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Jimi Jiménez, investigador y arqueólogo en el grupo de trabajo para el estudio de desaparecidos y fusilados de la Guerra Civil, asegura que "queda muchísimo por descubrir del franquismo"
Este experto en la búsqueda de documentación sobre personas represaliadas durante la dictadura reconoce que no se recuperará "ni el 40% de las fosas comunes" que siguen sin aparecer en España
El investigador y arqueólogo Jimi Jiménez participa desde el año 2003 en el grupo de trabajo para el estudio de desaparecidos y fusilados de la Guerra Civil. Miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y experto en la búsqueda de documentación sobre personas represaliadas durante la dictadura franquista, acumula una amplia experiencia en la recuperación de la memoria histórica. Lleva más de una década trabajando en la localización y exhumación de fosas comunes en diversos puntos de la geografía española, desde el País Vasco a Cantabria, Navarra, Andalucía, Extremadura, Aragón, La Rioja, Galicia o Asturias, además de participar como documentalista en diferentes proyectos audiovisuales sobre la Guerra Civil y la postguerra.
Este próximo jueves, 26 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, estará en laLibrería La Vorágine de Santander, en la presentación de ' Desmemoriados', una nueva asociación dedicada a la construcción, conservación y difusión de la memoria colectiva de Cantabria, que expondrá de forma pública los avances de sus proyectos. Jimi Jiménez trasladará su trayectoria en este campo de la investigación con un mensaje claro: "Queda muchísimo por descubrir del franquismo".
¿En qué está trabajando en este momento?
Hacemos un trabajo global, que no solamente se ocupa de la localización de fosas, aunque es un elemento importante dentro de nuestra actividad por lo visible y lo mediático que resulta. Entorno a esa búsqueda y a ese trabajo de campo, a esa exhumación de fosas, hay también una profunda investigación de los archivos y una consulta minuciosa de la documentación, así como una recogida de testimonios de personas mayores que tengan relación con determinados casos. Desde 2003 venimos atendiendo a cualquier particular que tenga alguna desaparición en la familia, que requiera algún dato más sobre lo ocurrido con su familiar. Hay que tener en cuenta las limitaciones, que están relacionadas con el propio frente de guerra. Muchos casos se refieren a momentos complicados, como la entrada de las tropas franquistas en Santander o en Bilbao. Son momentos críticos, de muchísimo descontrol, donde apenas se registra ni se documenta nada. Ese tipo de casos son los que habitualmente nos llegan y a veces tenemos que dar una respuesta negativa porque no podemos ir más allá de momento.
Empezaron a trabajar cuatro años antes de la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Histórica. ¿Esa normativa supuso una mejora o, visto en perspectiva, no ha servido para mucho?
Al margen de la publicación de la ley estatal, en el País Vasco veníamos trabajando y hemos continuado con el trabajo de recuperación de la memoria a lo largo de este tiempo. No se ha notado mucho, porque independientemente de las siglas o de las personas que han gobernado, el programa ha continuado vigente y ha tenido el apoyo de las instituciones. No ha sido una cuestión meramente política, sino que ha primado la necesidad de la sociedad de conocer.
¿Ese ha podido ser el error en algunos territorios, el hecho de politizar una cuestión que es simplemente un derecho de reparación a las víctimas?
En País Vasco, en Cataluña o en Andalucía, por ejemplo, se han realizado muchas exhumaciones de fosas al amparo de las instituciones. Ha habido un desarrollo muy diferente al de otros territorios, donde sí que el tinte político ha marcado desde un principio el trabajo que se ha podido realizar sobre la memoria histórica.
Hay algunos lugares en los que se ha descargado el peso excesivamente en las asociaciones o en las familias, no tanto en las instituciones. Se puso muchas esperanzas en esa Ley de Memoria Histórica, que ha sido de una aplicación muy diferente de una zona a otra, cuando se supone que es una norma para todo el Estado.
Después de 40 años de la muerte de Franco, ¿queda mucho por descubrir sobre la dictadura?
