Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX), manifiesta su firme rechazo a la propuesta de VOX Extremadura de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, a cuya tramitación parlamentaria se ha dado pasado día 29 de diciembre, conformidad en el último Consejo de Gobierno del año de la Junta de Extremadura.
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El pasado lunes 30 de Diciembre , el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha manifestado su conformidad respecto a la tramitación de la propuesta de ley de concordia por la que se deroga la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, formulada por el grupo parlamentario Vox Extremadura. Ante ello, la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA. ARMHEX, manifiesta su firme rechazo a tal propuesta y anunciamos que seguiremos luchando por defender los derechos de todas las víctimas del franquismo y sus familias en Extremadura. Los derechos de las víctimas del franquismo, no pueden ser moneda de cambio en el ámbito de las negociaciones presupuestarias de PP y VOX.
Se olvida por estos grupos políticos que recuperar la memoria histórica y democrática es una cuestión de derechos humanos. Y todo ello, a pesar de que el gobierno actual de la Junta de Extremadura, hubiera afirmado en varias ocasiones en estos meses, que no era una prioridad derogar la actual ley, por lo que se trasluce una vez más que los derechos de las víctimas del franquismo, vuelven a ser objeto de un repudiable mercadeo en las negociaciones de los partidos de las derechas de nuestra región, en este caso, para la elaboración de los presupuestos de la Junta de Extremadura de 2025.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) manifiesta de nuevo su rechazo a cualquier intento de ambos de obstaculizar el derecho de las víctimas de la dictadura y de la sociedad extremeña a la verdad, la justicia y la reparación. La propuesta presentada a la Asamblea por VOX, no es más que una burda copia de otras iniciativas similares presentadas en las comunidades donde apoyan o permiten los gobiernos del PP.
Se propone un modelo de ley de pretendida concordia, revisionista y negacionista, que falsea la historia. En suma un “blanqueamiento” de la dictadura contra el que seguiremos luchando como movimiento social, en todos los ámbitos que sean necesarios, todo ello, en línea con los informes de los relatores del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se han pronunciado en contra de estas propuestas de pretendidas leyes de concordia en contundentes informes, pues el derecho internacional público obliga al Gobierno de España y en suma a todas las administraciones públicas, a reconocer la memoria democrática y los derechos de las víctimas. Los mencionados informes señalan que estas propuestas como la que ahora se impulsa en Extremadura con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, incumplirían de ser aprobadas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
De hecho el Gobierno de España, ha formalizado un recurso al Tribunal Constitucional contra la ya aprobada, ley de concordia de Aragón, y ha anunciado hará lo mismo con las normas de Cantabría, Comunidad Valenciana y Castilla-León, lo que hace presumir que con esta iniciativa extremeña ocurriría lo mismo.
La propuesta de VOX no solo supone un grave retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Extremadura, sino que pretende obstaculizar a las asociaciones memorialistas y a la administración en esta materia realizar su trabajo, mediante subterfugios que permitirían la paralización de la búsqueda y exhumación de fosas, en abierta contradicción con lo establecido por la vigente Ley 20/2022, de Memoria Democrática, del Estado central, lo cual sumergirá a la administración extremeña en un complicado conflicto competencial, dadas las disposiciones generales fijadas por la norma norma superior.
La propuesta de VOX supone un trasnochado ejercicio de apología del revisionismo histórico a favor de la dictadura franquista, un período lamentable en la historia de España que ha sido ya más que repudiado por las instancias internacionales y profusamente de forma científica por la disciplina de la Historia en todos los ámbitos académicos de solvencia y prestigio.
La ARMHEX confía en que la propuesta de VOX no prospere y que las instituciones, sobre todo las del Estado, sigan prestando su apoyo a la labor memorialista de las asociaciones. Volveremos a las movilizaciones en caso de que esta iniciativa siga su curso en la Asamblea de Extremadura, en defensa de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, una ley que ampara el derecho de una ciudadanía que ya ha manifestado de múltiples formas estar con las víctimas de la represión franquista y de la dictadura.
En suma, quienes hacen política con la memoria histórica son quienes dirigen Vox y PP, que pretenden derogarla, desde el negacionismo histórico. Quizás cancelen la ley, pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo que —como las del nazismo en Alemania o las del fascismo en Italia— fueron precursoras en España de la lucha por la dignidad humana, por las libertades y por la democracia.
Quienes niegan que el derecho a la memoria sea un derecho humano, patrimonio de la ciudadanía, parecen no darse cuenta de que seguiremos ejerciéndolo, haya o no leyes, porque el proceso de recuperación de la memoria histórica y democrática es un movimiento popular, de la sociedad civil, que ya no tiene vuelta atrás.
En Extremadura, a pesar de PP y Vox, desde el movimiento por la MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA seguiremos hablando del franquismo, seguiremos dignificando a las víctimas, seguiremos recordándoles la historia, seguiremos haciendo memoria.
Sin memoria, no puede haber concordia.
ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA
31/12/2024.
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ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX).
La familia recibirá los restos en Víznar el próximo sábado 4 de enero.
Francisco Carrión Jiménez
Flores sobre las fosas excavadas.
Eloísa Martín Cantal, joven modista de La Malahá que fue ejecutada en Víznarpor los golpistas en 1936, es la tercera víctima recuperada en las fosas del barranco que ha sido identificada. Ahora, como ha informado el equipo que dirige el profesor de la UGR Francisco Carrión, sus restos serán devueltos a su hermano, Mario Martín Cantal, y al resto de familiares 88 años después de su asesinato y enterramiento en las fosas comunes del Barranco de Víznar.
Desde 2021, han sido recuperados los restos de 31 mujeres y 101 hombres en el Barranco de Víznar
Como ha indicado el equipo, recientemente la Junta de Andalucía comunicó a los familiares de Eloísa Martín Cantal -modista de aproximadamente 19 años de edad- los resultados obtenidos por el Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada, que confirmaron la identificación de la víctima entre los 132 cuerpos recuperados, desde 2021, por el equipo interdisciplinar de la Universidad de Granada "Universidad y Memoria" -31 mujeres y 101 hombres-.
Eloísa es, junto con Juan de Dios Adarve y Antonio Rosales, la tercera identificación realizada por dicho laboratorio, a la espera de nuevos resultados que pudieran arrojar los cotejos que actualmente están llevándose a cabo entre muestras de ADN de familiares y víctimas exhumadas del Barranco.
Los restos de Eloísa serán entregados a su hermano Mario, que contaba con tres años cuando se produjo el asesinato, y al resto de sus familiares en el Ayuntamiento de Víznar el sábado 4 de enero de 2025.
Por otra parte, el día 13 de enero comenzará la quinta y nueva campaña de exhumaciones en el Barranco de Víznar, en 2021.
Para saber más sobre las mujeres fusiladas en Víznar, te ofrecemos las investigaciones que firma la memorialista Silvia González:
El GRMHC actualiza la base de datos de las comarcas de Castellón tras realizar nuevos estudios en Ares, Benassal, Albocàsser, Vilar de Canes, El Toro y Sant Rafael del Río.
El Ministerio de Memoria Democrática incorporó ayer a su censo de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista –represaliados o desaparecidos–en las comarcas de Castellón 133 nuevos nombres de vecinos con procedencia o defunción en municipios de la provincia como Ares del Maestrat, Benassal, Albocàsser, Vilar de Canes, El Toro y San Rafael del Río. Se trata de decenas de nuevas víctimas que elevan a 7.847 el total de fallecidos durante la contienda y del régimen gracias a los estudios y análisis que realiza el Grup per la Recerca de la Memòria Histórica de Castelló (GRMHC).
