Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamenta el desprecio del Ayuntamiento de Lugo a las víctimas de la dictadura franquista.
El anuncio del concello de construir un cementerio para mascotas indigna a las familias de las víctimas del franquismo, que han reclamado un monumento en el cementerio municipal.
Es incomprensible que el concello no construya un memorial a los desaparecidos por la represión de la dictadura.
”El anuncio del concello de Lugo, a bombo y platillo, de que pretende construir el primer cementerio para mascotas de Galicia ha indignado a algunos familiares de víctimas de la represión franquista que llevan mucho tiempo reclamando un monumento en el cementerio municipal de San Froilán, que recuerde a quienes fueron asesinados por la dictadura franquistatras el golpe de Estado de 1936, dado que sus familias no tienen un lugar para recordarlos porque nunca dispusieron de sus cuerpos para poder enterrarlos dignamente.
Con el apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se han reiterado sus exigencias a las autoridades municipales y a la Valedora do Pobo sin que el ayuntamiento, que presume de su cementerio para mascotas, haya atendido debidamente las demandas de las víctimas del franquismo.
Desde hace más de cinco años la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lo lleva solicitando por petición de los familiares de las personas que fueron enterradas sin tumba en el desaparecido cementerio de Magoi en Lugo. La actitud del concello siempre ha sido la de mirar para otro lado desde la concejalía responsable de cementerios.
El trato del Concello a las víctimas del franquismo lo define bien: el hecho de que las familias solicitaran permiso para llevar a cabo un acto en el cementerio el pasado 1 de noviembre y no les fuese concedido el permiso, como si las víctimas del franquismo fueran de segunda clase, precisamente en el día en el que culturalmente se acude a recordar a los difuntos, como si aquellos que sufrieron en sus familias las detenciones y asesinatos de los golpistas de 1936 fueran un estorbo social, y que por tal motivo, tuvieron que celebrar el acto el día anterior.
Ahora, que el teniente de alcalde Rubén Arroxo y la responsable del cementerio Cristina López han anunciado, como si se tratara de una primicia, que Lugo tendrá el primer cementerio de mascotas de Galicia, los familiares de los desaparecidos lucenses por la represión franquista han reavivado su indignación por sentirse ignorados por las autoridades municipales. El argumento de Arroxo para crear el cementerio de mascotas de 800 metros cuadrados, en cuyo proyecto llevan trabajando mucho tiempo, es que se trata de una propuesta que los vecinos llevan tiempo reclamando.
Las familias de las víctimas del franquismo llevan casi cincuenta años de democracia esperando una mínima reparación y por lo visto van a tener que seguir mas tiempo esperando a tener un lugar en el que llorar y recordar a sus muertos.
Lugares abandonados como parques, baños públicos y playas fueron durante el final del franquismo los escenarios principales del ‘cruising’, una práctica originaria de la comunidad LGBT+ consistente en tener sexo en lugares públicos.
Javier Fernández Galeano, investigador Ramón y Cajal del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València (UV), ha realizado un estudio que documenta estos lugares de la Comunitat Valenciana donde se producían los encuentros sexuales furtivos durante la dictadura.
El trabajo, elaborado a través de expedientes policiales, sentencias y testimonios vividos, muestra cómo la policía y el sistema judicial patologizaron a los homosexuales, quienes se presentaban a sí mismos como autómatas de la noche para evitar desvelar sus motivaciones.
Durante los años setenta del siglo XX, la sociabilidad homosexual en la actual Comunitat Valenciana abarcaba lugares de encuentro que incluían desde los espacios de cruising como ruinas, parques y urinarios, a la emergente red de locales, discotecas y fiestas privadas.
Los sitios de quedadas clandestinas en el exterior estaban bajo el foco de los cuerpos de policía, pero aun así ofrecían la alternativa más accesible y común en un contexto el que se criminalizaba la visibilidad LGBT+.
En su artículo publicado en la revista ‘Cuadernos de Historia Contemporánea’, de la Universidad Complutense, Fernández Galeano mapea esos lugares tras analizar los expedientes del Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Valencia entre los años 1971 y 1978.
Algunos de estos lugares aparecen mencionados en las guías internacionales para gais, que proporcionaban información sobre sitios donde la comunidad LGTBIQ+ era bien recibida en las ciudades. En 1971, València solo aparecía representada por dos locales LGBT-friendly: el Club Capricornio, en el número 29 de la calle del Mar y la cafetería Casa Lauria, en Roger de Lauria, 2-A. Dos años después, la capital del Turia alcanzó los 6 establecimientos en las guías internacionales, con sitios como Berlín, en la calle San Bult 27, o Caballo Blanco, en calle Rumbau 6.
En estas guías no aparece mencionado ningún local en las provincias de Alicante y Castellón. Pese a ello, hubo una gran cantidad de expedientes policiales abiertos en Alicante, y sobre todo en Elche, donde se relata que había mucho tráfico de hombres deambulantes en el tramo del parque municipal junto al Paseo de la Estación.
En Castelló de la Plana, una tapicería ocultaba fiestas clandestinas de homosexuales y fue un punto clave para la comunidad LGTBIQ+ de la provincia. Se descubrió al detenerse a un joven belga que un conocido «fue presentando a distintos maricas de esta capital que le fueron dando de comer y algún dinero solo porque alternara con ellos y se dejara chupar el miembro», según el informe de la Policía.
En los casos llevados a los tribunales, el juez dictaba una sentencia de «no peligrosidad» si la persona padecía alguna enfermedad mental, si tenía una familia con hijos o si contaba con un empleo. Por contra, la mayoría de «invertidos» (término usado para referirse a los homosexuales) que no poseían alguna de estas características eran internados en la cárcel como psicópatas sexuales.
«Los archivos policiales trataban a los homosexuales que participaban en estos encuentros como autómatas sexuales que se buscaban entre sí, llevados por impulsos mecánicos que no podían explicar. En los informes se obviaron los términos relacionados con el deseo y la excitación, ya que los oficiales buscaban establecer una equivalencia con otros delitos penales y los acusados sabían que contar con detalle estas actividades no jugaba a su favor», explica Fernández Galeano, con lo que muchas veces en los expedientes se intuye que el instructor era quien ofrecía los detalles.
«El declarante era objeto de manoseos por todas las partes de su cuerpo» o «habían decidido bajarse los pantalones para culminar el placer homosexual», son algunos extractos de los informes policiales.
Las sentencias podían absolver o condenar, y dependían del juez y de las circunstancias. El artículo cita que el juez en materia de peligrosidad social de Alicante era más severo que el de Valencia. En cualquier caso, «las sentencias promovían indirectamente los patrones de autorrepresión e internalización de la vergüenza».
Un ejemplo es un caso en el que la comisaría de Alcoy certificó que la conducta homosexual de un acusado no era conocida por el público, el forense lo calificó de «psicópata sexual» pero «con buena conciencia moral»; el procurador alegó que era una pobre «persona enferma»; y el juez lo absolvió por su discreción y aparente arrepentimiento.
Frente a esta visión mediatizada por los informes policiales y las sentencias, Fernández Galeano menciona el libro de Lluís Fernández L’anarquista nu, en el que se presenta el cruising en València durante los 70 como una actividad diurna, compartida y celebrada, descripción que choca con la documentación policial que la nombra como nocturna, sigilosa y oculta.
Además, para ofrecer un relato lo más cercano a los hechos, el investigador de la Universitat de València también ha incorporado a su artículo los testimonios de personas homosexuales de los años 70 con las que se reunió en 2023 para contrastar y ofrecer una visión desde la experiencia.
La Diputación de Valencia ha concedido una subvención directa de 46.600 euros que permite continuar con los estudios de laboratorio de la tercera campaña de localización de los restos
En octubre de 2023 se taparon las fosas del cementerio de Gandia a la espera de recibir una ayuda económica que permitiera continuar con la exhumación de represaliados de la guerra. / Raquel Abulaila
Las buenas noticias, a veces, tardan en llegar. Es algo que muy bien puede confirmar la Asociación de Víctimas del Franquismo de Gandia. Aunque lo esperaban en enero, la Diputación de Valencia destinará ahora los 46.600 euros que permitirán proseguir los trabajos de exhumación e identificación de los represaliados de la Guerra Civil.
Concretamente, se trata de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Gandia para la realización de estudios de laboratorio de la tercera campaña de localización de los restos. Con ello, explican desde el ente provincial, se espera identificar a más de 20 personas.
Desde la Asociación de Víctimas del Franquismo de Gandia se muestran muy contentos de haber recibido esta ayuda económica. Así lo explica su presidenta, Núria Martín, que también explica que la esperaban en enero. Agradece, además, que el departamento de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Gandia, ha insistido desde entonces para que llegara cuanto antes.