Desde luego que sí, queda muchísimo. En cuestión de fosas comunes, no se va a llegar a recuperar ni al 40%. Queda muchísimo por descubrir del franquismo. Hay cosas que sucedieron durante la dictadura que no se llegarán a conocer nunca. Hay fosas que no se podrán sacar nunca, simplemente porque no existen, porque se han borrado del mapa. Ha habido obras y cambios en los paisajes y jamás se recuperarán. Cada fosa tiene alrededor un trabajo invisible, un trabajo de documentación, de investigación, que es cada vez más complicado. Un factor importantísimo para la recuperación de las víctimas era el tener un testimonio vivo, y los testimonios vivos se pueden contar ya con los dedos de una mano. El número de personas vivas que pueden arrojan un poco de información sobre cada caso es muy pequeño.
Evidentemente, el tiempo corre en contra para la recuperación de esta parte de la memoria colectiva.
Efectivamente, es un obstáculo más de los muchos que existen. Lo que está claro es que cada caso hay que analizarlo. La documentación, a día de hoy, sigue dándonos sorpresas, sigue dándonos alegrías. Hay cuestiones que se dan por hecho que no se habían documentado y de repente aparece un archivo donde menos te lo esperas con una información que no contabas con encontrar.
¿Cómo es ese trabajo previo a las exhumaciones?
En la parte documental, a partir de lo que ya conocemos, como archivos militares, archivos públicos o archivos privados, debemos comprobar cada caso, aunque muchas veces no encontremos el documento clave que diga que una persona ha desaparecido o que ha sido fusilada en tal fecha. Eso es muy complicado que aparezca. Sin embargo, sí podemos seguir las pistas, conocer si pasó por una determinada cárcel o consta algún registro sobre esa persona... Ese tipo de información hay que buscarla en el entorno más próximo de la víctima, partiendo de lo más cercano a lo más general. Además de todo eso, por supuesto, hay que hablar con la familia, con las personas cercanas, con los vecinos, para escucharlos lo antes posible, porque el tiempo corre en contra.
¿Cómo es la reacción de las familias cuando pueden comprobar fehacientemente que su abuelo, su padre o su hermano, por ejemplo, está enterrado en un determinado lugar y cierren el caso?
Te puedes hacer una idea... Se produce una satisfacción enorme, o lo que llamamos el cierre de página, esa página familiar que quedaba sin resolver. Que aparezca documentación cuando ya parece imposible, es increíble. Quizás hace diez años importaba más el cuerpo, porque el hueso tenía un valor simbólico muy fuerte. Ahora, cualquier documento puede tener ese mismo valor o puede estar sustituyendo a la aparición de los restos de la víctima. La familia ya sabe que fue asesinada en un determinado lugar. Que los huesos hablen y digan la verdad está muy bien, pero que aparezca un documento con la huella dactilar, una firma o una fotografía de la persona desaparecida puede ser tan valioso como un fémur.
¿Cómo valora la situación de Cantabria en lo que se refiere a la reparación de la memoria histórica?
En Cantabria hemos hecho pocas intervenciones. Hemos participado en una intervención en los años 2004 y 2005 en un pueblo cercano a Castro Urdiales, por ejemplo, donde recuperamos a partir de las gentes del pueblo a dos combatientes. No pudo haber una identificación genética al cien por cien, la que da la confirmación total. Hay que tener en cuenta el paso del tiempo, que son muchos años, y que aunque los huesos tengan una apariencia estupenda, pueden estar genéticamente vacíos. Hemos hecho alguna búsqueda más por Cantabria, también infructuosa, pero tampoco hemos tenido muchas peticiones. Hay que tener en cuenta que las intervenciones arqueológicas, tanto de búsqueda como de exhumación, tienen un coste económico. No se hace por dinero, pero los trabajos requieren de un mínimo de logística, de infraestructura. Ese coste, llevamos diez años pensando, no es una carga que deban asumir las propias familias de las víctimas, sino que debe correr a cargo de las instituciones.
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