La organización sin ánimo de lucro, como resultado de una ardua labor de análisis y consulta bibliográfica especializada, fuentes archivísticas y documentales, investigación propia y colaboraciones con otros investigadores, ha incorporado en el último año nuevas víctimas al censo que adopta el Ministerio como fuente oficial junto al listado del Aula Militar Bermúdez de Castro como únicas dos fuentes de información sobre la provincia de Castellón. En concreto, se trata de personas que fallecieron durante los bombardeos que la Guerra Civil provocó en los términos de Ares del Maestrat, Benassal, Albocàsser y Vilar de Canes y que han aflorado a través de la consulta de bibliografía del grupo de investigación en Benassal y la colaboración de la licenciada en Humanidades, Geografía e Historia y Piscología, Pilar Vidal.
También se han incorporado al censo víctimas caídas en frente de guerra de localidades como San Rafael del Río o El Toro, resultado de la consulta de bibliografía y de la Causa General, y otras muertes en el frente de batalla mediante las aportaciones realizadas por investigadores como Carlos Mallench y Narcís Tena.
Durante 2024 se han realizado cinco intervenciones de excavación y exhumación en toda la Comunidad, tres de ellas heredadas del anterior mandato, frente...
Por lo que respecta al censo, el listado recién actualizado y resultado de la exhaustiva investigación incluye el nombre, la fecha de defunción y la edad en el momento del fallecimiento de cada una de las 7.847 víctimas, 319 de las cuales (el 4% del total) eran mujeres. El censo, de consulta pública a través de la web del GRMHC y del portal del Ministerio de Memoria Democrática, también añade información sobre la residencia –y, en algunos casos, la procedencia– de los fallecidos en combate o represaliados, su profesión e incluso la tipología de la muerte (represión franquista, represión extrajudicial, campos de exterminio, muerte en prisión, fallecimiento durante la Guerra Civil, violencia durante la contienda...).
Así, 7.552 fueron víctimas relacionadas directamente con la violencia generada a causa del conflicto bélico, la represión franquista y los campos de exterminio nazis, y 295 muertes violentas documentadas durante la Guerra Civil por otras casuísticas como crímenes, accidentes y otros dudosos. En concreto, un 6% del total, 449, fueron víctimas de bombardeos y la mitad, 3.952 víctimas, a causa de casuísticas relacionadas con la guerra y el frente de batalla. El 20% del censo, 1.605, fueron víctimas de la represión franquista en sus diferentes tipologías, incluyendo a castellonenses represaliados fuera de nuestra provincia.
Según las mismas fuentes, hubo 1.430 muertes violentas producidas en territorio republicano durante la Guerra Civil por la violencia revolucionaria. Entre las víctimas de la represión franquista se cuentan 1.128 ejecutadas a causa de procedimiento militar judicial, 286 muertas en la prisión, 94 asesinadas extrajudicialmente, 97 a causa de la represión contra la guerrilla y sus supuestos colaboradores, y 115 muertos en los campos de exterminio nazis. Por último, también se ofrece información sobre el término municipal y, no en todos lo casos, el lugar exacto del fallecimiento.
En octubre de 2023 comenzaron los trabajos sobre el terreno para exhumar a las víctimas del golpe de 1936 y de la represión franquista en las fosas del cementerio de La Salud en Córdoba. Fue dos años antes, en octubre de 2021, cuando los sondeos previos en el cuadro de la Virgen de los Dolores hallaron los restos de al menos trece personas, asesinadas y arrojadas unas encima de otras, confirmando la aparición de una gran fosa común de represaliados de la Guerra Civil en este cementerio. Sondeos como ese y los del cementerio de San Rafael mostraron certeza sobre la realidad que documentos, testimonios orales y escritos, además de pruebas fotográficas, habían descrito: más de 4.000 personas fueron represaliadas y asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, y arrojadas en su día a fosas comunes de ambos camposantos.
Fue 87 años después del inicio de aquel horror cuando comenzaron al fin los trabajos y hoy, haciendo balance para finalizar este año, el equipo de especialistas que trabaja en La Salud ha recuperado los restos de un centenar de personas represaliadas, confirman a este periódico, mientras prosigue su labor en los sondeos abiertos en el cuadro de la Virgen de los Dolores y excavan uno nuevo en el cuadro de San Plácido.
