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Siete años después de su primera entrada en la cámara, la propuesta de ley para la investigación del robo de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia será tramitada de nuevo gracias a la lucha de las asociaciones.
Soledad Luque expresa felicidad al otro lado del teléfono. Es la tercera vez que las asociaciones en lucha por el robo de bebés, coaligadas en CEAQUA y con el apoyo de Amnistía Internacional, consiguen que la proposición de ley para investigar el crimen del robo de bebés durante la dictadura y los primeros años de la democracia entre en el Congreso. Esta vez lo han conseguido con el apoyo de Podemos, Sumar, ERC, Bildu, BNG y Junts. PP, PSOE y PNV no han firmado pero les han confirmado el compromiso de la toma en consideración. Estamos pues ante un “primer paso”. Pero un primer paso que no parte de cero.
SIN ACCESO A LA JUSTICIALa ley paralizada de bebés robados: “No ven necesario juzgar a los culpables”
Y aunque tras tres legislaturas consecutivas no ha llegado a materializarse, hay esperanza. “Esta tramitación no empieza de cero, empieza de cero la cuestión administrativa pero el trabajo ya lleva siete años con los grupos políticos, continúa donde lo dejamos en la anterior legislatura. Hemos entregado un texto muy completo incluyendo algunas enmiendas. Es una puerta que podría abrir la investigación de estos crímenes”, expresa Luque, presidenta de Todos los niños robados son también mis niños, quien busca a su hermano gemelo arrancado de su madre nada más nacer en la maternidad de O'Donell (Madrid) en 1965.
En 2017 las víctimas trasladaron a los grupos políticos su propuesta legislativa. En 2018 la registraron a través de casi todos los partidos, excepto PP y Cs, y cuando se lleva a la toma en consideración se aprueba por unanimidad. Después llegaron las elecciones y decayeron todas las propuestas que había en el casillero. En 2020, con un nuevo gobierno, la ley se vuelve a registrar. En junio de ese año se volvió a aprobar su toma en consideración, esta vez por mayoría, con la oposición de la extrema derecha. En este periodo experimentó hasta 146 ampliaciones del periodo de enmiendas. En febrero de 2023 las asociaciones consiguieron que los grupos políticos desatascaran la situación, pero una nueva convocatoria electoral dio al traste con los esfuerzos.
En las enmiendas del PSOE “no nos denominaban víctimas sino afectadas, desapareció todo el capítulo del derecho al acceso a la justicia y toda mención a delito de lesa humanidad”
Enmiendas que impiden su acceso a la justicia
Detrás de estos retrasos: la postura del PSOE, que no ha ido pareja a las peticiones de las asociaciones de víctimas. “No nos denominaban víctimas sino afectadas, cosa que si ocurre en la ley de memoria histórica, desapareció todo el capítulo del derecho al acceso a la justicia, a la creación de una fiscalía especializada y toda mención a delito de lesa humanidad”, cuenta Luque mientras añade que en esta ocasión han notado una mayor receptividad. “Nos ha explicado que ellos están por la labor de sacar la ley y tendremos algún portavoz o diputado asignado para ello de manera fluida y continuada que es lo que nos ha faltado en la anterior legislatura”, explica.
“Ahora la mesa del congreso no debe de bloquear la ley en un trámite infinito de enmiendas como hicieron la legislatura pasada y que el compromiso sea real. Que hablen menos y que actúen más”
No se descarta un “trabajo arduo” pero hay ganas de sentarse para consensuar. “Con esta ley se afianzan los derechos de las víctimas, del pasado y del presente, de las que ya no están y de las que todavía buscan reencontrarse con sus familias o recuperar su identidad. Víctimas, en definitiva, de una violación de derechos humanos”, valoran CEAQUA y Amnistía Internacional en un comunicado conjunto. "El marco temporal comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene cierre, por tanto, acoge tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia“, avisan.
"Me compraron por 25.000 pesetas": la lucha contra la impunidad en la trama de los bebés robados en España
- El origen de estas prácticas sistemáticas se remonta a los comienzos del franquismo pero siguió perpetrándose hasta los 80
- Las víctimas denuncian que la mayoría de investigaciones se detienen porque los casos "prescriben" o los verdugos han fallecido
Gema Armero comparte su historia con RTVE.es. Su ADN no coincide con los restos de la que debería ser su hermana melliza, enterrada en 1982 en una fosa común del cementerio de Alicante. Tras la exhumación del cadáver de la bebé en el año 2011 y de los pertinentes análisis genéticos, la familia confirmó sus sospechas: robaron a su hija y la cambiaron por otra niña que se encontraba a punto de morir.
Gema Armero comparte una tarde con su familia CEDIDA POR GEMA ARMERO
Parejas jóvenes, madres solteras, matrimonios con muchos hijos en condiciones vulnerables… Eran las potenciales víctimas del robo de bebés en España. La madre de Gema reunía todas las condiciones necesarias para ser víctima de una trama sistemática cuyo origen se remonta a la dictadura franquista. El tercer parto de una mujer humilde que vio por última vez a su hija en la Clínica Vistahermosa de Alicante.
El origen, a la búsqueda del “gen rojo”
En enero de 2011 la Fiscalía General del Estado recibió 261 denuncias de personas que decían ser bebés robados, o bien que les habían arrebatado a sus hijos al nacer. Un crimen perpetrado hasta bien entrados los años ochenta, que se origina y desarrolla en el franquismo, y que se prolonga durante una democracia que no ha logrado revertir el “estado de impunidad” ante el cual se han encontrado los verdugos. Así lo entiende Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los Niños Robados También son mis Niños.
Quienes han estudiado este entramado argumentan que tras el origen de estos hechos existen cuestiones “morales y biológicas”, traducidas en prácticas represivas en consonancia con la macabra teoría del llamado "gen rojo", explica Soledad. Para entenderlo, debemos remontarnos a finales de los años 30. El nuevo régimen, en sintonía con las leyes eugenésicas del nazismo, trató de buscar una explicación biológica al marxismo, la idea de que esta ideología se transmitía genéticamente.
Para capitanear la sádica búsqueda del llamado “gen rojo", el régimen recurrió al que fuera el jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército, el comandante Antonio Vallejo-Nájera, autor de la Eugenesia de la Hispanidad, obra cuya intención era “contribuir a la regeneración de la raza” hispánica a través de la selección de individuos “de elevado potencial biopsíquico”.
Bajo estas ideas de segregación, el régimen empieza a sustraer a niños de familias republicanas para pasar a formar parte de familias católicas, centros de la Iglesia o de Falange. “Miles y miles eran retirados a causa de esta teoría a las mujeres que estaban en las cárceles”, explica Soledad Luque.
"Mi madre pagó 25.000 pesetas por mí"
Hasta mediados de los años 50, más de 30.000 niños fueron tutelados por el Estado franquista, miles de ellos retirados de las mujeres que se encontraban en las cárceles por motivos políticos. Sin embargo, el proceso continúa y durante toda la dictadura, la desaparición de niños y niñas se convierte en sistemática y producida ya no en cárceles sino en clínicas y maternidades.
Las víctimas pasan a ser familias de pocos recursos, mujeres jóvenes o solteras cuyos hijos e hijas pasar a ser custodiados por familias con problemas de fertilidad pero con el dinero suficiente para pagar por un neonato. Esas transacciones explican que también se hayan denunciado casos de mujeres casadas muchas veces primerizas, de partos gemelares o familias numerosas. Lo explica a RTVE.es la doctora en Periodismo, Ana Mancho, autora de una tesis que aborda la trama de bebés robados en España.
La madre adoptiva de Irene Meca la compró en 1953 por lo que hoy serían 150 euros. “Lo único que me dijo es que pagó 25.000 pesetas por mí”. Hija de una mujer soltera, de raíces humildes, fue traslada a Madrid tras nacer. Esa sería la última vez que pisaría Ambite, su pueblo natal, hasta 2023.
Irene, junto con su madre adoptiva y su abuela en 1956
Según su documento nacional de identidad, Irene nació un 2 de abril del citado año. Sin embargo, no es lo que consta en el registro civil de la pequeña localidad madrileña en la que nació. A través de un banco de ADN dio con un familiar en México y tirando del hilo llegó a Ambite, donde logró dar con sus primos hermanos. Cuando tenía 15 años, Irene se enteró de que era adoptada. No fue hasta mayo de 2023 cuando encontró a su familia biológica. Hoy tiene 71 años.
“Alguien decidió que no tenía por qué estar aquí con mi madre, una mujer soltera… Por lo que me han contado, le dijeron que el médico me llevaba a Madrid y ya no me volvió a ver”. La madre de Irene murió dos años después de dar a luz, con tan solo 29 años. Recientemente sus restos han sido exhumados y una prueba de ADN confirma que, efectivamente, la mujer enterrada en el cementerio de Ciempozuelos era aquella joven madre a quien le arrebataron a su hija. Hoy, Irene se pregunta si puede haber un crimen mayor.
Robos a mujeres vulnerables
“Siempre morían de madrugada". En los años 60, las cuestiones ideológicas pasan a ocupar un segundo plano, y son aspectos económicos y sociales los que fundamentan el robo de bebés. El Hospital General de Alicante esconde casos como el de la María José Picó, que nació junto a su hermana melliza el 28 de marzo de 1962.
Una joven María José, a la derecha, en un retrato familiar de 1965 CEDIDA POR MARÍA JOSÉ PICÓ
Dos noches tras el parto una monja le dijo a su madre, que pasó días “adormilada” en el centro médico, que una de las bebés había muerto “heladita de frío”. “¿Cómo vas a dudar? Si un médico era un Dios y una monja, parecido”. Se les negó el derecho a poder ver el cadáver de la niña, que fue enterrada dentro de una caja de madera en una fosa común del cementerio de Alicante. "Ni le dejaron ver a la bebé fallecida, ni traerla a Elche para enterrar…”
En enero de 2011, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) presentó la primera denuncia colectiva de casos de bebés robados en España. “Cuando se empieza a hablar de que esto ocurría y del perfil de los casos, me di cuenta de que era exactamente igual que el mío”. Entonces, María José Picó interpone una denuncia ante la Fiscalía de Alicante y en 2012 se ordena la exhumación de aquella caja donde presuntamente se encontraba su hermana melliza.
Pero la madera se va perdiendo con el paso del tiempo y entre lo que queda de ella no logran hallarse huesos humanos, que podrían también haberse perdido con el transcurso de los años o sencillamente no haber estado allí nunca, lo cual convertiría aquella tumba infantil en una caja vacía. La Fiscalía consideró que las líneas de investigación se encontraban agotadas. El caso, finalmente, es archivado.
Un crimen de lesa humanidad no prescribe
En noviembre de 2011, diez meses desde esa primera denuncia colectiva, la cuarta parte de las mismas habían sido archivadas principalmente porque la justicia considera en la mayoría de ellas que los casos han prescrito. Jacinto Lara, abogado de la plataforma CEAQUA, considera un “argumento jurídico falaz” y contrario al derecho internacional este elemento de prescripción por dos motivos principales.
En primer lugar, porque la trama de los bebés robados puede considerarse por sus dimensiones un "crimen de lesa humanidad" y por tanto de carácter imprescriptible, al ser un ataque “generalizado o sistemático” contra parte de la población civil, en este caso contra “mujeres con un perfil muy concreto”. En segundo lugar, porque esta trama enmarcada dentro de los Derechos Humanos como “crimen de desaparición forzada” no puede prescribir hasta que “se localiza a la persona que ha sido objeto de desaparición”, explica el letrado.
El robo de un niño, una "ausencia presente"
Lola Pérez recuerda haber visto por última vez a su hermana cuando tenía 13 años a través de un cristal en el Hospital General de Alicante. Nació el 14 de febrero de 1969. “La vi tan preciosa, llorando, no estaba entubada ni nada… Le decía, tranquila, pronto vendrás a casa y yo te cuidaré”. Un día antes, el hospital había comunicado a la familia que la niña iba a morir. Tenía 13 años cuando presuntamente robaron a su hermana.
Lola Pérez y Gema Armero durante una concentración en Madrid IMAGEN CEDIDA POR PACO ALARCÓN
Lola es la tercera de seis hermanos en una familia de la localidad de Guardamar, Alicante. La familia siempre sospechó de que había algo extraño tras la muerte de la niña y Lola, muchos años después, empieza a investigar lo ocurrido. El hospital donde nació informó a Lola de que no existe historia clínica de su madre. “Qué humillación”, lamenta. Trató además de consultar el libro de bautismos, que durante 5 años seguidos no presentaba ninguno in extremis realizado en el hospital.
Las irregularidades en torno a la muerte de su hermana la llevaron a denunciar lo sucedido. La denuncia de su caso también se encuentra archivada, según cuenta a RTVE.es la propia Lola Pérez por falta de pruebas y prescripción de los hechos. Desde la primera denuncia colectiva hasta marzo de 2021 abrieron un total de 2.138 investigaciones de casos de bebés robados, de las cuales solo 526 se habían judicializado hasta la fecha. A marzo de 2021 tan solo una investigación seguía en trámite.
La Justicia española no cumple
El abogado Jacinto Lara sostiene que detrás de los casos archivados existe un componente político que ha mantenido un relato oficial basado en el “olvido y en la desmemoria”, cerrando las puertas a las víctimas al acceso a la justicia.
La Constitución establece que la ley española se debe interpretar de acuerdo con todos los tratados internacionales y convenios que el Estado español ha suscrito, señala a RTVE.es el letrado. Un principio que da de bruces con ese elemento de prescripción en el que se amparan los tribunales para archivar la mayoría de las causas.
Querella criminal, "un paso necesario"
El pasado 12 de marzo, María José Picó presentó la primera querella criminal con la que pretende dar “voz y visibilidad” a todos los casos de esta trama y en la que se denuncia la sustracción de su hermana melliza aquel 28 de marzo de 1962 en el Hospital General de Alicante. Allí, la Asociación de Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA) se ha volcado con todo este entramado de crímenes que no obtienen respuesta por parte de la Justicia española. Su secretario, Paco Alarcón, señala a RTVE que con esta acción judicial esperan poder señalar la “injusticia” que se ha producido en todos estos casos y poner de manifiesto “la necesidad de una ley específica de bebés robados en el Estado español”.
Asimismo, la querella denuncia el modelo de impunidad por parte del Estado español en relación con la “falta investigación y enjuiciamiento de este tipo de crímenes tan sumamente aberrantes”, explica Jacinto Lara.
Los afectados piden que se apruebe cuanto antes la Ley de Bebés Robados, cuya tramitación lleva estancada desde hace tiempo, la cual pretende dar una “respuesta integral” a este tipo de crímenes y garantizar el “acceso a la justicia” de las víctimas, señala el letrado. Una serie de derechos, que según apuntan a RTVE.es todas las fuentes consultadas para este reportaje no se están garantizando con la actual Ley de Memoria Democrática.
La dictadura franquista se encargó de negar todos y cada uno de los derechos de las mujeres, sometidas ideológicamente a unos principios fundamentados por el catolicismo. El robo de bebés no deja de ser otro más de los muchos crímenes del franquismo todavía sin resolver. Una práctica acometida en el marco de una “protección, connivencia y complicidad” por parte del régimen y que se sigue perpetrando hasta varias décadas tras el final de la dictadura, explica Jacinto Lara.
Gema Armero siente “rabia, odio y decepción”. Pero eso le da fuerzas, dice, para seguir buscando a su hermana. Una pérdida que siempre ha llorado en silencio. Una “ausencia presente”, como señala Lola.
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