Quiebra de la memoria histórica.

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Denunciada en un foro liberal por el fundador de la Federación Social-Demócrata Rafael Arias Salgado

José Luis Heras Celemín Miércoles, 30 de marzo de 2016, 00:52 h (CET)

«En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos 1º Abril 1939. Año de la Victoria» Escueto. Es el último parte de guerra de la Guerra Civil Española, que se conserva escrito a lapicero con enmiendas y tachaduras. Con ese texto, hace 77 años, se ponía fin al enfrentamiento sangriento entre españoles y se iniciaba el periodo de paz que disfrutamos. Conviene repasarlo hoy, a unas horas del septuagesimoséptimo aniversario de su redacción, por varios motivos: Para percibir en la dureza de los vocablos bélicos la realidad de un conflicto que el paso del tiempo ha desvanecido. Para ponderar la transformación del periodo pacífico, que, evolucionando poco a poco y con el concurso de todos, ha sustituido el enfrentamiento por el espíritu de concordia que significó la Transición. Y para avisar de una posible involución que pudiera dar al traste con la situación pacífica actual. Todo ello, además de favorecer la construcción de una Memoria Histórica Nacional, contribuye a formar una conciencia propia que resulta oportuna; y que se está desarrollando desde distintos ámbitos, instituciones y foros de opinión, no todos coincidentes. En uno de esos foros de opinión, el Club Liberal Español, se ha iniciado el ciclo de conferencias “La Sociedad Española 40 años después”, en el que se analizan las evoluciones en España desde la instauración de la democracia. La última conferencia, de hace unos días, tuvo como orador a Rafael Arias Salgado, ministro en la democracia con tres presidentes distintos: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y José María Aznar. El ponente y el título de su conferencia, “Evolución y futuro de las Comunidades Autónomas”, eran motivo de atención. Contribuían a ello: Su condición de hombre de izquierdas, fundador de la Fundación Social-Demócrata con Fernández Ordóñez y seducido para UCD por Adolfo Suárez. Su “lugar en la cocina” en el momento de la creación del Estado de las Autonomías siendo Ministro de la Presidencia con Suárez y de Administración Territorial de España con Calvo Sotelo. Y lo que, a la postre y para el futuro inmediato, resulta más importante: su puesto de observador privilegiado del pasado y del presente. En su charla, hecha sobre unas notas, definió el proceso y la articulación del Estado: Una vez redactada la Constitución, la construcción del Estado de las Autonomías es un proceso con varias etapas para el desarrollo de los Estatutos Autonómicos (históricos y no históricos), que dio paso a una «Carrera autonómica» en la que hubo que paliar los agravios comparativos de unas autonomías con otras; y evitar un «proceso de transferencia que, además de imposible, destrozaría el Estado si se hacía descontrolado». Esto fue posible por el acuerdo entre las dos fuerzas políticas principales: Una “de izquierdas”, el PSOE que se ha mantenido a lo largo del tiempo en primacía sobre el PC y las formaciones que han tenido su origen en él. Y otra “no de izquierdas”, formada por el centro democrático de UCD y la derecha tradicional de Alianza Popular que con el tiempo dieron paso al PP actual. La base del acuerdo fueron unos Pactos Autonómicos entre ambas fuerzas políticas aguantando el empuje de los partidos independentistas y las presiones de los grupúsculos locales con cesiones de transferencias parciales no todas buenas (como las de Educación y Sanidad que cedió Felipe González a Cataluña, o las que consintió Aznar). Pero el principio de lealtad se mantuvo, aún después de la intentona golpista, del 23-F, que favoreció la reconducción del amenazante descontrol autonómico de entonces. Llegado un momento, Arias Salgado se ajustó las gafas, pasó la hoja del cuaderno, hizo una pausa apenas perceptible y empleó otro tono, consciente de lo que iba a decir y acaso para remarcarlo: Hasta Zapatero, lo que hay es un acuerdo entre UCD, AP y PSOE para establecer los pactos autonómicos que se definieron por la ley de García de Enterría; y que soportarían las presiones nacionalistas. Pero esa situación entró en quiebra con la gratuita cesión de Zapatero a los nacionalistas. No había necesidad de cesiones y todo estaba controlado, pero Zapatero produjo la quiebra poniendo en cuestión los principios de la Transición, echando a andar una Ley de Memoria Histórica que no era imprescindible ni estaba previsto adónde conducía, y excluyendo a la Derecha Nacional con el Pacto del Tinell que debilitó la unidad y redujo la entidad del PSOE en Cataluña, Galicia… Como colofón, en el mismo tono de preocupada gravedad, el socialdemócrata de UCD, para admiración de algún liberal que le oía, tras el resumen «Hay un proceso político que ha cambiado a España y empezó en 1977», hizo una afirmación solemne que sonó, más que a vaticinio, a advertencia: «Hoy, o hay un consenso sustantivo entre todos, o la democracia se pone en riesgo». Horas después, junto a la quiebra del socialista Rodríguez Zapatero denunciada por el socialdemócrata Arias Salgado, aparecieron como noticia principal los movimientos de los políticos del momento y la optativa que representan: Volver a las andadas “zapateriles”, con memorias históricas sacadas de contexto y sectarismos excluyentes. O tener en cuenta la advertencia de Arias Salgado. Como ayuda, puede servir algo que existe en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica y que es fruto de la quiebra denunciada. Al comienzo de ésta, en el primer párrafo de la “Exposición de motivos”, hay un texto que puede ser útil: «El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora» Puestos en relación ese espíritu al que alude la Ley con el último parte de guerra de la Guerra Civil Española, si se trata de prevenir una involución que no es deseada por nadie, las conclusiones son obvias.