dimarts, 7 d’octubre de 2008

Amnistia Internacional i Educació per la Ciutadania.

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http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/un-paso-correcto-un-desarrollo-insuficiente/

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en España: ( 2-10-08)

Un paso correcto, un desarrollo insuficiente

Escaso compromiso de las Comunidades Autónomas con las recomendaciones internacionales sobre educación en derechos humanos

Madrid.-

Con motivo del inicio del segundo año de implantación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (el primero en algunas Comunidades Autónomas), Amnistía Internacional insiste en recordar que esta asignatura es un paso correcto para lograr una educación en derechos humanos en sintonía con el resto de Europa.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en esta materia: “el Gobierno aún no ha creado hasta la fecha los mecanismos adecuados que aseguren la sostenibilidad de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en los centros educativos españoles”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Alcanzar las metas y objetivos establecidos por el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos es una responsabilidad del Estado español que debe ser atendida tanto por el Gobierno central como por las Comunidades Autónomas. La organización ha constatado que las normas autonómicas que desarrollan la Ley Orgánica de Educación (LOE) no han servido para subsanar las carencias que ésta presenta en relación a educación en derechos humanos. “La manifiesta oposición a la asignatura que han expresado los gobiernos de algunas Comunidades Autónomas representa un obstáculo añadido a la construcción de una cultura de derechos humanos en un camino que se ha empezado por recorrer en España. Por su parte, los gobiernos que no se han opuesto, han mostrado una débil incorporación de las recomendaciones internacionales sobre esta materia”, continúa Beltrán.

El desarrollo es insuficiente
La organización valora positivamente la defensa del Gobierno español por hacer respetar los objetivos de la LOE en lo que respecta a esta asignatura, en coherencia con la responsabilidad derivada de los acuerdos internacionales suscritos. Pero la organización considera imprescindible que el Gobierno ponga en marcha una Comisión Nacional de Seguimiento tras la implantación de esta asignatura, con unos mínimos comunes de cumplimiento del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos.

La implantación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (ECD) se produce sin atender a las indicaciones del Programa Mundial de Naciones Unidas de Educación en Derechos Humanos en cuanto la formación del profesorado; el seguimiento de la aplicación de los contenidos de la asignatura; y la falta de una evaluación adecuada a las características de esta asignatura. De hecho, en ninguna de las órdenes y decretos autonómicos se hace mención al Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos. Asimismo, es fundamental incluir la formación inicial y permanente del personal docente, mediante la incorporación de una asignatura obligatoria de Educación en Derechos Humanos en todas las titulaciones de Ciencias de la Educación y en el Master de Formación para Profesorado de Secundaria.

Para alcanzar los objetivos del Programa Mundial de Naciones Unidas, el Gobierno debería prever la revisión de los materiales educativos por parte de personas expertas en educación en derechos humanos. La organización también recomienda incrementar progresivamente el número de horas lectivas destinadas a la asignatura en Secundaria para igualar la media europea. “El Gobierno debe acabar con estas carencias para demostrar un verdadero compromiso con los derechos humanos en materia de educación”, concluye Beltrán. En el apartado de avances, destaca la existencia de dos Comunidades Autónomas que cuentan con marco legal autonómico adicional a la LOE relativo a derechos humanos: Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos y Plan de Acción de Educación en Derechos Humanos de Castilla la Mancha. Una polémica que obstaculiza su implantación Desde su creación, esta asignatura ha provocado un encendido debate político y social sobre el derecho a no cursarla, que se ha trasladado a los tribunales. El asunto está ahora en el Tribunal Supremo, que aunará criterio en los próximos meses.

Para Amnistía Internacional, la actual situación de confrontación sobre la asignatura puede impedir una correcta adecuación de los contenidos de la materia, de acuerdo a lo que señalan el Plan de Acción del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas y las recomendaciones dictadas por el Consejo de Europa sobre educación para la ciudadanía. Al mismo tiempo, cuatro normas autonómicas de educación (La Rioja, Madrid, Castilla y León, y Murcia) han sido recurridas por el Ministerio de Educación que considera que en ellas se ha suprimido del currículo de la asignatura algunos de los contenidos marcados por la LOE.

