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Asturias registra al menos 80 posibles episodios de niños dados por muertos para su venta entre 1965 y 1990 en diversos hospicios y residencias sanitarias de Oviedo, Gijón y Avilés // Tres afectados tienen abiertas diligencias en los tribunales, dos tras denunciar tráfico de niños // Un matrimonio de Villaviciosa espera sentencia tras realizar la única reclamación patrimonial en España
DOMINGO 16 DE MARZO DE 2014
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El hermano mayor del gijonés Luis Sabino García cumplió 36 años el pasado martes. Luis Sabino no sabe dónde está. Su madre, Mari Carmen Bayón, parió a su hermano un viernes por la tarde en la antigua residencia sanitaria de la Seguridad Social José Gómez Sabugo, hoy Hospital de Cabueñes. Dio a luz con 23 años, el 11 de marzo de 1978, y el parto vino adelantado. “Mi hermano nació sietemesino, pero estaba vivo y tenía buena salud”. Al día siguiente, el padre de Luis Sabino García acudía al centro sanitario a conocer a su primer hijo y allí mismo le dijeron que había muerto. “A mi padre no le dieron ni el certificado de defunción ni nada”. En el hospital intentaron tranquilizar a estos padres primerizos asegurándoles que ellos se encargaban de todo. “En casa siempre nos dijeron que teníamos un hermano, que había muerto a las horas de nacer y, cuando hace tres años salieron los casos de niños robados, llamamos a nuestros familiares y empezamos a pensar que podía ser nuestro caso”. Luis Sabino comenzó entonces a solicitar la documentación que cualquiera que se crea afectado necesita para hallar luz en uno de los episodios más negros de la historia reciente de España: los bebés que eran robados al nacer para ser vendidos mientras a sus madres se les decía que acababan de morir. En Asturias, se cuentan no menos de 80 posibles casos entre 1965 y 1990, con nacimientos registrados en hospicios y residencias sanitarias de Oviedo, Gijón y Avilés.
A Luis Sabino García le costó trabajo reunir toda la documentación pero lo consiguió. Los datos que aparecían en los documentos no cuadraban. El parto, por ejemplo, se establecía a los ocho meses y fue un bebé sietemesino. En noviembre de 2011 interpuso, a través de un abogado de oficio, una denuncia en el juzgado de guardia y, desde junio del año pasado, espera novedades del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón. Las últimas diligencias dictadas por la magistrada titular de este juzgado solicitaban diversa documentación al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), al Registro Civil y al cementerio municipal de Ceares. “A partir de dicha documentación se conocerá quiénes eran entonces el capellán, las enfermeras y el pediatra, además de saberse el listado de las madres que dieron niños en adopción en marzo y un listado de nacidos de ese año”. Luis Sabino García, que tiene 33 años, también espera el resultado de una prueba caligráfica que servirá para comprobar si quien rubrica el legajo de aborto (documento emitido cuando un recién nacido no supera las 24 horas de vida), es su padre, que falleció en 2002. Pero ya asegura que la firma no coincide.
Sin prueba de ADN por no poder pagarla
Su caso es uno de los pocos que siguen vivos en los tribunales asturianos y, además, su denuncia se cursó de forma conjunta con la de otra afectada, Lorena Bulté, que también busca a un hermano nacido en septiembre de 1978 en la misma residencia sanitaria, en un parto atendido por las mismas personas y con una misma causa de muerte: paro cardíaco. Esta denuncia conjunta se interpuso contra el médico que atendió a sus madres, según se recoge en el documento expresamente, “por el supuesto tráfico de robo de niños al nacer, dándolos por muertos a las madres y sin nunca enseñar los cuerpos”, además de “falsificar documentación pública”. Durante las investigaciones judiciales, se llamó a declarar tanto al médico como a una de las matronas que entonces trabajaba en la residencia. Luis Sabino García dice que se limitaron a explicar sus respectivos trabajos sanitarios y que “el médico declaró que se acordaba de mi madre”. Luis Sabino García también presentó otra denuncia individual contra el mismo médico por considerar que los hechos, entre los que se menciona que “nunca se mostró el cuerpo del pequeño y se negó enseñarlo también al resto de familiares que aguardaban fuera” y la ausencia actual de documentación sobre el recién nacido, pudieran ser objeto de una infracción penal.
Más allá de lo que ocurra en el juzgado, Luis Sabino García no va a abandonar la búsqueda de su hermano. “Llegaré al final aunque lleve su tiempo”. El hecho de que haya llegado tan lejos no deja de asombrar a muchos otros afectados, a los que aconseja que sigan su ejemplo. Lo que no puede permitirse, sin embargo, es costear una prueba de ADN para entrar en uno de los bancos de datos abiertos en España por los casos de los bebés robados. La más barata cuesta 60 euros. “Estoy en el paro. La pensión de mi madre no llega para nada más. No vas a dejar de pagar la comunidad… Lo que tenían que haber hecho es poner un precio mínimo de 15 euros para que fuera más fácil pagarlo”.
Primera reclamación patrimonial de España a la espera de sentencia
A Luisa Mari García y Sergio Cabañas, un matrimonio de Villaviciosa, les pasó prácticamente lo mismo. Ella dio a luz a una niña el 17 de julio de 1977 en la misma residencia de Gijón. El parto también fue prematuro y tampoco hubo complicaciones, la niña nació en perfectas condiciones y la madre llegó a tenerla en brazos. Su marido, como era marinero, llegó dos días después del parto y, cuando pidió ver a su hija, la historia se repitió. Le dijeron que había fallecido y que no podían ver el cadáver, porque en la residencia se encargaban de todo. La explosión de casos de bebés robados hace cuatro años les lleva a la incertidumbre y comienzan la misma búsqueda de todos los que se creen afectados por este macabro tráfico. La sorpresa llega cuando les confirman que en el Registro Civil no figuraba nadie, ni como recién nacido fallecido antes de 24 horas ni después. El matrimonio contrató los servicios de un detective privado para ahondar en el asunto y, en 2011, decidieron interponer una demanda por la vía administrativa reclamando una indemnización patrimonial al Servicio de Salud del Principado de Asturias. Primera y única en España por esta vía.
El abogado de este matrimonio maliayés, Fruela Río, explica que están a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Asturias y que se optó por esta vía porque el problema de la fase penal es que el presunto culpable debe ser conocido. Éste no es el caso, porque no existe historial médico del bebé. Esta pareja, aún así, ha seguido investigando para encontrar a su hija e incluso creen que pueda hallarse en Gijón. Tienen las pruebas de ADN realizadas pero aún no ha habido reencuentro.
El último caso archivado en Asturias es el de Adela Álvarez, el pasado enero, después de que un juzgado de Oviedo hubiera abierto diligencias para investigar la “detención ilegal” de una hija que tuvo en 1977 en el antiguo Hospital General de Oviedo, que hoy forma parte del complejo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y que habría sido dada en adopción sin el consentimiento de la madre aludiendo a su incapacidad para hacerse cargo de ella. Cerrada la vía penal, la representación legal de la denunciante explica que sigue abierta la posibilidad de la vía civil y “estamos en ello” para conocer la identidad de la niña y la forma en la que se produjo la adopción.
Éste no ha sido el único caso que se ha archivado en Asturias, aunque sí tuvo “más aceptación por parte de la judicatura” ya que incluso se llegaron a tomar declaraciones. A mediados de 2011, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias comenzaba a archivar las denuncias interpuestas de forma conjunta en 2011 por una veintena de familias asturianas, a través de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y que habían sido derivadas a cada comunidad autónoma. Las denuncias eran por detenciones ilegales permanentes para evitar que el delito prescribiera. Llegaron muchas más y a todas se les fue dando carpetazo.
En mi casa siempre se dijo que mi hermana estaba viva”
Uno de los primeros casos en ser archivado fue el de Mónica Martínez, que durante esos años hizo las veces de portavoz de los afectados por la trama de bebés robados en Asturias. Su madre dio a luz el 24 de julio de 1976 también en la residencia sanitaria de Gijón. “La niña nació y le dijeron que estaba muerta. Pero siempre dijo que no lo estaba”. A su padre, ante la insistencia, le llegaron a enseñar una envoltura de gasas, pero no pudo ver más porque sólo encontró contestaciones airadas cuando pidió verle la cara. Como en los otros casos, la residencia se encargó de todo. “No la vio ninguno de los dos y en mi casa siempre se dijo que estaba viva, que teníamos una hermana. Yo lo sé desde siempre, desde que tengo uso de razón”.
