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Posted: 29 Aug 2014 03:16 AM
PDT
§ El relator especial de
Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos destaca los “vacíos”
institucionales en materia de verdad y justicia
§ Pablo de Greiff
critica en su informe la ‘privatización’ de las exhumaciones, la falta de
información oficial y la Ley de Amnistía
§ Recomienda que el
Valle de los Caídos deje de ser un sitio de “exaltación del franquismo” y
recuerda al Gobierno que debe juzgar o extraditar a los acusados de torturas
en la causa argentina.
Son 20 páginas las que ha
necesitado Pablo de Greiff, relator
especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las
medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a
los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura
franquista. Y la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal)
por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la
reparación a las víctimas.
El relator especial del Consejo
de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición, realizó una visita oficial a
España del 21 de enero al 3 de febrero de este año. En esas semanas se reunió
con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la
memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno. Entre ellos, el
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.
De sus contactos con el
Ejecutivo de Mariano Rajoy, De Greiff destaca que el enfoque ‘oficial’ es
maximalista. “Varios representantes enmarcaron las discusiones en el
siguiente esquema: ‘O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o
la única alternativa es el resurgir
de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado
alto”, explica el relator. Su opinión es absolutamente contraria, ya que se
basa en la fortaleza y estabilidad de la democracia española. Por el
contrario, cree que “los vacíos en la respuesta institucional al tema [...]
de la Guerra Civil continúan siendo objeto de diferencias más profundas de lo
que podrían ser”.”Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya
hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas”, concluye el
especialista de la ONU.
1. Remoción de
símbolos franquistas
De Greiff considera positiva la
Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los símbolos y
monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de
que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee
información de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e
insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.
“El Valle de los Caídos
difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la
reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con
flores del dictador”.
2. Valle de los Caídos
“El sitio constituye en sí
mismo la exaltación del franquismo”, observa el relator, que critica la falta
de información. “Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso
de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas” o sobre “los cuerpos
de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas”, afirma. “Nada explica
quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro
de la Basílica”, ni por qué Franco “fue inhumado allí sin ser víctima de la
Guerra Civil”. De Greiff recomienda “resignificar” el lugar como guardián de
la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco.
“Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la
reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con
flores del dictador”.
3. Educación
deficiente
El informe destaca que las
reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de
la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que algunos
manuales aún hacen referencias globales, “manteniendo la idea de una
responsabilidad simétrica”. De Greiff considera que la mayoría de los
españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue “un
conflicto entre dos Españas” y en la que se reforzaba la política del “ borrón y cuenta nueva”
en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.
4. Policías, militares
y jueces poco formados
La ONU considera que los
miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben
suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron
tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura que los
jueces no reciben formación de temas específicos de derechos humanos, ni de
la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra.
5. Falta de
información
“No existen censos oficiales de
víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas
de la Guerra Civil y la dictadura”, enumera el informe. Además, destaca temas
“subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en
bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de
empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator
considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este
problema, e insta al Gobierno a establecer una institución “independiente
pero oficial” de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la
Verdad que impulsan varias asociaciones.
6. Acceso restringido
a los documentos
Lo del Centro Documental de la
Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El problema
es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y
que muchos de ellos permanecen clasificados “invocando riesgos a la
seguridad nacional” y “sin criterios claros”. De Greiff lamenta que la ley de
Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos
legales que generan este problema.
7. Exhumaciones
‘privatizadas’
El relator expresa su
“preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las
exhumaciones e identificación del los restos” y critica que esta tarea se
haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el
Gobierno negó “la legitimidad de este reclamo”, sino que en general despachó
el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones.
“Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria,
incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado”. Asegura que el
desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen
autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que
encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas.
8. El obstáculo de la
Ley de Amnistía
Aquí es donde se observan
mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el principal obstáculo
en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces
siquiera conozcan los hechos”. Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma
no impide la apertura de causas, sino que son las “interpretaciones
restrictivas” –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad
o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la
prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los
delitos.
De Greiff recuerda que estos
efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales
que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que
conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una
investigación de los hechos, “pues de otra manera no hay responsabilidad
alguna que se pueda suspender o extinguir”.
9. Jurisdicción universal
Naciones Unidas reconoce que
España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y cita
sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno Augusto
Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad.
La ONU ve “con precupación” las reformas de 2009 y 2014 que “limitan
significativamente” que los juzgados españoles puedan investigar crímenes
internacionales graves, y asegura que “sigue atentamente” los procesos en
marcha “como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas” invoando
estándares internacionales.
Además, De Greiff recuerda al Gobierno
español que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la
causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la
dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de
exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: “ sólo podrá denegarse
la extradición de los acusados si la justicia española inicia las
investigaciones y juzga a los responsables”.
10. Víctimas ‘de
segunda’
“Muchas organizaciones y
víctimas han expresado que se siguen sintiendo como ‘víctimas de segunda
categoría”, describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza “por
medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a
[...] víctimas del terrorismo”. El relator recomienda al Gobierno español que
aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la
Víctima como oportunidad para incluir “todas las categorías de víctimas”.
La sentencia es contundente:
“No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no
existe información oficial, ni mecanismos de escalrecimiento de la verdad. El
modelo vigente de “
privatización” de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad
a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las insituciones
estatales…”. Además, De Greiff critica duramente las “ interpretaciones restrictivas de la
Ley de Amnistía” que “no sólo niegan el acceso a la justicia
sono que también impiden cualquier tipo de investigación”.
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diumenge, 31 d’agost del 2014
Los 10 suspensos de la ONU a España en memoria histórica
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