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Posted: 19 Dec 2014 05:08 AM
PST
Los grupos catalanes de
derechos humanos presentaron formalmente el caso por los delitos de lesa
humanidad del régimen, que se lleva a cabo en Buenos Aires. Carlos Slepoy y
el ex fiscal español Mena lo describieron.
La querella impulsada desde la
Argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo fue presentada
oficialmente en Barcelona en una mesa redonda. Sus integrantes fueron
protagonistas de esta lucha histórica por la verdad y la justicia en ambos
lados del mundo. El acto fue organizado por el Memorial Democràtic de la
Generalitat de Cataluña en colaboración con la Asociación Catalana de Juristas
Demócratas (ACDJ) y el Centro de Estudios Jurídicos y
Formación Especializada (Cejfe). Estuvieron el ex fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia José María Mena y el abogado de los querellantes
Carlos Slepoy. En la mesa explicaron la causa, uno desde su perspectiva como
profundo conocedor del sistema judicial español y otro desde su implicación
directa con la causa que instruye la jueza María Servini de Cubría.
También participaron familiares
de desaparecidos y víctimas directas de la dictadura, que dejaron su
testimonio y agradecieron emocionados el apoyo recibido desde la Argentina.
Entre otros, estaban Carles Vallejo, sindicalista represaliado de la SEAT y
actual presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH);
Merçona, Imma, Carme y
Montserrta Puig Antich, hermanas de Salvador, el último
ejecutado por el garrote por el franquismo en 1974, y Antonio Martos, hermano
de Cipriano Martos, antifascista y sindicalista que fue asesinado en la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de Reus el 17 de septiembre de 1973.
Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial Democràtic, inauguró el acto recordando
que se enmarca en un proyecto que la institución lleva a cabo para que “la
Ley de amnistía sancionada en 1977 deje de tener la interpretación que tiene
hoy en día”. Palou-Loverdos empezó por el principio: si esta semana se
presentó una querella que nació en la Argentina y no en España, es porque el
gobierno del Partido Popular (PP) utiliza la Ley de Amnistía como una ley de
punto final. El cuestionamiento es que la ley no es aplicable a crímenes de
lesa humanidad como la desaparición de 150 mil personas desde el comienzo de
la Guerra Civil en 1936 hasta el fin del franquismo en 1977.
El ex fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia José
María Mena también criticó la interpretación dada a la normativa
por el gobierno de Rajoy. “Una cosa es la verdad que todos sabemos y otra es
la judicial, que no tenemos. Según el gobierno, la cuestión está
suficientemente saldada con la Ley de Memoria Histórica. El gobierno dice que
no es una ley de punto final porque no fue creada por una dictadura, sino
pactada libremente por partidos democráticos durante la transición. Pero el
pequeño detalle es que se sancionó en 1977 y la Constitución es del 1978”,
advertía Mena.
La segunda crítica disparada
hacia la política del PP en materia judicial se refirió a la modificación del
artículo de la justicia universal, según el cual los crímenes en masa podían
ser investigados en cualquier país cuando no fueran debidamente juzgados en
su lugar de origen. Mena recordó cómo hace diez años la lucidez de un joven
fiscal –trabajando a pocas cuadras de donde se celebraba el acto en
Barcelona– hizo que se usara el principio de justicia universal contra los
genocidas de la Argentina y Chile y “lió este gran terremoto del derecho penal,
el más importante después de Nuremberg”, evocó el ex fiscal.
José María Mena explicó que, en
su día, se le objetó a la justicia universal que se tratara de un verdadero
colonialismo jurisdiccional. “Pero, en la práctica, eso no tiene sentido
porque lo cierto es que la justicia universal sí se admite para Africa o
América latina, y no para las torturas de Guantánamo o las masacres de
Palestina o el Tíbet”, puntualizaba Mena. “Cuando Zapatero iba a aterrizar en
Tel Aviv y le dijeron que no lo haría si no quitaba el articulito de la
Constitución, salió una reforma parcial del artículo 23.4 ese mismo día.
Luego, ya en tiempos de Rajoy, cuando la Audiencia Nacional dinamizó la causa
contra los crímenes del Tíbet, los chinos los amenazaron con retirarles el préstamo
y acto seguido se modificó la ley para que resultara inaplicable”, denunció.
Para concluir, el ex fiscal
general dejó abierta la esperanza de que, también desde los juzgados
españoles, pueda moverse la losa impuesta a la memoria en el país ibérico. “Lo
que hasta aquí había sido imposible, y le costó la carrera a Baltasar Garzón,
hace pensar que en España está todo perdido. Pero las leyes siempre se pueden
interpretar en un sentido u otro, algún juez encontrará un recoveco y estos
juristas de la Argentina nos van a enseñar cuál es el modelo”, recalcó.
Carlos Slepoy es uno de ellos. Junto a un equipo de abogados, en 2010
presentó la querella contra el franquismo en los tribunales de Buenos Aires y
desde entonces mantiene un arduo proceso en el que los principales obstáculos
son interpuestos por el gobierno y la justicia españoles. Pero a cada traba,
la querella parece más fuerte. Por ejemplo, a partir de la prohibición de las
videoconferencias solicitadas por la jueza María Romilda Servini de Cubría para
que declararan las víctimas, los querellantes empezaron a viajar a la
Argentina para hablar directamente con la jueza. Para Slepoy, fue “un
acercamiento a la anhelada verdad judicial porque, por fin, las víctimas
pueden ser escuchadas por la justicia”.
El último bloqueo de la
Justicia española fue la negación de las solicitudes de extradición y
detención de los torturadores Billy el Niño y González Pacheco. La Audiencia
Nacional dictaminó que sus crímenes prescribieron por ser delitos aislados,
algo “infumable –según Slepoy– cuando existen múltiples denuncias de
fusilamientos y torturas”.
De todos modos, al abogado
argentino no le faltan motivos para ser optimista porque su equipo cuenta con
el apoyo de diversos partidos, cien municipalidades españolas y la inminente
presentación en el Parlamento europeo de una iniciativa conjunta con
Izquierda Unida y Podemos para exigir que se proceda a las detenciones. “En
España puede suceder lo mismo que en la Argentina, donde el excepcional
proceso de verdad y justicia que vivimos parecía impensable. Tenemos la
sensación de que va a haber cambios políticos muy importantes en este país, y
muy pronto, que van a favorecer la causa”, auguró Slepoy.
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dissabte, 20 de desembre del 2014
En Barcelona, por la justicia
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