Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Antiguamente el año nuevo se celebraba con el fin de la recolección de las cosechas. La primera estación del nuevo año era en los actuales meses de Octubre y Noviembre. Nuestros antepasados creían que los difuntos visitaban a sus parientes vivos y estos dejaban luces y alimentos en las puertas de sus casas para ellos. Era Halloween, o sea el día de todos los santos que es una variable cristiana de aquella antiquísima celebración pagana.
Para nosotros, los familiares de las víctimas asesinadas por el fascismo, como no sabíamos qué día los habían matado, el día 1 de Noviembre se convirtió en el recuerdo colectivo y la memoria de nuestros seres queridos que habían sido hechos desaparecer sin que supiéramos qué había sido de ellos. Algunos familiares tuvimos pronta, clandestina e incierta noticia de que nuestros padres, nuestras madres, abuelos, tíos u otro familiar pudieran haber sido fusilados en la tapia del cementerio y arrojados a una de las 20 fosas que en Diciembre del 1936 los franquistas habían hecho abrir en el campo adyacente al cementerio.
Son tantos y tantos años, toda la vida de tres generaciones, que venimos sufriendo la desintegración de nuestras familias y la tortura de la propaganda del fascismo-nazi-franquista contra aquellos a los que asesinaron con nocturnidad y alevosía, denostándolos además después de muertos, de rojos, socialistas, libertarios, convirtiendo en insultos esas maravillosas palabras que indicaban y siguen indicando el mayor grado de evolución humana, que produjeron los mejores hombres y mujeres de nuestra Andalucía.
Son tantos años de dolor por la injusticia cometida que no comprendemos ni aceptamos que ahora después de más de 80 años el Estado siga negándonos la posibilidad de recuperar a nuestros familiares, negándonos que se sepa la verdad, negándonos que se haga justicia y que se repare el inmenso daño causado a todos, tanto a familiares como a toda la sociedad española.
El Estado y el Gobierno de Rajoy dificultan que se pueda constituir la Comisión de la Verdad. Es más, Rajoy se jacta de no dar ni un euro para que podamos localizar, exhumar e identificar a nuestros muertos, negando que lo sucedido haya pasado.
Un año más desde Ronda repetimos que el proceso debe comenzar por hacer un plan de actuación que reúna a los familiares vivos para saber los datos de los desaparecidos, sus circunstancias, su historia, sus pertenencias. Tomar el ADN de estos familiares y crear un banco de ADN. Ampliar la investigación de archivos que tenemos con documentación a la que todavía no tenemos acceso. Tener o construir un lugar adecuado que sirva para hacer las pruebas antropológicas y ADN de los restos cuando se empiecen las exhumaciones y que al mismo tiempo sea un lugar para guardar y custodiar los restos en féretros con la dignidad que deben tener, y finalmente hacer las exhumaciones con métodos científicos pero con el respeto y la dignidad que le debemos a nuestros héroes-mártires que lucharon por un mundo de trabajo y bienestar, sin corrupción, con libertad, igualdad y fraternidad.
El próximo día 1 de Noviembre, Samhain, Halloween o Todos los Santos, haremos una vez más el homenaje floral a nuestros familiares víctimas de la agresión del fascismo-nazi-franquista como venimos haciendo todos los años, esperando que junto a los familiares vuelvan a estar todos los rondeños que siguen pidiendo paz, trabajo, libertad, verdad, justicia y reparación.
El Gobierno insiste, respondiendo a una pregunta de En Marea, en que "no puede hacerse uso de otra bandera que no sea la oficial en un edificio público". La Delegación del Gobierno en Galicia interpuso un recurso contencioso-administrativo al Ayuntamiento de A Coruña por negarse a retirar la tricolor en la casa museo de Casares Quiroga.
Bandera republicana en la Casa Museo Casares Quiroga./ AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
"En un edificio público no puede hacerse uso de otra bandera que no sea la oficial". Esta es la argumentación del Gobierno —basada en la ley 39/1981— que ha llevado a la paradoja de que en el balcón de una casa-museo de un político republicano no pueda ondear la bandera republicana. Ha sucedido en A Coruña, en la casa-museo de Santiago Casares Quiroga, abogado y político galleguista que presidió el Gobierno de la II República entre mayo y julio de 1936.
