Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
dijous, 30 de maig del 2024
CARTAGENA FUE UNA DE LAS CIUDADES QUE MÁS SUFRIÓ LOS BOMBARDEOS FASCISTAS.
dimecres, 29 de maig del 2024
Neuvième lettre de Marcelino écrite le 28 mai 1939. Dixième lettre de Marcelino écrite le 29 mai 1939.
Neuvième lettre de Marcelino écrite le 28 mai 1939.
dimarts, 28 de maig del 2024
Últimas noticias desde el infierno: 7.500 españoles murieron en los campos nazis.
El libro ‘Deportados y olvidados’ amplía el listado de víctimas nacionales que perdieron la vida engullidos por el Holocausto, así como el número de deportados, que sumaron 15.000
EFE
“¿En caso de defunción, a quién quiere usted que se le comunique?”. Esta pregunta, de cierta cortesía, planteada por un oficial de un campo de concentración nazi resulta macabra. Es lo que se les decía a los deportados a Mauthausen tras un recibimiento que consistía en tener que desnudarse, ser rapado y dar los datos personales. “Muchos infelices se desploman por el frío [...]. De allí son llevados al crematorio, son ya seres inservibles”. Es el testimonio de un español en su primer día en el infierno creado por los nazis durante la II Guerra Mundial. “Desde hoy dejas de llamarte García, tu nuevo nombre es este número que debes saber siempre”, le ordenaron. De ahí pasaban a recoger el conocido pijama de rayas blancas y azules y al barracón a intentar descansar en una pequeña cama de madera que compartían tres personas. Así se cuenta en el libro Deportados y olvidados. Los españoles en los campos de concentración nazis (La Esfera de los Libros), de los historiadores Diego Martínez López y Gutmaro Gómez Bravo.
Esta obra ofrece como principal novedad un listado actualizado y ampliado de las víctimas españolas, los Spanier, porque se ha rastreado su presencia en los diferentes campos, subrayan los autores. “Hemos registrado que murieron unos 7.500, cuando hace tiempo se hablaba de 4.500″, dice por teléfono Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y autor de numerosos libros sobre el franquismo.
En cuanto a los deportados, estiman que fueron “unos 15.000, cuando la cifra anterior era de 12.000″. Esto significa que murieron algo más de la mitad de los que fueron a parar a los campos. Una investigación que ha sido posible gracias a la documentación consultada de los archivos de los Aliados, especialmente de Estados Unidos (”aunque no lo han desclasificado todo”); de los campos nazis (”las fuentes alemanas nos han servido de mucho”) y de los papeles de los propios internos.
Del total de deportados, a Mauthausen fueron 7.251, “el campo más terrible, conocido como ‘el de los españoles’ por los propios alemanes”, donde empezaron a llegar los prisioneros en agosto de 1940. “Los españoles fueron empleados para construir los hornos crematorios. Mauthausen llegó a tener 50 subcampos y su media de mortalidad estaba 10 puntos por encima de la de otros recintos”. Una diferencia que estribaba en las terribles condiciones por el frío, la escasa alimentación y las enfermedades.
“Era un campo catalogado de categoría III por los nazis, lo que significaba que los presos enviados allí lo eran para ser explotados hasta la muerte”. Los investigadores han contabilizado en Mauthausen “4.747 muertos españoles, el 60% en la cantera del subcampo de Gusen”, y en solo nueve meses. Esa cantera es tristemente conocida por los testimonios y fotografías de su mortal e irregular escalera de 186 peldaños, por la que los prisioneros tenían que subir rocas de más de 20 kilos de peso. “Los guardias no dudaban en recurrir a la paliza o al asesinato en caso de traspiés”, se lee en el libro.
