Hoy la memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente, pero impulsarla cuando la muerte de Franco estaba reciente fue un auténtico desafío. Quienes buscaron poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura en los tiempos en los que España estaba empezando a estrenar la democracia se enfrentaron a obstáculos, presiones, amenazas o incluso denuncias. Es lo que ocurrió en Torremejía, un pueblo de Badajoz marcado por la represión franquista en el que impulsar la exhumación de la fosa común en la que yacían los fusilados abocó a su primer alcalde democrático a un calvario judicial en 1979, tras la denuncia de quienes se oponían a la reparación de las víctimas.
Dos investigadores expertos en memoria histórica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Paloma Aguilar y Guillermo León, han rescatado la historia de Benito Benítez Trinidad en el artículo Los orígenes de la memoria histórica en España: los costes del emprendimiento memorialista en la Transición, publicado en la revista Historia y Política. Los expertos han accedido por primera vez al expediente judicial y al archivo municipal y han recopilado testimonios para retratar un caso cuya relevancia trasciende al ámbito local y sirve para ilustrar los límites con los que se encontraba entonces lo que hoy llamamos memoria histórica.
Este tipo de acciones “se produjeron casi exclusivamente” a pequeña escala y gracias al empeño de los familiares, que solían conocer dónde estaban enterrados los asesinados. “Pensaron que era su momento y que con la aprobación de la Constitución, el sistema sí les daría una respuesta”, cuenta León. Pero se toparon con un escenario de “hostilidad” por parte de los sectores profranquistas y de “indiferencia” social e institucional. “Las Administraciones no eran sensibles a ello, así que las medidas de reparación que se llevaron a cabo fueron escasas y fragmentadas”, añade.
Ni siquiera formó entonces parte de las agendas de los partidos y sindicatos de izquierdas. “Se marginó de las estrategias políticas a nivel provincial y nacional, pero en esos momentos el PSOE, el PCE o la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores) estaban trabajando sobre el terreno para construir candidaturas municipales, así que muchas familias se les acercaban en los pueblos para preguntarles por sus padres, sus hijos, sus tíos...”, explica el experto.
En la práctica, las iniciativas acabaron dependiendo de “la determinación” de alcaldes, concejales e incluso sacerdotes gracias al acercamiento local con las familias. Aunque no sin costes. A veces, como ocurrió en Motril, se llegaron a suspender funerales en honor a las víctimas debido a las presiones y algunas publicaciones como Cuadernos para el Diálogo llegaron a recibir amenazas por publicar reportajes sobre el tema. “En muchas ocasiones los pioneros de la memoria histórica sufrieron presiones, amenazas y acciones intimidatorias”, resume el artículo, que pone el foco en que la extrema derecha lo que quería evitar era “que se mancillara la versión de la historia ofrecida por el franquismo”.
Un largo proceso judicial
A Benito Benítez Trinidad hacerlo le valió una denuncia y un largo proceso judicial instrumentalizado con fines políticos, lo que hoy llamaríamos lawfare. “Hay que tener en cuenta que se trataba de un contexto local donde la derecha se veía desplazada del poder que había detentado durante décadas y quien lo ocupaba era un jornalero. Esto en un ámbito rural donde las diferencias sociales estaban muy marcadas generaba impotencia entre los sectores conservadores”, explica León.
Militante de la ORT, un partido marxista ya desaparecido, y hasta entonces obrero agrícola, Benítez fue elegido alcalde de Torremejía con 30 años en las primeras elecciones democráticas, en 1979. El pueblo, eminentemente agrícola y marcado por el recuerdo traumático de la represión franquista, votó en esos comicios mayoritariamente a la ORT, seguida de la UCD, el PSOE y el PCE. Se conformó una corporación heterogénea que dio lugar a momentos tensos e intentos de mociones de censura contra el alcalde.
Pero el momento más convulso llegó con la petición de los familiares de los represaliados de abrir la fosa clandestina situada en una calle del cementerio por la que la gente pisaba al pasar. Llegaron a ser 40 asesinados, según ha contabilizado el historiador Francisco Espinosa, aunque en el mausoleo que se erigió para albergar los restos figuran 33 nombres. El momento lo recuerda Ángel Calle, entonces concejal en Mérida y dirigente de la ORT: “Una serie de mujeres se enfrentaron al alcalde y a mí y nos plantearon que teníamos que sacar a sus padres. El sepulturero del viejo cementerio municipal nos dijo la ubicación porque sabía de memoria dónde estaban [...] Y decía a la gente: 'aquí está tu padre', 'aquí, tu tío', 'aquí, tu abuelo'”.
Según consta en el artículo, Benítez no lo dudó y lo llevó al pleno del 28 de julio de 1979. Menos de un mes después, Torremejía llevaría a cabo la exhumación. Los restos se introdujeron en sacos de plástico y el acto de traslado se produjo en forma de cortejo sin banderas de partidos, según el informe que elaboró la Guardia Civil. Algunos medios se hicieron eco del hecho llegando a destacar el carácter multitudinario del acto. Los testimonios recogidos por los investigadores confirman que se vivieron momentos “de emoción” y “dolor” y que aquellos días la atmósfera en el pueblo era “tensa”. Tanto que aparecieron varias pintadas con amenazas e injurias al alcalde, que en una ocasión llegó a ser agredido e insultado por varios militantes de derechas.
Estas acciones no tuvieron repercusión judicial, pero sí lo tuvo la exhumación, a raíz de dos denuncias presentadas por el gobernador civil de la provincia y el concejal de UCD en Torremejía, médico y jefe local de Sanidad, Julián Membrillo Bote. No eran “dos actores cualquiera”, sino figuras “relevantes” desde el punto de vista sociopolítico, añade el artículo. Tras meses de instrucción, el 25 de enero de 1980, el juez emitió un auto de procesamiento contra Benítez en el que le imputaba dos delitos: uno contra la salud pública por no haber pedido permiso a la Jefatura de Sanidad y otro por malversación de caudales públicos, acusado de utilizar para la exhumación a trabajadores del Empleo Comunitario, una fórmula de empleo transitorio en obras financiadas por el Estado que rigió hasta 1983 para paliar el paro agrícola.
El apoyo del pueblo
El juez le impuso además una fianza de 50.000 pesetas, pero al no tener la cantidad ni disponer ni siquiera de vivienda en propiedad, la justicia solo pudo embargarle una de las dos vacas que tenía la familia. Aunque ahora puede resultar algo “cómico”, destaca la investigación, fue en su momento un suceso traumático porque eran los únicos bienes que poseían. De hecho, su hijo Antonio sigue acordándose del momento en el que las autoridades se llevaron al animal de su casa. Sin embargo, el pueblo “se volcó” en la causa judicial e hicieron una colecta de “bonos de ayuda” de 100 pesetas para desembargar la vaca, algo que consiguieron.
El caso fue muy sonado, publicado en medios nacionales como El País e incluso llegó al Congreso de los Diputados, donde el entonces diputado de Euskadiko Ezquerra, Juan María Brandés, interpeló al Gobierno para que, en caso de condenarse a Benítez, se tramitara “inmediatamente” el indulto. Finalmente, el alcalde fue absuelto el 19 de junio de 1980, casi un año después de la exhumación. Consideró el juez que no había cometido los delitos que se le imputaban: “El de la salud pública no se sostenía porque llevaban más de 40 años enterrados. Por otro lado, varios trabajadores del Empleo Comunitario testificaron que nadie les había ordenado hacer la exhumación, algunos incluso eran familiares de enterrados. Aun así, las actividades encajarían con lo que hacían” estos empleados, resume León.
A esto se sumaba la presión social del pueblo y la repercusión que llegó a tener, lo que empezó a poner el foco en que “lo que se dirimía realmente era una cuestión de orden moral y no jurídica”, remacha el experto, que apunta a cómo el “tormento judicial” que afrontó el alcalde se constituyó como un “efecto disuasorio” de acciones parecidas. Benítez acabó siendo alcalde de Torremejía durante casi 25 años con diferentes formaciones políticas: de la ORT pasó a IU y después al PSOE, hasta 2003. Falleció en 2013, con 64 años.
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