El robo de bebés y la apropiación de identidades fueron hechos que caracterizaron el terrorismo de Estado que ejerció última dictadura cívico militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, pero en España, tras la llegada al poder de Francisco Franco, estos delitos se cometieron durante décadas, y se calcula que más de 300 mil niños y niñas resultaron separados de sus familias en procesos irregulares de adopción que se extendieron hasta bien entrada la democracia.
La sustracción de un recién nacido y la supresión de su verdadera identidad son delitos tipificados como de lesa humanidad por la ONU, y bajo esta definición legal se esconden dolorosas historias que dejan heridas de por vida en la conciencia de las víctimas.
El juez Baltasar Garzón incluyó la trama de bebés robados en su causa contra el franquismo por crímenes contra la humanidad y 250 familias pusieron una denuncia colectiva en 2012.
El caso también ha sido denunciado ante la ONU siguiendo el ejemplo de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, donde esta entidad defensora de los derechos humanos logró recuperar 130 nietos, pero se estima que en España, el número de niños desaparecidos en España podría ser hasta diez veces mayor que en el caso argentino.
En el programa "La Pizarra", que se emite por la radio AM 750 se narró la historia de María Bueno, quien en 1981, padeció el robo de su hija recién nacida en una maternidad de Cádiz, donde le dijeron que la beba había muerto durante el parto.
"Era muy ingenua ¿Cómo iba a sospechar de mi ginecólogo? Me marché del hospital destrozada creyendo que mi hija había muerto y dejé de hablar durante seis meses. Aquello lo guardé en alguna parte donde se guardan las cosas que duelen", señaló Bueno.
Y en ese sentido, añadió a su historia que "siempre" le había quedado "la duda" sobre por qué no pude ver a su bebé cuándo salí del hospital", y contó que "era madre soltera y en esa época estaba absolutamente estigmatizada".
En 2001, necesitaba tener una constancia de su historial médico, y decidió solicitar un registro de que se hija se encontraba en el cementerio, pero no pudo dar con ninguna documentación.
"Puse una denuncia en una comisaría y con el correr de los meses me di cuenta que había en Andalucía 70 casos más parecidos al mío. La causa judicial estuvo tres años bajo secreto de sumario, y cuando lo levantaron, en el expediente no había nada", repasó Bueno.
Ante esta realidad, la mujer decidió fundan la Asociación por la Lucha de Madres por Bebés Robados de Andalucía (Alumbra) y también del foro internacional "Te Estamos Buscando" para luchar por la recuperación de la identidad de los menores apropiados.
"Es una vergüenza que después de 40 años de democracia las madres sigamos peleando por cosas tan básicas como encontrar a nuestros hijos. La impunidad es una tortura constante", indicó Bueno durante el programa.
Tras la victoria del denominado "bando nacional" en la Guerra Civil Española, los hijos de los republicanos que fueron encarcelados o ejecutados, fueron internados en orfanatos y entregados a otras familias.
El médico y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera llevó esta práctica hasta el paroxismo durante los primeros años de la dictadura de Franco, al llegar a recomendar la apropiación como un método con el cual extraer el 'gen rojo' que tenían los hijos de los republicanos, y por esa razón se ganó con los años el apodo del "Mengele español".
Pero esas metodologías de supresión de la identidad continuaron por años, e incluso en los años de la democracia, y el testimonio de Blanco, cuyo caso está archivado por prescripción, es una prueba de ello.
"Espero me devuelvan a mi hija, viva o muerta, pero conmigo, si murió que me devuelvan sus huesos y si está viva que la busquen, que la encuentren y que podamos conocernos. Después de 10 años de lucha no tengo esperanzas, solo tengo fuerzas y agallas para pelear porque me nace desde las entrañas, porque parí una hija, porque soy su madre y porque necesito saber de ella, saber su historia y recomponer la mía", puntualizó María.
En el envío fue consultada la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, quien afirmó que cada a pueblo tiene la posibilidad de construir su propia historia de reparación o de negación".
"Lo que sí tengo claro es que esa obligación de reparar la tienen los Estados que son los únicos que tienen la posibilidad de juzgar los crímenes aberrantes que tuvieron al propio Estado como sujeto central", subrayó la funcionaria.
El pasado 3 de septiembre, el ex ministro español Rodolfo Martín Villa declaró, a través de videoconferencia ante la jueza María Servini en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978.
La indagatoria de Rivas es el resultado de un querella que hace 10 años presentaron en desde Argentina Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández, familiares de víctimas del franquismo, que dio origen a una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977. (Télam)
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