Con la tarea parada en estos días festivos, las labores proseguirán con el comienzo de 2025. Uno de los sondeos ya se ha cerrado, al excavarlo por completo hasta la profundidad de las fosas del periodo de 1936 en adelante. “En ese sondeo estaban los represaliados desde el inicio del golpe militar hasta cuando empiezan los juicios sumarísimos, apenas un año”, explica el coordinador de los trabajos, Daniel Quiroga.
Excavaciones de las fosas en el cementerio de la Salud en diciembre de 2024. J.M. AYALA
En ese sondeo ya excavado totalmente se han encontrado hasta cuatro niveles de ataúdes y ha servido para conocer 'el comportamiento' de la fosa, es decir, su conformación, que sirva de muestra para el resto de espacios que se están excavando. En el otro sondeo que además se ha ampliado en el cuadro de Virgen de los Dolores, sigue la excavación y la exhumación de los restos, con el hallazgo de “depósitos múltiples” de entre seis y ocho individuos.
En el cuadro de San Plácido que se ha abierto hace pocas semanas, los especialistas han llegado hasta un primer nivel de ataúdes contemporñáneos -ese espacio se llegó a utilizar hasta casi los años 80- y han excavado ya a dos metros profundidad, localizando ya unas líneas de ataúdes que cubren todo el área y que se exhumarán tras el comienzo del año nuevo. Ahí, los estudios hablan de que se encuentran represaliados del año 1941 en adelante. En una prospección hecha en 2019 en ese terreno, ya se localizaron depósitos múltiples que podrían ser de víctimas de la represión.
Con todo, el equipo de trabajo ha exhumado en total a unas 400 personas de las fosas de Córdoba, de las que ha podido certificar ya la muerte violenta en el caso de un centenar. En muchos otros casos, aún queda por confirmar si se trata de represaliados o no.
Cajas con los restos de cada individuo de las exhumaciones en el cementerio de la Salud J.M. AYALA
A los restos se les ha practicado la extracción de ADN, que es enviada al laboratorio de la Universidad de Granada que realiza las pruebas para la identificación, cruzando con las muestras de los familiares, por encargo de la Junta de Andalucía. En paralelo a la recuperación de los cuerpos de las fosas, los restos de cada individuo y los objetos que aparecen junto a ellos son analizados pormenorizadamente por antropólogos, arqueólogos y conservadores.
De los restos se extrae así el perfil biológico más ajustado posible de cada víctima -sexo, edad, estatura, enfermedades, etc-, así como de los detalles y objetos que dan información sobre esa persona. Una vez hechos esos estudios, los restos pasan a ser custodiados por el Ayuntamiento de Córdoba, en unas dependencias del cementerio de La Fuensanta.
Se acercaba el fin del año 1970, en plena dictadura de Franco. Las calles bullían con las prisas y el ajetreo característicos de esas fechas. La propaganda del régimen franquista, única permitida, continuaba con sus grandilocuentes discursos sobre las bondades de la dictadura a pesar de que el dictador ya estaba en declive físico, lo que le había obligado a buscar un sustituto en Carrero Blanco, a la sazón, jefe de gobierno
Por Rosa García Alcón | 29/12/2024
A pesar de la bonanza económica que cacareaban a los cuatro vientos, la inflación seguía siendo un quebradero de cabeza especialmente para las familias obreras ya que la subida de los sueldos se mantenía siempre por debajo del aumento de los precios. A ello se añadían las noticias (ocultadas en lo posible) sobre los casos más destacados de la corrupción política y económica tales como Matesa, Redondela, Caso George Laurent Rivara (cuentas secretas en bancos suizos), etc.
Las élites económicas y políticas que habían sustentado el régimen franquista querían vender la imagen de un cambio de la dictadura. En el mes de junio de 1970 se había firmado un convenio con la CEE (Acuerdo Económico Preferencial) y en el mes de septiembre Franco recibió la visita de Richard Nixon y Henry Kissinger. Sin embargo, esta especie de “dictablanda” quedaba continuamente en entredicho por la dura represión y la falta absoluta de libertades políticas y sindicales.
