Tras cuarenta años de dictadura y casi medio siglo de democracia, por fin en Córdoba las Administraciones del Estado parecen asumir el Deber de Memoria - empujadas sin duda por el movimiento memorialista y los familiares de víctimas del franquismo- y firman en diciembre de 2020 un convenio para proceder a la exhumación de las más de tres mil víctimas asesinadas y arrojadas a fosas comunes por los sublevados contra el legítimo estado republicano en los cementerios de la Salud y San Rafael.
Este convenio tarda casi tres años en comenzar a ejecutarse, cuatro desde los trabajos iniciales llevados a cabo en el cuadro de San Ramón en el cementerio de La Salud y las primeras tomas de ADN a los familiares, tiempo en el que estos siguen muriendo llevándose consigo no solo la herida abierta de la desaparición forzada de padres y abuelos sino la preciosa carga de ADN necesaria para su identificación personalizada. Un periodo en el que además los familiares no reciben absolutamente ninguna información acerca de los resultados de las pruebas de ADN realizadas cuatro años atrás ni de unos trabajos que arrojan resultados inciertos y no concluyentes para el abordaje total de intervenciones posteriores (Las cifras hablan por sí solas: de las 209 muestras llegadas al laboratorio de Granada desde 2019, 87 no cumplen la relación directa paterna/materna, 35 guardan relación paterna/materna muy alejada y hay que buscar más familiares. De cada 10 muestras tomadas 6 no han sido validas...y nada de esto ha sido comunicado a los familiares).
Hubo que esperar al 8 de mayo de 2024 para la apertura de la tan demandada Oficina de Víctimas en la vieja cárcel de Fátima, lugar en el que se realizará el próximo 21 de junio una recogida masiva de muestras genéticas a los descendientes de las víctimas sin haber sido aun estos informados de los resultados de las pruebas entregadas en la Universidad de Granada en marzo del 2019. A nadie se le ha notificado oficialmente ningún resultado, positivo o negativo. Después de más de cinco años de espera las administraciones son responsables no solo de sus actuaciones sino también de los sentimientos de frustración y desesperanza de los familiares, que constituyen el marco social de la memoria. La única información trasladada al efecto se realizó a través de la prensa a pesar de las incesantes preguntas realizadas en el Parlamento de Andalucía y las denuncias ante el defensor del pueblo andaluz.
Los evidentes retrasos e insuficiencias se despachan con el reiterado argumento de que “más vale esto que nada y mejor tarde que nunca”. Sin embargo, la realidad del proceso de exhumaciones en Córdoba presenta deficiencias graves que deben ser solucionadas cuanto antes, para evitar una nueva frustración de los anhelos de los familiares en lo que, esta vez sí, podría ser la última oportunidad histórica de recuperar dignamente no sólo la memoria sino los restos físicos de sus antepasados. Como ejemplo de desatención, la Oficina de Víctimas se abre después de haber dado por concluida la exhumación en San Rafael, por lo que los familiares de los allí sepultados han carecido de cualquier tipo de apoyo e información por parte de la administración municipal, vulnerando claramente sus derechos. El hecho de que tras cinco meses de trabajo y un gasto de dinero público de más de doscientos mil euros no se haya recuperado ninguna víctima en dicho cementerio evidencia también problemas de coordinación y planificación, ya que las catas realizadas entre 2.018 y 2.022 ya planteaban la elevada dificultad técnica y legal para intervenir en estas fosas y por ende era muy previsible el resultado
Dos objetivos centrales de las exhumaciones consisten en recuperar y reparar públicamente la memoria de las víctimas y entregar a sus descendientes los restos de las mujeres y hombres asesinados. En cuanto al primero, urge adoptar medidas que ya se han puesto en práctica en exhumaciones de otras grandes fosas en Andalucía. Entre ellas, la oferta desde el Ayuntamiento a centros educativos, centros cívicos y colectivos sociales para realizar visitas guiadas a las fosas con intención divulgativa y didáctica, o la planificación de actos públicos y difusión de materiales que expliquen desde el rigor histórico las circunstancias y causas que originaron las fosas para que nunca vuelvan a repetirse. El reconocimiento oficial y público de los hechos es fundamental para que los familiares superen el doloroso pasado y contribuye a la reparación de las víctimas y bienestar de sus hijos y nietos. Estas y otras iniciativas deben impulsarse desde la Oficina de Víctimas, dotándola de contenido real y estableciendo un marco de participación activa(no sólo reuniones informativas) en la toma de decisiones con las asociaciones memorialistas y de víctimas. Los familiares necesitan contar sus historias y sus historias hoy más que nunca necesitan ser contadas para que puedan sobrevivir.
La toma de muestras de ADN a familiares resulta crucial para el proceso de identificación genética, y desde aquí animamos a todos los familiares directos a acudir el 21 de junio al centro cívico de Fátima, pero nos encontramos con dos graves condiciones limitantes, una ya irreversible y otra superable. La primera tiene que ver con las décadas transcurridas sin que el estado asumiera el deber democrático de encontrar e identificar a las víctimas del franquismo, grave inacción que ha causado la situación actual con muchos hijos e hijas muertos o con dificultades de movilidad.
De este modo, mientras las víctimas se cuentan por miles, las tomas recogidas apenas llegarán en el mejor de los casos a unos pocos centenares (muchas de ellas repetidas u obtenidas a nietos, por desaparición de los hijos), con las evidentes y negativas consecuencias en la identificación del vínculo familiar. Esta situación se agrava por el sistema de realización de la prueba genética, ya que todas las muestras tomadas en Andalucía van a parar al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Granada, con resultados problemáticos tal y como se constata en muchos casos ya conocidos: tardanza de muchos meses en la realización de la prueba, confusión de datos, e incluso pérdida de los resultados en los vericuetos administrativos de la Junta de Andalucía. Resulta urgente a la vez que posible la habilitación de un centro provincial para la realización de las pruebas genéticas, lo que redundaría sin duda en una sustancial mejora de esta objetivo central y humanitario de toda exhumación.
La recuperación material de los restos mortales de las víctimas es la base de todo el proceso posterior de reparación e identificación, el factor sine qua non. En este sentido, tras 8 meses de trabajos en las fosas y con el parón previsto en los meses de verano, se han exhumado en torno a 190 cuerpos (todos en la Salud), de los que entre 40 y 50 presentan muestras de muerte violenta. Siguiendo este ritmo, la finalización del actual convenio a fines del 2025 llevará a una nueva y quizás definitiva frustración en las expectativas de muchas familias cordobesas, por lo que resulta imprescindible la ampliación del periodo de exhumaciones mejorando la obtención de resultados y las condiciones de las mismas en cuanto a reconocimiento público, atención a los familiares, pruebas de ADN y participación social. La Memoria de las víctimas, los derechos de sus descendientes y los valores democráticos compartidos por la ciudadanía cordobesa así lo exigen.
(*) Luis G. Naranjo es el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba y portavoz de la Asamblea Memorialista de Andalucía
Rafael Espino es el presidente de AREMHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera)
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