La Sala alude a Franco como "Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento", evitando la palabra dictador y eludiendo que la República acabó en 1939, tras la guerra. Es decir, los magistrados validan que fuera el legítimo jefe de Estado tras el golpe militar.
La fecha de 1 de octubre a la que se refiere el alto tribunal no es casual. En esa fecha, la Junta de Defensa Nacional -organismo creado el 25 de julio del 36 por los militares sublevados en el fallido golpe de Estado que dio arranque a la Guerra Civil- proclamó a Franco jefe de Estado con un desfile militar en Burgos.
El auto atribuye al proceso unos "rasgos especiales que no se puede ignorar", por haber sido Franco Jefe del Estado, y, de ahí, inducen los "perjuicios irreparables".
https://www.eldiario.es/sociedad/Supremo-exhumacion-Franco-Valle-Caidos_0_906060082.html
El Supremo paraliza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos
Los magistrados admiten detener el proceso cautelarmente hasta que tomen una decisión definitiva sobre el traslado de los restos del dictador
La decisión, tomada por unanimidad, dice que trata de "evitar el perjuicio que se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado"
La Sala alude a Franco como "Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento", obviando que hubo un golpe de estado, una guerra y que la República acabó en 1939
Una mujer junto a la tumba del general Francisco Franco, en el Valle de los Caídos / EFE
El recurso de la familia del dictador ha surtido efecto. Al menos de momento. Los magistrados del Tribunal Supremo han decidido que se detenga el proceso de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que haya una decisión firme. La fundación Francisco Franco y el prior de la basílica también habían recurrido. Los trabajos para sacar la momia de Franco de la basílica estaban previstos para el próximo 10 de junio una vez que el Gobierno dio por cerrado el expediente administrativo para trasladar los restos a un cementerio de El Pardo (Madrid).
La sección Cuarta de la sala III del Tribunal Supremo ha tomado la decisión por unanimidad. Entre las justificaciones, se aduce que "la razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan", ha informado el Tribunal nada más conocerse la paralización.
Los magistrados admiten que el traslado no es "irreversible" en lo material, pero que si, finalmente, consideraran que no puede exhumarse una vez enterrados los restos en otro lugar, se produciría una situación "extremadamente perjudicial" por las características "singulares y únicas del caso". El auto atribuye al proceso unos "rasgos especiales que no se puede ignorar", por haber sido Franco Jefe del Estado, y, de ahí, inducen los "perjuicios irreparables".
Una de las frases más controvertidas del auto ha sido en la que la Sala alude a Francisco Franco como "Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento", evitando la palabra dictador y eludiendo además que la República acabó en 1939, tras la guerra. Es decir, los magistrados validan que fuera el legítimo jefe de Estado tras el golpe militar.
Fallo definitivo en un "plazo razonable"
La resolución de este martes admite que, en los acuerdos para la exhumación de Franco, "está también presente el interés general. El que expresa la Ley 52/2007", la ley de memoria histórica. Y que, en principio, la postura final del Supremo no debería prolongarse demasiado: "Teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable".
Este acuerdo es un nuevo tropiezo en el periplo para intentar que Francisco Franco no permanezca más tiempo en el Valle, donde fue enterrado en 1975. La primera intención del Gobierno socialista de Pedro Sánchez fue que esta operación se realizara rápidamente, pocos meses después de su triunfo en la moción de censura. Enseguida se comprobó que la primera fecha indicada por el presidente, julio de 2018, no iba a ser posible. La negativa de la familia y los procesos judiciales han sido una freno constante. La segunda estación marcada por el Ejecutivo fue después del verano del año pasado y, en todo caso, se repetía en Moncloa: "Cuanto antes".
Ante el alargamiento, el 12 de octubre de 2018, Pedro Sánchez se escudaba en que "no depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos" para justificar el paso del tiempo sin que Francisco Franco fuera exhumado. Finalmente, el decreto se firmó el 15 de marzo de este año. No era el golpe definitivo. La familia estiró la vía judicial y, por el camino, un juez madrileño intervino en las concesiones de licencias municipales para impedir que las maquinas pudieran hacer su trabajo. Ahora, los magistrados del Supremo consideran que trasladar la momia del dictador sería un daño irreparable si, más adelante, deciden que debe anularse la orden del Gobierno.