El Ayuntamiento de A Coruña —presidido por Marea Atlántica— colgó la bandera republicana en el balcón del edificio el pasado 14 de abril con motivo del 86º aniversario de la II República, un régimen que el Consistorio definió como "una etapa de cambio y de derechos que fue truncada por el golpe fascista". Cuatro días después, la Delegación del Gobierno en Galicia pidió al Ayuntamiento que retirara la tricolor por entender que vulnera la ley que regula el uso de banderas y otros símbolos, pero la Administración local la mantuvo en el balcón, donde sigue colgada a día de hoy.
Antón Gómez-Reino Varela (En Marea): "Nos preguntamos si la intención del Gobierno es ocultar la memoria histórica de la ciudad"
El Ayuntamiento considera que no incumple ningún precepto de la ley porque la bandera "se exhibe únicamente como homenaje a la personalidad a quien está dedicada la casa-museo y, además, no pende de ningún asta, sino que está enganchada de un balcón del edificio", señalan a Público fuentes del Consistorio coruñés. Aunque el edificio de la casa-museo es de titularidad municipal, no está destinado a fines de representación o institucionales y su exhibición tampoco responde a "una manifestación ideológica en favor de un régimen distinto al constitucional, sino que se trata de un homenaje al personaje y a la recuperación de la memoria histórica de la ciudad", remarcan las mismas fuentes. "Es una bandera republicana como parte de la ornamentación de un museo dedicado al republicanismo", insisten.
La respuesta de la Delegación del Gobierno ante la negativa del Ayuntamiento fue presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio. Una demanda "absolutamente infundada", según En Marea, que no contribuye a "mejorar el bienestar de la ciudadanía". La Delegación del Gobierno y, por tanto, el Ejecutivo central "confunde la intención de homenajear a una figura clave en un período histórico que significó la promoción de muchos valores con una suerte de afán de llevar a cabo una vulneración de la ley de símbolos", sentencia el Ayuntamiento a Público.
La ley establece que en edificios públicos sólo pueden utilizarse las banderas aprobadas por los Estatutos de Autonomía
El diputado Antón Gómez-Reino Varela, del grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, preguntó al Gobierno en junio por qué el Ejecutivo pretende "interferir en las decisiones que adopta el Ayuntamiento de A Coruña acudiendo a los tribunales". Sin embargo, el Ejecutivo se limita a afirmar que la decisión de la Delegación del Gobierno en Galicia "responde únicamente a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley 39/1981": "No es bandera constitucional la bandera republicana y, por ello, cuando se trata de un edificio público, no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, de, en este caso, la bandera republicana. Se trate o no de un mástil o de cualquier otro tipo de exhibición pública de otra
bandera que no sea la oficial", reza la respuesta del Gobierno a En Marea remitida el pasado 1 de septiembre.
La ley establece que en edificios públicos, autonómicos, institucionales, locales, municipales o inframunicipales sólo se puede colocar la bandera española, la propia de la comunidad autónoma, la del municipio o la provincia, la de la comunidad foral y la de la Unión Europea. "Sólo se prevé que junto a la bandera de España puedan utilizarse las banderas aprobadas por los Estatutos de Autonomía y su utilización sólo puede hacerse, junto con la bandera nacional, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma cuyo Estatuto haya aprobado una bandera propia", añade el texto del Gobierno. Sin embargo, En Marea defiende que, en este caso, la bandera en la casa-museo de Casares Quiroga "solamente supone un homenaje más" a la figura del político.