Como tantos otros, nunca pensaron en hacer nada al respecto porque ni siquiera imaginaban que existiera la posibilidad. Nadie en aquellos tiempos se hubiera atrevido a cuestionar la palabra de personajes tan encumbrados. Sin embargo, el 27 de enero de 2011 Mónica Martínez se sumó a la denuncia conjunta que interponían varios centenares de afectados en toda España a través de Anadir. Con anterioridad, había realizado una laboriosa búsqueda para recabar toda la documentación. Todos los afectados se encuentran obstáculos.
Me robaron a la nena”
Su madre, cuando abandonó sin su hija la residencia en 1976, sólo se llevó un documento que recogía que la niña presuntamente muerta era resultado de un parto primíparo y pesaba algo más de cuatro kilos. Cada una de las denuncias presentadas a través de Anadir se enviaron a las comunidades autónomas en las que habían tenido los hechos y “aquí nos la archivaron”. Mónica recuerda que llegó a reunirse con la ayudante del fiscal de Asturias, que les explicó que el caso se archivaba porque su madre había firmado la certificación de la muerte de la niña. “La excusa que me dieron es que mi madre certificó la muerte de su hija en la misma sala de partos. Mi madre, que tenía entonces 22 años, venía de un pueblo y pasó el parto sola. A la semana le dieron el alta y fue a visitarla una prima, a la que ya entonces le dijo ‘me robaron a la nena’”.
No fueron indicios suficientes para abrir diligencias judiciales, por ejemplo que, según el registro del cementerio, la niña hubiera sido enterrada el mismo día de su supuesta muerte, el 24 de julio, y que, en otro documento, se plasme que un forense vio el cadáver el 25 de julio. Que el número de colegiado que certificó el aborto no existiera o que la matrona que asistió al parto no apareciera en ningún documento. “Y lo curioso es que fue la misma que estuvo en el parto de mi hermana pequeña, pero el nombre no coincidía”. Su hermana intentó solicitar su legajo de nacimiento sin éxito, ya que se encontró por respuesta que necesitaba para ello la certificación del médico. Mónica Martínez también dice que el único grupo político con el que varios afectados se reunieron en su momento fue el de Izquierda Unida, que les puso en contacto con la Consejería de Bienestar Social, entonces en sus manos en virtud al pacto con el PSOE. Las respuestas provenientes de este departamento fueron las mismas que las ofrecidas por la Fiscalía: no hay pruebas ni documentación.
Asturias no tiene asociación de afectados propia
La idea de crear una delegación de SOS Bebés Robados en Asturias, una de las asociaciones surgidas en torno a esta vergüenza nacional, se puso en marcha. Incluso IU cedió su sede para un primer encuentro. La falta de resultados, la sonora ausencia de apoyos por parte de las administraciones, la desazón tras búsquedas complicadas y truncadas de documentación y el simple hecho de que la vida sigue para cada cual, motivó que nunca llegaran a inscribirse en el registro de asociaciones del Principado. Y la unión inicial se fue diluyendo a medida que daba carpetazo a las causas…
Mónica Martínez, que había llegado a ser nombrada presidenta, asegura que sigue atendiendo a quien contacta con ella en busca de ayuda, pero personalmente ha desistido. “Fueron muchas horas de investigación, de ir a un sitio para otro. Pones la denuncia, te la archivan y ¿qué haces?” Su madre lo tiene asumido desde el día en que perdió a su hija. Lo que no evita que Mónica tenga, como todos los afectados mencionados en este reportaje, su teoría sobre lo ocurrido. “Los adoptados entraban por el torno, los dejaban en el hogar infantil de turno, abandonados, sin historial, todos con el mismo modus operandi. Entraban por el torno y, al mismo tiempo, entraba un niño muerto en el cementerio”. Sostiene también que el puzle cuadraría a la perfección si se consiguieran todos los legajos de nacimientos, los registros de partos en los hospitales señalados y los de la Iglesia. “Pero no interesa que salga a la luz, porque económicamente debería haber compensaciones. A mí el dinero no me interesa, el daño ya lo hicieron”.
En el perverso puzle armado hasta ahora en Asturias como mínimo existirían 80 casos de presuntos bebés robados. Por un lado, está el drama de quienes perdieron a sus hijos y, por otro, la incertidumbre de quienes fueron adoptados. La red está llena de testimonios de toda España y el Principado no se libra. Hasta ahora, ha habido un único encuentro en Asturias, el de una hija que reside en Gijón y su madre, que vive y dio a luz con 15 años en León. Pero las pruebas de ADN que se cruzan por los bancos de datos no han dado ningún positivo hasta ahora. La mayoría de los casos se localizaron en el Hospital Provincial de Oviedo, más de cuarenta por lo menos, entre 1965 y 1974. Un par de ellos, se datan entre 1980 y 1990.
Las cifras no son concretas, porque no existe registro oficial, pero en el hospital de Cabueñes se pasaría con creces de la docena de casos entre 1975 y 1982, aunque también están apareciendo en otros centros sanitarios que antaño fueron maternidades o que hoy siguen siendo hospitales. Y, en Avilés, afloran cada día nuevos casos en el antiguo Hospital de la Caridad, cuyos archivos anteriores a 1996 fueron al parecer destruidos sin que hayan trascendido responsabilidades.
El perfil de las madres de niños “sanos y hermosos”
El perfil de las mujeres asturianas que vieron cómo sus hijos “sanos y hermosos” morían de repente es amplio, pero es fácil extraer un patrón. Mujeres jóvenes, solas, que venían de un pueblo, que no tenían a la familia alrededor, madres solteras, madres que tenían familia numerosa... “Los adoptantes eran gente con dinero, con influencia en la época y en la actualidad”, asegura Mónica Martínez. Muchos de esos niños y niñas dados por muertos y que acabaron siendo adoptados podrían estar en Valencia, Andorra, Barcelona, Madrid, Málaga… Al menos es de dónde proceden los que buscan sus orígenes en Asturias.
Sea como fuere, el archivo generalizado de las causas y los obstáculos para reunir la documentación necesaria para abrir una investigación judicial crean el escenario idóneo para los culpables: divide y vencerás. Divide y desmoralizarás. Divide y dejarán de buscar. Pero el temor inculcado por una dictadura de 40 años a sus padres no tiene por qué formar parte de la herencia genética de los hijos.
Nadie recurre a la oficina del Ministerio de Justicia
Las asociaciones de niños robadoshan reclamado esta misma semana al Ministerio de Justicia que intervenga para que las fiscalías provinciales dejen de “bloquear” los casos abiertos en los juzgados y que se reconozca su condición de víctimas en un marco legislativo. Sólo 476 afectados han acudido a la oficina de información abierta por el ministerio hace un año para atender las solicitudes de documentación tales como expedientes sanitarios o datos registrales. Nadie lo hizo en Asturias. El Parlamento de Andalucía, única comunidad autónoma con gobierno socialista junto con el Principado, acaba de aprobar el anteproyecto de una ley de Memoria Democrática que incluirá como víctimas a los niños robados.
Las asociaciones de afectados calculan que este tráfico de bebés por toda España afecta a unas 300.000 personas. Una cifra que excede cualquier comparación, la única que se le acerca a mucha distancia es el caso de los 500 menores robados y dados en adopción durante la dictadura argentina. El empeño de las madres de la Plaza de Mayo conmocionó a la sociedad española mientras daba la vuelta al mundo. La ONU y el Parlamento Europeo ya han recibido denuncias formales de España y aún es pronto para medir las consecuencias, pero no cabe duda de que las habrá. La lógica de la historia es más tozuda que las circunstancias.
La presidenta de la SOS Bebés Robados de Huelva, Esperanza Ornedo, precisamente acaba de reclamar ayuda al Parlamento Europeo denunciando el “enorme desinterés” del Gobierno del PP ante estos casos. Y lo atribuye a “la enorme responsabilidad patrimonial” que podría derivarse del reconocimiento de la comisión de “delitos de lesa humanidad”, como “es el robo masivo de niños en hospitales públicos en nuestro país” o la relación de parentesco de hasta primer grado de médicos y otros sanitarios implicados “en estos crímenes atroces, con políticos de primera fila de este país”.
La ruta del Norte con bebés de Asturias y Cantabria
Juan Carlos Rivas está al frente de la asociación SOS Bebés Robados de Cantabria, que incluye a Asturias ante la falta de delegación propia. Rivas, que fue portavoz nacional, advierte de que ante el carpetazo masivo de denuncias que se está registrando en España (el 80% de los casos), se dan cuenta de que es más efectivo ponerlas directamente en las comisarías de la Policía y de la Guardia Civil, sobre todo cuando no hay más que obstáculos en la obtención de documentos. La situación en Cantabria es similar a la de Asturias, tienen contabilizados más de 90 casos. “Hemos resuelto cuatro, uno por ADN, un adoptado que no fue robado pero sí que hubo engaño de por medio con dinero, el caso de unos toxicómanos a los que les quitaron el bebé y otro que había sido robado del hospital de Barakaldo que desgraciadamente se acaba de morir”. En este momento, su teléfono suena y resulta ser una persona que busca a un posible bebé robado en Cantabria. Quiere saber qué tiene hacer.
“De Asturias también siguen llamando. El primer obstáculo siempre es encontrar la documentación, porque sólo con la prueba de ADN es poco para hacer la denuncia”. Habla de la “ruta del Norte” con los bebés de Asturias y Cantabria y de cómo el vehículo de la gran red nacional de tráfico infantil “eran los conventos en los que había bebés; las maternidades de la Beneficencia que pasan a ser dirigidas por el presidente de la Diputación, el vicepresidente, el gerente… y en las que siempre hay un cura y una monja”. Él mismo busca a su hermano, que nació en octubre de 1977. “En la habitación de mi madre, en nueve días, hubo seis partos. Cinco niños fallecieron y todos eran de madres de familia. En el caso de la mía era el séptimo”.
“El odioso tráfico de niños”, en la Ley de Adopciones de 1987
Los orígenes de esta barbarie están incluso documentados. “Esta práctica empieza en las cárceles españolas tras la guerra Civil, a las presas del franquismo, las rojas, les quitan los hijos para darlos a familias de nivel e infértiles de España y del extranjero. La práctica se perpetúa hasta bien entrada la democracia. El motivo cambia de lo político a lo económico”. Durante ese periodo se habla de 30.000 niños robados. E incluso el preámbulo de la Ley de Adopciones de 1987, promulgada bajo el gobierno socialista, recoge que la “casi absoluta” falta de control de las actuaciones que, hasta entonces precedían a la adopción, “en ocasiones, permitía el odioso tráfico de niños” y “daba lugar, otras veces, a una inadecuada selección de los adoptantes”.
Rivas se pregunta por qué no se habilita un juzgado especial en la Audiencia Nacional, con su propia policía judicial, que se encargue de hacer las pesquisas para encontrar la documentación que arme el gran puzle. “No había forense en los hospitales para acreditar la muerte, el cementerio procede al enterramiento por orden del ginecólogo y la firma del juez aparece sin ver el cadáver”. Son errores de bulto que increíblemente se repiten en varios casos que pasan por su cabeza y que procede a enumerar. Una niña nace en Valladolid con una madre biológica de Torrelavega. Los padres adoptivos son de Cantabria y Asturias, pero con residencia en México. “Esconden a la madre biológica en Palencia durante el embarazo, la llevan a Valladolid a dar a luz y los padres adoptivos lo pagan todo. Pagan dos veces el paritorio, porque la madre adoptiva entra con un cojín en la barriga. Un bebé fallece y el otro vive. Y ahora hay doble documentación, como hija biológica y como hija adoptada y se da la circunstancia de que podría ser ilegal en México porque quizá no tenga la nacionalidad”.
No todos los casos que surgen tienen por qué ser de niños robados. “La duda siempre está ahí, algunos quizá hayan muerto realmente”. Rivas dice que siguen apareciendo tumbas vacías y que “lo único que tenemos es el ADN”. Gracias a estos análisis privados, los reencuentros entre familiares perdidos se elevan a una media nacional de uno al mes.
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