Tras conocerse la suspensión cautelar, fuentes de la Moncloa han admitido que se "pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte Sentencia sobre el fondo del asunto". El Gobierno ha quitado trascendencia a la decisión provisional del Supremo: "No es extraño que suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte". Y ha añadido que esta fase no afecta al fondo de la cuestión: la salida de los restos del Valle para inhumarse en El Pardo. El Gobierno reitera que está convencido de que "el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco".
Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha lamentado la paralización de la exhumación: "No tenemos que pagar con nuestros impuestos la tumba del dictador", ha dicho. Silva ha criticado que, según su criterio, la justicia española "nunca ha investigado judicial y penalmente ninguno de sus crímenes ni ha tratado de determinar si la fortuna de sus descendientes es legítima".
A pesar de que el Ejecutivo ya tiene preparada la "unidad de enterramiento" (la tumba) para Franco de Mingorrubio en El Pardo, el dictador se queda en la sepultura de la sierra madrileña.
El Supremo reconoce a Franco como jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil
El auto que paraliza la exhumación del dictador del Valle de los Caídos recoge que Francisco Franco fue "jefe del Estado" desde el 1 de octubre de 1936. Sin embargo, en aquella fecha, solo habían pasado dos meses desde el golpe militar del 18 de julio y quedaban por delante más de dos años de Guerra Civil.
El 1 de octubre de 1936 España se encontraba en plena Guerra Civil y los generales del Ejército que perpetraron el golpe de Estado del 18 de julio contra la democracia republicana trataban de reorganizarse. Querían afrontar la guerra, que ellos mismos habían provocado, con un mando único para evitar los problemas de coordinación que habían sufrido en los dos primeros meses de guerra, sobre todo tras las muertes de los generales Sanjurjo y Mola, que estaban llamados en principio a liderar el golpe de Estado.
En este contexto, la Junta de Defensa Nacional decide nombrar al general Francisco Franco como "jefe del Gobierno del Estado Español", quien ostentará "todos los poderes del nuevo Estado", tal y como recoge el BOE del 30 de septiembre de 1936. La decisión se oficializó en un ceremonia solemne celebrada en el salón del trono de la Capitanía General de Burgos el 1 de octubre de 1936. En el salón había unidades del Ejército, de Falange y el Requeté; y también representantes de la Italia fascista y la Alemania nazi, aliados en la Guerra Civil. Allí, Franco fue proclamado jefe del Gobierno del Estado español por parte de los golpistas del 18 de julio. Mientras tanto, Manuel Azaña permanecía como jefe del Estado de la España republicana, la que emanaba de la Constitución de 1931.
"El Supremo está dando validez al golpe de Estado e incluso a las decisiones de la Junta de Defensa"
Pues bien, el Supremo ha reconocido este martes, en el auto que paraliza la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, que Franco fue el "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936" hasta su muerte un 20 de noviembre de 1975. Es decir, el Supremo ha reconocido a Franco como jefe del Estado en plena Guerra Civil, cuando aún permanecía en pie el Estado republicano, que se asentaba sobre la legalidad de la Constitución española de 1931.
Este reconocimiento ha hecho saltar la alarma de historiadores como Gonzalo Berger, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y docente universitario. "El Supremo está dando legitimidad con esa frase al golpe de Estado del 18 de julio. Le da validez al golpe de Estado e incluso a las decisiones de la Junta de Defensa. Es muy grave y peligroso".
En este sentido, Berger señala que el único jefe de Estado que había en España en aquel momento era Manuel Azaña, cuya legitimidad emanaba de la Constitución española de 1931 y de las urnas. "Es una frase muy sorprendente aunque también es sintomática de cómo están las cosas en el país. Se carga de un plumazo toda la legalidad republicana", prosigue Berger.
Por su parte, la también doctora en Historia Alicia Torija ha calificado la frase del auto del Supremo como "inadmisible": "Es directamente mentira. El Derecho tiene que basarse en la verdad. Es la verdad la que nos da garantías. Cuando se producen mentiras para hacer un argumentario que solo favorece a una parte se está blanqueando la historia".
"Decir que Franco es el jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 es lamentable e intolerable"
La doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid considera que en España "los juristas" tienen "dos problemas"que tienen que ver con su formación: "Por una parte, no estudian Derechos Humanos. Solo tenemos que ver sus planes de estudio. Por otra, tampoco estudian ni conocen Historia Contemporánea. Y este estudio es fundamental para poder evaluar con rigor figuras de nuestra historia como el dictador. Decir que Franco es el jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 es lamentable e intolerable. Cualquier profesor de Historia suspendería un alumno que le dijera que Franco era jefe del Estado en 1936", sentencia Torija.
Por otro lado, la doctora en Historia y profesora de la Universidad Carlos III Matilde Eiroa también ha criticado duramente que el Supremo señale que Franco era jefe del Estado en octubre de 1936. "Los magistrados suspenden en historia. ¿No saben que el 1 de octubre de 1936 el jefe de Estado era el elegido en las urnas republicanas y su nombre no era Franco? ¿Admiten como legal el nombramiento de jefe de estado por parte de un grupo de militares golpistas? ¿A qué jefe se refieren y de qué estado? La zona ocupada por los militares golpistas en octubre de 1936 era una pequeña parte del territorio nacional y no un Estado", se pregunta Matilde Eiroa.
"Los magistrados muestran un profundo desconocimiento de la historia de España con este escrito. Ni Franco era Jefe de Estado ni la zona rebelde era el estado español en octubre de 1936. El nombramiento que hicieron los militares rebeldes en esa fecha no debe ser legitimado por la justicia de un país democrático. Y mucho menos formar parte de un argumentario para no exhumar los restos de un dictador que fue Jefe de Estado a partir de 1939 por su triunfo en la guerra. Una vergüenza", sentencia Eiroa.
Reacción en redes
La reacción en redes sociales también ha sido instantánea. Así, el líder de IU, Alberto Garzón, ha denunciado que el hecho de que el Supremo reconozca a Franco como "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 dice mucho, demasiado, sobre el tipo de altas instancias judiciales que tenemos en este país". "Franquismo institucional que sale por los poros del sistema democrático", ha señalado el político.
Por su parte, Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha señalado que la frase del auto del Supremo "es una auténtica barbaridad". "Quizá la cercanía de uno de los jueces a la Fundación Franco, en algunos de cuyos actos ha participado, explique esto", denuncia Iglesias.
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La clase de historia que se perdieron cinco MAgistrados del Supremo: Franco fue jefe de Estado desde febrero de 1939
- Los historiadores explican que el dictador solo asume la totalidad de la soberanía nacional desde la pérdida de reconocimiento internacional de la República, acontecida en febrero de 1939
- Siguiendo la propaganda franquista, el auto del Supremo señala que Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, cuando fue nombrado generalísimo por los militares golpistas
- "Estos caballeros de la Sala Tercera no tienen mucha idea de historia", concluye Viñas. "Es un reflejo propagandístico franquista del Supremo", lamenta Casanovas
Publicada el 05/06/2019 a las 06:00Actualizada el 04/06/2019 a las 22:48
El auto del Tribunal Supremo de este MArtes, en el que dicta la paralización de la exhuMAción de los restos del dictador Francisco Franco que pretende el Gobierno en funciones de Sánchez, contiene un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha generado polémica. En la exposición de motivos para justificar dicha decisión, toMAda por unanimidad por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero, aseguran que "don Francisco Franco Bahamonde" fue jefe de Estado "desde el 1 de octubre de 1936". En aquella fecha, y tras un largo tira y afloja entre Franco y el general Mola, el militar sublevado fue nombrado, efectivamente, jefe de Estado… por la Junta Nacional de Defensa, un órgano creado por los golpistas para ostentar el poder Ejecutivo en las zonas controladas por el frente nacional.
El Supremo afirMA que su posición como jefe de Estado "atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar", y asume que da comienzo cuando dictaminaron los franquistas. Es decir, asume lo que la propaganda franquista propagó durante las cuatro décadas de dictadura. Pero no lo que piensan los principales historiadores expertos en dicho periodo, que señalan la pérdida de reconocimiento internacional del gabinete de Azaña acontecida en febrero de 1939 como definitoria del cambio de MAnos de la autoridad suprema del Estado español.
Los historiadores consultados por infoLibre prefieren no acudir a argumentos políticos, de discusión de la legitimidad del golpe de Estado del bando de Franco, y sí a argumentos historiográficos. El catedrático Enrique Moradiellos apunta que el Supremo se equivoca estableciendo en el auto que Franco "era el único jefe de Estado existente. Es cierto que queda proclaMAdo jefe de Estado, pero no de todo el territorio", solo en una zona de España, por entonces bastante reducida. Había dos jefes de Estado, "igual que había dos bancos de España, por ejemplo", agrega. Toda Guerra Civil, explica Moradiellos, es una disputa por la soberanía nacional, por lo que más allá de legitimidades, el general del bando sublevado no podía ser el 1 de octubre jefe de Estado de todo el país.
El concepto se conoce como "soberanía múltiple" e implica que, siempre en términos de ciencia histórica, la Constitución de 1931 no se aplicaba en los territorios controlados por el frente nacional, aunque siguiera siendo legítiMA en términos democráticos. Para hablar de Francisco Franco como único jefe del Estado del país no hay que esperar al final oficial de la guerra, apunta Moradiellos, sino a una fecha ligeramente anterior: el 27 de febrero de 1939, cuando países como Reino Unido o Alemania dejan de reconocer al presidente de la República Española, Manuel Azaña, en dicho puesto. "Tras su dimisión, la jefatura de Estado republicana queda descabezada" y, de facto, es sustituida por la nueva legalidad franquista, argumenta el experto.
El reconocimiento internacional, así, es definitivo para hablar en historia de una única soberanía nacional cuando se encuentra en disputa. Hay ejemplos relevantes en la actualidad, como el caso de Venezuela tras la autoproclaMAción de Juan Guaidó. El historiador Julián Casanova coincide con Moradiellos en dicha circunstancia como comienzo de la jefatura de Estado de Franco, y apunta: "No hay ningún historiador que pueda asumir esa fecha", salvo, señala, estudiosos admiradores del franquismo como Pío Moa, que niegan la legitimidad a la democracia republicana apuntalada por la Constitución de 1931.
Ángel Viñas, historiador y autor del libro ¿Quién quiso la Guerra Civil? (Crítica) va más allá. "Estos caballeros de la Sala Tercera del Supremo no tienen mucha idea de historia. Creo que se puede decir con total rotundidad y sin faltarles el respeto en lo más mínimo", sentencia. "Cuando dicen que Franco fue el jefe de Estado desde el primero de octubre... eso es una estupidez rayana en el delirio". Por dos razones: una de índole "interna" y otra de índole "externa", apunta.
La interna: "El derecho español que existía ese día no era la perversión del derecho que habían hecho unos generales rebeldes", explica, asumiendo que en aquel momento el único orden que se debía seguir era el constitucional y republicano. Incluso asumiendo la lógica franquista que parece seguir el Supremo, Viñas puntualiza que Franco se proclamó aquel 1 de octubre "jefe del Gobierno del Estado", como así dispuso la Junta Nacional de Defensa, y solo unos días después se arrogó la Jefatura del Estado con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), engañando a los propios militares golpistas.
Viñas discrepa con Moradiellos en la interpretación de que en aquel momento coexistían dos jefes de Estado disputándose la soberanía nacional. Explica que en aquel momento, la proclaMAción franquista no fue respaldada por ningún país extranjero, por lo que ni siquiera tendría validez en el ámbito del derecho internacional, importante, como hemos explicado, para discernir quién representa la autoridad supreMA del país. Al igual que sus colegas, cita febrero del 39, con la dimisión de Azaña, como la fecha más aceptada del cambio de manos, aunque matiza: las potencias fascistas (Alemania e Italia) lo aceptaron antes, en mayo de 1937, y Estados Unidos algo después.
Casanova también es duro con la mención del 1 de octubre de 1936 como comienzo de la jefatura de Estado del dictador por parte de los MAgistrados. Solo se entiende, asegura, si el Alto Tribunal asume la propaganda franquista: "Es que eso no aparece así en ningún libro de historia. Y, además, no tiene ninguna necesidad de nombrar esa fecha. Es un reflejo propagandístico franquista del Supremo", critica.
