Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha organizado la exposición 'Mujeres represaliadas por el franquismo en la ciudad de Cáceres', un homenaje a las cacereñas fusiladas (un total de 26), que murieron en la cárcel o que estuvieron presas y recuperaron la libertad.
El colectivo cifra en 677 las víctimas mortales (527 asesinadas y 150 muertas en prisión) durante la represión franquista en la capital cacereña, además de “las miles de personas que fueron encarceladas”. En concreto, se tienen registros de hasta 33 mujeres víctimas mortales (26 asesinadas y 7 fallecidas en la antigua prisión de Cáceres).
La exposición se inaugura este viernes y se podrá visitar hasta el 18 de noviembre en el Complejo Cultural San Francisco.
La antigua prisión cacereña, bien adscrito a un servicio público de titularidad y gestión estatal, se encuentra en un “estado de deterioro cada vez más avanzado, tras cerrar sus puertas en 2010”, han explicado a EFE desde Amececa.
Desde 2015, el colectivo realiza diversas gestiones ante diferentes instituciones públicas para que el edificio se convierta en un centro memorial de titularidad pública.
“Al fin y al cabo, estaríamos ante la puesta en marcha de una de las iniciativas que recoge la Ley de Memoria Democrática y que tiene como finalidad salvaguardar la dignidad de las víctimas y la promoción de los valores democráticos”, señalan desde el colectivo.
Los trabajos de exhumación en el cementerio de O Val sugieren que los restos de 51 represaliados de la Guerra Civil podrían encontrarse bajo las tumbas construidas en décadas posteriores
Este jueves, en la cuarta jornada de excavación en el cementerio de O Val, en Narón, autoridades, medios y familiares de víctimas del franquismo quisieron conocer de primera mano los avances en la investigación de la fosa común donde pueden estar enterradas cerca de medio centenar de represaliados de la Guerra Civil. Miembros del grupo Histagra de la USC, arqueólogos y representantes institucionales comentaron los desafíos, tanto técnicos, como financieros y legales que enfrenta la recuperación de los restos, presuntamente sepultados bajo unas filas de nichos. Lourenzo Fernández, director de Histagra, ha matizado: “No se trata solo de recuperarlos, sino de comprender el contexto de sus desapariciones, para no repetir ni olvidar errores del pasado”.
En esta fosa, se cree que reposan unas 51 personas, principalmente marineros y oficiales de la Marina que se opusieron al Golpe de 1936. Según las hipótesis, basadas en indicios, documentación escrita e historia oral, se encontrarían tripulantes del acorazado `España´, el `Contramaestre Casado´ y el vapor `Dómine´, además de vecinos de la localidad, que fueron fusilados entre agosto de 1936 y febrero de 1938, en al menos siete períodos distintos de ejecuciones. Por eso, podría haber hasta siete fosas diferentes en un terreno en el que ya se han encontrado algunos huesos de varones que presentan signos de violencia, además de dos proyectiles de bala.
Alteración del terreno
Una de las complicaciones de esta investigación es la alteración del terreno y la construcción de nichos sobre las fosas, porque no se puede cavar debajo de las tumbas. Habría que cambiar de lugar un gran número de nichos y para ello se necesitarían muchos trámites y consentimientos de las familias.
Lourenzo Fernández comentó las pautas que se repiten en las fosas comunes de esta época oscura: “Es mucho menos probable encontrar restos identificables que en otros lugares,” comentó. “Estas dificultades se deben al paso del tiempo y a cómo se gestionaron los cementerios y los cuerpos durante aquel verano y todo el tiempo de la dictadura, no durante la democracia”.
El Delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la subdelegada del Gobierno, María Rivas; la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; y el antropólogo forense, Fernando Serrulla | ENFOQUES
Conchi López, Doctora en Historia del grupo Histagra, explicó que están encontrando los vestigios muy alterados. “La construcción de nichos debió modificar la fosa original, por lo que ahora hallamos huesos en posiciones secundarias y no anatómicas”, señaló.
Por su parte, Fernando Serrulla, antropólogo forense del Imelga, ha explicado que “los cementerios son lugares sorprendentemente vivos, con mucha remoción y reutilización de espacios”. Aun así, consciente de la dificultad de esta tarea que están llevando a cabo con la identificación de las víctimas, indica que “más vale tarde que nunca, aunque es verdad que en muchos casos los descendientes directos ya no viven” y esto complica su estudio. De ahí la urgencia de estas exhumaciones.
Por el lado institucional, el delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco, quiso recalcar el compromiso estatal con la Memoria Histórica en Galicia, recordando la inversión de más de medio millón de euros para proyectos de recuperación en la región. “Estamos aquí para apoyar a las familias, darles un entorno de respeto y descanso para sus seres queridos. Sabemos que cuanto más tiempo pase, más difícil se hace el trabajo científico, por eso tenemos que actuar”. Afirmación en la que coincidieron la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y la subdelegada del Gobierno, María Rivas, también presentes en O Val.
Descendiente de uno de los represaliados
Estefanía Pérez, descendiente de uno de los represaliados, mostraba su inquietud: “Con que una familia se oponga (a mover los sepulcros que se construyeron encima de las fosas), lo tenemos muy complicado para exhumar todos los restos”, comentó. “Pienso que debería haber un asesoramiento legal para guiarnos”.
Oria Ferreiro, arqueóloga y directora de la intervención, explicó que la excavación se está haciendo en distintasintervenciones, poco a poco y en catas diferentes, para no comprometer la integridad de las estructuras. Ha sido en una de esas catas cuando el pasado lunes encontraron una bala de una pistola, de una munición de otro calibre a la encontrada en marzo, que pertenecía a un Mauser.
Una de las catas frente a los nichos | ENFOQUES
Esto, según Serrulla, refuerza la hipótesis de la fosa. “¿Qué hace un proyectil de una pistola en un cementerio? Son todos indicios que sustentan la posibilidad de que la fosa está aquí debajo de los nichos”. Esto enfrenta un reto logístico y humano muy complejo porque implicaría excavar bajo estas estructuras que fueron construidas en décadas posteriores.
Por último, el antropólogo forense, insistió en la necesidad de una mayor implicación institucional, no solo del Gobierno de España o del Concello de Narón: “Esto es una cuestión de derechos humanos, porque todo el mundo tiene derecho a ser enterrado con dignidad”, afirmó. “Aunque el Gobierno de España ha facilitado recursos y apoyo para estos proyectos, una tarea de esta envergadura requiere de una colaboración más amplia”, ha zanjado.
El Gobierno andaluz recuerda que asume “casi en su totalidad” los costes de estos trabajos, por lo que reclama mayor implicación económica al Ejecutivo andaluz para así agilizarlos como han vuelto a reclamar los colectivos memorialistas en una concentración ante el Parlamento
Una “doble muerte”. Así definen los colectivos memorialistas los retrasos que se producen para la identificación genética de las víctimas de la represión franquista, una denuncia que han llevado ante el Parlamento andaluz con una concentración en la que han reclamado celeridad en estos procesos. Desde la Consejería de Cultura y Deportes –que gestiona esta competencia– se admite la demora, que cifra de media en entre 12 y 18 meses, a la vez que se recuerda que estos trabajos los asume en solitario, por lo que ha reclamado una mayor implicación económica del Gobierno central.
La Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia, junto con otras entidades memorialistas, ha llevado a cabo esta protesta coincidiendo con la sesión plenaria en la Cámara andaluza. El objetivo: que la Junta “agilice” los cotejos genéticos promovidos entre familiares de víctimas de la represión franquista y los restos mortales recuperados de las fosas comunes.
Desde el Ejecutivo andaluz se garantiza que se va a seguir trabajando “en la exhumación, la identificación y la atención a los familiares de las víctimas”, incidiendo en que se concibe la Memoria Democrática como “un territorio para la concordia”. De paso, aprovecha para recordar que asume “casi en su totalidad” los costes de estos trabajos de identificación genética, “cuando la realidad es que en Andalucía no solo la Consejería de Cultura y Deportes destina fondos a la exhumación”.
En este sentido, señala que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática “dirige prácticamente la totalidad de su financiación” para actuaciones en materia de Memoria Democrática en la comunidad autónoma andaluza a las exhumaciones. “Sería, por tanto, oportuno plantear a las otras administraciones –especialmente, a la Administración General del Estado– que se comprometan a acompañar el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía destinado a los trabajos de identificación genética”.
El ejemplo de Pico Reja
Desde el colectivo memorialista Miguel Guerrero, miembro de la plataforma, ponía como ejemplo recientemente a Europa Press que desde la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía, dirigida por Ana Gil, habían comunicado por vía “telefónica” los resultados a dos familiares de víctimas de la represión dictatorial. Previamente, habían entregado muestras genéticas para su cotejo con el material genético extraído de los huesos de los 1.786 individuos localizados en la fosa común de Pico Reja con signos de haber sido asesinados.
Una de las asistentes a la concentración celebrada este miércoles. Francisco J. Olmo (EP)
En ambos casos, según Guerrero, los resultados eran no concluyentes. A estas personas se les trasladó la “opción de buscar entre las ramas familiares a algunas otras personas que puedan prestarse” a proporcionar nuevas muestras de genéticas, a la búsqueda de resultados positivos.