Núria Martín, presidenta de la Asociación de Víctimas del Franquismo de Gandia
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En palabras de Natàlia Enguix, vicepresidenta del ente provincial y responsable del área de Memoria Democrática, esta subvención "contribuye con la implementación de los principios de verdad, justicia y reparación reconocidos por el Derecho Internacional”. Cumple así con lo que garantizó a principios de abril para Gandia.
Concretamente, la partida de ayudas directas que concede la Diputación de València, asciende este año a un total de 210.000 euros. Estos sumados a los 850.000 euros (700.000 para ayuntamientos y 150.000 para asociaciones) que convocó en marzo de 2024.
"El presupuesto de más de un millón de euros que destinamos este año a Memoria demuestra que, para este gobierno de la Diputación, sigue siendo una herramienta esencial en la sociedad actual para construir un futuro sólido y democrático", ha subrayado Enguix.
El equipo de la Universidad de Granada y la empresa TCA avanzan en la exhumación de víctimas de la represión franquista fusiladas y arrojadas a las fosas comunes de La Soledad. Decenas de familiares se acercan al cementerio para aportar datos y pruebas y ver el esfuerzo de los investigadores. La Soledad acogerá un gran memorial que recordará con nombres y apellidos a las víctimas.
La nieta de una persona fusilada y arrojada a la fosa común observa los trabajos de exhumación
A las once de la mañana del día 29 de julio de 1936 el capitán golpista Gumersindo Varela comunicó a la Sevilla de Queipo de Llano la ocupación de la capital onubense. Seguidamente quedaba declarado el Estado de Guerra en toda la provincia, prohibido el intento de huelga y se ordenaba la desaparición de todos los emblemas y letreros considerados marxistas. Y de paso se daba luz verde a pasar por las armas a todos los contraventores (los que desobedecieran la orden militar) sin previo juicio.
Portada de Diario de Huelva tras la ocupación franquista de la capital en 1936
65 días después del 18 de julio de 1936 los franquistas daban por conquistado hasta el último pueblo onubense.
Comenzaba entonces la gran represión que dejó más de 120 fosas comunes repletas de cadáveres, de hombres y mujeres, repartidas por todos los pueblos que jalonaban la geografía provincial.
Una de esas fosas, la más enorme junto a las de la Cuenca Minera, se iba a ir llenando de fusilados, de represaliados desde lo que se conoce como los meses del terror caliente, del verano del 36 en adelante, hasta los posteriores años en aplicación de consejos de guerra sumarísimos sin garantía alguna para los detenidos o los republicanos que volvieron a sus casas y pueblos y se entregaron a los golpistas tras sus falsas promesas de respetarles la vida.
Trabajo minucioso en la fosa descubierta en La Soledad
Era la gran fosa común (varias) del recién inaugurado cementerio de La Soledad de Huelva capital. Ubicado entonces lejos del casco urbano, hoy junto a La Orden, fue el lugar elegido por los franquistas y toda su cohorte de colaboradores militares y civiles para enterrar a gran parte de las miles de víctimas causadas en Huelva.
Más de 1.240 cadáveres de represaliados, de los más de 6.500 contabilizados en toda la provincia, yacen aun hoy en La Soledad, tapados por enormes praderas verdes de césped de entre 60 metros de largo por 15 de ancho y repartidos por casi todos los sectores del camposanto de la capital.
El equipo que comandan Francisco Carrión y Daniel Quiroga trabaja en el laboratorio montado en La Soledad
Estos días y hasta finales de agosto en primera instancia, un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada (UGR), encabezados por los científicos e investigadores Francisco Carrión y Daniel Quiroga junto a la empresa TCA Cartografía y Geomática adjudicataria del proyecto, ha comenzado a arrojar luz, poner nombres y rostros y a intentar identificar incluso por técnicas de laboratorio por ADN a cada una de estas personas fusiladas y arrojadas, amontonadas, a las fosas comunes, y también a las que fueron fusiladas tras consejo de guerra sumarísimo y pasados por las armas en el muro del Parque Moret y el muro de La Soledad que separa la zona del cementerio inglés. Muchos procedentes de la prisión provincial y otros de los campos de concentración de prisioneros instalados en San Juan del Puerto, Peguerillas, Puerto Pesquero de Huelva y la Isla Saltés.
Hasta La Soledad se han desplazado ya más de 60 familiares de estas víctimas de la represión franquista procedentes de la misma capital y de pueblos como Valverde, Nerva, Gibraleón, Cortegana… en un goteo constante para aportar datos de sus padres, madres, abuelos y abuelas que fueron fusilados.
Trabajos de exhumación
El equipo que dirigen Carrión y Quiroga ha recogido ya unas 25 pruebas de ADN de las consideradas útiles. Muy pocos hijos de las víctimas, tres que tienen casi 90 años, y el resto nietos y nietas que buscan poner fin a un duelo inacabado presente en el corazón de la familia todo este tiempo.
A pesar de que el estado de conservación de los restos es bueno el proceso es tremendamente laborioso. Y los huesos comienzan a hablar, a contar lo que pasó y cómo sucedió.
Sexo, edad, detección de patologías que tenían en vida, secuelas de enfermedades que dejaron sus marcas (polio, prótesis), evidencias perimortem... hasta su causa. Carrión lo expresa con claridad: “los huesos nos dicen si hubo torturas, golpes, contusiones y, por supuesto, el impacto de proyectiles”. Allí mismo había ya analizados cráneos con impactos de balas.
Una vez detalladas las características de cada individuo se toman muestras del hueso petroso ubicado detrás de la oreja. El que más ayuda a la identificación por ADN, luego las piezas molares, descartando las muy desgastadas o con caries, y finalmente un corte de fémur de unos 10 cm. Todas pasan por un horno ultravioleta para eliminar bacterias y evitar contaminación cruzada. Y tras este lento, cuidado y laborioso proceso que se realiza por parte del equipo científico estos restos son enviados a los laboratorios de la Universidad de Granada.
Pruebas que se unen a los hisopos obtenidos de los familiares que han ido pasando por el cementerio de La Soledad, donde se han instalado carpas sobre las fosas para controlar en lo posible hasta la temperatura y un gran laboratorio de campo donde el equipo trabaja sin descanso desde el alba hasta más de mediodía.
Hay ya en Granada acumulados datos de más de 3.000 personas represaliadas en toda Andalucía. Es el denominado Banco de Pruebas de ADN.
El profesor Carrión es realista con los datos y las dificultades. Considera un éxito identificar al 10% de las víctimas del llamado terror caliente. Porque el resto, al tener datos previos de los fusilamientos por fecha y lugar de enterramiento será más fácil.
Cuando acabe este trabajo, que llevará varias campañas como la que se está realizando este año, y previa custodia de todos los restos encontrados, se realizará en Huelva un gran acto público de entrega a sus familiares de esos restos y se construirá en el lugar (cementerio de La Soledad) un mausoleo un gran memorial donde sean dignificadas todas estas personas que llevan décadas enterradas sin ningún miramiento.
La Soledad tendrá un monumento a todas estas víctimas con nombres y apellidos. Tendrán rostro.
El doctor Daniel Quiroga junto a sus colaboradores ha ido desgranando ya los datos que guardan las fosas, de las que van saliendo botones, hebillas, calzado (suelas de caucho), corchetes, cinturones, alambres y, por supuesto, los proyectiles usados para su fusilamiento.
Quiroga señala que en los cortes de terreno en el interior de las grandes fosas, de unos dos metros de largo por 80 cm de ancho, han aparecido ya hasta 8 personas amontonadas arrojadas a ese pequeño espacio. Hasta ahora, hay ya 14 víctimas datadas en esta parte.
El patio II del Sector San Juan y el San Marcos, Santiago… fueron de los primeros lugares usados para arrojar a las víctimas de la represión, un lugar donde ya en las catas previas de 2021, se localizaron más enterramientos.
Esta fase es solo el principio de un arduo trabajo que necesitará más actuaciones y excavaciones de carácter científico para poder concluir la ingente tarea de devolver la dignidad que le fue arrebatada a todas estas víctimas y poner fin al duelo inacabado de sus familias.
Carríon y Quiroga confían en avanzar en las investigaciones. Y lo hacen junto a un equipo científico formado por José A. Merino, René Palacios, Javiera Bravo, Laura Gutiérrez, Eric Borja,, Juan Francisco Coto, María José Gámez, Rafa Roldán e Isabel González, entre otros.
El Gobierno ha reconocido que el president de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista, «padeció persecución por razones políticas e ideológicas», y ha declarado «ilegal e ilegítimo» el consejo de guerra sumarísimo que lo juzgó, así como la sentencia que lo condenó a muerte.
A raíz de las peticiones del Govern en funciones de ERC, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno ha hecho llegar al Departamento de Justicia del ejecutivo catalán una declaración de reconocimiento y reparación personal hacia la figura de Companys, de acuerdo con la cual fue «represaliado» por ser el presidente de la Generalitat, según informan este martes ambos ejecutivos.
La declaración de reparación del Gobierno considera «ilegítimas y nulas las condenas del consejo de guerra y las sentencias emitidas por estos y otros tribunales contra el presidente» de la Generalitat, hechas hace casi 84 años. De esta manera, y por primera vez, el Gobierno reconoce de manera oficial que Companys fue «represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representantede la Generalitat y por su militancia e ideología».
En concreto, el texto del Gobierno señala que Companys fue condenado por «haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de ERC, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931 y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat» de Cataluña. Por todo ello, el Gobierno declara «ilegales e ilegítimos, tanto el Tribunal Regional de Responsabilidad Política de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo» que enjuiciaron a Comapnys.
De esta manera, el ejecutivo considera que Companys tiene «derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva». En consecuencia, el Ministerio «declara ilegítimas y nulas cualquier condena, sanción o resolución dictada contra Companys» por «razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o la dictadura posterior». El pasado mes de noviembre, el Govern aprobó un acuerdo para activar el procedimiento para pedir al Ejecutivo la formalización de la nulidad de las sentencias impuestas a Companys, una de las cuales lo condenó a muerte.
El Consistorio aprueba la solicitud del Cádiz CF. El recinto deportivo municipal pasó a denominarse Nuevo Mirandilla en el año 2021 para cumplir la Ley de Memoria Histórica.
Vista general del Nuevo Mirandilla antes de un partido del Cádiz CF. Imagen de archivo. —EUROPA PRESS
Actualizado:
La polémica, y el franquismo, regresan a la fachada del templo futbolístico gaditano. El Ayuntamiento de la ciudad costera ha admitido la solicitud del Cádiz Club de Fútbolpara renombrar como Estadio Carranza el recinto deportivo municipal que en el año 2021 pasó a denominarse Nuevo Mirandilla para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Ahora el Gobierno local, del PP, asume la petición del conjunto cadista, que bordea la legislación vigente, y ha iniciado el trámite administrativo que recupera el antiguo nombre que homenajea al golpista Ramón de Carranza.
La controversia levantada de nuevo sobre las instalaciones municipales llega hasta el Congreso de los Diputados. Y lo hará desde el propio Gobierno de España. Uno de los partidos de la coalición, Sumar, ha registrado una pregunta parlamentaria que cuestiona a laDirección General de Memoria Democrática si el cambio de nombre del estadio donde juega el Cádiz CF vulnera la ley y, en caso afirmativo, qué medidas contempla el Estado para "el restablecimiento de la legalidad".
"El nombre aúna de manera mayoritaria la identidad y la memoria colectiva del cadismo", defiende el propio Cádiz CF con un argumento que replica la institución pública en un comunicado. La Asociación de Memoria Histórica de Cádiz denunciará el caso ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por incumplir "de manera flagrante" las normativas sobre memoria democrática.
La oposición local critica que la decisión del alcalde, Bruno García (PP), busca reparar la figura del militar y político que regentó la Alcaldía de Cádiz en las dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco, lo que incumple "claramente" las leyes memorialistas estatal y autonómica. "Incurriría en una ilegalidad" si ejecuta la modificación, según el PSOE. "El cambio se hace única y exclusivamente por ideología", alertan desde Adelante Izquierda Gaditana.
¿Quién era Carranza?
"Es como usar Estadio Hitler como nombre, o Franco, porque tengo un primo con ese apellido", afea el historiador José Luis Gutiérrez Molina en conversación con Público. "Todo el mundo sabe por qué es, esa marca Carranza no está fuera de la historia, y si alguien en Cádiz no sabe quién era Carranza, pues es lamentable, no se puede fomentar la ignorancia", continúa.
Expediente de depuración profesional a trabajadores del Ayuntamiento de Cádiz, firmados por el propio Ramón de Carranza. —Cedida por el historiador José Luis Gutiérrez Molina./Público
Y, para quien desconozca al protagonista, ¿quién era Carranza? Militar, político, monárquico y empresario, Ramón de Carranza y Fernández Reguera (Ferrol, A Coruña, 1863 – Cádiz, 1937), fue alcalde de la ciudad gaditana en dos ocasiones, de 1927 al año 31 y desde pocos días después del estallido golpista hasta su muerte.
José Luis Gutiérrez Molina: "Carranza es responsable de la matanza fundacional del franquismo, que en la ciudad suma 600 vecinos asesinados"
"Es una de las figuras principales del golpe de Estado en Cádiz", resume Gutiérrez Molina. Una plaza donde no hubo guerra civil, pero en cuya provincia la represión fascista dejó una cifra lindante con los 3.000 civiles ejecutados y desaparecidos en más de 150 fosas comunes. Carranza es "responsable" de la "matanza fundacional del franquismo", que en la ciudad suma "600 vecinos asesinados".
Carranza es, además, "uno de los principales actores de la depuración de unos 400 trabajadores del Ayuntamiento, considerados no afines a la sublevación militar, y que son expulsados de sus trabajos", explica el historiador. "Se opone desde el principio a la II República y se convierte en un elemento financiador de Falange en Cádiz, y cuando dan el golpe de Estado se pone en disposición", narra.
Un "personaje bastante siniestro" que crea "su red caciquil" para controlar la ciudad de la que fue dos veces alcalde, "pero nunca a través de una votación, siempre a través de dos dictadores, Primo de Rivera y después los golpistas", manifiesta el investigador. Sin embargo, el nombre de Carranza "aúna de manera mayoritaria la identidad y la memoria colectiva del cadismo", según la directiva del Cádiz CF y reitera el actual Ayuntamiento.
La polémica Carranza
El nombre del campo de fútbol ha liado la pelotera desde el propio proceso abierto que propició el cambio. De las agrias porfías en redes a intentos de votación fallidos, ataques informáticos y hasta propuestas alternativas como el Estadio Francisco Franco. Un jaleo para una iniciativa que venía a quitar de las calles de Cádiz a "un personaje que participó en el golpe de Estado de 1936, que estuvo estrechamente vinculado a la dictadura franquista y contribuyó activamente en la política de depuración que llevó a cabo el régimen en Cádiz", según informaba entonces el Ayuntamiento.
La votación pública para dejar atrás a Ramón de Carranza tenía varias alternativas: Ciudad de Cádiz, La Pepa, Gades, Bahía de Cádiz, Gadir, Tacita de Plata, De La Laguna y Nuevo Mirandilla. Ganó esta última denominación, que alude al primer equipo de fútbol de la ciudad, el Mirandilla, y al propio Campo de Deportes Mirandilla, que fueron las primeras instalaciones para practicar fútbol en la ciudad.
El Estadio Nuevo Mirandilla fue el nombre más apoyado con 1.270 votos, en un proceso iniciado el 27 de julio de 2020 y culminado un año después, como anunciaba el entonces concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila. Amén de hasta 20 ataques informáticos, el boicot al proceso llevó incluso a recibir propuestas para denominar las instalaciones municipales como Estadio Francisco Franco o Santiago Abascal.
El Ayuntamiento de Cádiz "va a iniciar el proceso administrativo para proceder al cambio de nombre del recinto deportivo municipal"
La ciudad cumplió así con la Ley de Memoria Histórica. Hasta ahora. El Ayuntamiento de Cádiz "va a iniciar el proceso administrativo para proceder al cambio de nombre del recinto deportivo municipal" porque la petición del Cádiz CF "reúne todos los requisitos legales para proceder al cambio de denominación", sostiene el Gobierno local del PP.
La recuperación del alcalde franquista sirve "para blanquear a un personaje que en ningún momento merece ocupar el espacio público de una ciudad, que nunca deben estar dedicados a una persona que participó en primera fila en un golpe de Estado", afirma José Luis Gutiérrez Molina. Con Estadio Nuevo Mirandilla "Cádiz es una ciudad mejor y más limpia, traer de nuevo a alguien de la catadura de Ramón de Carranza es un retroceso en higiene democrática", según el historiador.
Ahora hay que ver si Cádiz revive en la fachada del estadio a un alcalde franquista. Sobre el césped lo hará en breve: el equipo de fútbol "tiene registradas las marcas Estadio Carranza y Trofeo Carranza a secas desde 2021" y este mismo verano "la LXX edición que se jugará el próximo 10 de agosto ya pasará a denominarse Trofeo Carranza", informa el club cadista.