Efectivamente, la brutal represión política contra los resistentes y opositores de la dictadura estaba en pleno auge y no se detenía por nada, más bien al contrario.
Primera campanada: la detención de Benito Laíz Castro
EEl 31 de diciembre de 1970, Benito Laíz Castro, se encontraba detenido en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS) que tenía su sede en la Real Casa de Correos. No recuerda haber escuchado nada porque allí no llegaba el sonido de las campanadas ni el bullicio de los que se encontraban en la Puerta del Sol celebrando la entrada del nuevo año. Solo se oían los cerrojazos de las puertas de las celdas cuando venían a buscar a alguien para subirle a los despachos de la Brigada Político Social (BPS) donde tenían lugar los interrogatorios, malos tratos y torturas.
Benito era un joven químico que trabajaba como director técnico en una empresa de cosméticos y militaba en la clandestina ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores). El 14 de diciembre de 1970 se dirigió al despacho laboralista de Paca Sauquillo, situado en la calle Lista (ahora Ortega y Gasset), a realizar una consulta laboral. Le comentaron que, al parecer, la policía estaba deteniendo a gente a la salida del despacho y para prevenir esta detención, se marchó pronto. Sin embargo, notó que dos “sociales” (como se conocía a los policías de la BPS) le seguían, decidió dar una vuelta a la manzana y al llegar a la Plaza de Salamanca los sociales sacaron la pistola y dieron varios tiros al aire. Benito fue detenido. Le llevaron primero a una comisaría de la misma calle y de allí fue trasladado a la DGS, conocido lugar de detención y torturas contra los luchadores antifranquistas.
Segunda campanada: interrogatorios y torturas
Debido al estado de excepción promulgado por el Consejo de Ministros, quedaba suspendido el artículo 18 del Fuero de los Españoles que estipulaba el límite de 72 horas de detención, Benito sufrió 26 días de interrogatorios, malos tratos y torturas a manos de los esbirros de la policía política, entre ellos los inspectores Domingo Benayas Saiz de Rozas y el Jefe de Grupo, Jaime Gilabert. “Me hicieron hacer el pato, obligándome a andar con las manos esposadas por debajo de las rodillas. También tuve que estar muchas horas de puntillas con los dedos apoyados en la pared, si flojeaba, me molían a porrazos, recibía continuamente golpes e insultos. Recuerdo a un tal Torcuato, alférez provisional, que me daba cabezazos contra la mesa recitando una sarta de improperios”.
En las fechas navideñas (ya habían pasado más de diez días de detención) dejaron que pasara a verle durante unos minutos un familiar suyo. A continuación, rompieron la declaración que le habían hecho firmar y volvieron a empezar los interrogatorios, los malos tratos y las torturas. Al fin, el 12 de enero le pasaron a la cárcel de Carabanchel, a la tercera galería, aunque con la amenaza de volver a ser trasladado a la DGS en virtud del estado de excepción. A pesar de ello, ante el juez contó lo que había sufrido en manos de la BPS.
Tercera campanada: la lucha contra la dictadura
Manifestación de obreros en calle Monte Igueldo de Vallecas el 22 de julio de 1970, tras los asesinatos de los tres albañiles de Granada en la huelga de la construcción el día antes. Archivo PCE
En 1970 se produjeron más de 1.500 huelgas en las que participaron cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Principalmente estas movilizaciones se concentraron en el País Vasco, Barcelona, Asturias, Madrid, Sevilla y Granada. En esta última ciudad, el 21 de julio, durante el transcurso de una huelga de la construcción, fueron asesinados por la policía tres obreros: Antonio Huertas Remigio, Cristóbal Ibáñez Encinas y Manuel Sánchez Mesa.
En la apertura del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca en Donosti, celebrada en septiembre, el joven Joseba Elósegui se prendió a lo bonzo y se arrojó desde las gradas para protestar ante Franco, que presidía el acto.
