El Consejo de la Memoria elegirá a 10 expertos para analizar violaciones de derechos humanos en la Guerra Civil y la dictadura. Sumar critica que el Gobierno permita a “la secta”, en alusión a los benedictinos, permanecer en Cuelgamuros
El Gobierno ha anunciado que este verano se activará una suerte de comisión de la verdad, esto es, el grupo de expertos que analizarán la documentación existente sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El primer paso, según ha avanzado Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática este lunes, será la aprobación, en el próximo Consejo de Ministros o el siguiente, del llamado Consejo de la Memoria Democrática, que contará con 32 miembros. La ley de octubre de 2022 lo preveía ya en su artículo 57, pero es uno de los aspectos de la norma que ha sufrido retraso en su desarrollo, entre otros motivos, por el apretado calendario electoral de 2023 y 2024. El consejo es un órgano “colegiado consultivo de participación de las entidades memorialistas” y tiene entre sus funciones la de constituir esa comisión de la verdad que será de carácter “estatal, académico, no judicial e independiente”.
El principal objetivo de esta comisión es sistematizar la información existente, fragmentada y dispersa, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, consultando archivos y recabando testimonios para contribuir, entre otros asuntos, a la elaboración de un censo oficial y estatal de víctimas, como también prevé la ley en su artículo 9. Contará con diez miembros, “historiadores, especialistas del mundo académico y expertos en derechos humanos de reconocido prestigio”, según avanza el secretario de Estado de Memoria Democrática. Propondrán un plan ordenado de investigaciones y elaborarán un informe de conclusiones que sirva “para la reparación de las víctimas y para evitar a que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro”. Ese es el objetivo de las distintas comisiones de la verdad que se han celebrado en el mundo, en aquellos países, como España, con un pasado traumático.
Martínez ha avanzado el plan para constituir el Consejo de Memoria Democrática durante unas jornadas celebradas este lunes en el Congreso de los Diputados con motivo del día internacional del Derecho a la Verdad y organizadas por la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. En el acto han participado asociaciones memorialistas de distintos territorios, representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar y ERC y la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado. Durante el turno de los diputados, Enrique de Santiago, de Sumar, partido integrado en el Gobierno de coalición, ha criticado el plan de resignificación del Valle de Cuelgamuros pactado entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la Santa Sede y por el que la comunidad benedictina podrá permanecer finalmente en el lugar. “Sabemos que los equilibrios son muy complicados, pero no parece que esa secta vaya a cambiar su orientación porque cambien al prior. No estamos contentos con el proceso de resignificación”, zanjó. El portavoz de memoria del grupo socialista en el Congreso, Raúl Díaz Marín, apuntó —advirtiendo que se metía “en un jardín”— que podía “compartir” con De Santiago la necesidad de “desacralizar” el Valle —lo que no está previsto en el acuerdo—, si bien destacó la importancia del concurso de ideas para dar una mirada democrática al conjunto, con un museo o centro de interpretación que sirva para explicar la Guerra Civil y la dictadura a las nuevas generaciones. Con eso, auguró, a los “fascistas que suben allí” se les quitarán las ganas de visitarlo.
El acceso a la Justicia
Por su parte, la fiscal de sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, expuso las herramientas de las que disponen y las dificultades a las que se enfrentan para abrir la puerta de la Justicia a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Aseguró que la ley de 2022 supuso un “cambio de paradigma” porque, al contrario que la norma anterior, de 2007, dedica dos artículos específicos a la Justicia: el 28 y el 29. El 28 estableció la figura del fiscal de sala para la “investigación” de las violaciones de derechos humanos en ese periodo e impulsar la búsqueda de desaparecidos. El 29 hace referencia por primera vez al “derecho a la investigación” que el Estado debe “garantizar” a las víctimas mediante “la tutela judicial en los procedimientos encaminados a la obtención de una declaración judicial” sobre dichos crímenes y promoviendo “inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las personas desaparecidas como consecuencia de la guerra y la represión ejercida en la dictadura posterior”.
“Podría haberse hecho antes”, lamentó Delgado, “con una adecuada interpretación de la Constitución española, que en su artículo 10.2 ya dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Dichos tratados y convenios internacionales suscritos por España y, por tanto, publicados en el BOE, establecen, como han recordado relatores de Naciones Unidas en numerosas ocasiones, una serie de obligaciones para el Estado, entre otras, destacó la fiscal, “la de garantizar el derecho a conocer la verdad, a la búsqueda de los desaparecidos y a investigar los crímenes y graves violaciones de derechos humanos: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, represión de las ideas...”. Esa interpretación de la Constitución no llegó a materializarse y surgieron otros obstáculos. “En el ámbito penal”, recordó Delgado, “solo hubo un juicio, precisamente contra el juez que pretendía investigar crímenes franquismo [en alusión a Baltasar Garzón] y la sentencia por la que fue absuelto era una advertencia de que no se podía investigar. También nos estamos encontrando dificultades en los órganos judiciales que archivan querellas con el argumento de que no pueden iniciar un procedimiento penal si no hay victimarios [porque ya han muerto], porque los hechos han prescrito o porque se les aplica la ley de amnistía de 1977″. “Pero esta Fiscalía”, añadió, “no comparte que esos hechos no se puedan investigar porque conforme a los tratados internacionales, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, una verdad judicial, independientemente de que podamos o no sentar al victimario en un banquillo. Tenemos a 45 fiscales delegados en todo el territorio que están muy cerca de las fosas y cuando aparecen en una de ellas restos cadavéricos con signos de muerte violenta deben ir a levantar esos cadáveres como en cualquier otro caso. La ley de memoria democrática”, advirtió, “es para todo el Estado español y las leyes autonómicas [en alusión a las pactadas por PP y Vox] no pueden ir en contra de la ley estatal”.
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