Hubo también españoles en los campos de Sachsenhausen, Ravensbrück (que era para mujeres), Buchenwald, Dachau, que tenía en su entrada el célebre lema “Arbeit macht frei” (El trabajo nos hace libres)… o en el castillo de Hartheim, escenario de siniestros experimentos médicos. “Hemos contabilizado 445 españoles usados como cobayas, fundamentalmente para probar vacunas, que murieron entre septiembre de 1941 y febrero de 1942″, apunta Martínez López, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid.
El libro remarca que la presencia de españoles en los campos del nazismo “no obedece a una derivada de la Guerra Civil, como se ha considerado habitualmente, sino que es una cuestión que se inserta en un proceso europeo, que es el de los países ocupados en la guerra mundial”, apunta Gómez Bravo. Fueron engullidos por el sistema de campos y por el Holocausto, en el caso de los sefarditas. “Respecto a estos, su suerte no dependió tanto de lo que hizo o no Franco, como se ha querido ver. Ha sido en todo caso difícil rastrearlos porque los había sin nacionalidad española”, añade Martínez López. “Además, por la propia historia de España durante ese periodo es algo que ha pasado más desapercibido”.
“Creemos que con los judíos se han estudiado más las excepciones, las que protagonizaron varios diplomáticos españoles a título personal que salvaron vidas”, señala Gómez Bravo. “Tras la guerra mundial, el franquismo decía que había ayudado a los judíos, pero no fue así. Según los propios archivos alemanes, más allá incluso del Desembarco de Normandía [6 de junio de 1944], España no muestra oposición a lo que sucede con los sefarditas en Europa. Los alemanes los tratan como a judíos, pero al ser de países amigos tienen alguna consideración hacia ellos, como dilatar el proceso de deportación o, cuando lo hacen, mandarlos a Bergen-Belsen, que dentro del horror era un campo menos terrible”.
Su compañero agrega: “Cuando el régimen franquista responde a las requisiciones alemanas, a veces han pasado seis meses, con lo cual esas personas ya habían sido asesinadas. La respuesta habitual era el silencio administrativo. Franco solo permitió el tránsito de judíos por España hacia otros países”. Este historiador asegura que “la idea de la neutralidad del franquismo en la II Guerra Mundial está cada día más discutida” por los expertos.
En cuanto a las españolas, fueron enviadas sobre todo a Ravensbrück. “Se trataba principalmente de mujeres que habían pasado a Francia tras la Guerra Civil y que no cumplían con la legislación del régimen colaboracionista de Vichy. Por lo tanto, se las envía para trabajar. Allí lo hacen para la compañía Siemens, algo que hemos sabido gracias a los recibos localizados de esta empresa”, sostiene Gómez Bravo.
Por fin, el 5 de mayo de 1945, 22 soldados de la 11ª División Acorazada de EE UU entraron en Mauthausen por la puerta principal. Un momento histórico registrado con la célebre fotografía de los supervivientes recibiendo a los militares con una pancarta en uno de los accesos que decía en español: “Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras”. Los informes de los soldados estadounidenses hablaban de que hasta seis personas compartían cama en algunos barracones y que las inyecciones de benzeno o los lanzamientos desde lo alto de la cantera formaban parte de los métodos de aniquilación en las postrimerías del espanto.
Tras la guerra mundial, la Organización Internacional para los Refugiados, de las Naciones Unidas reconoció a los Spanier como “víctimas del régimen falangista en España”, señala Martínez López. Sin embargo, hasta 1951 la Convención de Ginebra (sobre derecho internacional humanitario) no estableció un marco jurídico. “Hubo unas docenas de prisioneros que volvieron a España pero no sabemos qué pasó con ellos”. En paralelo, se produce una diáspora entre Francia, adonde van la mayoría; Austria y otros países europeos, y luego están los que embarcan para América, en especial a Argentina. Una dispersión que impidió cualquier tipo de reconocimiento a estas personas en España. No fue hasta 2019 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó que el 5 de mayo de cada año se instaurara como día de homenaje a las víctimas españolas del nazismo.
