Una nueva víctima acaba de fallecer sin encontrar a su hija. Redactaron la norma sobre el robo de neonatos durante el franquismo y la Transición hace casi siete años, pero sigue en el cajón
María Luisa tenía 73 años y llevaba otros tantos buscando a su hija, con la ayuda de su hermana Elena. Amigos y compañeros en su lucha, otras víctimas del robo de neonatos durante el franquismo y la Transición, acaban de enterarse de que María Luisa nunca podrá encontrarla. El 26 de diciembre de 2024, horas después de que millones de familias se reunieran con sus seres queridos para celebrar la Navidad, descubren que María Luisa ha muerto.
La noticia ha golpeado con dureza a las personas que durante años han escudriñado archivos, repasado fotografías, visitado cementerios en busca de una confirmación o siquiera de una pista que les acerque a la verdad. María Luisa es una más de las víctimas que presentaron una proposición de ley para facilitar las investigaciones sobre estos robos hace casi siete años, y que llevan seis meses esperando que el Congreso de los Diputados empiece siquiera a tramitarla. Ya comenzó con los trabajos dos veces, en anteriores legislaturas, sin concluirlos.
El momento de ver la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no llega, y se muestran desesperadas. “Es la lucha de una generación, sabemos que nuestros hijos no la van a continuar. Y las víctimas se nos van muriendo sin encontrar a sus familias”, asegura a Artículo14 Soledad Luque. Es la portavoz de la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella Argentina-CeAqua en esta materia, y presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, responsable del texto original.
Luque asegura que, como María Luisa, son varias las víctimas que han muerto a la espera de hallar el rastro de sus familiares. Los hechos ocurrieron hace décadas, y muchas de estas personas son hoy ancianas. Antonio falleció antes de encontrar a su hermano, como les ocurrió a Victoria y a Charo. Carmen no llegó a conocer a su hermana melliza. Adelina nunca pudo recuperar a su pequeño Bruno; se lo arrebataron cuando acababa de nacer.
La hermana mayor de Cristina tendría hoy 68 años. Ella apenas sabe que nació en diciembre de 1956, que pesó cuatro kilos y que la dieron por muerta en el hospital, sin entregarle un solo documento que lo certificase. Son algunos de los testimonios que recogen las víctimas, que se mantienen conectadas e informadas a la espera de una noticia que siempre se retrasa. Algunas pierden la paciencia y abandonan temporalmente sus búsquedas. Otras tiran la toalla y tratan de olvidar.
La proposición de ley tiene el apoyo de varias asociaciones de víctimas de todo el territorio, así como el de organizaciones como Amnistía Internacional. La iniciativa llegó a la Cámara por primera vez en 2018; la segunda fue en 2020, y volvió a aterrizar en ella a finales de mayo de este año. La firman los grupos Sumar, Junts per Catalunya, Republicano y EH Bildu, además de los partidos Podemos y BNG. PP, PSOE y PNV no la han rubricado en esta ocasión, pero sí han comprometido sus apoyos.
Se trata, además, de un compromiso plasmado en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar: “Impulsaremos una ley de ‘bebés robados’ que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias, permitiendo el acceso a los archivos, documentos públicos y privados y garantizando que todas las víctimas reciban reparación integral”. Ninguno de los dos socios de coalición se pronuncia sobre la fecha en la que llegará a pleno.
Es prácticamente el mismo escenario en el que vivían en verano; similar al que durante años vivieron los impulsores de normas como la Ley ELA, aunque estos últimos sí han logrado que el Parlamento atienda sus demandas. Las víctimas viven un escenario casi idéntico al de verano, salvo porque María Luisa y otras víctimas ya no están.
“Estamos al final de la lista”
Las víctimas son conscientes de que los grupos parlamentarios cuentan con un cupo máximo de iniciativas legislativas que pueden llevar a pleno en cada periodo de sesiones. A mayor número de diputados, mayor cupo. Cada grupo se organiza, fundamentalmente, en base a sus prioridades políticas, pero también tienen en cuenta el contexto, la agenda pública. Y estas víctimas sienten que están “al final de la lista” de prioridades.
“Nunca nos va a llegar el turno”, lamenta Luque. Llevan tres legislaturas esperando, con canales de comunicación abiertos con la práctica totalidad de los grupos, menos Vox. En 2018, la ley recibió el aval de todos los partidos. Tras la convocatoria electoral, en 2020 volvió a recibir luz verde del pleno para comenzar su tramitación, aunque en esta ocasión la ultraderecha se posicionó en contra. “No se robaron niños en ninguna trama por parte de ningún régimen”, afirmaron desde Vox. Incluso consideraron estos hechos “un invento” de la “izquierda socialcomunista”. Se quedaron solos en su rechazo.
La tramitación comenzó, pero el texto pasó tres años acumulando polvo. El plazo para presentar enmiendas se prorrogó en más de un centenar de ocasiones. Idealmente, estos plazos sirven para mejorar las normas, enriquecerlas y favorecer el debate. En muchas ocasiones, sin embargo, el limbo de las prórrogas funciona como una vía muerta de la que las leyes no vuelven a salir. El texto decayó por segunda vez con el adelanto electoral del 23-J, como había ocurrido cuatro años antes. Habían pasado exactamente tres años desde que logró el aval para iniciar su andadura.
Grosso modo, la proposición de ley persigue garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. Aborda el impulso de las investigaciones, garantizando el acceso a todo tipo de archivos, incluidos los de la Iglesia Católica; la creación de una Fiscalía especializada, una unidad de investigación de la Policía Judicial, y un banco público de ADN. También abarca la realización de exhumaciones con cargo al Ministerio de Justicia; el derecho a atención médica, jurídica y psicológica gratuita, así como la celebración de campañas de información y difusión sobre estos delitos. No contempla indemnizaciones.
El Registro del Congreso recoge varias iniciativas sobre los ‘bebés robados’ desde 2011; hay preguntas con respuesta oral y escrita al Gobierno (entre ellas, del PDeCat), una proposición no de ley (PNL) presentada por Unidas Podemos, y hasta la solicitud de creación de una comisión de investigación. En febrero de 2019, PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y el grupo Mixto rubricaron una declaración institucional en la que se expresaba “el reconocimiento público del drama del robo de bebés y la desaparición forzosa de menores”.
Los firmantes lamentaron no haber logrado aprobar la ley, y prometieron seguir trabajando en esta línea: “Las víctimas necesitan contar con instrumentos eficaces en la investigación de la verdad en las desapariciones de menores que de forma repetida han ocurrido en este país, con el consiguiente dolor y sufrimiento para las personas afectadas”, sostiene la declaración que suscribieron.
En mayo, cuando las víctimas registraron la proposición de ley, se mostraban esperanzadas. En agosto se sabían en una suerte de limbo, pero decían confiar en que, a la tercera legislatura, iría la vencida. Los meses pasan, algunos de sus compañeros mueren. Y cada día ven más difícil llegar a conocer a los hijos, hijas, hermanos, hermanas, primos y primas que les arrebataron hace décadas.
María Luisa no volvió a intentar ser madre: estaba demasiado asustada
María Luisa nació en Andalucía, pero ya residía en Madrid cuando se quedó embarazada. Algunos días antes de dar a luz, le comunicaron que el Hospital Reina Sofía no atendía a madres solteras, y le sugirieron acudir a La Casa de La Madre. Era 1979, y su hermana Elena recuerda cómo les explicaron que en este centro no hacían demasiadas preguntas. Antes del parto sentía dolor, y su madre y su hermano decidieron acompañarla. En el hospital les acabaron mandado a casa. Cuando llegó la hora del parto, la durmieron. La madre de María Luisa acudió poco después, y le informaron de que la bebé que esperaban había muerto. Insistió en verla y le mostraron un cadáver arrugado, morado. Luego se sucedieron los cambios de versión sobre el motivo de la muerte de la pequeña. Nunca les entregaron un certificado de defunción. Elena fue quien se hizo cargo de la búsqueda. Recuerda que presentaron denuncia en los Juzgados de Castilla. Se archivó en dos semanas. María Luisa nunca volvió a atreverse a intentar ser madre, “por si le pasaba otra vez”. Estaba demasiado asustada.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada