La Xunta de Galicia reclamará al Gobierno central la cesión de titularidad de la isla de San Simón, en la ría de Vigo. El lugar, cantado por los poetas medievales, fue leprosería y, entre 1936 y 1943, campo de concentración donde el franquismo recluyó a más de 5.000 demócratas. Al menos 463 de ellos murieron. El Gobierno gallego lo ha gestionado durante las tres últimas décadas, no sin polémicas con los colectivos memorialistas desde que, en 2009, Feijóo asumió la presidencia y redujo al mínimo las referencias a su etapa fascista, pero la propiedad es del Estado. El anuncio del Ejecutivo autonómico se produce pocas semanas después de que el central hiciese pública su intención de proteger San Simón como Lugar de la Memoria Democrática.
Fue el conselleiro de Cultura, José López Campos, el que notificó, en sede parlamentaria, la nueva reivindicación de la Xunta. Recordó que la gestión autonómica de la isla data de 1997 y es por 30 años, y que ahora espera que la oposición se sume a la reclamación de la titularidad. López Campos respondía precisamente a las preguntas de Partido Socialista y BNG sobre las declaraciones de un diputado del PP, José Luis Ferro, en las que aseguró, contra toda evidencia histórica y documental, que no le constaban muertos en San Simón durante la Guerra Civil y la posguerra. Tras recibir el amparo del presidente, un ambiguo Alfonso Rueda, y de otros dirigentes de su partido, fue el propio Ferro el que acabó por disculparse y admitir su error. Doce historiadores dirigieron una misiva a Rueda en la que le afeaban su posición y le recordaban que “la verdad de los hechos no se discute”.
El caso es que la Xunta de Galicia sigue ahora el mismo guión que empleó con Meirás. Mientras el pazo fue propiedad de la familia Franco, Alberto Núñez Feijóo -presidente del Gobierno gallego entre 2009 y 2022- asumió sus tesis, según las que la propiedad había sido “una donación” de Galicia al dictador. Cuando el Estado, apoyado inicialmente en el trabajo de asociaciones memorialistas e historiadores, comenzó el litigio por el inmueble, fue poco a poco cambiando de posición. Una vez dictada la histórica sentencia de septiembre de 2020 que devolvió al patrimonio público el lugar, Feijóo pidió la titularidad autonómica. De fondo, el debate todavía no resuelto -conflictos interadministrativos mantienen Meirás paralizado- sobre la memoria del pazo. El PP pretendía que su pasado como residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán, que fue quien lo construyó, pesase más que su pasado como residencia veraniega de Franco.
Declaración el próximo agosto
A petición de elDiario.es, la Consellería de Cultura, de la que depende la gestión de San Simón desde 1997, no aclara mucho más. “La Xunta ha velado por la conservación y la divulgación de este espacio”, señala en un correo electrónico el departamento de López Campos, “nuestro compromiso con la isla de San Simón es claro y por eso iniciaremos el proceso para reclamar el traspaso de su propiedad y que sea patrimonio de todos los gallegos y gallegas”. Preguntada por qué iniciativas concretas podrá desarrollar en la isla que no pueda desarrollar ya, no responde.
Solo durante el bipartito, la coalición entre socialistas y BNG que gobernó Galicia de 2005 a 2009, la memoria de la represión tuvo un papel central en San Simón. El PP de Feijóo lo redujo al mínimo, hasta el punto de que algunas de las actividades allí permitidas -noches de Halloween, estancias de yoga o gincana- suscitaron las protestas de los colectivos memorialistas. Los agrupados en Iniciativa Galega pola Memoria solicitaron el pasado año la intervención del Gobierno central al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Solicitaban la declaración como Lugar de la Memoria Democrática, a lo que el Ejecutivo de Sánchez accedió. Lo hará el próximo mes de agosto, dentro de los actos por los 50 años de la muerte de Franco. La figura de protección implica la elaboración de un plan de usos compatible con el pasado fascista de la isla.
“La Xunta continuará apostando por la divulgación en este conjunto y, como no puede ser de otra forma”, señala la consellería en comunicación con este periódico, “si el Gobierno central aprueba la declaración de San Simón como Lugar de la Memoria Democrática, cumpliremos con los establecido en la ordenación jurídica vigente”.
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