Miguel Guerrero detallaba que estas personas a las que habían comunicado estos resultados negativos se sometieron a la extracción de muestras genéticas allá por mayo de 2018. Pese a ello, no fue hasta mayo de 2023 cuando culminó el traslado de las muestras genéticas recogidas de los restos óseos de Pico Reja al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, para intentar identificar estos cadáveres mediante el cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas a familiares de represaliados.
La Junta esgrime las dificultades del proceso
Desde el Gobierno andaluz se reconoce la demora, pero se apunta a que el plazo de resolución de la identificación genética en cada una de las intervenciones arqueológicas oscila en la actualidad entre 12 y 18 meses. No obstante, se apunta que las exhumaciones que se llevan a cabo en grades fosas y los trabajos a realizar “duran largos periodos, incluso de más de un año, los tiempos de toma de muestras y envío” a la Universidad de Granada, por lo que se suelen dividir en campañas. Las mismas suelen durar seis o nueve meses y, tras ello, se procede a la toma de muestras de ADN de los restos exhumados y a su envío al laboratorio de la Universidad de Granada.
“En otras ocasiones existe dificultad en el procesamiento de la información genética de las muestras de ADN tomadas a los restos de las víctimas exhumadas por el tiempo transcurrido desde sus fallecimientos”. En este sentido, se recuerda que en la mayoría de los casos estos restos “se encuentran en muy mal estado de conservación y es muy complejo poder obtener la información genética necesaria para cotejarla con el ADN de los familiares”.
La protesta se ha hecho coincidir con una sesión plenaria en el Parlamento. Francisco J. Olmo (EP)
Ante esta situación, y ycon la finalidad de aumentar la información genética obtenida para intentar dar respuesta a la demanda de los familiares, el proceso de análisis del ADN de los restos óseos se repite hasta tres veces con distintos procedimientos. Esto, argumenta el Ejecutivo andaluz, provoca “la consiguiente demora”.
Información genética insuficiente
Otra dificultad añadida es que, “en muchas ocasiones”, de los cotejos llevados a cabo entre el ADN de las víctimas y el de los posibles familiares no pueden obtenerse resultados concluyentes. Unas veces esto es debido a la imposibilidad de obtener información genética suficiente de las muestras de ADN de las víctimas, en cuyo caso, el laboratorio de la Universidad de Granada solicita al equipo que llevó a cabo la intervención la toma de una nueva muestra para intentar conseguir el ADN necesario.
En otras ocasiones, en cambio, el problema obedece a que el grado de parentesco existente entre la persona a la que se le ha tomado el ADN y el familiar “no es el más adecuado para poder obtener un resultado positivo”. En estos casos, desde el laboratorio de la Universidad de Granada se solicita la toma de muestra de ADN a otro familiar con un grado de parentesco más idóneo para poder obtener un resultado positivo.
Aprovechar los recursos del SAS
Desde el colectivo memorialista, Miguel Guerrero apunta que la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía habría manifestado que contaría con unos “400 informes” relacionados con esta operación de cotejo genético, para su comunicación en adelante. Ante ello, lamentaba una vez más la “demora tan enorme y el atasco monumental” que arrastra todo este procedimiento.
Los asistentes han portado imágenes de personas represaliadas cuyos restos no han sido localizados. Francisco J. Olmo (EP)
Por eso, se reclaman medidas para “agilizar” todos estos trámites, proponiendo por ejemplo que el asunto deje de estar “centralizado” en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y el cotejo sea acometido “por provincias”, aprovechando por ejemplo los recursos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
También se solicita un “canal oficial” de comunicación entre las autoridades responsables de este procedimiento y los familiares de víctimas de la dictadura que han aportado muestras genéticas para intentar identificar los cadáveres rescatados de Pico Reja con muestras de violencia.ven la misma.
Continúan los trabajos para los trabajos para encontrar una de las mayores fosas del franquismo en Narón.
José Carneiro
7 noviembre, 2024
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, celebró la designación del Grupo de Historia Agraria y Política del Mundo Rural (Histagra) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) como la entidad encargada de elaborar el censo estatal de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Así lo expresó durante una visita a los trabajos de exhumación que este colectivo, junto con el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y la colaboración de la Asociación Memoria Histórica Democrática, está llevando a cabo en el cementerio de O Val, en Narón. Al acto también asistieron la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; responsables del proyecto y familiares de las víctimas.
Estos trabajos, que cierran el I Plan Cuatrienal de Memoria Democrática (2021-2024), buscan recuperar una de las mayores fosas comunes del franquismo. Para el delegado, estas acciones representan “un verdadero acto de restitución de la memoria de las víctimas del franquismo; una tarea fundamental para que las familias puedan dar sepultura a sus seres queridos con la dignidad que merecen”.
Pedro Blanco subrayó el compromiso del Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con la reparación, justicia y dignidad de las víctimas y de sus familias, considerándolas “símbolos de la libertad y de los valores democráticos que defendemos.” En esta línea, recordó que el Gobierno ha financiado en Galicia proyectos de investigación, publicaciones y exhumaciones por más de 500.000 euros en los últimos años.
De esta cifra, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha destinado más de 435.000 euros para financiar diversas actividades, cerca del 50% de los cuales se canalizaron a través de la Xunta en conferencias sectoriales, destinándose aproximadamente 103.000 euros anuales a investigaciones y exhumaciones. Además, se han sumado casi 80.000 euros en ayudas a asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, universidades y organismos de investigación, para promover la recuperación de la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
El delegado enfatizó la relevancia de combatir el olvido histórico. “Solo aprendiendo del pasado podemos evitar repetirlo”, concluyó.
La empresa Drakkar finalizará la exhumación de los rodenses represaliados del franquismo esta semana
Los arqueólogos excavan en la fosa común de la que van exhumados 18 cuerpos de represaliados. - Foto: T. Moreno
Después de un mes y medio de trabajos, esta semana finalizará la exhumación de los cuerpos de la fosa común ubicada en la zona civil del cementerio de La Roda. Hasta la fecha se han recuperado los cuerpos de 18 personas, los arqueólogos esperan encontrar uno o dos cuerpos más en el pequeño tramo de la fosa que queda por excavar.
En esta zanja de 14 metros se han encontrado los restos de represaliados por el franquismo que fueron fusilados una vez terminada la Guerra Civil, en el denominado «periodo de paz». Marcos Sáez Martín, antropólogo de la empresa Drakkar, encargada de la exhumación, señala que «tenemos evidencias para decir que ha sido una actuación positiva, hemos localizado a las víctimas de la represión. Por la posición que ocupan los restos, en una fosa común, y las evidencias de orificios por proyectiles en diferentes partes del cuerpo, no solo cráneos, estamos seguros de haber localizado la fosa común». Entre los restos se busca a una mujer de la que tienen constancia, pero que no ha aparecido de momento.
Al tiempo que se han ido recuperando los cuerpos, se ha procedido a la clasificación de los mismos. Para «individualizarlos se les ha otorgado un número, una unidad estratigráfica que acompañará a los restos durante todo el proceso».
Marcos Sáez explica que el siguiente paso será el estudio antropológico que también desarrollará la misma empresa. Los antropólogos seleccionarán las muestras que solicite el laboratorio que serán enviadas para su identificación. Por su parte, Drakkar custodiará los restos hasta el momento de la entrega a los familiares, «si es que es posible», señala Sáez que añade que el proceso en el laboratorio «suele ser largo y lento».
Los arqueólogos y antropólogos acotaron la zona de enterramiento dentro de una fosa que ocupa un espacio más grande, más largo. Su escasa profundidad, un metro, provoca que «los restos no se conserven en las mejores condiciones». Aunque visualmente aparentan un buen estado de conservación, «la realidad es que el hueso sufre mayor degradación debido a la poca profundidad y a un mayor contacto con el agua, puesto que tenemos un geológico rocoso que hace que el agua no se evapore». Por tanto, los restos «están en peores condiciones de las esperadas» debido a que han estado en mayor contacto con el agua y la superficie. Una circunstancia que «no dificultará los trabajos de identificación» puesto que el ADN se recupera principalmente de los dientes y «la dentina protege perfectamente el ADN».
Otra fosa
Por otro lado, se sospecha, por fuentes orales, de la existencia de una segunda fosa común en la zona religiosa del cementerio que de momento no está geolocalizada y en la que se desconoce el número exacto de personas que pudieran estar enterradas.
Según las investigaciones previas a la exhumación de los cuerpos, en La Roda fueron ejecutadas 54 personas, trece de ellas estaban localizadas por lo que la Asociación de Memoria Histórica de La Roda y comarca busca los restos de 41 personas, de lo que de momento, se han recuperado 18.
Los trabajos de exhumación han sido financiados mediante una subvención de 50.000 euros procedentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Universidad de Castilla La Mancha. Una vez desenterrados los cuerpos existe un compromiso de las administraciones para financiar las siguientes fases, la identificación mediante pruebas de ADN y «la reparación» con la colocación de un monumento donde actualmente está la fosa común que recuerde a las víctimas de la dictadura franquista.
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