El documento considera al militante antifascista como una "víctima de persecución y violencia política".
![EuropaPress_6278257_i_d_hermanas_salvador_puig_antich_montserrat_puig_antich_inmaculada_puig Las hermanas de Salvador Puig Antich durante el acto de entrega de la declaración de Reconocimiento y Reparación a la familia de Salvador Puig Antich. Imagen de archivo.](https://imagenes.publico.es/files/image_horizontal_mobile/uploads/2025/02/11/67ab5d2b2b8cd.jpeg)
El Gobierno ha finalizado el proceso de rehabilitación de Salvador Puig Antich, militante antifascista de Barcelona y última víctima del garrote vil durante el franquismo, ejecutado en marzo de 1974. La medida ha sido formalizada con la emisión del documento oficial que restablece su memoria y anula la condena impuesta en su momento.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 promueve la reparación de las víctimas del franquismo y, además, anula las sentencias y resoluciones dictadas durante la dictadura. Esta disposición fue formalmente aplicada en el caso de Salvador Puig Antich, con un acto de homenaje celebrado por el Gobierno el pasado mes de octubre.
En ese evento, que coincidió con el 50 aniversario de su ejecución a garrote vil, el Gobierno entregó a la familia de Salvador Puig Antich un documento de reparación por las "persecuciones y violencias sufridas por motivos políticos, ideológicos y de conciencia durante la dictadura". Además, se recordó que la Ley de Memoria Democrática declara nula la condena que le fue impuesta.
El Gobierno reconoce la persecución política
Recientemente, el Gobierno ha completado el proceso de reparación de la memoria de Puig Antich con la emisión de una declaración de reconocimiento y reparación personal, firmada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con fecha del 30 de enero.
En el documento, al que ha tenido acceso EFE, el Gobierno reconoce que Puig Antich "sufrió persecución por motivos políticos e ideológicos durante la dictadura franquista" y, además, certifica la nulidad de la condena impuesta, declarando ilegal e ilegítimo el tribunal que lo juzgó.
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