http://m.deia.es/2014/12/14/sociedad/historias-de-los-vascos/no-se-como-en-aranzadi-han-podido-hacer-tanto-tan-bien-y-bajo-tanta-presion
Francisco Ferrándiz (Oviedo, 1963) es el autor del primer libro en castellano que trata la apertura de fosas comunes de la Guerra Civil desde un prisma antropológico-social
IBAN GORRITI - Domingo, 14 de Diciembre de 2014 - Actualizado a las 06:02h
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BILBAO - Exdocente de la Universidad de Deusto, este profesional del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC en Madrid publica El pasado bajo tierra, una autopsia social del impacto que provoca la apertura de fosas comunes en la sociedad española contemporánea.
¿A qué obedece que las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil haya sido uno de los temas más controvertidos de la primera década del siglo XXI en el Estado?
-Es difícil entender por qué se ha generado tanta crispación en torno a estas exhumaciones. Hay que dejar claro que no han sido en absoluto las primeras. En la posguerra los vencedores hicieron muchas, avaladas por la dictadura, en las que aparte de elaborarse una legislación específica, se construyó un relato nacional-católico para dar sentido político y religioso a esas muertes. Los muertos y represaliados republicanos fueron drásticamente excluidos.
Fue en 1959 y a gloria de mártires franquistas...
-A partir de entonces, 20 años después del final de la guerra, se movieron más de 30.000 cuerpos hacia el Valle de los Caídos. Tras la muerte de Franco hubo decenas de exhumaciones de fosas republicanas sin apoyo técnico. Es decir, en este país las exhumaciones de la Guerra Civil son una constante histórica. La tensión política y mediática de las exhumaciones del siglo XXI apuntan además a la incapacidad del modelo de convivencia establecido durante la transición para consensuar un rescate ordenado y avalado institucionalmente de estas personas represaliadas. La ley de Memoria Histórica estableció un modelo de subcontrata que transfería la responsabilidad a las asociaciones y equipos técnicos, liberando al Estado de responsabilidad sobre la gestión global del proceso. Esto es inaudito y ha causado muchísimos problemas, entre ellos la falta de control sobre determinadas intervenciones técnicas, o la dispersión de la información generada.
Se acaba de celebrar el Día de los Derechos Humanos. ¿Se cumplen en materia de memoria histórica?
-En general no, pero con matices. Bien o mal, el Gobierno de Zapatero elaboró una ley de memoria histórica que se aprobó en 2007, y que evidentemente es mejor que nada, aunque tenga muchas limitaciones. En este contexto se concedieron subvenciones que, con los defectos que ya he señalado, permitieron que se abrieran muchas fosas y que se llevaran a cabo actividades conmemorativas y de dignificación de estas personas.
Y llegó el PP...
-La llegada del PP al poder con una mayoría absoluta, y el consecuente vaciado drástico de contenido y financiación de esta ley, ha puesto en valor retrospectivamente la iniciativa de Zapatero. Esto respecto al Estado. Pero hay que evaluar también las iniciativas de políticas públicas de memoria en otros ámbitos de la administración, como por ejemplo el autonómico. Y aquí han sido desiguales y discontinuas. Uno de los mayores focos de interés ahora mismo está en Andalucía, como hace años lo estuvo en Catalunya con la creación del Memorial Democrático.
Trabajó en la Universidad de Deusto. ¿Qué datos aporta el libro sobre fosas de Euskal Herria?
-Viví siete años en Getxo y tengo un vínculo muy profundo con Euskadi, aparte de un hijo de Bilbao. Colaboro con Deusto, con la UPV/EHU y con Aranzadi, así que no es difícil verme por allí. En el libro, por su perfil de antropología social, aparecen muchos estudios sobre casos de distintos puntos de Estado. Pero a pesar de haber hecho trabajo de campo en Euskadi con mis colegas de Aranzadi, ninguno de ellos es de aquí. ¡Lo guardo para futuras publicaciones!
