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Ara només cal estar alerta perquè el sàtrapa local no s'ho gasti en Fórmula 1, assessors, privatitzacions, deute de C9, ... I, a sobre, li tiri la culpa a Zapatero.
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El Gobierno destinará 85 millones para implantar la Ley de la Dependencia en la Comunitat
De la Vega ha anunciado un Plan de Acción para mejorar la independencia de las personas discapacitadas.
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy en Valencia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinarán 85 millones de euros para la implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, un 38% más que en el presente ejercicio.
Fernández de la Vega ha hecho esta manifestaciones tras mantener una reunión con la nueva directiva del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), que el pasado viernes eligió a Juan Planells como presidente.
Según la vicepresidenta, durante la reunión los miembros del CERMI-CV le han transmitido su "preocupación" por el desarrollo de la ley de Dependencia en la Comunitat, una de las autonomías que "menos ha avanzado" en la aplicación de esta normativa, según ha dicho.
"Les he trasladado la voluntad del Gobierno de continuar impulsando el despliegue de la Ley en colaboración con todas las comunidades autónomas y en particular con aquellas, como es el caso de la valenciana, que han avanzado menos" en su aplicación.
La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno central "está decidido a que todas las personas que necesiten apoyo para desarrollar su vida diaria puedan ejercer el derecho que la Ley les ha reconocido, vivan en el territorio que vivan, en igualdad de condiciones".
"Es un derecho de los ciudadanos y todas las Administraciones Públicas tenemos el deber de posibilitar su cumplimiento", ha precisado María Teresa Fernández de la Vega.
Por su parte, Juan Planells ha explicado a los periodistas que durante la reunión han solicitado a Fernández de la Vega "transparencia" con la Ley de Dependencia, que ésta no entre "en el debate político" y que sea una normativa "de todos los españoles".
Según Planells, "hay extremos" en el desarrollo de esta Ley, ya que hay autonomías que van "más aprisa" y otras "más despacio", aunque "no es un tema de color político", y puso como ejemplo la Región de Murcia, donde gobierna el PP, "que ha hecho sus deberes y a 1 de septiembre tiene resuelto el 100% de los expedientes".
El dirigente del CERMI, entidad que representa al 95 por ciento de los más de 400.000 valencianos con discapacidad, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "ha habido un retraso, pero parece que ahora se están poniendo las pilas y se están dando más resoluciones"."De hecho, la Conselleria de Bienestar Social se ha reestructurado con una intención de agilizar las cosas", ha indicado Planells, quien ha considerado que el "tiempo dirá si será suficiente".
Fernández de la Vega ha informado además al CERMI-CV de que el Gobierno aprobará próximamente un Plan de Acción para personas con discapacidad, que tiene como objetivo continuar promoviendo la autonomía de las personas y diseñando y aplicando políticas públicas de forma que obtengan de ellas el mismo beneficio que el resto de las ciudadanos.
"De esa manera el Gobierno cumple su compromiso con la mejora de las condiciones y la calidad de las personas dependientes", ha indicado la vicepresidenta.
También ha destacado la estrategia global de Empleo para personas con discapacidad 2008-2012, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre y que constituirá, ha dicho, "una importante herramienta para la integración laboral" para estas personas a lo largo de la legislatura.
Las personas con discapacidad representan el 8,6% de la población activa pero solo el 4,1% del total de ocupados, ha señalado Fernández de la Vega, quien ha reiterado que la integración laboral de este colectivo es un objetivo en el que se ha trabajado activamente "y con esa estrategia se va a ver muy reforzada".
Esta "estrategia global de empleo" ha sido "negociada y consensuada" con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, por lo que existe un "elevado consenso" en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar.
Al desarrollo de esta estrategia se destinarán 3.700 millones de euros en toda España en los próximos años, de los que un 60% corresponderá a bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad, y el resto a fomentar el empleo protegido, en particular en los centros especiales de empleo.
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Com a Madrid, que hi ha una llista d'espera per a entrar en la llista d'espera? Què quedarà quan els tirem i governi l'esquerra? Ho hauran destrossat tot i repartit beneficis?
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Cervera anuncia la puesta en marcha del registro de pacientes en lista de espera
Levante-EMV, Valencia
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha asegurado que su departamento está poniendo en marcha la primera fase del registro de pacientes en lista de espera, "centralizado e integral, que nos permitirá, entre otras cosas, conocer en tiempo real el impacto de las medidas de gestión que vayamos aplicando en cada uno de nuestros centros hospitalarios y de especialidades".
Cervera respondió así a las 24 preguntas formuladas por el diputado socialista Ignacio Subías para saber el número de pacientes en lista de espera -para la realización de exploraciones médicas- en los hospitales de la Comunitat. Cervera también indicó que en diciembre de 2007 la Agencia Valenciana de Salud tenía registrados a 2.149 pacientes en lista de espera es decir, "un 95,87% menos que en 1995".
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El partit "nacionalista i d'esquerres" que es diu Bloc ja ha expulsat l'individu de la moció de censura? Ja poden tapar-la, que la merda fa i farà pudor.
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La trama del agua late bajo la moción de censura de Calp
ARTURO RUIZ
Bloc y PP pasan página sobre un escándalo en el que hay seis imputados.
Fue uno de los grandes escándalos del pasado mandato y aún está pendiente de resolución judicial. Ahora, el caso Aguas de Calpe, por el que la empresa mixta del abastecimiento de esta población habría pagado un sobrecoste de más de un millón de euros por obras para sanear la red pública del agua, se ha convertido en el gran caballo de batalla de la moción de censura que dará la alcaldía hoy al edil del Bloc Nacionalista Valencià Ximo Tur, apoyado por el PP y el PSD.