Los expertos consultados en infoLibre señalan, por tanto, que la Sala ha preferido utilizar una fecha solo asumida como oficial por el régimen franquista, antes que la fecha asumida por la inmensa MAyoría de los historiadores.
Juezas y Jueces para la Democracia denuncia que el auto del Supremo muestra la "incapacidad de la justicia para perseguir los crímenes" del franquismo
- La organización judicial critica el principal argumento empleado por el alto tribunal para suspender la exhumación del dictador porque, dicen, los restos "se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal"
- La asociación también denuncia que, en el auto, los cinco magistrados aseguran que Franco fue jefe de Estado "desde el 1 de octubre de 1936": "Parece mentira esa falta de sensibilidad y de respeto"
Publicada el 05/06/2019 a las 10:10Actualizada el 05/06/2019 a las 10:37
Interior de la basílica del Valle de los Caídos donde está enterrado el dictador Francisco Franco.
EFE
"La decisión es insólita". Así valora la organización Juezas y Jueces para la Democracia el auto por el que el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La asociación judicial ha lamentado a través de un comunicado hecho público este miércoles que la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal —compuesta por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero— decidiera por unanimidad aceptar las medidas cautelares solicitadas por la familia del dictador y suspender así la extracción del cadáver del golpista, que estaba prevista para el próximo lunes 10 de junio. "No podemos sino lamentar esta decisión que confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron", critican.
Y es que el principal argumento empleado por la Sala no tiene sustento, a juicio de la organización. Se basaba en que, aceptando las medidas cautelares, se evitaría "el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". "Algo incomprensible", aseguran desde Juezas y Jueces para la Democracia. "Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público", añaden.
Pero es que, además, "la exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas en un lugar religioso, creencia que muchas de las víctimas no profesaban". Asimismo, recuerdan, "es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos".
Por último, la organización judicial denuncia también el trato que el Supremo da al dictador en su auto de este martes. En la exposición de motivos para justificar la paralización, los magistrados aseguran que "don Francisco Franco Bahamonde" fue jefe de Estado "desde el 1 de octubre de 1936". Pero en aquella fecha, y tras un largo tira y afloja entre Franco y el general Mola, el militar sublevado fue nombrado, efectivamente, jefe de Estado, pero por la Junta Nacional de Defensa, un órgano creado por los golpistas para ostentar el poder Ejecutivo en las zonas controladas por el frente nacional. "Tanto tiempo después de la Constitución y de la promulgación de la Ley de memoria histórica, y dos años después de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados sin votos en contra instando al Gobierno a exhumar los restos del dictador para sacarlos del Valle de los Caídos, parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad", denuncia la organización.
"Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación", sentencian.
Y es que el principal argumento empleado por la Sala no tiene sustento, a juicio de la organización. Se basaba en que, aceptando las medidas cautelares, se evitaría "el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". "Algo incomprensible", aseguran desde Juezas y Jueces para la Democracia. "Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público", añaden.
Pero es que, además, "la exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas en un lugar religioso, creencia que muchas de las víctimas no profesaban". Asimismo, recuerdan, "es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos".
Por último, la organización judicial denuncia también el trato que el Supremo da al dictador en su auto de este martes. En la exposición de motivos para justificar la paralización, los magistrados aseguran que "don Francisco Franco Bahamonde" fue jefe de Estado "desde el 1 de octubre de 1936". Pero en aquella fecha, y tras un largo tira y afloja entre Franco y el general Mola, el militar sublevado fue nombrado, efectivamente, jefe de Estado, pero por la Junta Nacional de Defensa, un órgano creado por los golpistas para ostentar el poder Ejecutivo en las zonas controladas por el frente nacional. "Tanto tiempo después de la Constitución y de la promulgación de la Ley de memoria histórica, y dos años después de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados sin votos en contra instando al Gobierno a exhumar los restos del dictador para sacarlos del Valle de los Caídos, parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad", denuncia la organización.
"Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación", sentencian.
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