Elosegi se lanzó envuelto en llamas desde la segunda galería a las localidades de cancha, donde se encontraba el dictador, al grito de “Gora Euskadi Askatuta”
En las diferentes universidades continuaba la lucha contra el régimen franquista que había cogido un importante auge el año anterior, tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano. En ese momento, el movimiento estudiantil era punta de lanza de la lucha política contra la dictadura. Por ejemplo, el 20 de enero de 1970, en conmemoración del asesinato de Ruano, más de dos mil de estudiantes se manifestaron en Moncloa, algo muy valiente dada la prohibición absoluta de este derecho. Además, el 4 de agosto de 1970 se publicaba la Ley General Básica de Villar Palasí que implantaba la EGB, BUP y COU y la Formación Profesional y dejaba entreabierta la puerta a la selectividad en el acceso a la universidad, lo que dio lugar a numerosas protestas universitarias ese curso y los siguientes.
Las huelgas, actos y movilizaciones se agudizaron ante la celebración del juicio militar contra 16 luchadores antifranquistas, conocido como Proceso de Burgos.
Cuarta campanada: el Proceso de Burgos
El 3 de diciembre dio comienzo en Burgos el Consejo de Guerra sumarísimo. Se acusaba a 16 personas (entre los que se encontraban tres mujeres y dos sacerdotes) de ser militantes de ETA y se les pedían 6 penas de muerte y 752 años de prisión. El expediente de la causa había permanecido secreto para los acusados y sus abogados hasta poco antes de comenzar el juicio, como era habitual en este tipo de procesos militares. El vocal ponente y asesor jurista de la fiscalía era el capitán Antonio Troncoso y el presidente del tribunal militar, el teniente coronel Manuel Ordovás González, que ya había condenado a muerte a Andoni Arrizabalaga en otro consejo de guerra el año anterior.
Los seis condenados a muerte. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Eduardo Uriarte, José María Dorronsoro, Mario Onaindía, Jokin Gorostidi, Francisco Javier Izko y Javier Larena
La reacción contra el juicio se llevó a cabo de manera masiva en el Estado español (dentro de las posibilidades que dejaba la durísima represión política y la clandestinidad de los grupos y partidos opositores al régimen). Se produjeron varios paros, huelgas estudiantiles, manifestaciones y saltos, particularmente en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid, que se extendieron por el resto del Estado español. El 1 de diciembre, el cónsul honorario de Alemania Federal en Donosti, Eugen Beihl Schaeffer, fue secuestrado por ETA para pedir su canje por los militantes a quienes se pedía la pena capital.
A nivel internacional este juicio suscitó un importante rechazo, concitando la solidaridad con los encausados y con el movimiento nacionalista vasco, que ya contaba con importantes apoyos, como fue el caso del pensador francés Jean Paul Sartre. También la prensa norteamericana y europea contribuyó a difundir el rechazo a las penas de muerte.
Quinta campanada: El estado de excepción
El 4 de diciembre, durante una manifestación en Éibar, la policía hirió a Roberto Pérez Jáuregi, que falleció poco después; y ese mismo día el Ministro de la Gobernación Tomás Garicano solicitó en el Consejo de Ministros la aprobación de la declaración del estado de excepción en Guipúzcoa, que el día 14 se amplió a toda España.
El estado de excepción significaba la suspensión de varios artículos del Fuero de los Españoles que recogían (aunque solo era en el papel) algunos derechos civiles, tales como el artículo 15 que mencionaba la inviolabilidad del domicilio o el mencionado artículo 18. Este era el décimo estado de excepción declarado por la dictadura desde 1956 y le seguiría aún otro más en 1975. Tuvo una vigencia inicial de 6 meses, anulándose mediante un decreto el 6 de febrero de 1971.
Sexta campanada: Franco es obligado a ceder
El 28 de diciembre de 1970 se hizo pública la sentencia del Proceso de Burgos: se confirmaron las seis penas capitales. Sin embargo, dada la importantísima movilización nacional e internacional que se había producido, dos días después, Franco conmutó las penas de muerte por cadenas perpetuas (un máximo de treinta años según la legislación penal española) para no deteriorar aún más la imagen del régimen que querían “dulcificar”.
Tribunal de Orden Público. EFE/Arxiu Històric de CCOO Catalunya
Conviene recordar que en 1967 el almirante Luis Carrero Blanco ocupó la vicepresidencia, como forma de asegurarse que la dictadura llevara adelante una política de continuismo; y en julio de 1969 Juan Carlos de Borbón fue designado su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey, prestando juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado. Juramento que nunca rompió.
Séptima campanada: La cárcel y el TOP
Benito Laíz vivió la cárcel como un remanso de “democracia”, en comparación con la de la DGS. Los presos políticos se organizaban en Comunas donde se compartía todo lo que se tenía y se recibía. Existían mayores posibilidades de ejercer la libertad de expresión y reunión que no era posible disfrutar en la calle. Esto lo habían conseguido las luchas de los presos políticos de las décadas anteriores. Se podía estudiar, leer, discutir textos políticos, por ejemplo y se podían realizar reuniones de forma tranquila, algo que era imposible tener fuera debido al control policial.
En el juicio ante el Tribunal de Orden Público (TOP) el fiscal le retiró la acusación ya que el atestado policial fue tan chapucero que no le podían acusar de lo que decían, dada la denuncia hecha en su primera comparecencia ante el juzgado de los maltratos recibidos en la DGS, lo que puso aún más de manifiesto el carácter represivo de la dictadura y de su policía, tras 26 días de detención incomunicada. Sin embargo, sufrió la represión laboral, le despidieron de su trabajo que no pudo volver a recuperar. Ese mismo año, el TOP (tribunal especial para delitos políticos) había iniciado 1.358 procedimientos que implicaron a 3.945 personas, de las cuales 918 fueron procesadas y condenadas en las 316 sentencias en las que impusieron 479 años de prisión y 3.440.000 pesetas de multas. La represión judicial específica siguió en aumento en los años posteriores, llegando a triplicar el número de personas implicadas (9.715 en 1975 y 9.778 en 1976) y condenas (1.565 años en 1975 y 1.357 años en 1976),, según datos recopilados por Juan José del Águila en su libro “El TOP: la represión de la libertad (1963-1977)”.
Octava campanada: Los estertores del franquismo
El éxito de la presión popular contra las penas de muerte del Proceso de Burgos asustó sobremanera al régimen franquista que ya estaba debilitado y que se veía en la necesidad de buscar una alternativa a Franco. Su opción fue endurecer la represión, tal y como había hecho desde el principio. Eso significó una mayor contundencia represiva y una reafirmación de los principios fascistas del régimen, recurriendo a métodos, leyes y consejos de guerra como en los 40 y que convirtieron a los últimos años de la dictadura como los más duros desde la postguerra.
Un ejemplo de esto fue la Ley Antiterrorista del 26 de agosto de 1975 y las condenas a muerte para militantes antifranquistas ejecutadas contra Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974 y las de José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García, Xosé Humberto Baena, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot, el 27 de septiembre de 1975, de las que se van a cumplir 50 años.
Novena campanada: La imposición del ocultamiento y el olvido en la transición sangrienta
“Hay que olvidar todo o casi todo lo que hemos aprendido, si es que se quiere que haya aquí patria siquiera” había dicho el reaccionario Cánovas en 1876 para afianzar la legitimidad de la segunda restauración borbónica para gobernar, tras la revolución de 1868 (“La Gloriosa”) y la breve primera República de 1873. Esa misma premisa aplicaron los prebostes de la transición para reafirmar la legitimidad de la tercera restauración borbónica en la persona de Juan Carlos I. Tantos años de ocultamiento han permitido que subsista el franquismo, como expresión política de los privilegios de los poderosos que protegió la dictadura.
La élites económicas y políticas de nuestro país siempre que han podido han demostrado su odio, desprecio y temor a las clases populares y, por ello, el proceso no constituyente que entronizó la continuidad del franquismo sin Franco se impuso mediante el terror y el olvido. Los casi trescientos asesinatos policiales o parapoliciales de jóvenes demócratas que salieron a las calles a exigir lo que se nos había negado durante tantas décadas, dan fe de la categoría de esa estirpe corrupta y sátrapa que nos gobierna desde hace siglos.
