ha habido 40 años de fascismo y de que de esos 40 años no han durado en ninguno de los países donde estuvo el fascismo”, continuó. Por eso creyó en sus palabras que para poder devolverle la democracia a España había que empezar por devolver los cuerpos a las familias de los asesinados por el franquismo.

"Los valores democráticos no llueven del cielo, se conforman, se educan y se practican si se quieren desarrollar una sociedad democrática", apuntó en su intervención Jaime Ruiz Reig, quien calificó este valor como "eje fundamental" y aludió a la "falta de conocimiento" de la sociedad española. "Cuando la población no está educada en el reconocimiento de la verdad, tenemos un problema", remarcó.

El jurista y político Manuel de la Rocha, recordó que “la transición tuvo un loable objetivo: la reconciliación de los españoles”. Sin embargo, en vez de desarrollarse como se estipuló, “se llevó a cabo con el olvido de las víctimas del franquismo, no de las otras [en referencia al otro bando]”.

De la Rocha hizo un repaso por las diferentes medidas adoptadas tanto a nivel internacional como nacional por recuperar la memoria de las víctimas, e instó a apoyar las acciones impulsadas por diferentes gobiernos municipales y autonómicos durante estos últimos años para abrir gran número de fosas comunes.

“En Valencia se han doblado el número de fosas reconocidas” desde las pasadas elecciones municipales, apuntó. Asimismo, en otros espacios como Madrid destacó la creación del Comisionado de la Memoria. “Pronto habrá elecciones generales y una nueva mayoría deberá abordar estos sistemas con determinación”, afirmó. En este término instó a que su consecuencia sea “la constitución de una Comisión para que las heridas se cierren y los principios de verdad se apliquen, para que la democracia sea plena”.

Memoria para compartir, para cooperar y trabajar juntos

El que fuese director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, elaboró un discurso con grandes dosis de emotividad. No sólo por su recuerdo a Luis García Montero, ponente en el acto que no pudo acudir por una fractura sufrida este viernes, sino por sus palabras de unidad para la memoria.

“Parlamento viene de parlare, no de aplaudire y por eso lo que tenemos que hacer es que ahora llegue el momento de pasar de la fuerza y la confrontación a la conversación, al diálogo, al encuentro, a la conciliación y a la mediación”, señaló Mayor Zaragoza.

“La prevención es ahora nuestra obligación y cuando se autorizan manifestaciones de grupos fascistas que deberían estar fuera de la ley me acuerdo de lo que sucedió en España en el 35 y 36”, explicó. Por eso reforzó la necesidad de la memoria “para compartir con los demás”, “para cooperar y trabajar juntos”, “para estar al lado de los que sufren”, “para comprometerse”. Pero sobre todo instó a recuperar la memoria para “las generaciones venideras”. 

“Esta es la memoria, lo sé como testigo y a veces como director de procesos de paz. Lo que más logra conciliar la voluntad de los que han estado confrontados es precisamente hablar de sus hijos. No de su presente ni de su pasado, sino hablar de las generaciones venideras”. Por eso, pidió “que la voz llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra, que todos los que puedan se unan a este grito”, incluidos los representantes de los partidos políticos. 

Juristas y políticos reclaman una Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/04/comision_verdad_50744_1012.html



  • Representantes de todos los partidos, excepto el PP, acudirán al acto organizado por la Plataforma por una Comisión de la Verdad
  • La asociación ha reunido más de 105.000 firmas para exigir la creación de un organismo que repare a las víctimas del franquismo

Publicada 04/06/2016 a las 06:00Actualizada 03/06/2016 a las 22:28  

El exjuez Baltasar Garzón.  ALBERTO MORANTE
El exjuez Baltasar Garzón. ALBERTO MORANTE
Más de 105.000 firmas han sido reunidas gracias al impulso de la asociación Convocatoria Cívica, presidida por el jurista Baltasar Garzón, para exigir la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. Este sábado, el Ateneo de Madrid acogerá un acto a las 10.30 horas con el fin de presentar el resultado de la campaña y los objetivos que recoge para ser trasladados al Parlamento durante la próxima legislatura.

