Cristina Sánchez, Anabel Lapuente y Adolfo Barrena en la rueda de prensa de PAMA.
La Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PAMA) —que aglutina a una veintena de entidades memorialistas aragonesas— ha comparecido este jueves en rueda de prensa para presentar las iniciativas que han registrado ante las Cortes de Aragón en relación con los últimos datos conocidos sobre la actualización del mapa de fosas de Aragón. También han informado sobre el servicio de asesoría y apoyo para la búsqueda de víctimas de la represión franquista que pone PAMA a disposición de las familias interesadas.
Anabel Lapuente, presidenta de PAMA, ha vuelto a criticar, como hicieran hace un mes, que las entidades memorialistas han conocido a través de la prensa, "porque no se han dignado darnos el informe", la actualización del registro de fosas comunes de la guerra de de 1936 que presenta el Gobierno de Aragón. Ante ello, ha querido hacer una serie de "precisiones". "PAMA viene reiterando, desde hace años, la necesidad y obligación del gobierno de turno de actualizar el mapa elaborado entre 2008 y 2010. Este mapa, desde 2011, podía verse en la web de SIPCA (Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés). En estos momentos no está accesible".
"El Departamento de Educación, el que dirige Tomasa Hernández, no ha tenido a bien enviar el informe a PAMA, o a las asociaciones memorialistas, que lo vienen reclamando desde hace años", ha denunciado Lapuente. Así, ha explicado que, según los datos que da el Gobierno de Jorge Azcón a la prensa, existen 1.246 fosas, "es decir 123 más que las señaladas en el mapa de 2011". "De ellas hay 444 en la provincia de Teruel, 432 en la de Zaragoza y 370 en la de Uesca".
"Se interviene en 17 fosas al año. A este ritmo necesitaríamos 55 años más para actuar en las fosas localizadas hasta ahora. En ninguna de ellas se ha actuado de oficio por parte de las administraciones públicas. Todas han sido a iniciativa de las asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas"
"Nos dicen que se ha intervenido en 309. No sabemos si ese cómputo de 309 están descontados de las existentes. Pero, en cualquier caso, lo lamentable es que en 47 años de democracia se ha actuado en el 25% de las existentes", ha remarcado la presidenta de PAMA para denunciar que "en los 18 años de vigencia de leyes estatales de memoria democrática —la de 2007 y la actual de 2022—, y los cuatro de vigencia de la ley aragonesa de 2018 —la que derogaron PP y Vox, pendiente de resolución del Tribunal Constitucional— se ha actuado en una de cada cuatro fosas".
El resultado, ha continuado Lapuente, es que se interviene en 17 fosas al año. "A este ritmo necesitaríamos 55 años más para actuar en las fosas localizadas hasta ahora". Además, "en ninguna de ellas se ha actuado de oficio por parte de las administraciones públicas. Todas han sido a iniciativa de las asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas". Incluso en el algunos cosas, como el reciente con ARMH en Caspe, el Gobierno aragonés ni siquiera se ha dignado a responder.
Por eso, PAMA ha denunciado que el Gobierno de Azcón, "demostrando su insensibilidad hacia las víctimas", declara 197 fosas a "extinguir", invocan "dificultad de acceso" o que "no hay reclamaciones de familiares de posibles personas enterradas en ellas". "Pero los y las familiares no han tenido, ni siquiera, información suficiente para saber donde pudo acabar el cuerpo de su antepasado o antepasada asesinada porque no hay censos oficiales, no hay un servicio público de información y el acceso a la documentación de aquellos años no es fácil", han reprochado.
"Azcón y su Gobierno dicen que siguen trabajando, pero no aportan apenas recursos económicos". En este sentido, PAMA ha detallado que en el ejercicio de 2024 se han destinado a exhumaciones 237.000 euros. Pero el compromiso del Gobierno de Aragón "queda reducido a una inversión de 110.000 euros que es inferior a la que destina la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (127.000 euros) y cuatro veces inferior a los 450.000 euros que destina para los mismos fines la Diputación de Zaragoza".
"¿Por qué no ha trasladado el Departamento de Educación los datos actualizados a PAMA, a las asociaciones memorialistas y a las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo?"
En estos momentos, "no se está actuando en ninguna de las fosas existentes en Aragón pues los trabajos iniciados en algunas de ellas están pendientes de la financiación necesaria para este ejercicio", ha continuado Adolfo Barrena, secretario de PAMA. Por todo ello, PAMA ha decidido recurrir a las Cortes de Aragón para reclamar, primero información y después compromiso y recursos económicos.
Así, Barrena ha detallado el contenido de las siete preguntas presentadas a las Cortes. "¿Por qué no ha trasladado el Departamento de Educación los datos actualizados a PAMA, a las asociaciones memorialistas y a las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo? ¿Piensa trasladarnos esa información? ¿Cuándo tiene previsto el Departamento de Educación incorporar a la web del Mapa de Fosas Comunes de Aragón en SIPCA las 123 nuevas fosas que hay que añadir al inventario conocido hasta ahora? ¿Cuál es la localización exacta de las 197 fosas que el Departamento de Educación declara como extinguidas? ¿Cuáles son los criterios utilizados para declarar extinguidas 197 fosas? ¿Qué medidas piensa adoptar para recuperar, exhumar e identificar a las víctimas enterradas en esos lugares? ¿Cómo pueden la ciudadanía, las asociaciones memorialistas y las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo tener acceso a esa base de datos de uso público?".
Asesoría para la búsqueda de víctimas de la represión franquista
Finalmente Cristina Sánchez, historiadora y arqueóloga forense, ha dado cuenta del servicio de asesoría e información que pone en marcha PAMA. "Con el objetivo de hacerlo, y hacer efectiva así parte de la legislación estatal en materia de memoria democrática, la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón ha puesto en marcha un servicio de orientación y asesoría sobre lo relativo a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, a sus familiares, administraciones públicas, centros educativos y asociaciones que lo requieran", ha detallado.
Su campo de actuación será "informar, orientar y acompañar en la medida de lo posible en diversos frentes", ha añadido Sánchez. Estos son, orientación y colaboración para el acceso a archivos y hemerotecas, la búsqueda de información y documentación sobre el pasado, trayectoria, asesinato o robo e incautación de los bienes de su familia o cualquier otro tipo de violencia sufrida.
También, protección de los Lugares de Memoria Democrática como patrimonio histórico. "Se recopilarán testimonios de quienes conozcan la localización de un enterramiento clandestino de víctimas, para su documentación, investigación y notificación a la administración", ha dicho Sánchez.
De la misma manera, se colaborará en la eliminación de símbolos franquistas en el espacio público y la prohibición de actos de exaltación de la dictadura siendo un espacio donde denunciar su presencia y ubicación.
Por último, Cristina Sánchez ha explicado que una de las principales tareas de la oficina es la atención a familiares de víctimas en la localización, exhumación e identificación de personas asesinadas durante la guerra y la posterior dictadura. "Consistirá en explicar cómo funciona y en qué consiste el proceso, así como colaborar en su puesta en marcha siempre que sea posible".
El contacto con esta asesoría puede hacerse a través de la página web de PAMA: www.pamamemoriademocratica.es. En el menú de navegación lateral de la página, a la izquierda, la última entrada es “contacto”. Ahí las personas interesadas tienen una caja de comentario donde exponer su necesidad y dejar su correo electrónico o teléfono para que la Plataforma se ponga en contacto con ellas. La otra manera de comunicarse con esta oficina es llamando al número 643 10 97 21 en el horario de atención, que es los lunes de 9:00 a 19:00 horas. "Tanto de esa forma como a través de la web, se les indicarán los pasos siguientes, que pueden incluir la atención presencial", ha concluido Sánchez.
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