Uno de los imputados es concejal del PP en la localidad
Aguas de Calpe pagó un millón de más por obras de la red de saneamiento
La moción desbancará del poder al PSPV y a su alcalde, Luis Serna, así como a la otra concejal nacionalista del Consistorio.
Tur ya ha advertido de que su nuevo gobierno procurará pasar página para que la presunta trama del agua no perjudique a una empresa que depende del Ayuntamiento. Sus nuevos socios del PP secundan la idea. Tienen entre sus filas a uno de los imputados, el edil popular y diputado provincial Juan Roselló, que era concejal de Aguas en 2004 cuando se aprobaron las polémicas obras, así como al propio cuñado de Roselló, Francisco Artacho, representante de la empresa a la que se adjudicaron los trabajos. En cambio, los socialistas consideran que en Calp se ha cometido un fraude muy grave que debe investigarse hasta el final y por eso han aprovechado los pocos días que les quedaban de gobierno hasta el voto de censura para personarse como acusación en el proceso judicial.
Para ello, se amparan en un dictamen de técnicos de la propia Consejería de Industria y Comercio que revela sobrecostes en la empresa del agua. Estos se produjeron sobre todo en los movimientos de tierras para las obras de saneamiento. En ese capítulo, Aguas de Calpe gastó 790.256 euros para movimientos que no se llegaron a hacer. Por ese motivo, la consejería, en la comisión de control de precios, ha impuesto al Ayuntamiento la rebaja de la tarifa del agua. El PP pretendía financiar en el recibo del agua 3,3 millones de euros de las obras y ahora sólo se podrán cobrar 2,2 millones de los bolsillos de los vecinos de Calp.
Los populares adjudicaron las obras durante la pasada legislatura, cuando gobernaban con mayoría absoluta, a la empresa Obras Hidráulicas del Levante, que hasta el momento se dedicaba al reparto de propaganda mediante el sistema de buzoneo, no tenía ninguna vinculación con este tipo de obras, carecía de trabajadores y disponía de un capital social de 3.000 euros. En ese momento estalló el escándalo, que se amplificó cuando se supo que el cuñado de Roselló había actuado como representante de Obras Hidráulicas. Ésta última tuvo, además, que subcontratar las obras a Montubo, que sí tenía experiencia en este campo y que fue la que terminó por ejecutar las actuaciones.
Además de Roselló y Artacho, también hay otros cuatro imputados: Francisco Zorrilla, gerente de Aguas de Valencia; José Alberto Mut, gerente de Aguas de Calpe; Jesús Lara, ex administrador de Obras Hidráulicas, y Salvador Ibarra, administrador de Montubo. El juez les imputa presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios. En marzo de 2006, la Unión de Consumidores (UCE) se personó en el caso para defender los intereses de los ciudadanos.
Desde la oposición, PSPV y Bloc actuaron juntos para denunciar todas estas irregularidades, pero cuando ambos partidos formaron gobierno tras las elecciones de 2007, Ximo Tur comenzó a marcar distancias con los socialistas; y mostró su desinterés en castigar al PP por la trama. De hecho, se alió con los populares a la hora de aprobar un préstamo para Aguas de Calpe de un millón de euros e impuso al PSPV, según ha reconocido este último, la presentación de un recurso contra la resolución de la Generalitat donde se desvelaba el supuesto fraude. También logró que se designara para secretario del consejo de administración de la empresa a una persona vinculada a Aguas de Valencia, en vez de a un funcionario, y bloqueó la designación de un abogado que defendiera los intereses del Ayuntamiento en la trama.
Los socialistas transigieron. "Tur amenazó con romper el pacto que entonces manteníamos con él", asegura el edil Joan Morató. Sin embargo, una vez que el portavoz del Bloc ha decidido emprender un nuevo viaje político con el PP, los socialistas se han sentido libres para denunciar todas estas situaciones. Eso sí, cuando están a punto de pasar a la oposición.
El informe de Industria alerta de que las obras de Aguas son defectuosas, lo que puede provocar serias deficiencias en el abastecimiento en el futuro. Así, advierte de que 16 de los nuevos tramos de red "se encuentran en un estado crítico o inadecuado".
El PSPV ha seguido rastreando en la gestión del PP en el pasado mandato ante su regreso al poder hoy mismo. Y ha encontrado más cosas. Los socialistas anunciaron que pondrán en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una recalificación de suelo aprobada por el gobierno del entonces alcalde popular, Javier Morató, en contra de los criterios de los técnicos "y de los intereses del propio Ayuntamiento", aseguran en el PSPV.
La recalificación tuvo lugar en 2005 y posibilitó que una parcela de 14.000 metros cuadrados en la partida de Rafol pasara de suelo rústico a dotacional, lo que provocó un aumento de su valor. Lo más llamativo del caso es que el propio Javier Morató admitió esta actuación en el pleno del pasado junio. "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería, ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenían derecho", relató el ex alcalde de Calp.
Morató justificó esta actuación explicando que desde hacía tiempo su gobierno negociaba con los propietarios para que le vendieran su parcela, que el Ayuntamiento había ocupado por error para instalar una carpa. A pesar de la recalificación, los dueños de los terrenos decidieron no venderlos y denunciaron al Consistorio por ocupación ilegal. En mayo de 2008, un juzgado dio la razón a los propietarios, por lo que el Ayuntamiento, ya gobernado por el PSPV, tuvo que desalojar la carpa e iniciar el expediente de expropiación forzosa de la parcela, asunto que se debatía en el pleno de junio en el que el propio Morató reveló la polémica recalificación. De ahí que los socialistas hayan enviado un vídeo del pleno a la Fiscalía. El PSPV también ha llevado gastos sin expediente de contratación de la etapa popular por 14 millones de euros.
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