dimecres, 22 de maig del 2024

LAS JUNTAS DE LIBERTAD VIGILADA FRANQUISTAS, ESTABAN FORMADAS POR CURAS, MONJAS, FALANGISTAS Y MILITARES. UNA FORMA DE CONTROL Y HUMILLACIÓN DE LOS PRESOS REPUBLICANOS.

 

A partir del 1 de abril de 1939, el Estado Español se convirtió en una inmensa prisión. No es que el número de penados no fuera escandaloso antes de esa fecha, pero el final de las acciones bélicas proporcionó un impulso formidable a la volumetría humana privada de libertad. Aunque, según fuentes oficiales, en 1940 la población reclusa superaba las 270.000 personas –sin contabilizar seguramente la mayor parte de los detenidos gubernativos, presos en depósitos o prisiones municipales y niños que se encontraban en la prisión con sus madres-, se calcula que más de 500.000 personas pasaron en algún momento por campos de concentración, batallones de trabajo y todo tipo de centros de reclusión.
La política penitenciaria franquista tenía una función clara: la humillación de los vencidos y de sus familias buscando su degradación, anulación, domesticación y la sumisión total de la persona. Todo ello dirigido a acabar con el prototipo del hombre y de la mujer laicos y críticos que afloraron durante el periodo republicano, con los trabajadores que lucharon por la justicia social, y con las mujeres que comenzaron a emanciparse del modelo masculino y patriarcal imperante hasta entonces. No se debe olvidar que el objetivo fundamental del golpe de Estado del 18 de julio era reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y bien organizado (...) Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, tal y como ordenaba Mola en su Instrucción Reservada, Nº 1, Base 5ª, del 25 de mayo.
El caso es que esta táctica sentaría las bases de la represión que acompañaría a los avances de las tropas franquistas y, por supuesto, continuada una vez rendida la Segunda República. Ahora bien, y volviendo a la astronómica cifra de encarcelados a partir de 1939, el problema que presentaba tal volumen resulta obvio: colapso judicial, carga económica, dificultades higiénicas y deterioro de los establecimientos penitenciarios. Estos problemas se “solucionaron” por varias vías: el exterminio directo –no menos de 120.000 personas según los estudios locales fueron ejecutadas, incluyendo en este apartado toda la tipología de las muertes en prisión - , el cumplimiento íntegro de la condena impuesta por los tribunales militares, bien acogiéndose a indultos, bien por el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, bien logrando la salida del establecimiento penitenciario al considerarse pecata minuta la sentencia o la orden gubernativa correspondiente.
Estos tres últimos casos tenían la misma finalidad: pasar a los penados a ser controlados mediante la denominada libertad vigila. Un estatus difícilmente explicable dado que el acceso a la libertad vigilada significaba en la práctica el mantenimiento de la sentencia muros afuera de los centros de reclusión.
Los penados extramuros, puesto que continuaban siendo penados hasta que consumieran la condena, quedaban sometidos a la jurisdicción de las Juntas Locales de Libertad Vigilada6 , conectadas con la Dirección General de Prisiones. Tales juntas supervisaban el comportamiento de los implicados mediante la presentación de los mismos en el cuartel de la Guardia Civil, la comisaría de policía, el Ayuntamiento y, en casos extremos, el juzgado local o comarcal, generalmente cada quince días. Por supuesto, estaban continuamente vigilados por las fuerzas del orden, además de pasar examen médico con la finalidad que los penados no pudiesen esgrimir causas de salud para evitar las presentaciones periódicas.
A medida que las prisiones se iban vaciando mediante este sistema, el problema de controlar a tanta población ex reclusa pero penada iba alcanzando magnitudes mayores. Para afrontarlo se creó el Servicio de Libertad Vigilada, que lejos de constituir un organismo meramente penitenciario resultaba ser un ente político más ideado por la dictadura para extender sus tentáculos de poder y control social sobre la población vencida que otra cosa. Ni qué decir tiene que cualquier comportamiento no grato por parte del intercepto comportaba el retorno a la prisión.