La activista andaluza Paqui Maqueda (Sevilla, 1964) ha participado en dos actos esta semana en Burlada y Pamplona, invitada por Axular y Sanfermines 78 gogoan, en torno a la represión en Andalucía tras el golpe del 36, que su familia sufrió intensamente en carne propia. Presidenta de la asociación Nuestra Memoria, autora de dos libros, Maqueda es miembro de la Plataforma Gambogaz, el nombre del cortijo de Queipo. “Él montó la mentira de que el pueblo sevillano se lo regaló”. El objetivo tras retirarse sus restos de la Macarena, cuenta, es quitarle el marquesado y convertir el edificio en espacio público como museo de memoria. 

Sus palabras tras la exhumación de Queipo de Llano han tenido eco. ¿Fue un gesto de dignidad?

–Fue un acto muy de barriga. Supe de la exhumación aunque la iglesia no había avisado ni siquiera al Gobierno de España de que se iba a hacer, y me presenté allí, a la una de la mañana. Quería ser testigo de la salida de los restos de Queipo. Ya habían salido los de Bohórquez antes de que yo llegara. Fui con una actitud de respeto, muy discreta, fuera de la basílica. Cuando vi que los familiares de Queipo empezaron a aplaudir y a decir Viva Queipo, pudo conmigo la rabia de que eso no se podía permitir. Porque la Ley de Memoria Histórica entró en vigor el 19 de octubre, y era 3 de noviembre. Y porque me pareció una ofensa tan grande a las víctimas... Esperaba que la familia bajara la cabeza, se montara en los coches y se fuese, igual que iba a hacer yo, aunque sin bajar la cabeza. Pero ante estos gritos no me pareció adecuado que ellos tuvieran la última palabra y la impunidad se mostrara tan descarnadamente. Estaban sacando los restos de un represor, de su familiar, pero una persona responsable de tantos crímenes. No esperaban respuesta, se lo podían permitir, como se lo han permitido toda la vida. Lo que yo dije fue en nombre de mis familiares.

¿Fueron represaliados?

–Mi bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, forma parte de los 114.000 desaparecidos en este país. Lo fusilaron en agosto del 36 cuando las tropas golpistas conquistaron Carmona, un pueblecito de Sevilla. Juan tenía cuatro hijos. Nuestra familia tiene todas las patas de la represión franquista. El mayor fue preso esclavo en campo de concentración. Al siguiente le detuvieron, le torturaron y según el expediente que tenemos, se escapó, le metieron siete tiros por la espalda, y murió en un portal llamando a su madre. Eso fue en agosto del 39, justo 3 años después de que mataran a su padre. Se hizo juicio a los falangistas que lo mataron, y por supuesto los absolvieron. Al hermano menor le habían obligado con 17 años a alistarse en las tropas franquistas, y se pasó a los republicanos. Tras la guerra le tocó ir a campos de concentración, prisión, exilio...Después incautaron nuestra casa en Carmona. El Gobierno me dice que no hay legislación que establezca la devolución de los bienes privados o particulares. Sí a sindicatos y a partidos políticos. Por último, en 1963 a mi madre le robaron su primer hijo en un hospital público de Sevilla. A la mitad de mis tíos no les dieron trabajo en Carmona, y fueron migrantes económicos en Barcelona. La responsabilidad de Queipo de Llano en relación a mi familia hizo que yo estuviese en su exhumación también por un tema personal además de político. Mi familia habría sido otra si no hubiera pasado esto.

“Llevábamos años pidiendo a la Junta que aplicase la ley en la tumba de Queipo de Llano en la Macarena”

Queipo de Llano destaca, de entrada, frente a otros golpistas, por sus alocuciones radiofónicas.

–Era un terrorista de las ondas, ciertamente, porque él se basaba en el miedo, creaba miedo, cuando él hacía las alocuciones radiofónicas incitando a la violación de mujeres, a que se matara sin piedad... Dijo que si había responsables ya matados, los sacaría de la tumba para matarlos otra vez. Una locura, un terrorismo verbal tremendo. Como pasó en la Desbandá, uno de los hitos históricos represivos más importantes de Andalucía, la gente no soportó quedarse en Málaga, porque venía una represión total y absoluta, alentada por él en las ondas. Era un terrorista verbal que cumplía lo que decía, era atroz, de una crueldad sin límites, y la gente huía de los pueblos.

¿Cómo pudieron estar hasta ahora en sus restos en la Macarena? ¿Cómo se llegó a esto?

–Hace años que el movimiento memorialista en Andalucía, que tiene un músculo bastante importante, se concentraba dos o tres veces al año frente a la basílica recordando la legislación andaluza de 2017, una de las más avanzadas en derechos humanos, aunque no se esté aplicando por el gobierno de derechas que tenemos. Esta ley dice lo que ahora la estatal, que cualquier simbología fascistaen un sitio privado con proyección pública se tiene que eliminar. Llevábamos años pidiendo a la Junta que aplicase la legislación, y a los distintos alcaldes de Sevilla que hiciesen mediación con la basílica, a la cual también nos dirigimos. No se aplicaba. 

¿Con qué argumentos?

–Cuando la Ley de Memoria de 2017, estaba Susana Díaz a la cabeza.  

Y se venía de una línea iniciada por Zapatero...

–Pero la ley de 2007 ya nació con el 90% de rechazo del movimiento memorialista. No era valiente ni asumía su discurso reivindicativo. De hecho, por ejemplo, depositaba en manos de los familiares las exhumaciones a través de subvenciones. La actual ley estatal tiene muchas sombres pero muchas luces también y avances en derechos humanos. Y la andaluza ya daba instrumentos. Nos dirigimos a Susana Díaz y le dijimos: Haz lo que sea para sacar a Queipo y a Bohórquez, hazlo. Y la señora mandó a los servicios jurídicos de la Junta que hicieran un informe, que no hemos visto nunca, donde se decía que no tenían la obligación de sacarlos. Si el Gobierno hubiera seguido en manos socialistas, con presión quizás se habrían sacado, pero llegó Moreno Bonilla en el 19, y ganó con la ultraderecha. 

“Me indigna que no se haga una política pública de memoria valiente que aplique el derecho internacional”

“Dice Pedro Sánchez que pasará a la historia por la exhumación de un cadáver, pues vaya gloria”, ha afirmado Alfonso Guerra esta semana.

–Qué barbaridad. 

¿Ilustra al PSOE de los ochenta?

–La guerra interna que tienen me trae sin cuidado. Soy una activista de derechos humanos, y hago política, por supuesto, pero lo que me incumbe y me indigna es que no se haga una política pública de memoria histórica valiente, que asuma y aplique el discurso del derecho internacional. No podemos olvidar que el PSOE en Andalucía estuvo gobernando 36 años, se dice pronto. Con 700 fosas comunes, 45.000 desparecidos, datos muy potentes como para que hubieran asumido y edificado un discurso público de memoria. Hubo pasos, no digo que no, porque además fueron de agradecer. Pero creo que el PSOE tiene ese desequilibrio de dar pasos adelante, de quedarse a medias, y le puede pasar ahora con esta ley estatal; si no la desarrolla a través de decretos, no pones instrumentos para llevarla a cabo y no la dotas presupuestariamente, mala cosa y mal camino. Ojalá no venga la derecha. Como no es una derecha democrática, no asume un discurso de derechos humanos con las víctimas del franquismo, con otras sí. A las del franquismo no nos consideran ni siquiera víctimas. y ya tenemos a Feijóo diciendo que si llega al poder derogará la Ley de Memoria Histórica . Nosotras nos miramos en el espejo, por ejemplo, de Argentina o Chile, donde hay una política pública potente, integrada en las venas del pueblo.

“En Navarra hay una política de memoria más presente en las instituciones y en el pueblo que en Andalucía”

Es la tercera vez que visita Navarra. ¿Conoce nuestra experiencia? 

–La conozco. Decía que en el músculo asociativo en Andalucía es importante en memoria histórica, y el de aquí también. He venido aquí invitada por Sanfermines 78 y por amigos y compañeros de Burlata que hacen los homenajes en la carretera de Igal cada año. Por eso nos conocimos y vine la primera vez. Localizamos un preso andaluz que murió a los dos meses de estar aquí por una neumonía construyendo esa carretera, con 24 años. Y vinimos a hacerle un homenaje con nuestra bandera andaluza. Nos une una represión muy similar, muy dura, y un movimiento asociativo muy vivo. Un mismo discurso contra la impunidad que todavía impera en el Estado español y sobre las graves violaciones de derechos humanos que trajo el franquismo, crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Nos diferencia, sobre todo hoy, una política pública de memoria que aquí en Navarra creo que está más presente en las instituciones, e incluso diría, en la conciencia del pueblo. Allí, con los vaivenes políticos que tenemos, nos falta una política pública bastante más asentada.