Ayuntamiento de A Coruña: "Es una bandera republicana como parte de la ornamentación de un museo dedicado al republicanismo"
"Es llamativo que se dediquen recursos públicos a un litigio como este", denuncia el grupo parlamentario, que se pregunta si la intención del Gobierno es "vulnerar su autonomía municipal y ocultar la memoria histórica de la ciudad". De hecho, recuperar la memoria histórica es uno de los compromisos del actual gobierno municipal de A Coruña que, de momento, ya ha retirado del callejero toda referencia al régimen franquista y creará en breve el Consello da Memoria Democrática, un órgano consultivo vinculado a la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Justicia "anti-banderas"
De hecho, no es la primera vez que sucede algo parecido cuando se acerca el 14 de abril. Eso sí, hasta ahora, siempre en edificios institucionales. Este año, la justicia ordenó retirar una bandera republicana izada en la Plaza de la Constitución de Cádiz y, días antes del 86º aniversario de la República, la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana envió cartas a todos los municipios en las que advertía de que colocar la bandera tricolor era ilegal. Aun así, nueve municipios desoyeron el aviso. Días más tarde, la Policía obligaba a retirar una bandera republicana en la Feria del libro de Algeciras.
eldia.e s El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso presentado por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo, Francisco Moreno, para que este municipio cambie su nombre en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
Según ha informado hoy el Consistorio en nota de prensa, con esta resolución, el alto tribunal confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que daba la razón al Ayuntamiento y establecía que lo acordado en su día por el pleno municipal era conforme a la ley y al reglamento de la población, por lo que "no es necesario cambiar el nombre del pueblo".
Además, el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo considera que el fallo del TSJEx dejaba claro también que el catálogo de vestigios ya fue redactado y aprobado por el pleno municipal y en él se concluye que no existen vestigios que incumplen la Ley de la Memoria Histórica.
Con esto, a juicio del Consistorio, se demuestra que la Administración Local "ha cumplido doblemente" con la sentencia y con el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, ya que, además, este catálogo no ha sido impugnado, dentro de los plazos legales, por lo que su aprobación es definitiva.
Ante la resolución del Tribunal Supremo, el equipo de gobierno de Guadiana del Caudillo insta al Grupo Socialista en el Ayuntamiento a que "abandone, de una vez por todas, la batalla de las disputas ideológicas que nada tienen que ver con los problemas diarios de nuestro pueblo".
Además, pide la dimisión de Francisco Moreno, a quien se le imponen las cosas procesales, por un importe de 2.000 euros, por "haber utilizado políticamente" el conflicto del nombre durante los dos últimos años.
València, 5 oct (EFE).- La ley de Memoria Democrática y por la Convivencia de la Comunitat Valenciana incluirá la creación de un censo de bebés robados, que no será público pero proporcionará a los interesados copia de la documentación que les afecte, así como de un banco de ADN que recogerá muestras de personas afectadas por estos hechos.
Así lo han acordado los grupos parlamentarios en la comisión de Justicia de Les Corts Valencianes, a través de una enmienda presentada de forma conjunta por el PSPV y Compromís a la citada ley, y que ha contado con el apoyo de Podemos y con los votos en contra del PP y de Ciudadanos.
La propuesta recoge que el Instituto Valenciano de la Memoria Histórica, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas "elaborará un censo de bebés robados, solicitando la colaboración de todas las instituciones públicas o privadas que custodian archivos, expedientes o historiales médicos sobre nacimientos.
Este censo, añade la enmienda, "no será público con el fin de salvaguardar los datos personales que contenga, pero proporcionará a las personas interesadas copia de la documentación que les afecte", y solo se harán públicos los datos estadísticos que se deriven del censo.
Además, establece que el banco de ADN previsto en la ley recogerá muestras de las personas afectadas por robos de bebés, tanto en el caso de las madres biológicas como de las personas adoptadas, y procurará la coordinación debida con otros bancos de ADN que pudieran existir en el Estado o en otras autonomías.
Asimismo, señala que en caso de que para esclarecer algún caso fuera necesaria la apertura de alguna tumba, el Consell dispondrá de un plan anual tanto de trabajo como de financiación para asumir los costes de dichos procesos.
El Consell también solicitará al Gobierno la adopción de todo tipo y orden de medidas que lleven a averiguar y aclarar estos hechos y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos afectados.
La socialista Mercedes Caballero ha destacado la importancia de que las víctimas de bebés robados tengan reflejo en esta ley, que, según ha defendido, es una norma de "reconciliación, justicia y generosidad" y reconoce a todas las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Desde el PP y Ciudadanos han afirmado que no se oponen al objetivo de la norma pero han criticado el sesgo, el sectarismo y la falta de neutralidad imprimidos en ella por los grupos que sustentan al Consell, al considerar que no se ampara a todas las víctimas sino únicamente a una parte.
Durante el debate, se han pactado un total de ocho enmiendas; se han aprobado las más de 30 presentadas conjuntamente por el PSPV y Compromís, así como varias de Ciudadanos y de Podemos, que ha retirado una treintena de propuestas, y se han rechazado todas las iniciativas del PP. EFE
En el libro El Gran Retroceso. Un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia, participan diferentes autores reflexionando sobre el tema del título, entre los que destacan Zygmunt Bauman, Nancy Fraser, Marina Garcés, Paul Mason, Pankaj Mishra, Roberti Misik, César Rendueles, Wolfgang Streeck, Slavoj `Zizek… Son encomiables todos los artículos, ya que presentan diferentes alternativas al modelo neoliberal, que pretende convencernos de “no hay alternativa”. Mas, no quiero referirme a esta problemática global, sino a uns cuestión estrictamente española, que me la ha sugerido la lectura del artículo del mismo libro del filósofo Santiago Alba Rico titulado Retrocesos, repeticiones, restas, en el que nos dice que él alguna vez para explicar las secuelas culturales del franquismo ha recurrido al historiador tunecino Ibn Khaldun, muerto en 1406, el cual en su Muqqadimah se pregunta: ¿Por qué Dios hizo vagar 40 años a los hebreos por el desierto? Khaldun contesta que fueron necesarios 40 años, toda una generación, para borrar el recuerdo de la esclavitud. En el caso de España fueron necesarios 40 años de Franco para olvidar el recuerdo de la libertad. España entró en la UE y se sumergió en el consumismo con muy poca memoria, y 40 años después de la muerte del dictador, no conserva ninguna raíz con el pasado. Más adelante Alba Rico señala que un país sin memoria es un país a merced del viento, en el que puede ocurrir cualquier cosa, lo cual es gravísimo a la hora de construir una democracia firma y consolidada. Tesis que trataré de mostrar en las líneas que siguen.
Es lamentable que una parte de la sociedad española ignore los crímenes del franquismo o le resultan irrelevantes. Hay diferentes razones. No obstante me fijaré en el ámbito educativo. En la enseñanza períodos claves de nuestra Historia del siglo XX como la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista reciben un tratamiento escaso. El profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez en el artículo Educando la memoria de las jóvenes generaciones: el olvido escolar de la II República y de la barbarie franquista, nos dice que en el documental Los campos del silencio sobre los presos republicanos, la última parte se grababa en el Instituto de Secundaria de Fabero del Bierzo (León), por lo que preguntó a un grupo de alumnos/as sobre el campo de concentración que había estado ubicado en su pueblo, donde hubo un batallón de unos 250 presos republicanos, de 1939 a 1947, trabajando como esclavos para una empresa privada (Minas Moro) y extrayendo carbón en las minas del Bierzo. La existencia de tal campo la desconocían, y eso que algunos de sus abuelos habían estado ahí presos. De esta experiencia, el profesor explica que surgió un trabajo de investigación sobre los contenidos impartidos en clase sobre la II República y el franquismo. Para ello, examinaron los manuales de texto de Primaria a Bachillerato para analizar el tratamiento que se daba a la II República, la represión franquista y a la lucha antifranquista. En los manuales de 2º Bachillerato de Hª de España comprobaron ejemplos muy significativos. En el de Edelvives, la guerra civil fue un «conflicto fratricida», como «consecuencia» del «caos de la II República». En el de 2º de Bachillerato de Santillana, fue una guerra que enfrentó a “dos bandos”; y se puede leer: “en los dos bandos hubo un fenómeno semejante; la voluntad de exterminar al adversario produjo un simultáneo terror”. Es muy ilustrativo comparar los currículos de Hª de España de 2º de Bachillerato del MEC y el de la Comunidad de Aragón. Es cierto que los profesores de Historia usan otros materiales, independientemente de los manuales, pero no pocos pasan de puntillas sobre la