La represión de la dictadura franquista tuvo muchas derivadas, que llenaron las cárceles y las fosas comunes del país, pero que también dejaron a muchas personas sin trabajo por sus ideales o actividades políticas y sindicales. “La represión laboral es muy desconocida”, considera Mayka Muñoz, doctora en Historia Contemporánea y archivera en la Fundación 1º de Mayo de CCOO. Para arrojar luz sobre esta, la entidad señala una fuente de información clave y por el momento inaccesible: “169 cajas” con expedientes de personas amnistiadas en 1977 que atesora el Ministerio de Trabajo.
Se trata de parte del archivo documental central del Ministerio que dirige Yolanda Díaz, que contiene información de personas que pudieron beneficiarse de la amnistía laboral de la Transición, según una respuesta del propio Ministerio de Trabajo a la Fundación 1º de Mayo en una consulta dentro de sus tareas de investigación y documentación de la represión laboral de la dictadura.
“Queremos saber no solo qué pasó en franquismo, sino también en la Transición”, sostiene Mayka Muñoz. Los trabajadores “depurados” durante la guerra civil y el inicio de la dictadura están algo más documentados, indica la historiadora, pero hay un gran vacío de información sobre las personas despedidas simplemente por “participar en plantes”, paros y protestas laborales, así como por su ideología. “Las empresas identificaban quiénes eran los dirigentes sindicales y les echaban. También a gente que participaba en una reunión o movilización social y que era detenida, a la que despedían por haber pasado por la cárcel”, pone como ejemplo la archivera.
Al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática y su previsión de crear un censo estatal de víctimas, la fundación de CCOO ha pedido a Trabajo que facilite “los datos relativos a personas afectadas” por la amnistía laboral a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El objetivo: “Elaborar una lista de víctimas despedidas de sus empresas por desarrollar actividades políticas y/o sindicales durante la dictadura”.
“La ley conmina a que se haga un registro de víctimas y no vemos que nadie haya empezado a hacer nada. Estos datos están ahí, lo sabemos, así que hemos escrito al Ministerio de Trabajo para que actúe. Las leyes están muy bien, pero si luego no afloran los archivos y no se hace este registro, da lo mismo”, afirma Fernando Lezcano, presidente de la Fundación 1º de Mayo.
169 cajas con expedientes de la amnistía laboral
La Fundación ha puesto así el foco en el archivo del Ministerio de Trabajo, que alberga una serie con “expedientes económicos de gasto” de transferencias a la Seguridad Social fruto de la aplicación de la Ley 46/1977 de Amnistía. “Dicha serie, aunque incompleta al estar pendiente de que el Archivo Central reciba nuevas transferencias, consta de un total de 169 cajas”, cifra la fundación, según la respuesta que el propio Ministerio facilitó a la entidad en febrero.
Por motivos de protección de datos, el Ministerio no les dio acceso a estas cajas, explica Mayka Muñoz, pero sí a algunos expedientes de personas conocidas del sindicato para las que pudieron tramitar la solicitud específica y consultar sus fichas.
Al ser partidas de gasto, y a la luz de los archivos consultadas, la historiadora considera que gran parte de los expedientes pueden referirse al pago de “las cuotas no satisfechas a la Seguridad Social o a las mutualidades correspondientes por haber sido despedidos/as por realizar plantes, huelgas o haber sido detenidos/as en asambleas y manifestaciones”. Así es en el caso de algunos de los expedientes consultados por la fundación. “Pero no sabemos qué más puede haber”, añade Muñoz.
Un punto de partida, hay más represaliados
En la Fundación 1º de Mayo destacan que estas 169 cajas son un primer paso para aflorar al conjunto de víctimas sancionadas laboralmente por el franquismo. “Puede haber mucha más gente represaliada que no aparece en estos archivos por razones diversas, por ejemplo porque fallecieran antes de la amnistía, pero lo que sí es seguro es que quienes figuren en los expedientes son represaliados”, subraya Lezcano.
La historiadora Mayka Muñoz, involucrada en la publicación de un libro de la fundación sobre este tipo de represión, destaca también la importancia de conocer y documentar la propia amnistía en esta derivada de derechos laborales. “Fue una reparación, una conquista del movimiento obrero” en los inicios de la restauración democrática, destaca la historiadora, que devolvió a trabajadores a sus puestos después de haber sido despedidos por motivos ideológicos.
“Todas las reclamaciones de amnistía laboral tenían que pasar por las respectivas Magistraturas de Trabajo”, explica Muñoz. “Ahora bien, en los juicios se tenía que probar que el motivo del despido era político o sindical, porque en muchos de ellos la dirección aducía supuestos que se consideraban legítimos dentro de las normas laborales. Por esa razón fue tan importante el papel de la abogacía laboralista en la aplicación práctica de la amnistía laboral”, añade la historiadora.
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