Las fosas caen en el olvido

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ANDER AZPIROZ / MADRID

Día 31/08/2014 - 08.35h

Siete años después de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, decenas de miles de familias siguen esperando que les devuelvan los restos de sus familiares desaparecidos. Las últimas subvenciones públicas llegaron en 2011 y ahora las ayudas proceden de particulares españoles o de organizaciones extranjeras.

Los símbolos franquistas resisten la aplicación de la leyLa Ley de la Memoria Histórica, una de las medidas estrella de la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tiene como objeto «reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura». Ello implica, según el texto, reparar el daño «a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio». Para lograr sus objetivos la ley marca una serie de campos de actuación. En cada uno de estos se ha producido un avance desigual a lo largo de los últimos siete años. Uno de los puntos que más debate ha creado es la utilización del Valle de los Caídos, símbolo de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil y mausoleo del dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. La ley establece que el Valle de los Caídos se regirá exclusivamente por las normar aplicables a los lugares de culto y cementerios públicos. Prohíbe, por tanto, que en él se exalte la figura de Franco o la dictadura y añade que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política. En un segundo momento, una comisión de expertos aconsejó en 2011 trasladar a otro lugar los restos de Franco y convertir el monumento en un memorial con los nombres de los enterrados de ambos bandos. En su informe, el Grupo de Trabajo de la ONU recomienda atender las propuestas de esta comisión, incluido mudar los restos del dictador. Pese a lo estipulado en la ley y lo aconsejado por la los expertos y Naciones Unidas, no se ha adoptado ninguna decisión acerca del futuro del Valle de los Caídos, ni ésta parece cercana. Otro aspecto que se regula en la norma de 2007 es que las administraciones públicas adopten las medidas oportunas para la retirada de «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones» que conmemoren la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. Aquí el cumplimiento ha sido muy desigual según las ciudades. Mientras que en algunas se han retirado por completo en otras se pueden encontrar todavía hoy numerosos nombres de calles franquistas. Los tribunales han intervenido cuando se les ha requerido para ordenar a los poderes públicos que actúen conforme a la ley y sustituyan esos símbolos predemocráticos. Una de las últimas sentencias la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que obligó al Ayuntamiento de Valladolid a catalogar los elementos existentes en la ciudad relacionados con la dictadura, para después eliminarlos o retirarlos. Pese a casos como éste, la ONU insiste en que España debe «velar» por la retirada de todos los símbolos franquistas. Entre las disposiciones de la ley que mejor desarrollo ha tenido está la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los españoles que tuvieron que partir al exilio a causa de la Guerra Civil. Gracias a este mecanismo más de 300.000 extranjeros obtuvieron el pasaporte español. Sólo en Cuba se registraron cerca de 140.000 solicitudes. La posibilidad también se abrió a los voluntarios extranjeros que lucharon a favor de la República en las Brigadas Internacionales, aunque por razones de edad sólo 22 de los más de 60.000 brigadistas que llegaron a participar en la contienda han hecho valer su derecho a adquirir la nacionalidad.

Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias las decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carretera secundarias.

Según la investigación que llevó a cabo el exjuez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados. De estos últimos, 2.800 fueron exhumados en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, donde se calcula que se produjeron 4.400 ejecuciones.

El artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica establece que «las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. «El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas», critica Silva. El pasado julio un contundente informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas puso de relieve esta realidad. El documento valora que, desde el retorno de la democracia, «se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura».

No obstante, el equipo de la ONU recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional que ha suscrito España, el Estado debe asumir una responsabilidad y «un rol de liderazgo» en la recuperación de las personas desaparecidas. Para solucionar la actual situación, Naciones Unidas lanzó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra «adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas». Aunque el informe fija un plazo de 90 días para que España proponga un calendario, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, con lo que no se podrá imponer ningún tipo de sanción en caso de que el Gobierno no atienda al requerimiento de la organización mundial.

Falta de subvenciones

Uno de los mayores problemas que se presenta para la búsqueda y exhumación de los represaliados es la falta de fondos. Mientras estuvo en el Gobierno el PSOE otorgó subvenciones a la memoria histórica por valor de unos 25 millones de euros. Silva recuerda que a ellos ese dinero les permitió «contratar a dos o tres personas y actuar de una forma más ágil». Pero las últimas ayudas llegaron año 2011. En abril de 2012 el Ministerio de Presidencia se comprometió a que el Gobierno del Partido Popular mantendría las subvenciones a la memoria histórica aunque éstas se destinarían sólo a la exhumación de fosas. Sin embargo, a pesar del anuncio, la partida para ese fin fue eliminada en los presupuestos de 2013.

Ahora las asociaciones mantienen su actividad como buenamente pueden. Por ejemplo, las próximas excavaciones de la ARMH se sufragarán con una donación de 6.000 euros de un sindicato noruego. «Desde 2000 a 2007 las exhumaciones que hicimos fue sin dinero público», recuerda Silva para asegurar que seguirán con su labor. La ventaja con la que se cuenta, explica, es que, aunque no dispongan de dinero, sí cuentan con la colaboración desinteresada de forenses, psicólogos, antropólogos o arqueólogos. «Hay algunas personas muy cualificadas a las que no podemos pagar pero que nos ayudan de forma voluntaria», agradece el fundador de la ARMH, quien añade que, dependiendo de cada momento, a veces los equipos comen macarrones que se cocinan en una cazuela para todos y otras se les puede llevar a comer el menú en un bar.

El principal gasto económico es el derivado de las pruebas de ADN que se realizan para identificar a las personas exhumadas. Para ello la ARMH cuenta con la ayuda de un laboratorio «que se porta muy bien con la asociación» y una ONG argentina que realiza algunos de los análisis de forma gratuita.

El mapa de las fosas

La Ley de la Memoria Histórica ordenó dibujar un mapa a nivel nacional con la ubicación de las 2.000 fosas comunes halladas hasta el momento. El encargado de llevarlo a cabo y actualizarlo es el Ministerio de Justicia aunque su elaboración y mantenimiento depende de los datos que suministran las comunidades autónomas.

Desde el principio las asociaciones detectaron diferentes disposiciones al respecto. Mientras que Andalucía se ha implicado a fondo otras regiones como la Comunidad Valenciana prestaron una menor colaboración, por lo que el mapa no ofrece una imagen fidedigna del alcance de la represión. En cualquier caso, aunque incompleto, el mapa sí refleja que los fusilamientos y asesinatos se extendieron por toda la geografía española.

La ARMH opina que este mapa fue utilizado de forma partidista por el Gobierno socialista «para simular que estaban haciendo algo, pero en realidad no hicieron nada para recuperar a los represaliados». «Se trata de un ejemplo más -añade Silva- de la política más de discurso que de acción que hizo Zapatero».

Por su experiencia personal y el trato con centenares de familiares de víctimas, Silva sabe que, aunque hayan transcurrido décadas, el asesinato de un padre «se mantiene siempre a una distancia de unos milímetros». Su propio abuelo fue asesinado por defender la apertura en su pueblo de una escuela pública y laica. «Por esa causa política le pegaron dos tiros en la cabeza y lo abandonaron en una cuneta durante 64 años», lamenta.

El fundador de la ARMH recuerda que, una vez finalizada la guerra, las víctimas de lo que el régimen denominó «hordas marxistas» fueron exhumadas. A las que se sobrevivieron se les concedieron becas y puestos de trabajo en la administración, «pero las del otro bando aún están esperando una reparación». Cree que esta debe empezar porque «los desaparecidos forzosos dejen de ser usados de un modo partidista y que su búsqueda se convierta en un objetivo de toda la sociedad, en una política de Estado».