represión franquista y su legitimación por la iglesia católica, por la cual fue ampliamente recompensada por el régimen. E incluso, algunos hablan de la equidistancia: guerra fratricida, explosión inevitable de un cúmulo de problemas acumulados, represión en ambos lados, reparto de responsabilidades, etc. Para justificar el no implicarse a fondo los argumentos son: el programa es muy largo, hay que preparar la selectividad. Mas, también en muchas ocasiones es por falta de compromiso. E incluso ciertas dosis de temor, lo que supondría una secuela del franquismo. Que desde el MEC no tengan mucho interés en conocer la represión franquista se entiende, por ello en su currículo, uno de los estándares de aprendizaje evaluables, sobre la Dictadura es «Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo». En el currículo de la Comunidad de Aragón es: «Busca información de interés para el alumno (en libros, Internet, fuentes orales, prensa, la fotografía o el cine) y elabora una breve exposición sobre la experiencia de las víctimas del franquismo o la cultura y la vivencia del exilio… Y otro estándar de aprendizaje, que no aparece en el currículo del MEC y sí en el de la Comunidad de Aragón: «Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, con particular atención al retroceso de la situación de la mujer, analizando críticamente los argumentos religiosos y políticos bajo los que se legitima su subordinación jurídica, económica y social al varón».
Al ser un país sin memoria también nos podemos encontrar determinadas actuaciones de enaltecimiento de una dictadura brutal en un sistema “democrático”. El pasado 24 de agosto el grupo Mixto y Vasco ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados solicitaron una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, para que la ministra explicase el motivo, por el que se ha conmemorado como efeméride el 18 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado franquista, tal como se indica en el escrito de la Agrupación de Apoyo número 61, que envió una orden el pasado 18 de julio de 2017, en la que se podía leer: «en este día de 1936 oficialmente se inicia en toda España un alzamiento cívico-militar en el que participa la mayoría del ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla».
Y efectivamente se produjo la comparecencia de la señora ministra de Defensa, Dolores De Cospedal García ante la Comisión de Defensa el 30 de agosto de 2017. Su intervención fue lamentable, aduciendo que había asuntos más importantes y de más enjundia, como, por ejemplo, la incansable actividad de la Unidad Militar de Emergencia o del Grupo 43 del Ejército del Aire, luchando de manera titánica contra la lacra de incendios forestales a lo largo y ancho de nuestro país, que ha dado lugar a veinticuatro actuaciones, cuatro de ellas en territorio de nuestros vecinos portugueses, arriesgando su vida y en situaciones de máxima dificultad; también, por ejemplo, el repunte que se ha producido en la crisis humanitaria que tenemos en el mar Mediterráneo, en general, y en la costa libia en particular, donde el contingente español ha contribuido a salvar desde junio del año 2015 casi 40 000 vidas, y sigue trabajando de manera incansable.
En cuanto a otros intervinientes señalaré algunas muy claras y contundentes. La del representante del PNV, señor Legarda Uriarte, el cual señaló que según la Real Academia de la Lengua, una efeméride, es la celebración de un acontecimiento importante que se recuerda en el aniversario del mismo, y en el caso de las Fuerzas Armadas, lo constituye aquellos hechos que deben ser recordados porque dan honor y gloria a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el 18 de julio de 1936 no fue un acto de honor y de gloria para las Fuerzas Armadas que se sublevaron contra las instituciones de la II República, contra unas instituciones elegidas democráticamente. El 17 y 18 de julio de 1936 se dio un golpe de Estado parcialmente fallido que continuó en una guerra de los sublevados que duró casi tres años, hasta abril de 1939, y que desembocó en una dictadura que duró hasta la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, casi treinta y siete años después. Por eso, no entiendo que 42 años después unos hechos de tan infausto recuerdo sigan considerándose en unidades del Ejército una efeméride. No debe honrarse ni a un golpe de Estado, ni a una sangrienta guerra, ni a una dictadura como la franquista. El sentido común, los pactos democráticos, el recuerdo de las víctimas del franquismo y la Ley de la Memoria Histórica son razones de suficiente peso.”
La del portavoz de Esquerra Republicana, señor Olòriz Serra, fue muy brillante con gran referencia historiográfica, al destacar que “Aquí hay una causa que viene de lejos, y son las líneas históricas fabricadas por el franquismo para reconocerse a sí mismo y no tener en cuenta lo que multiplicidad de historiadores en universidades de todo el Estado han ido trabajando, como Julio Aróstegui, Julián Casanova, Enrique Moradiellos, Ricardo Miralles, José Carlos Mainer, Eduardo González, Jorge Marco, Gutmaro Gómez Bravo, José Luis Ledesma o, por ejemplo, Ángel Bahamonde, de la Universidad Carlos III, que ha trabajado 1200 consejos de guerra franquistas a militares.”
Posteriormente se detuvo “Lo más duro para el Ejército de los días 17, 18 y 19 de julio, fue que nunca se había vertido tanta sangre de jefes militares, nunca tantos generales fueron fusilados como el 17, 18 y 19 de julio. De veintiún oficiales generales, diecisiete permanecieron fieles a la República, los seis generales de la Guardia Civil permanecieron fieles a la República, y, de cincuenta y nueve generales de brigada, cuarenta y dos se mantuvieron fieles a la República. Dejemos la vieja historia del franquismo pensando que era una acción cívico-militar. Fue una acción para destruir al Ejército español, porque nada tenía que ver el Ejército de 1939 con el Ejército español del año 1936; se destruyó. Y por eso es importante que la historia no se repita. Pero la historia se repite si esta no lleva a la consciencia de qué pasó y por qué pasó. Los primeros defensores de la República no fueron los gobernadores civiles, los miembros de los partidos políticos de izquierda ni los miembros de los sindicatos obreros; los primeros fusilados fueron los generales con mando del Ejército. El general jefe del Arma de Aviación de la República, Núñez de Prado, fue fusilado por Franco cuando iba a Zaragoza a intentar mediar sobre este hecho. Es importante la memoria para que no se repitan las mismas cosas; no una efeméride. Y puede que fuera bueno que, en vez de empezar por Viriato la historia militar española, se comenzase por el siglo XX y se estudiase a fondo lo que fue la Guerra Civil y el Ejército franquista. Por tanto, en lugar de decir que no ha pasado nada, aprovechemos esta situación para hacer un buen diagnóstico y que el Ejército español asuma que su pasado no es el Ejército franquista y que, por tanto, se ha de romper claramente; y cuando uno es un traidor, es un traidor; y cuando uno es un héroe, como el general Batet, fusilado, es un héroe.”
No puedo terminar sin una reflexión. En un país sin memoria puede ocurrir cualquier cosa. Como que las actuaciones policiales del 1-0 en Cataluña sean jaleadas con gran regocijo en una parte no pequeña de la sociedad española. Y lo digo, porque estos hechos los he constatado personalmente en alguno de mis conciudadanos, algo que me ha estremecido profundamente.
En España no existe un censo oficial de desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, aunque algunas asociaciones las estiman en decenas de miles. Hasta ahora ha sido la sociedad civil, a través de voluntarios, la principal encargada de localizar y exhumar a las personas enterradas en fosas comunes. En Carlet, a raíz de una charla informativa de la Asociación por la Memoria Histórica de la localidad, muchas familias de represaliados se pusieron en contacto con el grupo. Destacó el caso de una vecina que asegura que su abuelo está enterrado en el cementario de Carlet en una fosa común. Por ella, el ayuntamiento ha iniciado el expediente de indagación y localización de fosas en el cementerio de Carlet y los primeros indicios apuntan a que no anda desencaminada.
Según el testimonio ofrecido por la mujer, siete personas fueron fusiladas el 6 de mayo de 1939 y sepultadas en el camposanto. Los cuerpos de seis de ellas fueron recuperados por sus familias al día siguiente, pero solo quedó el de un integrante al que no se decidió trasladar. Podría ser el único, aunque se desconoce el número de personas que hay enterradas. Lo que sí se sabe con exactitud es la ubicación de la fosa, situada en el cuadrante derecho del margen derecho lindante al camino La Mola.
La confirmación de que el proyecto va hacia adelante y avanza con paso firme llegó ayer de la mano de la Diputación de València, que ha concedido 726 euros para la primera fase. «Este trabajo se iniciará a partir del próximo año pero ya hemos dado un paso muy importante con la ayuda económica que vamos a recibir. Estoy muy feliz de que por fin se pueda dignificar la vida de las personas y reparar la memoria histórica. Era una deuda moral obligada», aseguró Maria Josep Ortega, alcaldesa de Carlet.
En conexión con Paterna La corporación provincial también ha decidido otorgar un total de 104.602,08 euros a la Asociación por la Memoria Histórica de Carlet destinados a la excavación y exhumación de la fosa 22 del cementerio de Paterna, donde hay cientos de personas de poblaciones de la comarca, entre las que se encuentra Carlet. En el municipio de la Ribera Alta se seguirá el mismo procedimiento que en Paterna, por lo que el proceso de indagación lo llevará a cabo la Asociación ArqueoAntro.
Amelia Hernández, una de las fundadoras del grupo memorialista y vecina de Carlet, es una de las personas que más ha peleado por conseguir ese apoyo económico. La razón está en que su abuelo, Manuel Hernández Sáez, está en Paterna junto con otros cuatro carletinos. «Por fin se va a hacer justicia con mi familia y por ello, quiero seguir ayudando en otros casos. En Carlet todavía no se han catalogado las fosas, pero la colaboración ciudadana está siendo clave para avanzar. De los siete cuerpos que fueron enterrados tras ser fusilados, algunas familias nos han confirmado que sí fueron retirados del lugar. Todavía no hemos podido contactar con todas, pero su participación en este caso nos está sirviendo de gran ayuda», explicó la munícipe.
Juan Trujillo, Vicente García y Francisco Pérez, que han podido ser localizados gracias a la plantación en secreto de un almendro en el lugar exacto donde fueron arrojados sus cadáveres en el año 1936
Tres vecinos de Moclín que fueron asesinados por la represión franquista han sido enterrados en su pueblo tras permanecer más de 81 años en una fosa común situada junto a la carretera que une el anejo de Puerto Lope con Alcalá la Real.
Según ha informado hoy la Junta de Andalucía, se trata de Juan Trujillo, Vicente García y Francisco Pérez, que han podido ser localizados gracias a la plantación en secreto de un almendro en el lugar exacto donde fueron arrojados sus cadáveres en el año 1936.
Los trabajos de exhumación fueron impulsados en 2014 por la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Moclín, en coordinación con los investigadores Maribel Brenes, Andrés Fernández y Cristóbal Alcántara, junto al arqueólogo promotor de la iniciativa, Francisco Gálvez, representante de las familias y nieto de una de las víctimas.
El exalcalde del municipio, Manuel García Cerezo, se ha congratulado de la recuperación y dignificación de los represaliados, que al parecer eran jornaleros.
Su identificación fue posible tras las correspondientes pruebas de ADN y análisis antropológicos, que confirmaron que se trataba de tres varones que probablemente murieron tiroteados en una zona, la conformada por las localidades de Moclín, Tózar, Limones y Puerto Lope, en la que intervinieron las tropas franquistas y las fuerzas paramilitares de Falange ante la importante militancia sindical que existía entre la mayoría campesina, tal y como corroboran en sus testimonios los mayores y descendientes de las víctimas.
Los cuerpos de Juan Trujillo, Francisco Pérez y Vicente García ya descansan en los cementerios de Moclín y de Pinos Puente en el último caso, ha informado García Cerezo.
En torno a un centenar de personas, entre ellas el director general de Memoria Democrática de la Junta, Francisco Javier Giráldez, acompañaron a los familiares en el cementerio de Moclín para rendir homenaje a estas víctimas.