A Amnistía Internacional le preocupa que la supresión de contenidos previstos en la asignatura pueda suponer un incumplimiento de los principios rectores de la educación en derechos humanos de acuerdo a lo establecido por el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. España, en la senda europea Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se imparte en la mayoría de países europeos.

Desde 2005 más de 20 países –entre ellos Francia, Portugal, Italia o Polonia – tienen esta asignatura como parte obligatoria de sus planes de estudio en enseñanza secundaria obligatoria. Como aspecto positivo, cabe señalar que la carga lectiva prevista en la LOE para esta asignatura en Primaria ya constituye un avance respecto a la media europea, considerando que algunos países vecinos, como Francia, Irlanda, Portugal, Polonia u Holanda, entre otros muchos, no la han implantado en este nivel. Sin embargo, con relación a la carga lectiva asignada a Secundaria, las Comunidades Autónomas siguen manteniéndose por debajo del promedio europeo, a pesar de que diez de ellas (Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria Castilla la Mancha, Galicia, País Vasco y Valencia) y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) han incrementado en dos horas la carga lectiva correspondiente a la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, con relación al mínimo marcado por la LOE.

Información Adicional
El 16 de octubre de 2002, el Consejo de Europa, a través de la Recomendación 12/2002 de su Comité de Ministros, apoyada por el Gobierno español del Presidente José María Aznar, pedía a Estados Miembros que “hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y de sus reformas”.

En paralelo, en 2004 España promocionó y se adhirió al Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos que plantea a los Estados Miembros la introducción en los sistemas educativos de asignaturas con contenidos específicos en derechos humanos.

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE) representa la respuesta del Gobierno español a esos compromisos internacionales y el currículo para la asignatura de ECD contenido en dicha ley asume en conjunto las metas mínimas marcadas por Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

Ficheros:
Documentacion.pdf
Datos_y_Cifras_01.pdf

Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex.
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EpC en inglés, a debate municipal en Alicante

El grupo socialista insta también a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), a que interceda ante el Consell para que "rectifique".

EFE

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante presentará en el pleno del próximo día 16 una moción en la que rechaza que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) se imparta en inglés, al entender que genera "un rotundo rechazo de la comunidad educativa y mal educa a los alumnos".

Así lo han anunciado hoy el portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, y el concejal del PSPV-PSOE Manuel de Barros, quienes han justificado su iniciativa en la "grave situación que atraviesan el personal docente, los alumnos y lo padres" por la resolución de la Generalitat de impartirse esa asignatura en inglés.

"Estamos ante una resolución que es una aberración, una falta de responsabilidad y un ataque profesional a los docentes", según Moreno, quien ha opinado que es "una ley que boicotea a una superior de rango estatal y que, encima ,cuesta de 8 a 12 millones de euros".

El grupo municipal socialista insta también a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), a que interceda ante el Consell para que "rectifique".

Por su parte, De Barros ha afirmado que la moción del grupo socialista es "pionera" y se presentará en "más ayuntamientos de la Comunitat"."Cuando el Gobierno aprobó en 2006, con el apoyo de todos los grupos políticos, menos del PP, la Ley Orgánica de Educación (LOE), la Generalitat ya dejó entrever que no la aceptaba y ahora la usa como arma arrojadiza", ha indicado.

De Barros ha argumentado que el profesor de inglés, a pesar de tener grandes conocimientos pedagógicos, "no es un traductor, porque, para eso, existen otros profesionales", y ha considerado que la resolución "atenta contra la libertad de Cátedra y es un caos organizativo".

Ante ese panorama, el edil de la oposición ha asegurado que "los docentes se han rebelado y los equipos directivos temen la represión de la Generalitat, que ya ha abierto algunos expedientes"."Mientras que los niños de 4 o 5 años carecen de clases en inglés, porque la Generalitat aduce que no hay dinero, se gasta de 8 a 12 millones de euros en esta quijotada", ha señalado.