Colectivos memorialistas exigen una ley de Bebés Robados y estudian acciones de denuncia contra las 'leyes de concordia'
Las agrupaciones celebran en València el VI Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Democrática y de Víctimas del Franquismo
Europa Press
El VI Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Democrática y de Víctimas del Franquismo ha exigido al Estado español que cumpla con la legislación internacional en Derechos Humanos, al tiempo que ha solicitado impulsar una ley de Bebés Robados y ha tildado a la ley de “concordia” --registrada por PP y Vox en Les Corts y que derogaría la de Memoria Democrática aprobada en 2017-- como una medida de “desmemoria”.
El encuentro, celebrado este sábado en València la Sede CCOO-PV bajo el lema 'Sin Memoria no hay democracia', ha reunido a asociaciones memorialistas de toda España, que han “demostrado” que el movimiento memorialista es “fuerte, potente, numeroso y organizado”, según ha informado la organización del evento en un comunicado.
Durante el encuentro, las asociaciones han exigido que se “cumpla con la legislación internacional en Derechos Humanos y con todas las recomendaciones realizadas por los relatores de la ONU, como la nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 o ratificación por parte del Estado del convenio internacional, puesto que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden prescribir”.
En este sentido, han clamado que se investiguen y persigan “los crímenes del franquismo”, desde el inicio de la Guerra Civil hasta el año 1983. Y han solicitado la “reparación integral” de las víctimas con indemnizaciones, así como el reconocimiento del trabajo forzado, impulsar una Ley de Bebés Robados y condenar, además de ilegalizar, todas las organizaciones que hagan “apología del franquismo”.
También se ha acordado realizar una campaña de denuncia “contra el poder judicial del Estado” por “su complicidad con los criminales franquistas”, ya que “no investiga ni persigue los crímenes de la dictadura”.
Por otro lado, han criticado las 'leyes de concordia' propuestas por comunidades como Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Cantabria y la Comunitat Valenciana por “hacer un ataque frontal a la memoria democrática y a las víctimas del franquismo”. Así, han tildado estas proposiciones como las “leyes de desmemoria y de la discordia”. Ante esta situación, han advertido que “estudiarán acciones de denuncia”, y han reclamado que se aplique la Ley de Memoria Democrática, porque, “si no se garantiza su aplicación, se quedará como papel mojado”.
El Encuentro, que ha contado con la conexión vía 'zoom' de la Directora General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa Valdizán, también “ha reconocido el genocidio que se está produciendo en Palestina y ha apoyado al Sáhara Occidental”.
El mapa de los retrocesos un año después del 28M: menos memoria democrática y peor sanidad pública
- Amnistía Internacional analiza los principales retrocesos que se producen en materia de derechos humanos desde los últimos comicios autonómicos de 2023
- Las leyes de Concordia podrían comprometer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil
Justo cuando se cumple un año, Amnistía Internacional acaba de presentar un análisis de los principales efectos adversos que ha habido en materia de derechos humanos en España desde las últimas elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, en las que el mapa se tiñó de azul, tras la victoria del PP en la mayor parte de los territorios. Donde más se ven afectados los ciudadanos y ciudadanas es en la sanidad pública, especialmente en atención primaria, y en materia del derecho a la verdad, justicia y reparación, con las derogaciones de las leyes de memoria o las iniciativas para sustituirlas por las llamadas Leyes de Concordia.
El pasado febrero se derogó en Aragón la ley de Memoria Democrática con los votos de PP y VOX, que gobiernan en coalición desde el año pasado, y desde entonces han ido surgiendo más iniciativas para anular esta misma ley en Baleares, Cantabria o Extremadura. En la Comunidad Valenciana y Castilla y León ha habido otras propuestas ligadas a la sustitución de estas leyes por las llamadas leyes de Concordia.
Todas estas iniciativas tienen sus particularidades pero también cuentan con elementos muy parecidos. Entre ellos, Amnistía Internacional denuncia la invisibilización que hacen de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, sin reconocer la responsabilidad del régimen franquista. La organización también critica la supresión de los censos de las víctimas, lugares y rutas de memoria democrática, centros de investigación y actuaciones en el ámbito educativo, así como la eliminación de subvenciones a las asociaciones que impulsaron las exhumaciones y la negación de las necesidades específicas de las víctimas de crímenes de derecho internacional.
Amnistía Internacional señala además los cambios significativos que se introducen en los procesos de búsqueda, identificación y exhumación, que no siguen lo promulgado en la Ley de Memoria Democrática estatal, que recoge la responsabilidad directa del Estado y sus obligaciones. En Castilla y León se habla de la creación de la Comisión de Exhumaciones, que ya no contaría con la participación de organizaciones civiles o académicas y que además, pretende prohibir la difusión pública de documentos que puedan revelar la identidad de las personas involucradas. Lo que incluye también a las víctimas y a sus familiares.
Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, explica que las víctimas y familiares de estas graves violaciones de derechos humanos se enfrentan a la impunidad con la que quedaron los crímenes. Según el experto estas propuestas “constituyen un retroceso en la tarea aún pendiente del Estado de abordar su pasado como una cuestión de derechos humanos, y no como una cuestión ideológica y partidista”, algo que ya señaló Fabián Salvioli, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justica, y reparación.
Algunos expertos de las Naciones Unidas ya enviaron hace casi un mes un informe al Gobierno manifestando sus preocupaciones por los retrocesos que suponen estas normativas en el ámbito de la memoria histórica.
La atención primaria, el otro suspenso que Amnistía Internacional otorga a España desde las elecciones de mayo
Según los últimos datos del barómetro sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad y analizado por Amnistía Internacional, un 78,6% de las personas que necesitaron atención primaria durante 2023 tuvieron que esperar más de dos días para ser atendidas en su centro de salud. Una situación que contrasta con lo recomendado por el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que recomienda que la cita sea atendida entre las primeras 24 y 48 horas desde que se solicita.
En once comunidades autónomas el acceso a la atención primaria empeoró en comparación al 2022. Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha , Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja son las regiones en las que la situación se deterioró más. Hay siete comunidades cuyo acceso a la atención primaria está por debajo de la media estatal y tan sólo cinco tuvieron un balance positivo, País Vasco, Región de Murcia, Extremadura , Castilla y León y Canarias.
“El gasto público entre 2009 y 2021 solo se incrementó un 5%, frente al 27% que subió el gasto sanitario privado”, señala Jon Sicilia, responsable de relaciones institucionales autonómicas de Amnistía Internacional. Según la organización la atención primaria no recuperó el nivel previo a las medidas aplicadas por la crisis del 2008, “incluso con los fondos extraordinarios por la pandemia”, señala Sicilia.
Esta falta de financiación pública sumada a la falta de personal sanitario “repercute directamente en el tiempo de espera para obtener cita en la atención primaria”, es por eso que desde la organización señalan que es necesario un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad para incrementar el gasto y mejorar así el acceso a la atención primaria.
Garantizar la preservación histórica de la memoria colectiva y el derecho a la salud, las peticiones de Amnistía Internacional
La organización ha hecho una serie de reclamaciones con el fin de mejorar la situación y revertir estos retrocesos, tanto a las distintas comunidades autónomas como a nivel estatal.
Solicitan al Gobierno central cumplir con su obligación de preservar la memoria histórica y colectiva sobre las vulneraciones de derechos humanos, como las cometidas durante el franquismo y la Guerra Civil y una estrategia de refuerzo del sistema sanitario, entre otras cosas.
Entre las peticiones a las comunidades autónomas destacaron la necesidad de aumento en la inversión sanitaria, con especial énfasis en la atención primaria y que adopten procesos que permitir recordar y transmitir “la información sobre las violaciones de derechos humanos sufridas”.
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