LEY DE PELIGROSIDAD SOCIAL, ¿HASTA HACE SOLO 22 AÑOS?
La Ley 16/1970 sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, derogó la Ley de Vagos y Maleantes y sus complementarias o modificativas.
Esta ley entró en vigor el 6 de junio de 1971. Los diferentes tipos de peligrosidad incluían algunas situaciones de clara marginación social. Entre las más claramente nazis estaban: Los (mayores de 16 años) que realicen actos de homosexualidad, los mendigos habituales, los que de modo habitual o lucrativo faciliten la entrada en el país o la salida de él a quienes no se hallen autorizados para ello (exiliados, demócratas perseguidos, resistentes antifranquistas), los menores de 21 años que se hallaren moralmente pervertidos, los enfermos y deficientes mentales que signifiquen un riesgo para la comunidad. La ley era todo un ideario nazi y no olvidemos que estamos hablando de la España de 1971, hace solo 46 años (yo tengo 54). El objetivo de dicha ley fue “el primordial compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena vida social”.
La ley inició su andadura con más rigor punitivo que la ley de Vagos y Maleantes que había sido impulsada por consenso durante la II República para el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas y modificada el 15 de julio de 1954 para perseguir y castigar cualquier práctica homosexual. Junto a la de “Escándalo público” fue usada de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última etapa de la dictadura franquista y establecía penas que iban desde multas hasta penas de cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para la “rehabilitación” de los represaliados.
Los denominados “peligrosos” eran tratados en la ley como enfermos a quienes no se debe perdonar, sino curar. Esto hizo que las personas homosexuales no sólo fueran perseguidas y reprimidas, sino que también fueron encarceladas como método de prevención del contagio. Como consecuencia, los homosexuales no sólo eran sometidos al aislamiento social en manicomios y prisiones, sino que los condenados no podían reintegrarse en la sociedad hasta que no se hubiera evaluado su curación, por lo que, no podían beneficiarse de indultos, amnistías, redención de penas o libertad condicional como otros presos. El régimen estableció dos penales, uno en Badajoz y otro en Huelva, donde se enviaban a los “pasivos” y los “activos” respectivamente. Y otros como el Campo de Concentración de Tefía en Fuerteventura. Además que en el resto de centros penitenciaros siempre hubo “cupo” para peligrosos sociales, especialmente LGTB, concretamente hubo numerosos LGTB en la cárcel madrileña de Carabanchel. En estos establecimientos, como explica el Informe de Amnistía Internacional España: poner fin al silencio y a la injusticia, se pretendía reconducir la orientación sexual de los presos mediante lo que se denominó terapia de aversión: tras estímulos homosexuales se daban descargas eléctricas, que cesaban cuando había estímulos heterosexuales. La reeducación que sufrimos y sufrió el resto de la sociedad hace que aún hoy en día esta arbitraria clasificación (¿pasivos/ activos?) siga siendo utilizada en muchos ámbitos. De igual manera sigue habiendo grupos neonazis como “Hazte Oír” que siguen considerando y difundiendo que la orientación e identidad sexual es una enfermedad.
Tras la muerte del dictador ni siquiera el indulto de 1975 o la amnistía de 1976 incluyeron a ninguno de los considerados peligrosos sociales.
Con la entrada de la “democracia monárquica” (¿oxímoron?) la ley siguió en vigor.
El 26 de diciembre de 1978, tras un debate en el Parlamento, gobernando Adolfo Suárez, se suprimieron algunos artículos de la ley franquista sobre Peligrosidad y Rehabilitación social de 1970 que incluía entre otros a aquellos que practicaban la mendicidad, la homosexualidad, la inmigración y a cualquiera que fuera considerado peligroso social por el régimen fascista. Así se puso final a la ilegalidad de la homosexualidad en España. Esta fecha del 26 de diciembre es reivindicada por la “Fundación 26 de diciembre”, colectivo que reconoce en su web: “El cambio legal que trajo consigo la reforma de 1978 supuso un importante respiro para los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas que hasta entonces vivían bajo persecución y represión su orientación sexual o identidad sexual o de género. En definitiva, el día 26 de diciembre de 1978 fue un importante día para las libertades de todos y de todas nosotras, y también del conjunto de la sociedad española”.
El objetivo de esta Fundación es precisamente proporcionar bienestar a quienes hoy ancian@s, vivieron esos años de fascismo y represión. Tal como lo expresan en su web: “
“La vejez, con todo lo que conlleva, es un desafío para todos, pero todavía sigue siendo un desafío mayor para el colectivo LGTB. En esa edad que el poeta Francisco Brines definió como la del “otoño de las rosas”, el colectivo LGTB aún se encuentra con dificultades añadidas para enfrentar – con gallardía, buen ánimo, buen humor, los mejores cuidados y en la mejor compañía posible – las servidumbres de la edad tardía. Facilitar ese reto, en la exigencia del respeto de los demás y la perseverancia en la propia dignidad, es el objetivo de la FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE”
Finalmente la ley fue derogada siete años después, el 23 de noviembre de 1995. Hace solo 22 años.
En la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de protección de datos 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, se declaran confidenciales los archivos policiales de todos los reprimidos con esta ley, y sólo los historiadores pueden acceder a sus datos con fines estadísticos.
¿Ha terminado la represión?
Aún, en las últimas detenciones que hemos vivido con motivo de la declaración de la República catalana, hemos podido oir como diversos colectivos antiindependentistas, incluidos la policía nacional se mofaban de los políticos por apoyar las reivindicaciones LGTBQ. Aún entre nuestra juventud se sigue utilizando el término “marica” y “maricón” con connotaciones de peligrosidad social, como desprecio y como exclusión. Aún, como ya comenté más arriba, organizaciones neonazis como “Hazte Oír” hacen campañas para “curar” a las personas LGTBQ, y en muchos casos financiadas incluso con subvenciones públicas. Aún no se han juzgado a los torturadores que aplicaron electroshocks a los homosexuales porque se lo impide el tribunal “constitucional” y la ley de Amnistía de 1977. Hay que derogar aún leyes homófobas y franquistas. Hay que formar a la judicatura, los cuerpos de seguridad y a la docencia de escuelas, institutos y universidades. Hay que ilegalizar instituciones, fundaciones, colectivos y partidos franquistas y filofranquistas como la Fundación Francisco Franco, Hazte Oír, Vox… Hay que denunciar el discurso homófobo afín a la ley de peligrosidad de las iglesias y sectas religiosas y afianzar la laicidad del Estado y la separación entre Estado y religión, entre otras medidas, sacando la religión de la Educación. Y mucho, mucho mas.
Autor: Pedro Polo (activista LGTBQ y miembro de la Plataforma contra la impunidad del franquismo)
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