Los directores y los padres convocan concentraciones contra Ciudadanía en inglés

AGENCIAS

Según ha explicado a EFE un portavoz de la asamblea, el principal objetivo de la concentración es protestar contra un principio de curso "caótico" motivado "por la falta de respeto en toda la normativa de principio de curso, que ha salido tarde y mal". En este sentido, desde la asamblea han apuntado que algunos de los decretos reguladores del inicio del curso escolar han sido publicados por la Conselleria de Educación a mediados de agosto, "y eso es algo que no había ocurrido nunca hasta ahora". Asimismo, los directores de Secundaria han manifestado su descontento ante "el malestar creado en los centros por la Conselleria" en relación a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Por último, los miembros de la Asamblea han denunciado la "falta de respeto" a la gestión de los equipos directivos de Secundaria que se manifiesta, según indican, en el impago de la retribución económica con carácter retroactivo acordada el pasado mes mayo con los sindicatos. Al respecto, fuentes de la Asamblea han remarcado que la Conselleria "está incumpliendo sus propias normas en cuanto a la remuneración de los equipos directivos" y esto provoca, en su opinión, que los valencianos sean los equipos "peor considerados de todo el país". La concentración, convocada bajo el lema "Equips directius: treball en condicions", tendrá lugar en la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, a las seis de la tarde, justo una hora antes de la manifestación convocada por los sindicatos educativos y el profesorado y a la que también se unirán los equipos directivos.

LOS PADRES, TAMBIÉN
La Confederación Gonzalo Anaya, integrada por las FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres) de Castellón Penyagolosa, València y Enric Valor de Alacant, ha convocado a las AMPA de la Comunitat Valenciana a participar en las concentraciones. Éstas se han programado para las 19.00 horas los próximos 16, 20 y 27 de octubre en las tres capitales de provincia, para exigir que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (Epc) se imparta en valenciano o en castellano y reclamar junto con los sindicatos 'Dignidad para la enseñanza pública'.

Según informó la entidad en un comunicado, desde la Confederación Gonzalo Anaya "se denunciará una vez más las graves carencias del sistema educativo valenciano como son los 1.300 barracones; la masificación de las aulas con las ratios desbordadas; la falta de maestros especialistas de inglés en infantil y primaria o el incumplimiento de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià con la insuficiente oferta de líneas en valenciano en infantil, primaria y secundaria.

Asimismo, criticará "la preocupante tasa de fracaso escolar y la insuficiencia de los programas autonómicos; la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales; el bajo gasto público en la enseñanza obligatoria o la precariedad de recursos informáticos (un ordenador por 15 alumnos)".

Por otra parte, la Confederación Gonzalo Anaya indicó que ya emitió un escrito al Consejo Escolar Valenciano para que se incluyera en la orden del día del primer pleno la reprobación al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y lamentó que "no se ha obtenido ninguna respuesta desde la administración educativa" al respecto "como tampoco se ha convocado el Consejo Escolar Valenciano desde el inicio de curso".

Para los representantes de la Confederación Gonzalo Anaya, "la ausencia de convocatoria al máximo órgano de participación es una muestra más de la falta de respecto hacia la comunidad educativa".
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Cortina: "La objeción a Ciudadanía es un atentado al sentido común"

NEUS CABALLER

La ministra Cabrera ve legítimo dar la clase en inglés "siempre que haya profesores"

"La objeción de los gobiernos del PP a la asignatura de Ciudadanía es un atentado contra el sentido común que no se había visto nunca ni en la Transición española", resumió ayer la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, Adela Cortina, tras calificar como una "tontería" y una "estupidez" la decisión de la Generalitat Valenciana de seguir adelante con su idea original de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. Cortina se mostró "muy sorprendida" por el enfrentamiento político y social -que "no pedagógico"- que han tomado "determinados sectores de la Conferencia Espiscopal" hacia una asignatura sobre "ética ciudadana" que se imparte en Europa desde los años 90. Y recordó que la Comisión Europea recomendó en 2002 "impulsar la ética ciudadana" cuando entendió que el rendimiento de los alumnos evaluados en el Informe PISA "no iba paralelo a su formación en habilidades y competencias para hacer ser ciudadanos más responsables y gente justa". Ello explica la "preocupación europea", subrayó Cortina, por evitar que "alumnos buenos en Matemáticas, acaben cogiendo un rifle y matando a compañeros".

"Porque, de eso se trata educar en la ética ciudadana. ¿A quién puede molestar que una modesta asignatura de una hora semanal se aprendan una serie de valores plurales compartidos?", se preguntó Cortina, uno de los referentes de la investigación ética en España, durante la mesa redonda organizada en Valenciua por la Real Sociedad Económica de Amigos del País para "reflexionar" específicamente sobre el caso valenciano, en la que participaron las directoras del instituto Ballester Gozalvo, que se ha declarado en rebeldía y ha recurrido la orden valenciana, Margarita González y Carmina Cañellas; la presidenta de la Federación de Padres (FAPA-Valencia), Gemma Piqué, y el sudelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez. Este último explicó que el Gobierno formalizó un re curso hace dos días, entre otras razones, por considerar que la Generalitat vulnera dos leyes autonómicas y una estatal que fijan "los contenidos mínimos de inglés que debe saber un alumno al término de la Secundaria obligatoria". Sin embargo, la ministra Mercedes Cabrera, en unas declaraciones a Efe, trató ayer de quitar hierro a las "escaramuzas iniciales" de oposición a la materia y se limitó a decir que es "perfectamente lícito" dar clases en inglés "siempre que haya los profesionales necesarios".

150 objetores reclaman al Consell
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano 150 recursos de objeción de conciencia contra la asignatura de Ciudadanía. Se trata de familias que "entregaron su solicitud de objeción y no han recibido respuesta de la Generalitat". Es decir, que están molestas porque la Consejería de Educación acatara la suspensión cautelar parcial dictada por el TSJ en julio, que obliga a retirar la "opción B" para objetores que reducía la materia a un trabajo seleccionado por los padres.

En el frente contrario, 1.122 recursos, procedentes de 30 institutos públicos, han sido presentados "a título personal" por los padres y madres para "exigir expresamente que Ciudadanía se dé en las dos lenguas oficiales".

Ayer el subdelegado de Gobierno, Luis Felipe Martínez, recordó que "la objeción está regulada en la Constitución sólo a fecteos militares y médicos, en ningún otro caso".
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La Gonzalo Anaya convoca concentracions

07/10/2008

La Confederació Gonzalo Anaya, integrada per FAPA Castelló Penyagolosa, FAPA-València i FAPA Enric Valor d’Alacant, convoca les AMPA de la Comunitat Valenciana, a participar en les concentracions programades, a les 19 hores, els propers 16, 20 i 27 d’octubre a les capitals de província (Castelló, a la Casa dels Caragols, València, plaça de Manises, davant el Palau de la Generalitat, i Alacant, a la Casa de les Bruixes).

Representants de mares i pares d’alumnes de l’escola pública es reuniran davant les seus de la Generalitat Valenciana per exigir que Educació per a la Ciutadania s’impartisca en valencià o en castellà i reclamar, junt als sindicats “Dignitat per a l’ensenyament públic”. Des de la Confederació Gonzalo Anaya no es deixarà de banda les carències del sistema educatiu valencià com són els 1.300 barracons, la massificació de les aules amb els ratis desbordats; la falta de mestres especialistes d’anglés en infantil i primària, l’incompliment de la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià amb la insuficient oferta de places d’ensenyament en valencià en infantil, primària i secundària; la preocupant taxa de fracàs escolar i la insuficiència dels programes autonòmics; la manca de recursos per a atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials; la baixa despesa pública en l’ensenyament obligatori, la precarietat de recursos informàtics (un ordinador per 15 alumnes);.

Reprovació del Conseller
Cal recordar que des de la Confederació Gonzalo Anaya ja es va emetre un escrit al Consell Escolar Valencià perquè s’ incloguera en l’ordre del dia del primer ple la reprovació al Conseller d’ Educació. Sobre l’ esmentat escrit no s’ha obtingut cap resposta des de l’administració educativa com tampoc s’ha convocat cap Consell Escolar Valencià en el que portem de curs. Per als representants de la Confederació Gonzalo Anaya l’absència de convocatòria al màxim òrgan de participació és una mostra més de la falta de respecte a la comunitat educativa.
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