Archivo Histórico del PCE. Manifestación contra el Tribunal de Orden Público, Avenida de Oporto, Madrid, 1970
Décima campanada: La Ley de Amnistía de 1977
“Que los jóvenes conozcan la historia, que sepan lo que ha pasado, que contrasten opiniones. La Ley de Amnistía sacó a la gente de la cárcel, pero dejó impune a todos los asesinos, torturadores, ladrones y cómplices de la dictadura”, nos recuerda Benito Lain que a consecuencia de su detención fue despedido de su trabajo. Sufrió la represión política y la represión laboral que la acompañaba. Al igual que los estudiantes detenidos perdían sus becas, eran expulsados de la Universidad o sufrían una represión más sibilina que, a la postre, les impedía sacar sus estudios.
Benito concluye que “La Ley de Amnistía no nos sirvió para recuperar nuestro puesto de trabajo, porque había una trampa: si se había llegado a un acuerdo con la empresa en el juicio del despido, no se aplicaba esta amnistía y, por tanto, , a pesar de que mis compañeros votaron a favor de que fuera readmitido, tal hecho no se produjo”.
Undécima campanada: La memoria democrática
A finales del siglo pasado y, en especial, a principios de este siglo, resurge con fuerza la lucha por conocer el destino de las ciento cincuenta mil personas republicanas y demócratas asesinadas durante la guerra y la postguerra y enterradas en cunetas y fosas comunes sin que sus familiares supieran dónde ni cuándo, entre los que se encuentran los más de cincuenta mil fusilados tras la guerra.
Este movimiento coge impulso y se empieza a hablar de memoria histórica, de memoria democrática. En 2007, la movilización obliga al gobierno del PSOE –que contaba con mayoría absoluta en el Parlamento– a elaborar una primera Ley de Memoria Histórica que se queda en agua de borrajas y no cubre las exigencias de este movimiento memorialista. Otro momento desaprovechado.
A pesar de ello, los años siguientes este movimiento va cogiendo fuerza y se van añadiendo nuevas organizaciones de víctimas de la dictadura franquista, como La Comuna, asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista. El 14 de abril de 2010 se presenta una querella contra los crímenes del franquismo ante la justicia de Argentina (“querella argentina”). Igualmente, a partir de 2017 se interponen querellas por torturas, robo de bebés, trabajo esclavo y otros delitos ante la judicatura española, apoyadas por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y que ya suman más de 100, a pesar de que la judicatura española se ha negado a admitir acogiéndose a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos, negándose a aplicar el derecho internacional y a asegurar el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva.
El 19 de octubre de 2022 se publica la Ley de Memoria Democrática que supone un avance respecto a la anterior en varios aspectos salvo en el tema de la justicia. En esta Ley se incluyen varios artículos para declarar lugares de memoria democrática a lugares significativos, como es el caso de la Real Casa de Correos de Madrid, sede de la antigua DGS lo que han exigido reiteradamente las organizaciones memorialistas y cuyo expediente se acaba de iniciar de oficio por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (BOE Núm. 257, jueves 24 de octubre de 2024, Sec. III. Pág. 136719)
Duodécima campanada: Colofón
Ante los exabruptos, falsedades e insultos de la derecha nacionalista española y la oposición recalcitrante del gobierno de la Comunidad de Madrid para significar el edificio de la DGS como lugar de memoria democrática, Benito hace la siguiente reflexión:
“Señora Ayuso: usted puede ser todo lo fascista que quiera y yo todo lo comunista que me parezca, pero ni usted ni yo podemos negar los hechos históricos; es decir, que el edificio de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid fue un centro de detención y tortura de la dictadura. ¡Y DE ESO DEBE QUEDAR CONSTANCIA!”.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Este artículo fue publicado originalmente en Loquesomos
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