dissabte, 4 de juny de 2016

Juristas y políticos reclaman una Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/04/comision_verdad_50744_1012.html



  • Representantes de todos los partidos, excepto el PP, acudirán al acto organizado por la Plataforma por una Comisión de la Verdad
  • La asociación ha reunido más de 105.000 firmas para exigir la creación de un organismo que repare a las víctimas del franquismo

Publicada 04/06/2016 a las 06:00Actualizada 03/06/2016 a las 22:28  

El exjuez Baltasar Garzón.  ALBERTO MORANTE
El exjuez Baltasar Garzón. ALBERTO MORANTE
Más de 105.000 firmas han sido reunidas gracias al impulso de la asociación Convocatoria Cívica, presidida por el jurista Baltasar Garzón, para exigir la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. Este sábado, el Ateneo de Madrid acogerá un acto a las 10.30 horas con el fin de presentar el resultado de la campaña y los objetivos que recoge para ser trasladados al Parlamento durante la próxima legislatura.

El evento podrá seguirse en streaming a través de este enlace, y en él participarán Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza –ex director general de la Unesco–, la abogada Cristina Almeida, el escritor Luis García Montero, el abogado Manuel de la Rocha y el presidente de la Plataforma Comisión de la Verdad, Jaime Ruiz Reig.

El  coordinador general de Convocatoria Cívica, Ángel Viviente, explica en conversación con infoLibre que el siguiente paso, después de haber reunido las firmas necesarias, será pedir a los representantes de los grupos que se posicionen al respecto. En concreto, acudirán a la cita Soraya Rodríguez en representación del PSOE, Rafael Mayoral, de Podemos y Sol Rodríguez, de IU. El miembro de Ciudadanos que intervenga aún está por confirmar, mientras que el PP ha sido el único partido que no ha contestado a la llamada de la asociación.

Una vez esté constituido el nuevo Parlamento, continúa Viviente, se hará una petición formal para constituir la Comisión. El coordinador de la plataforma explica que la iniciativa parte hace tres meses gracias al afán de Convocatoria Cívica por resarcir a las víctimas del franquismo, pero que se genera tras el impulso de diversas asociaciones que vienen reclamando los mismos objetivos desde hace años.

En este sentido, Viviente reflexiona que, después de la Transición, "hubo un acuerdo tácito, incluso dentro de los partidos de izquierda, de no tocar el tema". Durante los años de democracia, no obstante, fueron surgiendo asociaciones –actualmente más de 300, calcula– con vocación de impedir que los crímenes cometidos durante el franquismo quedaran impunes. Más tarde, continúa Viviente, "llegó la ley de Memoria Histórica de Zapatero, que supuso un gran avance", pero que, sin embargo, "quedó paralizada cuando llegó el PP".

A la petición de Convocatoria Cívica, tal y como indica su coordinador general, se sumó la Plataforma por una Comisión de la Verdad, que integra a víctimas, asociaciones de memoria histórica, juristas y defensores de los derechos humanos, todos ellos unidos para reclamar la puesta en marcha de un conjunto de mecanismos y órganos oficiales que garanticen "el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo".

Para Ángel Viviente, todos los pasos dados hasta el momento han servido para allanar el camino hasta la puesta en marcha estos mecanismos. Es optimista, además, en cuanto al cumplimiento efectivo de los objetivos marcados, especialmente en lo que atañe a los partidos de izquierda, ya que "están recogidos en sus programas". Viviente se muestra firme al vaticinar el futuro de sus exigencias: la puesta en marcha de la Comisión, considera, "va a ser ahora".

El reproche de los organismos internacionales

El coordinador general de la asociación recalca, además, las llamadas de atención llevadas a cabo por organismos internacionales durante años. El pasado mes de febrero se cumplieron siete décadas desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas condenara a la dictadura franquista, calificándola como "un régimen de carácter fascistaestablecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini".

A finales de 1973, Naciones Unidas sacó adelante una resolución según la cual los culpables de crímenes de lesa humanidad "serán buscados, detenidos, enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, castigados". La cláusula estipulaba, asimismo, que los países tendrán que "cooperar bilateral y multilateralmente" con el objetivo de prestarse ayuda "a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento" de los autores de dichos crímenes.

En el año 2005, la Asamblea decidió que los Estados miembros tendrían la obligación de "respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario". En la misma línea, fue aprobada la no prescripción de "las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario".

Ya en 2013 el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada elaboró un informe donde expresaba su preocupación por la situación de desamparo que sufren en España las víctimas del franquismo. A través del documento instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a "cumplir su obligación" y buscar a los desaparecidos durante la dictadura y la guerra civil.

Un año después, el relator especial de Naciones Unidaspara la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, visitó España para comprobar la situación real en el territorio. Entre sus conclusiones, el experto censuró la "privatización" de las exhumaciones, las carencias en cuanto a la información oficial y la Ley de Amnistía. El relator subrayó a través de un informe su sorpresa al "observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas".

Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas volvió a solicitar a mediados del pasado año la derogación o enmienda la Ley de Amnistía de 1977 con el fin de tener vía libre para investigar las violaciones de derechos humanos cometidos en el país. En este sentido, el Comité mostró su "preocupación por la posición del Estado de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias". Además, los expertos internacionales reiteraron su inquietud por "las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas".