Fracasa la sublevación. Inicio de la Guerra Civil en Cantabria

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Fracasa la sublevación

Inicio de la Guerra Civil en Cantabria

Por José Luis Ibánez 

Santander era una de las capitales provinciales que aparecía asegurada para la victoria de la subleva- ción en las “Instrucciones Generales” previstas des- de abril de 1936 por el general Emilio Mola. En las elecciones legislativas de febrero de ese año, el Fren- te Popular había sido derrotado en la provincia por las fuerzas derechistas de la Confederación Españo- la de Derechas Autónomas (CEDA) y Renovación Española.

Pero los jefes y oficiales destinados en Cantabria no estaban directamente conectados con los prin- cipales dirigentes de la conspiración, ni la relación entre las tramas civil y militar era en la región sufi- ciente para los fines perseguidos por los confabula- dos. La mayor rapidez y la mejor coordinación de movimientos en julio correspondería finalmente a los representantes de la solución democrática y an- tigolpista: a los líderes de las formaciones de izquier- da, republicanos y socialistas fundamentalmente, sin olvidar a algunos militares verdaderamente fieles al gobierno frentepopulista legítimamente avalado por las urnas.

Perteneciente a la VI Región Militar, la entonces provincia de Santander tenía las siguientes unida- des en su territorio en julio de 1936: Regimiento  de Infantería Valencia nº 21, con un batallón en Santoña, localidad ésta donde también se hallaban una Columna Móvil de Municiones a Lomo (artille- ría) y una Sección Móvil de Evacuación Veterinaria. A las que cabe añadir las fuerzas de orden público: tres compañías de la Guardia Civil, una de Guardias de Asalto y cuatro de Carabineros. El comandante  y gobernador militar de la provincia dese 1935 era  el coronel del Regimiento de Infantería, José Pérez

García-Argüelles, coruñés nacido en 1877 que ha- bía combatido en el norte de África.

El coronel del Tercio 22 era Indalecio Terán, y la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil   la desempeñaba el teniente coronel José Colombo. A ambos les sustituirá en fecha tan inmediata como será el 11 de agosto el teniente coronel Román Mo- rales, enviado por el gobierno de Madrid, lo que quizá dé muestra de la dudosa disposición de aqué- llos durante los días claves de julio. Por su parte, el comandante Julio Molera, jefe de los Carabineros de la provincia, logró “pasarse” al campo rebelde, en unión de algunos de sus oficiales, a la primera ocasión de que dispuso, una vez estallada definiti- vamente la guerra. En lo que respecta a los Guardias de Asalto, aunque la mayoría eran paradójicamente opuestos al Frente Popular, su capitán, César Puig, permaneció fiel a las instituciones constitucionales republicanas.

La incertidumbre de los mandos militares del re- gimiento de infantería, junto a la decidida actitud  del jefe del batallón destacado en Santoña, el co- mandante José García Vayas, y la de los principales dirigentes frentepopulistas de la capital santanderina y de otras localidades, hizo que la rebelión fracasara en la provincia cántabra. Frente a la indecisión y la reticencia que encarnó primordialmente el coman- dante militar de la provincia, el coronel Pérez Gar- cía-Argüelles; se produjo la resuelta intervención de quienes se opusieron a la sublevación y movilizaron las fuerzas de que disponían en una única dirección, sin ambages, recurriendo a la astucia cuando fue ne- cesario. Durante aquellos días decisivos de julio de 1936 reinaron en la provincia de Santander, como

en buena parte del resto del país, tanto el desorden como el desconcierto, y primaron la indecisión y la improvisación pero, finalmente, se impusieron la au- dacia y la determinación.

La conspiración

El juez que instruyó la Causa General en Santan- der desde octubre de 1937 concluyó, en el informe con el cual resumía sus varios meses de trabajo, que el comandante militar de la plaza, el coronel José Pérez García-Argüelles, habría tenido garantizado el dominio de la provincia si en los primeros días de la sublevación se hubiera sumado decididamente a ella. Existieron una trama civil y otra militar cuyo objeti- vo común era la sublevación del territorio cántabro. La primera, monárquica y centrada en la capital, es- taba dirigida por el ex teniente de alcalde durante   la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y  ex dirigente de Falange, Emilio Pino Patiño, quien se hallaba conectado con el diputado monárquico por Santander, Pedro Sáinz Rodríguez, conspirador a nivel nacional. La otra trama, la militar, radicada principalmente en Santoña, estaba encabezada por oficiales destacados en esa localidad, relacionados con el teniente coronel destinado en Burgos Marce- lino Gavilán.

Ambas tramas estarían unidas bajo la dirección de Pino Patiño, quien creería contar con la partici- pación del coronel Pérez García-Argüelles. El con- tacto entre Pino Patiño y el coronel sería el capitán de infantería Arturo González Fleitas. Por lo que respecta a la otra población militarmente importan- te de la provincia, Santoña, era Vicente Herrería, miembro de la monárquica Renovación Española, quien enlazaba a los militantes de agrupaciones de- rechistas dispuestos a secundar el levantamiento con los capitanes de infantería Carlos Medialdea, San- tiago Mirones, Carlos Guerra López y Modesto López-Clavo, así como con el teniente del mismo arma Churriaque, el de artillería Ignacio Ulibarri   y el capitán de la Guardia Civil Víctor Marchante.

A las fuerzas militares confabuladas les brindaban asistencia las juventudes de las organizaciones de ex- trema derecha de la provincia. Así, cerca de mil fa- langistas, a los que se unieron 400 provenientes del

resto de Cantabria en los días inmediatos a las jorna- das decisivas de julio, se encontraban concentrados en diferentes lugares a la espera de órdenes. También estaban implicados en la preparación de la subleva- ción los monárquicos de la Agrupación Regional Independiente (ARI, reunión de los partidos de- rechistas no republicanos de la provincia, que había “cobijado” a los miembros de la Falange montañesa en los comienzos de ésta), conectados por medio del comandante retirado Rafael Montero Bosch y del capitán, asimismo retirado, José María Monteoliva con los militares de la plaza y con Pedro Sáinz Ro- dríguez.

Otras fuerzas concentradas eran algunos jóvenes de Acción Católica y los requetés de la provincia. En lo que se refiere a estos últimos, conviene apun- tar que Jesús Hermosilla fue enviado desde Madrid por el jefe nacional de Requetés, José Luis Zama- nillo (ex diputado derechista por Santander), para levantar a los boinas rojas al mando del coronel y co- mandante militar de la capital cántabra. Hermosilla no tuvo éxito en su misión y resultó arrestado por las autoridades frentepopulistas. Estos grupos juveniles parafascistas, prestos al desencadenamiento de la re- belión militar para secundarla, los hubo también en Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Comillas, Valle de Cabuérniga, Renedo y Laredo, entre otros luga- res. No obstante, cabe añadir que el jefe provincial de Falange Española y de las JONS en las fechas inmediatamente anteriores al estallido del conflicto bélico, Martín Ruiz Arenado, no había tenido en ningún momento trato directo alguno con la máxi- ma autoridad militar provincial antes de que llega- ran las primeras noticias del levantamiento militar acaecido en el norte de África.

Santander: la sublevación que nunca existió. Nueve días de julio

Día 1

A última hora de la tarde del viernes 17 de ju- lio de 1936, Santander comenzó a conocer algo de lo que acababa de suceder en las plazas militares de Ceuta, Melilla y Tetuán. Inmediatamente, el presi- dente de la Diputación Provincial y de la ugetista Federación Obrera Montañesa (FOM), el socia-

lista Juan Ruiz Olazarán; el diputado a Cortes de Izquierda Republicana, Ramón Ruiz Rebollo; y el delegado gubernamental de Hacienda, Paulino Vega, se dirigieron a la sede del Gobierno Civil. En ese edificio, el titular de la máxima representación gubernamental en la provincia, el azañista Enrique Balmaseda Vélez, se encontraba enfermo y a partir de entonces no sería capaz de hacerse cargo de la conflictiva situación. Tan es así que fue sustituido de facto por los dirigentes de las agrupaciones políticas y sindicales frentepopulistas; esto es, principalmen- te, por los mencionados Ruiz Rebollo y Ruiz Ola- zarán, junto al otro diputado izquierdista a Cortes salido de las urnas de febrero de ese mismo año, el socialista largocaballerista Bruno Alonso, que no llegará a Santander hasta el día siguiente. De esa primera reunión en el Gobierno Civil nació el em- brión de funcionamiento de los organismos de po- der del Frente Popular, que en aquellos momentos se aprestaba a montar su propio servicio de vigilancia al cuartel de infantería y a distribuir las pocas armas con que podía contar.

Para entonces, el coronel Pérez García-Argüelles ya había recibido la llamada del general Domingo Batet, quien se hallaba al frente de la región militar con capitanía en Burgos, en el sentido de que actua- ra enérgicamente contra el movimiento sedicioso. Esa comunicación tuvo lugar antes de que los telé- fonos en aquella noche, al igual que los teletipos de los periódicos y los telégrafos, dejaran de funcionar durante unas horas. Mientras tanto, en Santoña, el capitán de infantería José Bueno, que venía obser- vando una extraña actitud en el resto de la oficiali- dad, decidía llamar al comandante José García Vayas

—de permiso en Santander— sin conseguirlo.

Día 2

Ya en el mediodía del sábado 18 de julio, el co- ronel del Regimiento de Infantería Valencia nº 21 recibió una llamada del Gobierno Civil. Pérez Gar- cía-Argüelles contestó que cumpliría con su deber. Más tarde, conversó en su despacho con Ruiz Rebo- llo, Ruiz Olazarán y Alonso. Les reiteró que tuvieran tranquilidad en cuanto a su actitud y que no tenía intención de sublevarse. No obstante, los tres diri- gentes de la izquierda cántabra salieron de esa reu-

nión desconfiando de la predisposición del coman- dante militar de la provincia a la hora de defender el orden constitucional.

El paso decisivo encaminado al control de la si- tuación por parte de los organismos del Frente Po- pular santanderino tuvo lugar ese mismo día. Se organizaron servicios de defensa en centros obreros, patrullas en camiones de la fuerza pública comenza- ron a recorrer la ciudad y en el edificio consistorial capitalino se produjo un pleno frentepopulista en el que se acordó la declaración de la huelga general en el caso de sublevación militar en la región, así como la creación del Comité Ejecutivo del Frente Popular en la ciudad, presidido por el socialista Francisco Noreña. Asimismo, las nuevas autoridades se incau- taron de la emisora de radio y desarmaron esa mis- ma noche a la guardia municipal.

Cerca de las 9 de la noche, el militante socialista José Martín del Castillo recibía de las autoridades republicanas cántabras la orden de hacerse cargo del servicio del Centro de Telégrafos de Santander. Ya de madrugada, le llegó un telegrama de Valladolid que hacía constar que “el general Emilio Mola se ha en- cargado del mando de la División” y solicitaba acuse de recibo a las plazas de Palencia, Bilbao, San Sebas- tián, Santander y Santoña. Cerca de las seis y media se repitió el mismo texto telegráfico desde Burgos, y, finalmente, una hora  después,  desde Valladolid se enviaba otro despacho que conminaba a los co- mandantes militares de las plazas antes aludidas a ordenar la urgente incorporación a cada unidad de los oficiales y tropas que se encontraran de permiso. Las autoridades constitucionales cántabras fueron informadas de inmediato de todos esos mensajes. El coronel Pérez García-Argüelles nunca sabrá que se le había telegrafiado para que se pusiera bajo la obe- diencia de los sublevados dirigidos por Mola.

En Santoña, al mediodía de aquel sábado, el capi- tán José Bueno, jefe de cuartel aquel día y por tanto al mando del destacamento de infantería, reunió a todos cuantos se encontraban en el acantonamien- to para arengarlos sobre la necesidad de permanecer al lado del poder legítimamente constituido. Unas horas antes, el monárquico Vicente Herrería salía de Santoña en un coche, acompañado por dos vecinos

de la localidad: José Domingo Quiroga y Pedro Castañeda.

El alcalde de la población costera, Epifanio Azo- fra, se percató del hecho y llamó al ex diputado radical-socialista por Santander Gregorio Villarías para ponerle al corriente del mismo. Como supu- sieron que Herrería y sus compañeros se dirigían a Burgos comunicaron con el gobernador civil de la capital castellana, quien les llamó a las pocas horas para decirles que habían sido detenidos tras arribar a la ciudad. Efectivamente, pero antes de ello los tres conspiradores habían tenido tiempo de informar en el cuartel burgalés de San Marcial al teniente coronel Marcelino Gavilán del curso de los acontecimien- tos en Santoña. No serían liberados hasta las 2 de la madrugada siguiente, cuando el estado de guerra ya había sido proclamado en Burgos.

Asimismo, en la mañana de aquel sábado 18 en Santoña algunos concejales, junto a Azofra y Villa- rías, se reunían al saber que todos los oficiales de la guarnición se encontraban en la sala de banderas del cuartel de infantería. Las autoridades frentepopulis- tas decidieron entonces avisar al comandante Gar- cía Vayas y enviaron a un vecino santoñés, Enrique Zabala, en su busca a la capital cántabra. A las 2 de la tarde, el alcalde Azofra ordenó al vecino santoñés Francisco Caballero la intervención de todos los teléfonos y situó convenientemente frente al cuartel a pescadores de confianza para que observaran a los oficiales reunidos. Como en Santander, en Santoña se producía la inmediata puesta en marcha del meca- nismo más elemental de lucha contra la sublevación militar, en el que se mezclaba la expectativa con la movilización de las bases políticas en una dirección diáfana: controlar los movimientos de los posibles conspiradores para adelantarse a ellos.

Cerca de las 8 de la tarde de aquel día llegó el comandante García Vayas a Santoña y, aún de pai- sano, se trasladó al cuartel santoñés, donde arengó  a la tropa, a la que recordó el juramento dado de defender el orden constitucional, la advirtió de que únicamente se obedeciera a las autoridades legítimas y la previno de que sólo acatara el mando si estaba previamente ordenado por un texto escrito por él mismo.

De un plumazo, García Vayas ―que había naci- do en la localidad navarra de Estella en 1889― en 1889desautorizaba a los posibles conspiradores y se hacía con el control militar de la situación, domi- nando la transmisión de las órdenes pertinentes. El jefe del batallón, en el final de su discurso había asi- mismo reconvenido a todos los oficiales carentes de servicio al obligarles a pernoctar en sus respectivos domicilios. Mientras tanto, Epifanio Azofra enviaba al presidente del Pósito de Pescadores de Santoña, Florentino Argos, para que indicase a cuantas per- sonas afines al Frente Popular encontrase salieran a las calles armados. El alcalde Azofra ordenó además al capitán de la Guardia Civil local, Víctor Mar- chante, que no detuviera a ninguno de ellos. A partir de entonces, se montaron los servicios militares de protección de los edificios públicos. Era la 1 de la madrugada del ya domingo 19 de julio. Una hora más tarde, proseguían su interrumpido camino ha- cia Santoña los tres conspiradores que acababan de ser liberados por los rebeldes triunfadores en la capi- tal burgalesa.

En la ciudad de Santander, se producía la paula- tina consolidación del Frente Popular. Durante esos días de julio de 1936 se estaba llevando a cabo en la región cántabra la creación de un “comité-gobierno” similar a los que nacían allí donde la rebelión no lograba triunfar de inmediato. “Comité-gobierno” que en el caso santanderino tendrá su perfil definido cuando la victoria contra los posibles sublevados sea total, pero que, de una forma embrionaria, estaba surgiendo ya en esas fechas en los niveles provincial e incluso local. El organismo que se conformará de- finitivamente a finales de julio en Santander se atri- buyó desde pronto el poder legislativo y ejecutivo. No se debe olvidar que el hundimiento de la autori- dad republicana constitucional era tal que se puede convenir sin discusión que el gobierno de José Giral (presidente del gabinete “leal” desde el 19 de julio) no ejercía verdadero poder alguno.

Día 3

El domingo 19 de julio, el Frente Popular santan- derino acordó la requisa de los vehículos y armas en poder de los desafectos. El cerco en torno al cuartel llevado a cabo por los miembros de las organizacio-

nes políticas y sindicales de izquierdas se iba estre- chando y era cada vez más visible a ojos de los cons- piradores que trataban de convencer al coronel Pérez García-Argüelles. Las fuerzas organizadas para de- fender la república interceptaron ese día comunica- ciones telefónicas que perseguían el mismo objetivo que los telegramas del día anterior, finalmente vano. Cuando desde Burgos y Oviedo se solicitó comuni- car con el coronel, Ruiz Olazarán instó a la central telefónica local para que le desviaran la llamada, y de ese modo los sublevados creyeron haber mantenido una conversación con el comandante militar en la cual le convencían de sumarse a la rebelión. Pérez García-Argüelles quedaba así nuevamente desasisti- do de referencias que él considerara válidas para mo- verle a dar el paso decisivo.

Sáinz Rodríguez había mandado aquella mañana del 19 de julio consignas explícitas a sus seguidores en Santander por medio del miembro de la ARI Mi- guel Quijano: dado que la sublevación había triun- fado en Burgos, sede de la región militar a la que pertenecía Santander, era preciso secundarla en el territorio cántabro antes de que las masas se adueña- ran de la calle. Pino Patiño trasladó esa información al cuartel de infantería, donde no fue recibido por Pérez García-Argüelles, quien se limitó a comuni- carle que lo tendría en cuenta; y llamó a continua- ción al capitán Monteoliva y al comandante Rafael Montero Bosch para insistir en el ofrecimiento que la ARI hacía de los 40 jóvenes que aguardaban en sus locales y de otros 100 que lo hacían en sus res- pectivos domicilios. Montero Bosch y Monteoliva acudieron de inmediato al regimiento de infantería y pudieron así comprobar la existencia de vigilancia apostada en una taberna próxima al cuartel.

El coronel desoyó los ofrecimientos de los dos mi- litares retirados arguyendo que sólo obedecería las órdenes directas provenientes de la capitanía gene- ral burgalesa. Ese día 19, Pérez García-Argüelles fue llamado para que se personara en el Gobierno Civil, pero contestó que no podía abandonar el cuartel. La dilación del comandante militar de la provincia era cada vez más evidente. Permanecía acuartelado sin aceptar los ofrecimientos que los conspiradores le hacían, lo cual, inevitablemente, obligaba a que éstos fueran presa de los nervios y el abatimiento,

faltos como estaban de armamento y conscientes de la determinación de los organismos frentepopulistas que controlaban incluso sus movimientos. De otro lado, tampoco se mostraba el coronel decidido a co- laborar con quienes manifestaban lealtad al orden constitucional.

Cerca de las cinco y media de la madrugada del domingo, Francisco Caballero logró interceptar en Santoña una conferencia entre el capitán de infante- ría de la guarnición Carlos Medialdea y un coronel que hablaba desde Burgos. Inmediatamente, Caba- llero se dirigió al cuartel santoñés para comunicar lo captado: los militares conspiradores debían sublevar a la guarnición y declarar el estado de guerra en la vi- lla tras publicar el bando de Mola que traía desde la capital burgalesa Vicente Herrería. Este último, por su parte, regresó a la localidad marítima cántabra ha- cia las seis y cuarto de la madrugada. De inmedia- to, el vehículo en el que viajaba fue reconocido por Gregorio Villarías, lo que acabó de convencer a los frentepopulistas santoñeses del triunfo de la rebelión en Burgos. Herrería entregó una copia del bando de Mola en el cuartel de artillería (donde, en realidad, había una sección de sanidad militar y la ya citada columna de municiones a lomo, compuesta por pro- fesionales del arma de artillería) al capitán jefe de la unidad, Adolfo Espejo-Giménez, y a los tenientes Ignacio Ulibarri y Bernardo Ruiz. A continuación, se dirigió al cuartel de infantería, donde habló con los capitanes Medialdea, Guerra y Mirones y acor- daron todos ellos publicar el bando declaratorio del estado de guerra a las 8 de la mañana.

Al tener el comandante García Vayas la certeza de la vinculación que mantenían con la sublevación al- gunos de los oficiales a sus órdenes, instó al jefe de cuartel, el capitán Bueno, a que ordenara inmediata- mente que marcharan los capitanes a sus domicilios en calidad de detenidos. Tras ello, García Vayas co- municó a los militantes de las organizaciones frente- populistas que deberían estar preparados pues estaba dispuesto a armar al pueblo para defender el orden constitucional.

Eran ya las 9 de la mañana cuando Vicente He- rrería regresaba al cuartel de infantería para averi- guar la causa de que no se hubiera publicado el ban-

do de Mola. Se encontró con que en la puerta del acantonamiento había varios “policías” y delante del mismo cerca de un centenar de destacados frentepo- pulistas de la localidad. Entonces, se dirigió al cuar- tel de artillería, donde el teniente Ulibarri le solicitó hombres para atacar a los oficiales afectos al régimen republicano. Herrería volvía con setenta de ellos cuando se encontró con 300 mineros formados sin armas en las inmediaciones de la sede de la columna de municiones. Enterado de que era buscado incluso por la Guardia Civil, el conspirador monárquico se vio obligado a huir de la localidad y se refugió en la cercana Noja. En esos momentos, sobre las 10 de la mañana, en el cuartel de infantería santoñés se ar- maba con fusiles a numerosos civiles.

Día 4

El lunes 20 de julio, el Frente Popular decretó la incautación de los diarios conservadores santande- rinos, el católico El Diario Montañés y el “regio- nalista” La Voz de Cantabria. Ninguno de los dos aparecerán ese día, por ser lunes, pero sí lo harán el martes, ya con una inclinación editorial totalmente distinta. Al igual que los otros dos diarios provincia- les —El Cantábrico, de tendencia liberal, y el socia- lista La Región—, publicarán una nota oficial fir- mada por el coronel José Pérez García-Argüelles en el que éste reconocía la lealtad a la República de toda la guarnición a sus órdenes. Efectivamente, el coro- nel visitó al alcalde Ernesto del Castillo Bordenave en el Ayuntamiento santanderino aquella mañana.

Y por la tarde, cerca de las 8, hizo lo propio en el Gobierno Civil, donde estaban reunidos quienes el día anterior habían requerido reiteradamente su pre- sencia. Esta vez, fueron congregados allí tanto Pérez García-Argüelles como el coronel del Tercio 22 de la Guardia Civil, Indalecio Terán; el jefe de la Coman- dancia del mismo cuerpo, el teniente coronel José Colombo; el comandante jefe de los Carabineros, Julio Molera; y el capitán de los Guardias de Asalto, César Puig. Los mencionados militares redactaron un documento conjunto de carácter público, por medio del cual declaraban su adhesión incondicio- nal al orden constitucional. No es difícil relacionar este hecho con la resolución de la rebelión militar en Barcelona y en Madrid, muchas horas antes de que

Pérez García-Argüelles pareciera mostrar el fin de su dubitativa actitud dirigiéndose al Gobierno Civil. Por otra parte, esa jornada llegaban a Santander ar- mas procedentes de la guarnición santoñesa, donde la coyuntura, como se verá a continuación, se había aclarado definitivamente. El número de jóvenes de las organizaciones obreras alertados se había visto in- crementado aquella mañana, cuando se presentaron en la capital muchos más, provenientes de distintos pueblos de la provincia, y se situaron frente al Ayun- tamiento.

Así las cosas en la ciudad de Santander, en la guarnición de Santoña se asistía ese lunes 20 de ju- lio a la definitiva mutilación del intento de levanta- miento mediante el dominio de los estertores de la rebelión militar local, que debían tener lugar en la columna de municiones a lomo y en el destacamen- to que guardaba el penal de El Dueso. Para entonces ya se había presentado espontáneamente a García Vayas el brigada de dicha columna artillera Ángel de la Peña, el cual, ante la desconfianza que le provoca- ba su oficialidad se dirigió a la comandancia militar para ofrecer su colaboración, así como las del alfé- rez Cecilio Pardo, el brigada Antonio Rivas y los sargentos Segismundo García Sánchez y Dámaso Trujillo.

El brigada De la Peña recibió instrucciones con- cretas para cercenar cualquier intento de levanta- miento de la oficialidad en su unidad. Asimismo, sobre las 7 de la mañana de ese lunes, le llegó a José García Vayas una nota confidencial del soldado Eduardo González, por medio de la cual se le hacía saber que para ese mismo día se proyectaba la suble- vación de la fuerza destacada en el penal de El Due- so. El comandante ordenó bajar del destacamento del penal al alférez Augusto Fuentes, en quien te- nía una gran confianza, para seguidamente ordenar, nuevamente al capitán Bueno, el relevo de los mili- tares en el penal y el arresto domiciliario del capitán Modesto López-Clavo, que los mandaba, así como el ingreso en los calabozos de un sargento, nueve ca- bos y dos soldados. Por la tarde, el teniente Esteban Larios, que había quedado al mando de la guardia de El Dueso y después permanecerá arrestado en su casa, será sustituido por el alférez Joaquín Barba.

En lo que respecta a los conspiradores castrenses del arma de artillería, que habían recibido el día an- terior el bando de Mola de manos de Vicente He- rrería, no se atrevieron a publicarlo ante la indirecta amenaza de la organización civil frentepopulista y el éxito de la contrasublevación en el cuartel de infan- tería. No obstante, ese día 20, los oficiales artilleros implicados en la rebelión pretendieron pasar a la ac- ción. El capitán y jefe de la columna de municio- nes a lomo, Adolfo Espejo-Giménez, ordenó aquella mañana al teniente Ignacio Ulibarri que formara con armamento a la tropa en el dormitorio de ésta y si- tuara en los servicios más importantes a los soldados de mayor fiabilidad. El teniente transmitió a su vez la orden al sargento Segismundo García Sánchez. A través del brigada De la Peña, el comandante García Vayas ordenó al entonces oficial de guardia, el alférez Cecilio Pardo, hacerse cargo del cuartel de artillería en tanto que supremo jefe. Éste ordenó aquella ma- ñana al sargento García Sánchez transmitir a la tropa que sólo se acatara su mando.

Cuando los soldados se encontraban ya arma- dos y a la vista de quienes transitaban por la calle,  el brigada De la Peña y el sargento García Sánchez les advirtieron de que estaban obedeciendo a un movimiento sedicioso dirigido contra el gobierno legalmente constituido. Nuevamente presenciamos a la derrota de la rebelión a manos de la decisión  de militares leales al régimen republicano. El capi- tán Espejo-Giménez y los tenientes Ulibarri y Ruiz fueron destituidos de sus cargos por García Vayas y seguidamente quedaron detenidos en sus domicilios.

Día 5

El martes 21 de julio, el regimiento de infante- ría santanderino seguía acuartelado y las autoridades frentepopulistas no habían abandonado de forma absoluta su desconfianza hacia el coronel y jefe del mismo. Y ello es así hasta el punto de que ese mismo día era declarada la huelga general prevista en caso de sublevación. El paro fue absoluto en la capital cántabra.

De otro lado, al tener noticias de que los rebeldes de otras provincias podrían dirigirse a Santander, las autoridades civiles y militares se reunieron para or-

ganizar una columna armada que se trasladara a la raya del límite con Burgos. El coronel Pérez García- Argüelles salía así de nuevo de su acuartelamiento para colaborar con las fuerzas leales, en esta ocasión en la formación de la columna que, integrada por fuerzas del Ejército, guardias civiles y de asalto, ca- rabineros y milicianos, regresó a las dos horas de su partida tras no hallar al enemigo en las cercanías. Pese a su aparente cooperación, el coronel negó esa misma tarde al Frente Popular las armas que tenía bajo su custodia, y ello aunque legalmente estaba obligado a entregarlas según las órdenes del gobier- no de José Giral.

Asimismo, el 21 de julio de 1936 tuvieron lugar en la ciudad de Reinosa unos luctuosos sucesos so- bre los cuales las fuentes consultadas muestran dos tipos de testimonios totalmente opuestos: el ampara- do en la información provista por la Causa General instruida en la provincia, que habla de “emboscada” y posterior “asesinato” de guardias civiles; y la ver- sión que el socialista Bruno Alonso dejó escrita en su libro de memorias y según la cual se habría tratado de la “sublevación” de la Guardia Civil de la ciudad que “mató” al alcalde, el socialista Isaías Fernández, todo lo cual provocaría que “la masa” se enfurecie- ra y acabara con las vidas de un cabo, 17 números del propio cuerpo y la del teniente jefe del puesto. Estos fueron los primeros hechos que situaron vio- lentamente a Cantabria en el marco de lo que iba acercando a todo el país a una abierta confrontación entre dos posturas aparentemente irreconciliables, a una auténtica guerra civil. Se puede decir por tanto que las primeras víctimas del verdadero conflicto en la Montaña fueron el alcalde y los guardias civiles que murieron en los tiroteos del día 21 en Reino- sa. La guerra sólo era conocida hasta entonces en Cantabria por la formación de unas milicias que no habían tenido la necesidad de combatir contra un enemigo todavía informe.

Pero no fue la ciudad industrial del sur provincial la única que registró aquel martes acciones violentas que mostraron la cruel realidad del comienzo de un violento conflicto civil entre quienes favorecían la sublevación y aquellos que defendían los objetivos del Frente Popular. En Potes, capital de la comarca lebaniega, tuvo lugar ese mismo día 21 el momen-

táneo dominio de un grupo de falangistas alzados; mientras que, en el extremo litoral oriental de la provincia, en Castro Urdiales, jóvenes de la misma filiación política parafascista veían derrotada su es- pera y “huían al monte”.

Poco antes de las 5 de la tarde, llegaron en varios vehículos a Potes más de 70 hombres armados, co- mandados por un destacado integrante del Partido Comunista de la provincia santanderina, Mariano Juez (quien será consejero de Marina y Ganadería en el segundo Comité de Guerra, formado en septiem- bre de 1936, y en el Consejo Interprovincial creado en febrero del año siguiente), que tomaron los pun- tos estratégicos de la villa y detuvieron a los vecinos sospechosos de participar o colaborar en la rebelión. Pero encontraron resistencia en el interior de la far- macia del falangista Ramón Bustillo, desde donde se hirió a varios de ellos. Otros simpatizantes y afiliados al partido joseantoniano de la zona lograron cooperar con los resistentes en la botica tras ese primer tiroteo, con lo que se produjo la huida del grupo comandado por Juez y el consiguiente dominio falangista de la lo- calidad. No obstante, poco durará el control de la si- tuación a cargo de los sublevados en Potes. Esa misma noche, varios vecinos derechistas, encabezados por Vi- cente Arenal, mostraron su disconformidad con que se luchase en el pueblo, dada la escasa importancia del mismo para decidir la contienda. La adopción de ese punto de vista decidió a los falangistas, y a quienes con ellos se habían movilizado, en ningún caso más de veinte personas, a abandonar de inmediato la villa para unirse a las filas rebeldes de la vecina provincia de Palencia. Al día siguiente, el miércoles 22 de julio, la situación quedaría definitivamente aclarada con la llegada a la localidad lebaniega de nuevos grupos ar- mados frentepopulistas.

En lo que respecta a la aludida Castro Urdiales, desde el día 18 cerca de 40 falangistas se hallaban “concentrados” en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil local, al tiempo que ésta se encontraba a su vez en una actitud similar. Los guardias estaban conectados telefónicamente con los conspiradores de Santander, de quienes recibían órdenes para que se mantuvieran a la espera. También lo estaban con el grupo escondido en una casa próxima, por medio del jefe de milicias falangistas, Carlos Barés. Cada

día que pasaba era menor el número de jóvenes ex- tremistas reunidos y dispuestos a la rebelión. Hasta que el martes 21 de julio, la Guardia Civil consideró fracasada la sublevación en la provincia y aconsejó  a los falangistas la huida. Éstos se dirigieron, en un número no superior a 15, a los montes próximos de Guriezo y Sámano. De inmediato, se organizaron batidas formadas por frentepopulistas de las locali- dades cercanas que al día siguiente les detuvieron y dieron muerte a Barés y a otros dos huidos.

En Santoña, ese martes 21 de julio José García Vayas delegó su cargo de comandante militar del destacamento santoñés en el teniente de oficinas Prudencio Fernández al enterarse de que desde Burgos se dirigía una columna motorizada a tomar los puertos de montaña, lo que obligó al comandan- te a formar a su vez otra, compuesta por fuerzas de infantería y milicianos de la comarca santoñesa. El capitán Bueno y el alférez Barba ayudaban a Gar- cía Vayas al frente de esta expedición, cuyo destino era el puerto montañoso de Los Tornos, por donde pasaba la carretera que enlazaba Burgos con la loca- lidad costera santanderina de Laredo. Aquella tarde- noche del día 21, el ugetista Juan Ruiz Olazarán, go- bernador civil de facto, se dirigió por medio de una alocución radiofónica a los partidarios del Frente Popular, como durante los primeros cuatro meses de guerra haría con frecuencia. En ella aclaró algo que las autoridades pro republicanas reiterarían sin ma- yor éxito durante casi todo su mandato: la exigencia de que las requisas y registros, que ya eran norma desde el propio día 18, sólo podrían ser desempeña- das por quienes estuvieran debidamente autorizados por el Frente Popular.

Día 6

El miércoles 22 de julio, finalizada la huelga ge- neral, se prohibieron las confiscaciones y cacheos no autorizados y, especialmente, las al parecer fre- cuentes requisas a los comerciantes. También tuvo lugar el comienzo de la suscripción para atender las necesidades económicas del Frente Popular, comple- mento de los regulares impuestos y actividad común a las dos zonas en guerra. Los encarcelamientos de las personas consideradas próximas a los rebeldes ha- bían comenzado el 20 de julio, cuando la existencia

de los grupos armados empezó a ser algo habitual. Un temor creciente atenazaba a los conspiradores, y la larga espera del coronel Pérez García-Argüelles, las noticias del fracaso de la sublevación en las princi- pales ciudades del país, así como el robustecimien- to que presentaban las fuerzas frentepopulistas en la provincia incrementaron la sensación de derrota entre los favorables a la rebelión.

A lo que se asistía paulatinamente en Cantabria era a la consolidación de la pujanza de los grupos opuestos a la sublevación involucionista; que, al tiempo, estaban creando un nuevo poder sustitu- torio del desmoronado a partir del 18 de julio. Un paso más en ese sentido de afianzamiento lo dará Ruiz Olazarán esa tarde del día 22, al solicitar des- de las ondas radiofónicas que se reunieran todos los hombres armados, con la prohibición asimismo de la circulación de milicianos con arma larga, el encar- go de los servicios de vigilancia a la Guardia Civil y a los Carabineros y, finalmente, la amenaza a quienes saqueaban con la falsa excusa de hacerlo siguiendo órdenes del Frente Popular.

Las autoridades consideraron asimismo necesario contar con las fuerzas militares profesionales a su alcance para controlar la probable actitud sediciosa del coronel, que permanecía en calidad de semia- cuartelado en las dependencias regimentales. A tal fin, se hizo llegar a Santander una compañía de ame- tralladoras del destacamento santoñés, que quedó apostada en el antiguo cuartel de la Remonta, en el Campogiro. Se decidió a su vez formar una colum- na que habría de marchar hacia Reinosa para acla- rar la situación producida el día anterior en aquella ciudad. Para ello fue llamado García Vayas, que se encontraba en el puerto de Los Tornos. El coman- dante dejó parte de las fuerzas que había desplazado al sureste de la provincia, en el límite con la de Bur- gos, al mando del capitán Bueno, y finalmente alojó también a su tropa en el Campogiro. El cuartel del Alta, sede del regimiento de infantería, estaba desde entonces en un estado de “sitio preventivo”.

Día 7

Se llegaba así al jueves 23 de julio, cuando la co- lumna cuya formación había sido encomendada por

el Gobierno Civil al coronel Pérez García-Argüelles salió de la ciudad de Santander al mando del co- mandante García Vayas. Compuesta exclusivamen- te por fuerzas militares profesionales del arma de infantería y de los cuerpos de Asalto, Guardia Ci- vil y Carabineros, el destacamento se hallaba a las órdenes del capitán del regimiento Francisco de la Brena, si bien el propio García Vayas fue el encar- gado de llevarlo hasta Reinosa. La dotación de guar- dias de asalto que, al mando del teniente Alfonso Jambrina, integraba la columna iba a proporcionar efectivos militarizados leales al sur de la provincia, mientras que el resto regresó a las pocas horas a la capital cántabra. Y es que a quienes se enfrentaban  a la sublevación les preocupaba más lo que pudiera ocurrir en el cuartel santanderino que cuanto tuviera lugar en la raya con las provincias rebeldes.

