dissabte, 25 de maig del 2024

Sobrevivir al Patronato, las cárceles franquistas de adolescentes: “Nos reprimían el doble por ser mujeres”

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Mariona Roca fue internada en el Patronato con solo 17 años

Oriol Solé Altimira

Barcelona —

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Mariona Roca es una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer que todavía vive para contarlo. Estuvo varios meses encerrada contra su voluntad en un edificio de las monjas Adoratrices, que en realidad servía de cárcel franquista para adolescentes y lavaba el cerebro a las jóvenes para implantar en ellas la represión y la moral patriarcal nacionalcatólica. Su único ‘delito’ (al Patronato se llegaba sin siquiera haber sido juzgada) fue interesarse por los ambientes antifranquistas. Tenía 17 años.

La entrada de Roca en el Patronato es el punto de partida de ‘Els buits’, un corto documental dirigido por las cineastas Marina Freixa (su hija), Sofía Esteve e Isa Luengo. La obra ha cosechado ya el premio Biznaga de plata al mejor cortometraje documental del festival de Málaga y el premio del público del D’A de Barcelona, y se podrá ver en la Mostra Internacional de Films de Dones que acaba de arrancar en la capital catalana.

‘Els buits’ es un documento único y un ejercicio de memoria democrática de primera magnitud para conocer no solo la realidad, silenciada durante décadas y todavía muy desconocida a día de hoy, del Patronato, sino también el camino de una superviviente y la huella familiar que deja la represión de una dictadura. 

“Hubo silencio entonces y hubo silencio después: muchas mujeres no quisieron hablar nunca del Patronato porque su paso por ahí castigó enormemente su autoestima y su moral”, reflexiona Roca, en conversación con elDiario.es y las tres directoras en uno de los espacios donde está grabado el documental: el salón de su casa, que se convierte en testigo de una conversación madre-hija llena de verdad, trascendencia y cariño y que sirve como hilo conductor del corto.

La palabra, además de romper el silencio, sirve para restituir la memoria olvidada de Mariona Roca y otras víctimas del Patronato. “Para explicar lo que pasó tenía que haber alguien que hablara y alguien que escuchara, no solo por el silencio social y político que ha rodeado siempre al Patronato, sino también entre las propias familias”, expone Luengo. “La transmisión oral de la memoria tiene incluso una función reparadora que no hace ninguna institución”, agrega Esteve.

Creado en la posguerra, las víctimas iniciales del Patronato fueron las mujeres que ejercían la prostitución, para después ampliar el abanico de represaliadas a toda aquella joven considerada “descarriada” por sus familias o por el régimen. Lo mismo daba besarse en un cine, llevar minifalda o militar en el antifranquismo. “En el Patronato confluyeron los tres pilares de la represión franquista: Estado, Iglesia y psiquiatría”, destaca Freixa.

Así se cumplió en el caso de su madre. El día a día en el Patronato era una concatenación cruel de rezos, misas y trabajos forzados (desde coser ropa a limpiar, sin cobrar una peseta). Así hasta que las jóvenes se daban cuenta de su 'pecado' y pedían hora para confesarse. Sin confesión, no se salía del Patronato. Esto en los mejores pronósticos. Los peores terminaban en ingresos en clínicas psiquiátricas donde se sometía a las jóvenes a tratamientos y medicación contra su voluntad.

“Nos reprimían el doble por ser mujeres, y por el mismo motivo también se ha tardado tanto en conocer lo que pasaba en el Patronato. Muchas mujeres que estuvieron allí no sabían ni cómo se llamaba la institución”, rememora Roca. “Se trataba de deshumanizarnos, de anular cualquier sentido crítico para tener bajo control total nuestro cuerpo y nuestra mente”, añade.

A Roca le resultó imposible establecer cualquier vínculo con las otras adolescentes encerradas contra su voluntad. Las Adoratrices lo impedían. “Primero ya nos desterritorializaban: si eras de Madrid, te ibas a Barcelona; y si eras de Barcelona, como yo, a Madrid”. “No conozco ni pude saber nunca quiénes eran las chicas que estuvieron conmigo en el Patronato. Castigaban a la chica que se me acercaba, la encerraban en una celda. De repente, las chicas desaparecían, no sabías nunca qué les pasaba. Era muy perverso”.

Investigaciones como las realizadas por Carmen Guillén o Consuelo García Cid han permitido poner un poco de luz en el horror que fue el Patronato, pero sigue sin haber una cifra oficial de las jóvenes que pasaron por esas cárceles de la moral franquista. Las estimaciones realizadas apuntan a un número muy alto, toda vez que se han constatado por lo menos 142 centros, en su mayoría ligados a órdenes religiosas, que servían al Patronato para internar a las adolescentes. Por comparar con la actualidad, en España hay 92 cárceles.

“Al principio del documental teníamos miedo de equivocarnos y poner que por el Patronato pasaron miles de mujeres, pero es así”, expone Esteve. Ni cifra oficial, ni perdón del Estado ni de las instituciones religiosas. Pero 'Els buits' también quiere ser una herramienta para romper este silencio.

“Queremos hacer memoria histórica, que el documental sirva para legitimar y pedir una comisión de investigación en el Parlament sobre el Patronato, reclamar responsabilidades a las órdenes religiosas y que las supervivientes puedan tener un espacio de encuentro y perdón público”, asevera Freixa, que ve un ejemplo en el modelo reparativo que Irlanda impulsó por los abusos en las lavanderías de las Magdalenas.

El primer paso será intentar que las supervivientes del Patronato tengan su propia mención en la ley de Memoria Democrática catalana que tramitaba el Parlament y cuyos trabajos se retomarán con la nueva legislatura. “Las mujeres que pasamos por el Patronato todavía no estamos en ninguna ley de memoria democrática”, constata Roca, que lamenta no solo el silencio del Estado, sino también de la Iglesia que fue de la mano con el franquismo.

“Las órdenes religiosas fueron el brazo ejecutor del Patronato, no han reconocido nada y todavía reciben dinero del Estado y trabajan con mujeres y niños. Dicen que fue hace muchos, pero nosotras aquí seguimos”, señala Roca. Las mujeres que sobrevivieron al Patronato ya han hecho lo más difícil: romper el silencio.

Entidades cívicas conmemoran el 25 de Mayo alertando la “amenaza” de la Ley de Concordia

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Las entidades cívicas en el acto de conmemoración del bombardeo del 25 de mayo de 1938 en el Mercado Central de Alicante han advertido del “peligro” de la vuelta de la extrema derecha a las instituciones y sus medidas de “desmemoria” y “blanqueo del franquismo”, al tiempo que han condenado el genocidio en Gaza.

Organizada por la Comissió Cívica per a la Recuperació de la Memòria Històrica, el acto ha sido presenciado por representantes de Amnistía Internacional, CNT-AIT, IU y PSOE y por segundo año consecutivo no ha contado con el apoyo desde las instituciones al coincidir el 25 de mayo con periodo electoral. Por ello, la conmemoración oficial se ha trasladado al 10 de junio, un día después de los comicios al Parlamento Europeo.

Desde la Comissió han expresado el carácter cívico de la conmemoración, “donde están invitados todos los ciudadanos y instituciones independientemente de su ideología” con el objetivo de “homenajear a las personas que lucharon por la Democracia” y “pelear contra la desmemoria y por la verdad, justicia y reparación para los herederos de las víctimas del franquismo”.

Han añadido que “no soplan vientos favorables”, refiriéndose a la “tendencia a la involución, tanto en el País Valenciano, el Estado Español y la Unión Europea, de los derechos universales y la normalización de la desinformación que alimenta el revisionismo” que “no es favorable a la memoria histórica”.

Amnistía Internacional ha subrayado el carácter “antidemocrático” de la nueva Ley de Concordia, al considerar que “pone al mismo nivel a franquistas y demócratas”, y, además, “retira el apoyo y subvenciones a entidades por la memoria democrática”; por lo que han pedido “el pleno reconocimiento y condena de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo”.

Desde la CNT-AIT han incidido en los “crímenes contra la humanidad” que supusieron los bombardeos en Alicante y el resto de las ciudades republicanas durante la Guerra Civil, mientras hoy se “legitima el genocidio en Gaza con la complicidad de los países del llamado ‘mundo libre'”.

La representación de la Comissió ha concluido el acto añadiendo que la Ley de Concordia “impide que los familiares de las víctimas del franquismo encuentren a sus parientes y puedan curar la herida causada por la represión”; por lo que han convocado una concentración el 28 de mayo a las 19 horas delante de la delegación del Consell en Alicante para expresar el rechazo a dicha ley.

"Dinero rojo": 300 familias se unen para reclamar al Estado los ahorros que expolió Franco

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Historia de Agencia EFE


"Dinero rojo": 300 familias se unen para reclamar al Estado los ahorros que expolió Franco© Proporcionado por Agencia EFE

Rossi García Ávila

Barcelona, 25 may (EFE).- Lídia y Joaquim son nietos de republicanos a quienes Franco requisó sus ahorros por ser "dinero rojo" emitido por la República. Junto a otras 300 familias expoliadas, han iniciado los trámites para reclamar compensaciones económicas invocando la Ley de Memoria de 2022, que por primera vez los reconoce como víctimas.

En una entrevista con EFE, estos dos miembros de la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista (APIGF) recuerdan los casi 20 años que llevan luchando para que el Estado reconozca su derecho a ser resarcidos por las requisas, que los historiadores cifran en millones de las antiguas pesetas, la gran mayoría de ellos en Cataluña.

A través del bufete Vosseler Abogados, más de 300 descendientes de familias republicanas a quienes entre los años 1938 y 1941 el franquismo incautó sus ahorros, con la promesa de devolvérselos, han presentado ya sus reclamaciones en base al artículo 31 de la ley de Memoria Democrática de 2022, que abre la puerta a que el Estado repare también a las víctimas económicas, una deuda que países como Alemania o Francia han saldado ya hace años.

Las incautaciones del llamado "dinero rojo", con el que Franco pretendía financiar su gobierno tras la Guerra Civil, se basaban en un decreto del bando sublevado que consideraba ilegal la moneda emitida por el Banco de España tras el golpe, por lo que se prometía canjearlo por billetes válidos. En la mayoría de casos, nunca se devolvió.

"Fondo de papel moneda del enemigo"

Lídia Jiménez y Joaquim Gràcia sostienen en sus manos los títulos que las autoridades franquistas entregaron a sus abuelos a cambio del dinero intervenido y que, desde entonces, siguen depositados en el Banco de España: un documento que no llega a una cuartilla, con la rúbrica "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" y el detalle de la suma "entregada", especificando el tipo de billetes o monedas intervenidos.

Lo cierto es que ese dinero no se cedía de forma voluntaria. En ocasiones, eran las fuerzas del orden las que llamaban a las puertas de las casas para exigirlo, bajo amenaza de cárcel o de indagaciones de contenido político, y en otras se hacía un llamamiento a la población, a través de ayuntamientos u otras administraciones, para que lo entregaran.

Especialmente en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conocía y sabía de las afinidades políticas de sus vecinos, era la propia presión social la que forzaba a las familias a entregar unos ahorros, explica el abogado Lluís Domingo.

La Dirección General de Memoria Democrática -cuya titular, Zoraida Hijosa, se reunió a principios de mes con abogados de Vosseler- ha nombrado tres comisiones científicas, integradas por especialistas de la Real Academia de Historia, con el encargo de llevar a cabo una auditoría que establezca una estimación "justa y equitativa" del valor que el dinero incautado tendría en la actualidad.

"Lo importante es que no se les requisó el dinero que llevaban en el monedero para la compra, cuya actualización sería el IPC, sino ahorros que habrían servido para comprar viviendas u otras cosas de extraordinario valor", apunta la letrada de Vosseler Leire López, quien cree que ese factor deberá ser tenido en cuenta al calcular las compensaciones.

"Si cobramos, te compraré una muñeca"

A la abuela de Joaquim, que regentaba una mercería en la calle Travessera de Gràcia de Barcelona, se le requisaron 46.000 pesetas de la época, una cantidad que, explica, habría bastado para comprar un inmueble en uno de los chaflanes del barrio más cotizados de la capital catalana.

Su abuela pudo salir adelante pese al mordisco que el franquismo echó a sus ahorros, pero sus hijos ya no pudieron prosperar en los negocios ni ampliar su comercio de "tejidos y novedades" como habían planeado. "Otros afectados no pudieron ni dar carreras a sus descendientes y en algunos casos ni operarse", comenta Joaquim, que ha interpuesto la reclamación junto a tres de sus primos.

Más modestos, aunque tampoco desdeñable para la época, fueron las 1.242 pesetas que el franquismo requisó a los abuelos de Lídia, los ahorros que la familia tenía en casa y que su madre, Montserrat, trató de cobrar sin éxito durante décadas, con un empeño que le llevó a fundar en 2005 la APIGF, que presidió hasta su muerte en 2018.

Lidia, que ha heredado el título y la misión de recuperarlo como un "homenaje" póstumo a su madre, recuerda haberla acompañado de pequeña al Banco de España a reclamar la devolución de las 1.242 pesetas expoliadas: "Por el camino me decía esto es mío, es mi dinero. Si cobramos, te compraré una muñeca".

Leire López confía en que, a finales de año, la Dirección de Memoria tenga ya en sus manos las conclusiones de las comisiones científicas nombradas para valorar las cantidades requisadas, lo que permitiría al Gobierno incluir una partida en los presupuestos generales del Estado para efectuar los pagos.

Los 300 afectados a quienes representa Vosseler Abogados suponen, según López, el grueso de víctimas acreditadas de las incautaciones del franquismo, aunque los historiadores apuntan a que la cifra real podría ser mucho más elevada a juzgar por el número total de títulos que constan expedidos.

"Muchos de esos títulos se perdieron, porque los descendientes de los afectados no sabían qué eran y los destruían. En realidad, pocas familias han guardado ese papel como un documento valioso", señala Leire López.

En otros casos, los títulos -avalados por su depósito en el Banco de España- fueron utilizados como moneda de cambio, en una suerte de pagaré o cheque, en distintas transacciones económicas, por lo que podrían estar en manos de terceras personas.

No obstante, aclara López, la ley de Memoria Democrática solo reconoce como víctimas de los descendientes directos de los expoliados, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin esos lazos de parentesco, el título no tiene valor alguno ni aunque se haya recibido en herencia.

(c) Agencia EFE

Entidades de memoria democrática advierten que cinco de cada de seis cuerpos exhumados se quedarán sin identificar

 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2024/05/24/entidades-memoria-democratica-advierten-cinco-102789840.html


La nueva ley diseñada por PP y Vox "implicará tirar todo el trabajo y la inversión hecha" tras años de investigación y trabajos en fosas comunes

València acoge el VI Encuentro Estatal de colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo para marcar una hoja de ruta ante las "leyes de la desmemoria"

Presentación del VI Encuentro Estatal de colectivos de Memoria Histórica.

Presentación del VI Encuentro Estatal de colectivos de Memoria Histórica. / LEVANTE-EMV

Mónica Ros

Mónica Ros

No ha sido un trabajo sencillo y queda la parte final del proceso: la identificación de los cuerpos. La primera exhumación de víctimas del Franquismo en la Comunitat Valenciana fue en 2010 y la impulsó una familia de Benagéber, con el apoyo del alcalde y en el marco de la ley de Memoria Histórica de Zapatero. Desde entonces se estima la exhumación de unos 1.500 cuerpos en la Comunitat Valenciana con trabajo, esfuerzo, partidas presupuetarias y la ley de memoria democrática del Botànic. 

Sin embargo, colectivos de la Memoria Histórica advirtieron ayer de la realidad que trae el nuevo gobierno valenciano del PP y Vox, con una ley de Concordia que deroga la actual ley de memoria democrática del Botànic, y que «complica las acciones para reparar la memoria de las víctimas». De hecho, el prespuesto ya se ha reducido y las entidades alertan de una realidad cada vez más cercana: el 85% de los cuerpos exhumados se quedarán sin identificar. Cinco de cada seis

Así lo han asegurado diversas entidades en la presentación del VI Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, que se celebra mañana sábado en València y que reclamará que se investiguen los crímenes del franquismo, así como que se desarrolle la Ley de Memoria Histórica y se cumpla la legislación internacional.

Y es que hay riesgo de perder «todo el trabajo realizado hasta ahora». «Se creó un banco de ADN y se ha conseguido identificar al 15% de las víctimas exhumadas. Hay un problema muy importante para los familiares de las víctimas de las fosas porque eso desaparece con la ley de la Concordia. ¿Este gobierno de la Generalitat Valenciana va a dejar sin identificar a más de 85% del conjunto de todas las víctimas exhumadas a los largo de estos 8 años?», preguntaron ayer desde las entidades. 

La Carta de València

Marisa, Bergas, Lucila Aragó, Ángel González, Daniel Galán y Celestino Navarro presentaron el encuentro estatal recalcando que existe una serie de reivindicaciones que se plasmarán en un manifiesto que ya tiene nombre («la «Carta de València») y una hoja de ruta a seguir. Entre las reivindicaciones figura poner de manifiesto la «condena clara y eficaz de la exaltación del franquismo» y pedir la ilegalización de todas las organizaciones «que se dedican a su difusión y exaltación». 

Además, pedirán que se cumpla la legislación internacional en materia de Derechos Humanos y las recomendaciones de Naciones Unidas, en especial las que instan al Gobierno español y a todo el Estado «a derogar estas leyes de la discordia y la desmemoria y a defender el Derecho internacional humanitario y los derechos humanos». «También reclamamos la nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 o como mínimo la anulación del artículo que le otorga impunidad a los victimarios de la dictadura», añadieron.

Por otra parte, también piden la modificación del Código Penal de 1995, «incorporando el principio de legalidad internacional, la tutela judicial efectiva para todas las víctimas del franquismo, dando paso a la investigación y procesamiento, en su caso, de los crímenes del franquismo».

Arrancan los trabajos de exhumación de la tercera fosa común del cementerio de Riotinto

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Inicio de las labores de exhumación en el cementerio municipal de Minas de Riotinto.

Inicio de las labores de exhumación en el cementerio municipal de Minas de Riotinto. M. G.

Los trabajos de exhumación de la tercera fosa común en el Cementerio Municipal de Santa Bárbara de Minas de Riotinto comenzaron esta semana. En la misma estiman que se podrían encontrar alrededor de 60 víctimas del franquismo. Así, después de dar por finalizadas las labores de exhumación en la primera y la segunda de las fosas el pasado mes de julio, el equipo técnico ha comenzado ya con la cata, localización y delimitación de nuevas sepulturas, dando luz verde a los trabajos pertinentes.

Una fosa que consta de una dimensión de 10x2 metros y un metro de profundidad y que guarda mucho paralelismo con las anteriores. La cal marcará el techo de la sepultura.

El equipo dirigido por el arqueólogo Andrés Fernández valora que hallarán, prácticamente, el mismo número de víctimas que en la cuarta fosa común, que se encuentra paralela a esta. Según sus previsiones, en un plazo de entre tres y cuatro meses se espera haber exhumado todos los cuerpos y realizar los estudios antropológicos correspondientes, a los que les seguirán los análisis genéticos.

Inicio de las labores de exhumación esta semana.Inicio de las labores de exhumación esta semana.

Inicio de las labores de exhumación esta semana. M. G.

El consistorio minero ha aprovechado esta acción para recordar a toda aquella persona que lo desee que puede ponerse en contacto con ellos para tomarle una muestra y participar en las labores de identificación genética que se siguen llevando a cabo en la Universidad de Granada.

La concejala de Memoria Histórica, Andrea Macías, visitó en la tarde de este jueves el camposanto para supervisar un proyecto que persigue dignificar la Memoria Democrática y que tampoco habría sido posible sin la colaboración del Gobierno de España y la financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La edil ha vuelto a dar las gracias públicamente a Alfredo Moreno y a Gilberto Hernández por su vital investigación para acompañar los movimientos arqueológicos que se están efectuando. “Queremos que cuanto antes estén honradas las memorias de aquellos riotinteños y riotinteñas que perdieron sus vidas injustamente en aquellos negros tiempos a manos de la dictadura”, señaló.

divendres, 24 de maig del 2024

El Gobierno central firmará un acuerdo con Canarias para impulsar las exhumaciones en ‘los pozos del olvido’

 https://efe.com/canarias/2024-05-23/gobierno-impulsara-exhumaciones-en-los-pozos-del-olvido-de-canarias/

Foto de archivo: El ministro Ángel Víctor Torres, saluda a la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa, hija de uno de los republicanos asesinados y arrojados al pozo de Tenoya en 1937. EFE/Ángel Medina G.


Madrid (EFE).- El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática suscribirá un protocolo con el Gobierno canario para impulsar proyectos de exhumación de víctimas del franquismo y de resignificación de ‘los pozos del olvido” donde ya se ha trabajado, como los de Fuencaliente (La Palma) y Arucas (Gran Canaria).

El ministro Ángel Víctor Torres (PSOE) ha hecho este anuncio tras reunirse con esa finalidad en Madrid con la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (CC).

Torres ha explicado a Barreto que su departamento está dispuesto a firmar con el Ejecutivo canario un protocolo para las propuestas que estén más maduras, esto es, en la que ya existan proyectos y actuaciones y sean más ejecutables, incluso en este mismo año.

“Hablamos de todo lo que es Fuencaliente y, por tanto, junto al Gobierno de Canarias, Cabildo (de La Palma) y Ayuntamiento estamos en disposición de aportar una cantidad cercana a los 100.000 euros -ha explicado- y lo mismo haremos con proyectos que vengan de distintas islas. En el caso de Gran Canaria, los ‘pozos del olvido’, en el que también está trabajando el Gobierno de Canarias”, ha apuntado.

Ha destacado que en Canarias administraciones de distintos colores políticos han aportado fondos públicos para poder realizar exhumaciones, “que es un acto de Justicia, de reparación, de derecho y deber de memoria y también de saber la verdad”.

Torres ha anunciado además que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Aragón, que el nuevo gobierno de esa comunidad (PP y Vox) pretende sustituir por una Ley de Concordia.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la consejera de Presidencia de Canarias, Nieves Lady Barreto, el ministro ha afirmado que la ley aragonesa supone una vulneración de los derechos humanos, retira la condena a la dictadura y hace mucho más complicado a las asociaciones y a los colectivos exhumar los restos de víctimas del franquismo.

Torres ha garantizado que el Gobierno seguirá actuando contra las decisiones de cualquier administración que modifique o derogue en ese sentido la ley estatal de Memoria Democrática o que retire en su normativa el que se pueda eliminar cualquier vestigio que simbolice, vanaglorie o defienda los años de la dictadura o el golpe militar de Franco.

Además, ha adelantado que mañana viernes, en una reunión interna, se avanzará en la distribución de 3 millones de euros entre las comunidades autónomas para, fundamentalmente, la realización de exhumaciones y la ejecución de labores de divulgación ligadas a las mismas,

La distribución de esos fondos, ha añadido, se llevará posteriormente el próximo 6 de junio a una Conferencia Sectorial con los consejeros de las comunidades autónomas para contribuir a que se siga avanzando en las exhumaciones en el conjunto del territorio español. EFE