Una “doble muerte”. Así definen los colectivos memorialistas los retrasos que se producen para la identificación genética de las víctimas de la represión franquista, una denuncia que han llevado ante el Parlamento andaluz con una concentración en la que han reclamado celeridad en estos procesos. Desde la Consejería de Cultura y Deportes –que gestiona esta competencia– se admite la demora, que cifra de media en entre 12 y 18 meses, a la vez que se recuerda que estos trabajos los asume en solitario, por lo que ha reclamado una mayor implicación económica del Gobierno central.
La Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia, junto con otras entidades memorialistas, ha llevado a cabo esta protesta coincidiendo con la sesión plenaria en la Cámara andaluza. El objetivo: que la Junta “agilice” los cotejos genéticos promovidos entre familiares de víctimas de la represión franquista y los restos mortales recuperados de las fosas comunes.
Desde el Ejecutivo andaluz se garantiza que se va a seguir trabajando “en la exhumación, la identificación y la atención a los familiares de las víctimas”, incidiendo en que se concibe la Memoria Democrática como “un territorio para la concordia”. De paso, aprovecha para recordar que asume “casi en su totalidad” los costes de estos trabajos de identificación genética, “cuando la realidad es que en Andalucía no solo la Consejería de Cultura y Deportes destina fondos a la exhumación”.
En este sentido, señala que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática “dirige prácticamente la totalidad de su financiación” para actuaciones en materia de Memoria Democrática en la comunidad autónoma andaluza a las exhumaciones. “Sería, por tanto, oportuno plantear a las otras administraciones –especialmente, a la Administración General del Estado– que se comprometan a acompañar el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía destinado a los trabajos de identificación genética”.
El ejemplo de Pico Reja
Desde el colectivo memorialista Miguel Guerrero, miembro de la plataforma, ponía como ejemplo recientemente a Europa Press que desde la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía, dirigida por Ana Gil, habían comunicado por vía “telefónica” los resultados a dos familiares de víctimas de la represión dictatorial. Previamente, habían entregado muestras genéticas para su cotejo con el material genético extraído de los huesos de los 1.786 individuos localizados en la fosa común de Pico Reja con signos de haber sido asesinados.
En ambos casos, según Guerrero, los resultados eran no concluyentes. A estas personas se les trasladó la “opción de buscar entre las ramas familiares a algunas otras personas que puedan prestarse” a proporcionar nuevas muestras de genéticas, a la búsqueda de resultados positivos.
Miguel Guerrero detallaba que estas personas a las que habían comunicado estos resultados negativos se sometieron a la extracción de muestras genéticas allá por mayo de 2018. Pese a ello, no fue hasta mayo de 2023 cuando culminó el traslado de las muestras genéticas recogidas de los restos óseos de Pico Reja al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, para intentar identificar estos cadáveres mediante el cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas a familiares de represaliados.
La Junta esgrime las dificultades del proceso
Desde el Gobierno andaluz se reconoce la demora, pero se apunta a que el plazo de resolución de la identificación genética en cada una de las intervenciones arqueológicas oscila en la actualidad entre 12 y 18 meses. No obstante, se apunta que las exhumaciones que se llevan a cabo en grades fosas y los trabajos a realizar “duran largos periodos, incluso de más de un año, los tiempos de toma de muestras y envío” a la Universidad de Granada, por lo que se suelen dividir en campañas. Las mismas suelen durar seis o nueve meses y, tras ello, se procede a la toma de muestras de ADN de los restos exhumados y a su envío al laboratorio de la Universidad de Granada.
“En otras ocasiones existe dificultad en el procesamiento de la información genética de las muestras de ADN tomadas a los restos de las víctimas exhumadas por el tiempo transcurrido desde sus fallecimientos”. En este sentido, se recuerda que en la mayoría de los casos estos restos “se encuentran en muy mal estado de conservación y es muy complejo poder obtener la información genética necesaria para cotejarla con el ADN de los familiares”.
Ante esta situación, y ycon la finalidad de aumentar la información genética obtenida para intentar dar respuesta a la demanda de los familiares, el proceso de análisis del ADN de los restos óseos se repite hasta tres veces con distintos procedimientos. Esto, argumenta el Ejecutivo andaluz, provoca “la consiguiente demora”.
Información genética insuficiente
Otra dificultad añadida es que, “en muchas ocasiones”, de los cotejos llevados a cabo entre el ADN de las víctimas y el de los posibles familiares no pueden obtenerse resultados concluyentes. Unas veces esto es debido a la imposibilidad de obtener información genética suficiente de las muestras de ADN de las víctimas, en cuyo caso, el laboratorio de la Universidad de Granada solicita al equipo que llevó a cabo la intervención la toma de una nueva muestra para intentar conseguir el ADN necesario.
En otras ocasiones, en cambio, el problema obedece a que el grado de parentesco existente entre la persona a la que se le ha tomado el ADN y el familiar “no es el más adecuado para poder obtener un resultado positivo”. En estos casos, desde el laboratorio de la Universidad de Granada se solicita la toma de muestra de ADN a otro familiar con un grado de parentesco más idóneo para poder obtener un resultado positivo.
Aprovechar los recursos del SAS
Desde el colectivo memorialista, Miguel Guerrero apunta que la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía habría manifestado que contaría con unos “400 informes” relacionados con esta operación de cotejo genético, para su comunicación en adelante. Ante ello, lamentaba una vez más la “demora tan enorme y el atasco monumental” que arrastra todo este procedimiento.
Por eso, se reclaman medidas para “agilizar” todos estos trámites, proponiendo por ejemplo que el asunto deje de estar “centralizado” en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y el cotejo sea acometido “por provincias”, aprovechando por ejemplo los recursos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
También se solicita un “canal oficial” de comunicación entre las autoridades responsables de este procedimiento y los familiares de víctimas de la dictadura que han aportado muestras genéticas para intentar identificar los cadáveres rescatados de Pico Reja con muestras de violencia.ven la misma.
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