El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria que llevaron a cabo el pasado mes de noviembre PP y Vox. Así pues, el Gobierno de Pedro Sánchez impugnará ante el Tribunal Constitucional la revocación de la norma que fue aprobada durante la pasada legislatura por el bipartito PRC-PSOE y que hace tres meses el Ejecutivo del PP de María José Sáenz de Buruaga tumbó de la mano de la formación de extrema derecha.
Se trata de una medida que ya estaba anunciada. Y es que poco antes de la votación definitiva en la Cámara autonómica, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una visita a Santander, anunció que el Estado recurriría si finalmente PP y Vox derogaban la norma.
Además, desde que ambas formaciones hicieron públicas sus intenciones hasta que finalmente fueron consumadas pasó un año en el que se constituyó un movimiento en forma de plataforma que expresó en numerosas ocasiones su rechazo a la derogación. Así pues, se sucedieron concentraciones, manifestaciones y acciones reivindicativas, como las 'rutas de la memoria', de la mano de esta agrupación, la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, conformada por casi un centenar de organizaciones y bajo el lema 'sin memoria no hay futuro'.
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que se ha elevado este recurso ante el Constitucional al no llegar un acuerdo con el Gobierno de Cantabria. Y es que el PP tenía entre ceja y ceja revocar la norma desde que llegó al Gobierno, pero lo fue dilatando hasta que Vox presionó para acelerar el proceso.
El Gobierno de España justifica el recurso en que la ley cántabra “no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la ley de Memoria Democrática autonómica, deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la Ley estatal”. “En consecuencia, esta derogación en bloque menoscaba el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática”, ha denunciado el Ejecutivo central.
“En nuestro Derecho está claramente establecido el deber de memoria en el artículo 34 de la Ley de Memoria Democrática, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el artículo 149.1.1.a de la Constitución Española (CE)”, ha insistido.
La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha valorado políticamente el recurso y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la defensa de la memoria histórica y la dignidad de las víctimas del franquismo. “Desde que la pinza PP y Vox derogó la Ley de Memoria de Cantabria ya anunciamos que el Gobierno de España va a recurrir a todos los medios del Estado de Derecho para proteger la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo”, ha afirmado Gómez de Diego.
La delegada ha defendido la necesidad de garantizar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria histórica. “Nuestro deber es seguir defendiendo la ley y los derechos humanos, como mandata nuestra Constitución. Por eso el Gobierno de España acude al Tribunal Constitucional para garantizar su cumplimiento”, ha aseverado. Gómez de Diego ha recordado que la Ley de Memoria Democrática busca reparar el daño a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. “Mientras las del bando ganador fueron exhumadas durante el franquismo, quienes lucharon por mantener el orden constitucional y democrático continúan, en 2025, necesitando un gobierno democrático que vele por seguir defendiendo su dignidad”, ha recalcado.
En este sentido, ha insistido en la “responsabilidad institucional” del Gobierno para preservar y difundir la memoria histórica. “Es nuestra responsabilidad como Gobierno democrático y como demócratas convencidos mantener y difundir la memoria de la resistencia frente a la barbarie”, ha afirmado. Asimismo, ha subrayado que “la memoria nos interpela a seguir construyendo una sociedad libre de discursos de odio y a tejer alianzas basadas en el respeto, los derechos humanos y la convivencia”.
“Atropello revisionista del PP”
El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha destacado que el Gobierno de España defiende la “democracia” en la comunidad autónoma frente al “atropello revisionista” del PP, a través de un recurso que “definitivamente hoy ha llegado”. Así, ha recordado que el PSOE ya advirtió a la presidenta de Cantabria que “no se podía legislar contra el Estado de Derecho de nuestro país” y que derogar la Ley de Memoria Histórica “era un supuesto de anticonstitucionalidad”.
Y se ha mostrado “satisfecho de ver que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple sus compromisos con Cantabria y con una democracia plena” en la comunidad, una “democracia que sufre cuando el PP legisla para los intereses de unos pocos y no de la generalidad”. Así, Zuloaga ha señalado que es una “satisfacción” haber sido el vicepresidente y consejero que impulsó la aprobación de esa la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria en 2022, una ley que ha reivindicado que es “necesaria” y por ello la defiende el Gobierno de España. “Es un orgullo ver como el Gobierno de España se moviliza en la defensa de los intereses de los cántabros y de las cántabras ante un atropello del PP revisionista que tiene que ver más con su añoranza del régimen y del no cumplimiento de la ley que con mejorar la vida de los cántabros”, ha concluido.
En la misma línea se ha expresado Izquierda Unida en un comunicado, formación que ha respaldado el recurso interpuesto por el Ejecutivo central como una oportunidad para “deshacer los impulsos del PP de abrazar las posiciones más antidemocráticas e inhumanas de la extrema derecha a la que están ligando su presente y futuro al aceptar sus imposiciones”. “Nos hablan constantemente de tradición y de familia, pero niegan por acción u omisión que precisamente las familias de los desaparecidos en Cantabria y en España puedan encontrar a sus seres queridos y darles digna despedida”, ha denunciado este partido, cuestionando si “es eso coherente con la tradición y la familia o es que siguen ahondando en que haya víctimas de primera y de segunda”.
PP y Vox comparten argumentario
PP y Vox también han reaccionado al anuncio del Gobierno sobre el recurso de inconstitucionalidad y ambas formaciones lo han calificado de “gesto autoritario”. “Le está cogiendo gusto a esto de avasallar a todas las instancias democráticas de este país: las cámaras legislativas, los juzgados, los medios de comunicación... Nada significa un límite para Sánchez”, ha afirmado en un comunicado el diputado regional y senador autonómico del PP, Iñigo Fernández. “Imaginamos que en el 'Año Franco', el Gobierno de las cortinas de humo, de las cesiones al separatismo y del revisionismo histórico, no es capaz de respetar las legítimas decisiones de aquellos parlamentos regionales que no comparten su visión de buenos y malos. Sánchez nos encontrará enfrente, defendiendo la verdad histórica y la concordia”, ha subrayado la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz.
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