El evento podrá seguirse en streaming a través de este enlace, y en él participarán Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza –ex director general de la Unesco–, la abogada Cristina Almeida, el escritor Luis García Montero, el abogado Manuel de la Rocha y el presidente de la Plataforma Comisión de la Verdad, Jaime Ruiz Reig.

El  coordinador general de Convocatoria Cívica, Ángel Viviente, explica en conversación con infoLibre que el siguiente paso, después de haber reunido las firmas necesarias, será pedir a los representantes de los grupos que se posicionen al respecto. En concreto, acudirán a la cita Soraya Rodríguez en representación del PSOE, Rafael Mayoral, de Podemos y Sol Rodríguez, de IU. El miembro de Ciudadanos que intervenga aún está por confirmar, mientras que el PP ha sido el único partido que no ha contestado a la llamada de la asociación.

Una vez esté constituido el nuevo Parlamento, continúa Viviente, se hará una petición formal para constituir la Comisión. El coordinador de la plataforma explica que la iniciativa parte hace tres meses gracias al afán de Convocatoria Cívica por resarcir a las víctimas del franquismo, pero que se genera tras el impulso de diversas asociaciones que vienen reclamando los mismos objetivos desde hace años.

En este sentido, Viviente reflexiona que, después de la Transición, "hubo un acuerdo tácito, incluso dentro de los partidos de izquierda, de no tocar el tema". Durante los años de democracia, no obstante, fueron surgiendo asociaciones –actualmente más de 300, calcula– con vocación de impedir que los crímenes cometidos durante el franquismo quedaran impunes. Más tarde, continúa Viviente, "llegó la ley de Memoria Histórica de Zapatero, que supuso un gran avance", pero que, sin embargo, "quedó paralizada cuando llegó el PP".

A la petición de Convocatoria Cívica, tal y como indica su coordinador general, se sumó la Plataforma por una Comisión de la Verdad, que integra a víctimas, asociaciones de memoria histórica, juristas y defensores de los derechos humanos, todos ellos unidos para reclamar la puesta en marcha de un conjunto de mecanismos y órganos oficiales que garanticen "el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo".

Para Ángel Viviente, todos los pasos dados hasta el momento han servido para allanar el camino hasta la puesta en marcha estos mecanismos. Es optimista, además, en cuanto al cumplimiento efectivo de los objetivos marcados, especialmente en lo que atañe a los partidos de izquierda, ya que "están recogidos en sus programas". Viviente se muestra firme al vaticinar el futuro de sus exigencias: la puesta en marcha de la Comisión, considera, "va a ser ahora".

El reproche de los organismos internacionales

El coordinador general de la asociación recalca, además, las llamadas de atención llevadas a cabo por organismos internacionales durante años. El pasado mes de febrero se cumplieron siete décadas desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas condenara a la dictadura franquista, calificándola como "un régimen de carácter fascistaestablecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini".

A finales de 1973, Naciones Unidas sacó adelante una resolución según la cual los culpables de crímenes de lesa humanidad "serán buscados, detenidos, enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, castigados". La cláusula estipulaba, asimismo, que los países tendrán que "cooperar bilateral y multilateralmente" con el objetivo de prestarse ayuda "a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento" de los autores de dichos crímenes.

En el año 2005, la Asamblea decidió que los Estados miembros tendrían la obligación de "respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario". En la misma línea, fue aprobada la no prescripción de "las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario".

Ya en 2013 el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada elaboró un informe donde expresaba su preocupación por la situación de desamparo que sufren en España las víctimas del franquismo. A través del documento instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a "cumplir su obligación" y buscar a los desaparecidos durante la dictadura y la guerra civil.

Un año después, el relator especial de Naciones Unidaspara la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, visitó España para comprobar la situación real en el territorio. Entre sus conclusiones, el experto censuró la "privatización" de las exhumaciones, las carencias en cuanto a la información oficial y la Ley de Amnistía. El relator subrayó a través de un informe su sorpresa al "observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas".

Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas volvió a solicitar a mediados del pasado año la derogación o enmienda la Ley de Amnistía de 1977 con el fin de tener vía libre para investigar las violaciones de derechos humanos cometidos en el país. En este sentido, el Comité mostró su "preocupación por la posición del Estado de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias". Además, los expertos internacionales reiteraron su inquietud por "las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas".