Rafael Fraguas ||
Periodista ||
Cuando este fin de enero de 2017 se cumplen cuatro décadas del asesinato de los abogados laboralistas del despacho de Atocha, es posible y necesario evocar hoy, ya en toda su amplitud y significado, el alcance político de aquel crimen. La historia y el estudio fundamentan, mediante la perspectiva desveladora que procuran, el conocimiento cabal de las causas ocultas de hechos de alcance estatal sepultados en el secreto, como fue el caso.
Es preciso también contextualizar aquel episodio en una coyuntura histórica específica, de Guerra Fría, en la que Franco había figurado como uno de los titulares integrados en la coalición que la alimentaba: el Estado que encarnaba el viejo orden franquista, autoritario y fascista, se negaba a desaparecer, ni siquiera a transformarse, como el pueblo trabajador y amplias capas medias populares exigían en demanda de democracia y libertades, desde las fábricas, las aulas y las calles.
Al rebufo de este impulso popular se alineaba una parte, muy exigua, de la clase dominante y de pequeños segmentos de la burguesía paulatinamente menos sumisos al franquismo. Ambos se vieron aleccionados desde Washington y Bonn y, más que postular una democratización posfranquista como algo inevitable, parecían considerar improrrogable el franquismo en sentido estricto tras el extraño asesinato de Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973, y la muerte del dictador, en noviembre de 1975.
Ya la desaparición del almirante, a la sazón Presidente del Gobierno, había puesto de relieve las pulsiones foráneas, señaladamente procedentes de Washington, por impedir que un franquismo sin Franco encarnado por su previsible sucesor Carrero, polarizara más aún hacia la izquierda comunista la hegemonía en la transición política que se columbraba. Por consiguiente, la eliminación del marino cántabro, el más cercano colaborador del dictador, había resultado funcional para los planes pergeñados para España en la capital occidental de la Guerra Fría. Pero la muerte de Carrero, a ojos de Washington, no despejaba del todo la posibilidad de una transición hegemonizaba por los comunistas.
Distorsión premeditada
La tarea contextualizadora que demanda para su comprensión aquel momento histórico exige aportar de toda la información significativa posible para encuadrar racionalmente los hechos. Por ello, entre el magma de datos y parámetros en escena, hay que tener en cuenta un elemento de gran importancia, entonces desconocido, pero operante –distorsionadamente- sobre la percepción de la realidad política desde las llamadas altas esferas del Estado franquista: en 1977 y desde años antes, el Partido Comunista de España, la principal organización política resistente desde el fin de la Guerra Civil, con amplio ascendiente y dirección efectiva sobre las movilizaciones huelguísticas de masas, mantenía inactiva una estructura clandestina de autodefensa. Su función potencial consistía –exclusivamente- en intentar neutralizar instrumentalmente el primer impacto de un eventual golpe de Estado fascista, en el supuesto de que el franquismo, en sus estertores, lo desencadenara, como algunos signos a la sazón permitían preludiar.
Tal estructura discreta, dotada de una dirección propia con autonomía respecto a la dirección política externa, estaba compuesta por unos centenares de miembros en situación “durmiente”, con acceso restringido a meras armas ligeras. Sus integrantes permanecían en España en absoluta clandestinidad, sin operatividad alguna. Un puñado de españoles, que le servía de referencia, mantenía una experiencia de combate heredada de la Guerra Civil, ya que había asesorado a milicias populares comunistas o progresistas en Cuba, Vietnam y Libia, entre otros países insertos en procesos anticoloniales. Pero aquel se trataba de un núcleo muy reducido de veteranos. En el territorio español, los integrantes de esa organización, inactiva, se abstenían de manera plena de cualquier tipo de actuación, ya que la política oficial del PCE era, desde mediados los años 50, de Reconciliación Nacional, tajantemente observada por la organización comunista. Empero, era conocida la existencia de una Escuela de Cuadros del Partido Comunista de España en Rumanía.
Al ser preguntado por el autor, en vida Santiago Carrillo sobre estos extremos, señaladamente el de la estructura clandestina, el entonces Secretario General del PCE observó un silencio que mostró como premeditadamente elocuente (*). Por su parte Armando López Salinas, dirigente comunista del máximo rango en el interior de España durante la etapa antifranquista, admitió la existencia de la mencionada estructura clandestina, si bien matizó, en conversación con el autor, que su creación había obedecido “al desenlace del movimiento desencadenado en Francia durante el mes de Mayo de 1968, para impedir consecuencias adversas a la clase obrera”.
Otra cosa era la presencia en los cuarteles de soldados de reemplazo con militancia comunista adquirida en la vida civil, que estaban organizados en células y llevaban a cabo algunas actividades sin apenas visibilidad. La dirección de esta organización sería detenida casi en su totalidad en una redada de amplio alcance -pero liberada al poco-, en un episodio político cuya interpretación por parte del responsable de esta organización, profesor universitario fallecido en 2002 y consultado por el autor al respecto, “abarcaba desde la concebida mediante una clave de advertencia sobre su control, hasta otra de alerta presuntamente protectora”. En algunos cuerpos militares, incluida la Guardia Civil, había oficiales que simpatizaban con las consignas democráticas del PCE, que contaba con algunos militantes clandestinos entre sus rangos, cuya actividad carecía, por razones obvias, de visibilidad.
Con la precitada organización de autodefensa comunista traída a la escena por el aparato de Estado franquista que la percibía, de manera intencionalmente deformada, como una estructura de ataque revolucionario –desconocía o quiso desconocer su verdadera entidad meramente defensiva- sobrevinieron los pactos políticos que preludiaron la Transición. Estados Unidos, a través de la socialdemocracia y la democracia cristiana alemanas y sus respectivas fundaciones-tapadera, se oponía frontalmente a la legalización del Partido Comunista, para dejar el campo libre a opciones formalmente centristas o socialdemócrata generalmente leales a Washington y a Bonn y desde allí teledirigidas en gran medida.
Movilizaciones populares
Sin embargo, el alcance, la fuerza y la lógica de las movilizaciones populares, la mera racionalidad política, auguraban un inexorable encajonamiento hacia una situación sin salida democrática imaginable, mientras las principales fuerzas dinamizadoras del cambio político, el PCE y las Comisiones Obreras, permanecieran en la clandestinidad e ilegalizadas.Tanto el titular de la Corona como el propio Adolfo Suárez, tardarían muchos meses en aceptar la inevitabilidad de la legalización de las organizaciones sindicales y del PCE y de los combativos partidos y sindicatos a su izquierda. En la tarea de persuasión al Rey y a Adolfo Suárez para que entendieran y asumieran el alcance estatal de la legalización, como pieza ineludible para una transición a la democracia, jugaría un muy destacado papel Carmen Díez de Rivera, jefa de Gabinete de Presidente del Gobierno y líder de la UCD.
Ante la inexorabilidad de las transformaciones políticas en ciernes, el aparato de Estado franquista, en términos generales impotente para impedir el vigoroso impulso de masas hacia el cambio democrático anhelado y previsible, conservaba no obstante capacidad de fuego para retardarlo y dañarlo gravemente. Dando premeditadamente por hecho que aquella estructura clandestina comunista acariciaba propósitos violentos -“revolucionarios” según la jerga reaccionaria al uso- en medio de un extenso movimiento huelguístico reivindicativo a escala estatal, el aparato de Estado franquista buscó un pretexto para hacer descarrilar todas las transformaciones en marcha y creyó hallarlo en el núcleo más sensible -en el corazón- de la clase obrera: los abogados que tan ardiente y abnegadamente defendían los derechos de l@s trabajador@s desde uno de los principales focos de su ejemplar actividad, el despacho laboralista y de defensa vecinal de Atocha.
El impulso criminal, de inducción estatal, que guio los asesinatos a quemarropa de los letrados indefensos, se proponía desencadenar, tras su muerte, un movimiento de acción-reacción que llevara a los comunistas a hacer aflorar su estructura de autodefensa y empuñara las armas –para así tener la coartada de desplegar toda la fuerza del aparato estatal franquista, neutralizar a los elementos tibios de estos aparatos y sepultar definitivamente al PCE y a las Comisiones Obreras, tras la aniquilación física de sus dirigentes y cuadros, en una clandestinidad perpetua para, al mismo tiempo, inviabilizar así, y en todo caso policializar de antemano, cualquier tentativa, incluso moderadamente burguesa, de democratización para España.
Elementos foráneos
Desde esta contextualización cabe entender, 40 años después de aquellos terribles acontecimientos, los móviles estatalmente inducidos seguidos por los asesinos, peones sangrientos de un esquema de represión y muerte perfilado y aplicado al detalle, que contó además con la participación de elementos foráneos, concretamente italianos y apoyos argentinos, ligados a la siniestra red Gladio. Tal red paramilitar, nutrida por numerosos integrantes, pertrechada a manos llenas por los aparatos de acción encubierta que ya habían causado enormes pérdidas humanas bajo la impunidad que les brindaban las dictadoras y gorilatos de América Latina, se hallaba desplegada por Europa como organización afecta a la OTAN, según numerosas informaciones contrastadas publicadas a partir de entonces.
Intramuros de la denominada Alianza Atlántica -que contaba entre sus miembros a países tan “atlánticos” como Turquía, Grecia o Italia-, se invocaba para justificar la presencia de la red Gladio en la escena europea un difuso temor ante el supuesto potencial transformador revolucionario de las organizaciones de la clase trabajadora, señaladamente los sindicatos y los partidos comunistas del continente. De ninguna de estas organizaciones cabía decir entonces que siguieran rumbos revolucionarios: la experiencia portuguesa de la llamada “Revolución de los claveles”, en 1974, más democrática que propiamente revolucionaria, mostraba mucho más un troquel descolonizador que de cualquier otro tipo, si bien desató las alertas de los aparatos de espionaje y acción encubierta estadounidenses en Europa, que se comprometieron en yugular cualquier posible semejanza hacia el proceso lusitano surgida desde España, como reconocería el general de la CIA Vernon Walters, muñidor del esquema posfranquista diseñado en Washington para España. La “antelación” de la transformación política portuguesa alteró el ritmo de acceso de España a su propia democratización, al desencadenar aquella reacción. Por su parte y desde años atrás, la Unión Soviética se atenía a observar la situación política española en ebullición, ciñéndose a respetar los límites de la esfera de influencia –estadounidense- en la cual la Guerra Fría había incardinado a España.
Serenidad contenida
Como es sabido, el PCE no adoptó reacciones violentas frente a tamaños crímenes como los perpetrados en Atocha. Decidió proseguir una política de serenidad contenida, en línea con el esquema de Reconciliación Nacional adoptado a finales de los años 50 del siglo XX, actitud que arrebató a los golpistas de dentro y de fuera del país posibles argumentos para desencadenar el horror represivo a escala masiva contra el pueblo español, como sus principales mentores anhelaban aplicar sin contemplaciones.
El temor a que la aplicación de medidas desnudamente fascistas a la escena política española, con Franco recién muerto menos de dos años antes, fortificara a la postre a la izquierda real contribuiría, asimismo, a guiar hacia el camino del posibilismo a muchos elementos del antiguo régimen, que vieron en su propio trueque ideológico hacia el derechismo partidario emprendido por Manuel Fraga Iribarne y los dirigentes reaccionarios autodenominados los Siete Magníficos o bien hacia posiciones centristas, ora el talismán para adaptarse a la situación emergente, bien fuera para adentrarse en un compromiso ideológico paleo-democrático, hasta entonces considerado por ellos de difícil acceso dados sus vínculos ideológicos y políticos anteriores.
Averiguar qué fracción política, militar e institucional del aparato de Estado no formal o propiamente partidaria de una prolongación del franquismo sin Franco, fue guiada, de manera cómplice, voluntaria o por su propia impotencia, ante el hecho consumado de aquella horrorosa matanza de los abogados de Atocha, y cuál fue el peso de todo ello en la gestión política estatal tras aquel crimen es tarea que los historiadores habrán de despejar en un futuro no lejano.
(*Algunos conceptos de este artículo están contenidos en el libro “Espías en la Transición. Secretos políticos de la España contemporánea” escrito por Rafael Fraguas y editado en el año 2.000 por la editorial Anaya, dentro del sello Oberon).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada