La ley pretendía realizar un censo de personas desaparecidas, diseñar un mapa integral de fosas comunes y crear un banco de datos de ADN para la identificación de desaparecidos.
Madrid--Actualizado a
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha impedido con su voto en contra la creación de una ley para la localización, identificación y recuperación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura en la Comunidad de Madrid. Hubiera sido la primera ley regional para localizar y exhumar a víctimas del franquismo en fosas comunes, pero el Ejecutivo del PP ha votado en contra durante la toma en consideración de la Proposición de Ley realizada por Más Madrid y ha puesto punto y final a su tramitación.
Alicia Torija, diputada de Más Madrid que ha defendido la creación de la ley, ha asegurado durante su intervención que "la memoria sana heridas y construye una cultura de defensa de los Derechos Humanos", de ahí la "urgencia" para llevar a cabo "los procesos de exhumaciones pendientes en la Comunidad de Madrid".
Tal y como reflejaba la proposición de ley de Más Madrid, el mapa oficial elaborado por el Gobierno en el año 2011 registraba solo 54 fosas en la región autonómica. Sin embargo, las investigaciones de la Asociación Científica ArqueoAntro han ampliado esta cifra a 322 fosas. De ahí que el partido, en esta normativa que pretendía desarrollar, llevara como propuesta la creación de un mapa de fosas comunes en la región.
Desde el PSOE han apoyado la ley que se pretendía aprobar, aunque no haya salido adelante por el bloqueo de la derecha. "Es una ley que dedica una parte importante al derecho de las víctimas a la verdad. Al terminar la Guerra Civil, el régimen franquista excluía a las víctimas del golpe militar. Se exhumaron fosas comunes, se erigieron panteones y se nombraron municipios en honor a las figuras del golpe", sostenía la diputada socialista Tatiana Jiménez Lara.
Las claves de la ley
La norma que ha vetado el Partido Popular con el apoyo de Vox pretendía realizar un censo de personas desaparecidas, diseñar un mapa integral de fosas comunes así como permitir que familiares de las víctimas, asociaciones por la memoria o cualquier entidad pudiera hacer solicitudes de intervención en una fosa común. La ley aspiraba a crear un banco de datos de ADN en coordinación con bases de datos estatales y autonómicas, que contendrá las muestras genéticas de restos exhumados y las aportadas por los familiares, garantizando su conservación y confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos.
Además, la ley hubiera obligado a la Comunidad de Madrid a financiar las exhumaciones a través de los Presupuestos y a promover actividades educativas y de difusión, así como campañas de sensibilización sobre la importancia de la recuperación y dignificación de las víctimas.
Este año se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco y hay multitud de actos para conmemorar el inicio de la democracia promovidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. En el pasado, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, ha subrayado la importancia de adoptar políticas públicas que incluyan medidas específicas para la localización e identificación de personas desaparecidas y para la dignificación de sus restos.
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