A su juicio, el contexto vasco es diferencial al del Estado.
-Sí, pero a pesar de ello, muchos de los procesos que analizo en el libro pueden aplicarse a Euskadi.
Estuvo en Zirardamendi...
-Efectivamente, presencié la exhumación de Zirardamendi, que fue fascinante y extraordinariamente reveladora sobre la tensión entre las diversas culturas memoriales que coexisten en Euskadi.
“Franco va a salir del Valle de los caídos antes o después”. La enunciación es suya.
-Tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos, puesta en marcha por Ramón Jáuregui cuando era ministro de la Presidencia en 2011. El documento que salió de esa comisión tiene bastante interés, aunque a nadie le extrañó que el PP hiciera caso omiso. La propuesta de trasladar a Franco a un panteón familiar se llevó las portadas, oscureciendo el debate de las propuestas.
Explíquelo.
-Por ejemplo, la salida de Franco era solo una parte de una propuesta más amplia sobre el desmantelamiento de la jerarquía funeraria del monumento, que incluía el traslado a las criptas de José Antonio Primo de Rivera y la transformación del cementerio en un cementerio público especial bajo tutela del Estado y no de la Iglesia. Igual se me puede considerar un iluso, porque los obstáculos son grandes, pero estoy convencido de que en algún momento Franco abandonará el Valle, y espero que sea por mandato parlamentario.
¿Qué opinión le merece el exjuez Baltasar Garzón?
-Garzón es un juez muy polémico, aspecto bien conocido en Euskadi. Uno de los capítulos del libro se refiere a su famoso y controvertido auto de 2008 en el que pretendía aplicar al caso español el derecho internacional de los derechos humanos. Es evidente que desde el punto de vista jurídico fue un fiasco: fue desactivado por la propia Audiencia Nacional y después por el Tribunal Supremo a pesar de la sentencia absolutoria por prevaricación. Pero como antropólogo social, lo que me interesa descifrar es la vida social de los derechos, es decir, el recorrido social y simbólico de determinadas categorías jurídicas, independientemente de su recorrido estrictamente legal.
¿A qué contribuyó Garzón?
-A consolidar en el discurso público la figura de la desaparición forzada para referirse a los fusilados republicanos durante la guerra y la postguerra. El movimiento asociativo ha absorbido poco a poco este concepto, y eso tiene consecuencias drásticas en el perfil de las víctimas sobre las que se reclaman derechos: ahora son víctimas de crímenes imprescriptibles que se siguen cometiendo mientras no reaparezca el desaparecido. Los dos informes de la ONU publicados este año corroboran esta transformación paulatina del fusilado en desaparecido. Por este tema, y por su labor en el caso Gürtel, Garzón se convirtió en un personaje bien incómodo y se lo quitaron de en medio.
¿Qué destacaría de la labor de la sociedad Aranzadi?
-Que ha sido heroica. El equipo coordinado por Paco Etxeberria y Lourdes Herrasti ha sido fundamental en que todo este proceso tan complejo y lleno de dificultades se haya mantenido en pie. Desde el principio lucharon por establecer protocolos de intervención homologables con equipos técnicos internacionales, con los que ya tenían contacto, y los han profundizado con los años. Han llevado a cabo un porcentaje muy importante de las exhumaciones del siglo XXI con una solvencia extraordinaria. Han trabajado miles de horas en su laboratorio analizando e identificando los restos cadavéricos exhumados, y han elaborado decenas de informes técnicos. Con ellos se ha formado gente que ahora trabaja en equipos internacionales. Sinceramente, no sé cómo han podido hacer tanto, tan bien, y bajo tanta presión.
¿Volvería a vivir en Euskadi?
-Ahora tengo un trabajo muy bueno en el CSIC en Madrid, donde me puedo dedicar plenamente a la investigación. ¡Pero no lo descarto en absoluto! De hecho, trato de estar allí todo el tiempo que puedo.
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