Día 8

El viernes 24 de julio, continuaron en vigor la normas del Frente Popular relativas al control de la población que él mismo había armado desordena- damente. El “comité-gobierno” cántabro nombró  al comandante de intendencia José Motta organi- zador de las milicias y, por otro lado, prohibió la circulación de personas armadas por medio de un documento firmado por la anarcosindicalista Con- federación Nacional del Trabajo (CNT), la Fede- ración de Agrupaciones Socialistas, la ugetista Fe- deración Obrera Montañesa (FOM) y los grupos republicanos. Empero, pese al creciente dominio frentepopulista, el rumor de que desde Burgos ve- nía hacia Santander una columna rebelde estuvo a punto de provocar el desplome de los valedores del régimen republicano. Un par de emisarios de Pedro Sáinz Rodríguez, provenientes de Burgos, habían entrado al cuartel ese día 24 con una carta del dipu- tado para el coronel. Este último, estimulado por el contenido de aquélla, que le aseguraba la inmediata llegada de tropas de la capital castellana, transmitía a Pino Patiño un mensaje para que le enviara los paisanos que ya le había ofrecido con anterioridad. Pero, tras varios días comprobando que las organi- zaciones contrarias a la sublevación poseían la prin- cipal capacidad decisoria y que su primordial baza, el regimiento de infantería, permanecía preventiva- mente acuartelada, la descoordinación y el desánimo

entre los confabulados santanderinos era ya tal que la reconsideración que el coronel hacía de su ambi- gua postura no les permitirá aprovecharse de la nue- va coyuntura.

De otro lado, cabe destacar el proceso sus- titutorio del poder desmoronado a raíz del inicio   de la rebelión por un “nuevo poder”, en origen leal a aquél, pero obligado por aquélla a redefinirse. El 24 de julio empezaba a funcionar en el edificio del Ayuntamiento santanderino un tribunal cuyo fiscal será el de la Audiencia de Zaragoza, de vacaciones en la capital cántabra, Juan Garzón Pérez. Lo que da muestra de que no sólo había sido imprescindible crear casi de la nada un nuevo poder político en la provincia, desconectada como estaba ésta del gobier- no legítimo radicado en Madrid; sino que también tenía lugar en esos días la sustitución de la antigua administración de justicia por lo que ha sido dado en llamar “justicia de guerra”, es decir, “el proce- dimiento de urgencia-sumarísimo-radical” que fue “aplicado por los tribunales especiales que asumie- ron amplias competencias” en ambas zonas en lucha durante la Guerra Civil española (y aquí citamos a Juan Antonio Alejandre: “La justicia penal”, p. 84, en Sociedad y guerra, vol. 14 de La Guerra Civil, Historia 16, 1986-1988).

Día 9

Las autoridades frentepopulistas decidieron el sábado 25 de julio solicitar finalmente al coronel Pérez García-Argüelles el cese de su potestad mili- tar en la provincia, para lo cual simularon una orden telefónica. El jefe del regimiento contestó que sólo una disposición por escrito le obligaría a renunciar  a su mando. Entonces, Ruiz Olazarán consiguió una comunicación telegráfica en la cual figuraba la (falsa) orden del Ministerio de la Guerra resignando el mando del Regimiento de Infantería Valencia nº 21 y de la comandancia militar de la provincia en la persona del comandante José García Vayas.

El coronel Pérez García-Argüelles se había pasado más de una semana esperando una notificación ofi- cial que le indicara cual debería de ser su actuación. Ignorante de que se habían interceptado las comuni- caciones que los sublevados le enviaron para exigirle

su levantamiento de la provincia, el coronel finalizó aceptando el telegrama, falso, que le reclamaba la entrega de su mando al jefe militar en suelo cántabro que mayor fidelidad había mostrado a las autorida- des leales.

El comandante García Vayas acudió hacia las 4 de la tarde de ese sábado 25 al cuartel de infantería para hacerse cargo del mando entregado por el pro- pio coronel. Inmediatamente, y tras la despedida de éste, el comandante ordenó que se retiraran los sa- cos terreros, las ametralladoras emplazadas y las otras medidas defensivas.

No obstante, antes de que García Vayas accediera al interior de las dependencias del regimiento de in- fantería para hacerse cargo del más alto mando mi- litar de la provincia, militares y milicianos rodearon el cuartel, en cuyas instalaciones penetró el nuevo jefe militar en suelo cántabro, acompañado del co- mandante y organizador de las milicias, José Motta, y del capitán de los Guardias de Asalto, César Puig. El comandante García Vayas permitió en seguida la entrada de los paisanos armados y, de acuerdo con el “Comité de Guerra” —todavía inexistente como tal (ya que no se constituiría oficialmente hasta el 27 de julio, dos días más tarde), aunque es evidente que ya existía antes, si bien sin esa denominación y formu- lación concreta—, puso a la mayoría de los oficiales bajo arresto domiciliario.

Finalmente, soldados, milicianos y obreros frente- populistas recorrieron la capital santanderina, mos- trando su júbilo por el triunfo sobre una subleva- ción que en realidad nunca existió.

Aquel 25 de julio de 1936, la provincia de San- tander, junto a una reducida parte de las limítrofes Palencia y Burgos, pasaba a integrar una de las zonas en las que España había quedado literalmente par- tida por el efecto de un fallido intento de rebelión militar, transformado ya en una verdadera guerra ci- vil. Trece meses más tarde, tropas del generalísimo Francisco Franco acabarán con la primera experien- cia de gobierno autónomo en la región y unirán el territorio cántabro al nuevo Estado destructor del ordenamiento constitucional republicano.