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Posted: 29 Aug 2014 09:03 AM
PDT
Madrid, 29 de agosto de
2014.- La Coordinadora Estatal de
apoyo a la Querella argentina recibe con agrado el Informe final, con las 19
recomendaciones al Estado español, que el Relator Especial por la Verdad,
la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición
ha elaborado a partir de su visita a nuestro país del 21 de enero al 3 de
febrero de 2014 bajo el mandato de la ONU. Este colectivo de víctimas realizó
una valoración altamente positiva el pasado febrero sobre el Informe
preliminar del señor Pablo Greiff y de la señora Victoria Kuhn.
El presente Informe ratifica
determinados aspectos aparecidos en el preliminar como la categórica
afirmación de “que no se estableció nunca una política de Estado para la
promoción de la verdad”. Ni existen censos oficiales del número total de
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, ni se reconoce la importancia de temas
como “los trabajos forzosos de presos; muertes en bombardeos; niños robados;
las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo
contra las mujeres, así como las responsabilidades de las empresas privadas
por su participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de
los derechos humanos.” Crímenes, todos ellos, que coexistieron con
ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones de víctimas que
continúan en fosas o el exilio. La ausencia de la Verdad, además, se ve
sustentada por el perverso discurso, todavía presente en
determinados libros de texto y sectores de la educación, así como en
sectores relevantes del poder político, sobre la lucha fratricida
entre dos bandos y la falsa imagen de la Guerra Civil como “un conflicto
entre dos Españas”, afirmaciones que apoyan la idea de que fuimos todos
culpables, y que “refuerzan así la política de borrón y cuenta nueva que
acompañó la transición”.
Queremos destacar la
argumentación tan sólida que el Informe sostiene sobre la inexistencia de
Justicia para las víctimas del franquismo. La aplicación de la pre-constitucional Ley de Amnistía de
1977, a la que habría que privar de sus efectos, es el principal argumento
esgrimido por las autoridades, para impedir las investigaciones, algo que,
consecuentemente, también anula el derecho a la Verdad. Sin embargo, el
Relator Especial “destaca que no habría impedimentos en el sistema
judicial español para revisar o anular las disposiciones de la Ley 46/1977
que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado”.
Junto con lo anterior, hay que observar la gravedad de las actuaciones, tanto
de la Audiencia Nacional como del Fiscal General, para bloquear el debate en
el Tribunal Constitucional sobre la aplicación e interpretación de esta Ley a
la luz de “las normas y obligaciones internacionales de derechos
humanos”; la constatación de que el Estado español no colabora con “procedimientos
judiciales en el exterior; la insostenible posición de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional (del 31 de enero de 2014) de denegar la solicitud de
extradición interpuesta por la justicia argentina de un presunto responsable
por delitos de tortura cometidos durante los últimos años del franquismo y la
negativa, meses más tarde, de la Audiencia Nacional a esta
extradición junto con la de otro presunto torturador. Todo ello forma
parte, como venimos sosteniendo en la CeAqua, de la impunidad todavía
presente en nuestro país.
Sin Justicia no habría motivo
para la Reparación, como así está sucediendo. Tan solo después de su
aplicación podría considerarse, tal y como recomienda el Relator Especial, “la restitución de las propiedades y
documentos incautados a particulares”, la adecuación de la definición de
víctima, “la anulación de las sentencias de tribunales
creados durante
la Guerra Civil y el franquismo”, y el reconocimiento de los “sufrimientos padecidos por mujeres durante la guerra y la dictadura”, víctimas silenciadas, olvidadas y nunca reconocidas, pero que a pesar del dolor han constituido una fuerza fundamental de la recuperación de la Memoria.
En cuanto a las garantías de no
repetición que aparecen como apartado inicial del Informe, el Relator
Especial ofrece una visión bastante optimista sobre el proceso de reforma de
las Fuerzas Armadas. “En España no hubo procesos formales de depuración de
las Fuerzas Armadas” y es por eso que las víctimas consideramos que la
democratización del ejército continúa en proceso y su consolidación aun está
por llegar.
Ni el olvido ni el perdón se
contemplan en este informe, como tampoco están entre las reivindicaciones de
las víctimas. Antes que hablar de perdón hágase Justicia; frente al olvido,
un pueblo ni puede ni debe olvidar su historia. Las garantías de no
repetición, como bien argumenta el señor Pablo Greiff, tienen su vía
fundamental en la educación ya que la experiencia académica de poder conocer
la tragedia sufrida por gran parte de población española hace que valores como
la Verdad y la Justicia queden integrados de por vida en todos aquellos que
la escuchan. Una labor que en la actualidad están llevando a cabo las propias
víctimas al no ser reconocida por las autoridades políticas y académicas.
Las recomendaciones hechas por
el Relator Pablo Greiff, así como las observaciones realizadas, son
coincidentes en buena parte con las expresadas por el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su Informe, publicado a finales de
julio y elaborado con los datos recogidos en la visita al Estado español por
la señora Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky del 23 al 30 de septiembre de
2013.
Basada en la búsqueda de la
Verdad, el Informe sostiene la necesidad de crear una “entidad estatal con
pleno apoyo institucional, particularmente dotada de suficientes recursos
humanos, técnicos y financieros, encargada de todas las cuestiones relativas
a las desapariciones forzadas”, con la incorporación de un banco nacional
de ADN; así como la aplicación eficaz de la Ley de Memoria Histórica,
observación muy presente en el Informe del Relator Pablo Greiff, para lo cual
es el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad de su cumplimiento, y
no dejando únicamente en manos de los afectados el peso de la realización de
acciones de avance pero sí informándoles de “los progresos y resultados de
una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y
las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los
autores de la desaparición”, y estableciendo con “un proceso regular
de consulta con los familiares y las asociaciones de familiares”. De
igual forma, es primordial la apertura de todos los archivos públicos y
privados, “como los de la Iglesia Católica”, que contienen información
necesaria para la búsqueda de las víctimas, tanto los que yacen en las fosas
como los niños desaparecidos. No podemos olvidar también la importancia de la
apertura de los archivos militares, no mencionados en el Informe del Grupo de
Trabajo, al ser un fondo documental clave para la investigación de las
desapariciones en particular y de la represión franquista en general.
Es en el principio de Justicia
donde el Informe establece, con gran contundencia, que la situación
judicial en que nos encontramos es contraria a todas las obligaciones
internacionales que nuestro país ha contraído. “El Estado debe investigar
de oficio” todos los casos de desaparición forzada e incorporarla como
delito autónomo imprescriptible, por su carácter de lesa humanidad, que
se ajuste a la definición contenida en la Declaración sobre la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas y, por tanto, que los
autores o presuntos autores de estos actos no puedan ampararse en ninguna ley
de amnistía. Debe ser un delito “punible con penas apropiadas que
tengan en cuenta su extrema gravedad.” Sin embargo, la realidad con la
que hoy día chocamos las víctimas es una judicatura que ignora el “derecho
internacional de los derechos humanos”; “fiscales que no han impulsado
las investigaciones”; “la presencia de la Ley de Amnistía” y
la interpretación judicial dada a dicha Ley; “no hay ninguna investigación
judicial efectiva”, “ni hay persona alguna condenada por las
desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura”; y las incomprensibles
sentencias del Tribunal Supremo que cierran cualquier vía de investigación.
Todas estas circunstancias han
creado tal situación de IMPUNIDAD que las víctimas de desaparición forzada, y
de los restantes crímenes del franquismo, hemos presentado ante la justicia
argentina una Querella contra la dictadura en virtud del principio de
Jurisdicción Universal. Tal y como revela el Informe, la justicia española no
está cooperando con los tribunales argentinos. Una impunidad no permitida con
los autores de otros crímenes, como los del terrorismo, produciéndose de
forma inaceptable diferentes categorías de víctimas, unas amparadas
económica y moralmente por el poder político y otras ignoradas, y hasta
menospreciadas, en no pocos casos por ese mismo poder.
Coincidiendo de nuevo con el
Informe del Relator Pablo Greiff, las medidas de no repetición pasan por que
las futuras generaciones, los funcionarios públicos, junto con personal el
militar y de policía, así como del personal médico y la sociedad en general
tengan una adecuada formación sobre Memoria y Derechos Humanos. Tan solo una
fuerte conciencia de lo ocurrido, junto con la aplicación de la Justicia,
serán garantes de la no repetición.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Es por todo lo expuesto
que desde la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina CeAqua
expresamos nuestra coincidencia de criterios con lo dicho en ambos Informes,
y queremos resaltar los siguientes puntos:
De forma general.- INSTAMOS al
Estado español a que asuma y cumpla todas las recomendaciones con el objetivo
de que definitivamente todas las víctimas del franquismo sin excepción, tanto
las de desaparición forzada como las del resto de los horrendos crímenes que
se produjeron durante la guerra civil y la dictadura (exilio, desaparecidos
en fosas, represión político-social
De forma concreta.- ES URGENTE
la puesta en marcha de un plan nacional de búsqueda, y su gestión efectiva en
todos los ámbitos y necesidades, de personas desaparecidas: los 114.226
desaparecidos en fosas, a los más de 30.000 niños robados a las mujeres republicanas,
y a todos los niños que, durante toda la dictadura y ya entrada la
democracia, desaparecieron en clínicas y maternidades en un número ingente
todavía sin calcular, estos desaparecidos vivos que ahora podrían estar
también buscando su identidad robada; EXIGIMOS la incorporación de la
desaparición forzada en el derecho interno como un delito autónomo e
imprescriptible, no sujeto a amnistía, ya que el crimen se sigue cometiendo
cada día y el sufrimiento de los familiares, que también son víctimas, es
permanente hasta que se conoce el paradero y suerte del desaparecido;
RECORDAMOS al Gobierno español, tal y como lo hace el Relator y el Grupo de
Trabajo, que hay una Causa abierta en Argentina contra los crímenes del
franquismo y que el “artículo 277 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial dispone: “Los Juzgados y Tribunales españoles
prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les
soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con
lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España
sea parte […]”. Es, por tanto, inaplazable, que se haga justicia con
todas las víctimas de la dictadura en los tribunales del Estado español,
eliminando todos los impedimentos jurídicos como la pre-constitucional
Ley de Amnistía o el criterio de la prescripción. Sin olvidar, en aplicación
del principio de Jurisdicción Universal, la necesaria colaboración de la
justicia española con la Causa 4591/2010, abierta en los tribunales
argentinos, una Querella interpuesta el 14 de abril de 2010 en el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires,
República Argentina, y a cargo de la Jueza María Servini de Cubría. LA
ÚNICA CAUSA ABIERTA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO EN TODO EL MUNDO.
AGRADECEMOS, tanto al Grupo de
Desapariciones Forzadas como al Relator especial, la sensibilidad y
solidaridad hacia las víctimas. Nos sentimos emocionados por el
reconocimiento explícito a la lucha de las víctimas por la Memoria y
apreciamos el inmenso apoyo demostrado en ambos Informes que recogen y agrupan
muchas de las reivindicaciones que las víctimas les trasladamos en sus
respectivas visitas.
Los días 10 y 12 de
septiembre, en el 27º período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, se celebrarán las Sesiones de
Lectura donde se expondrán ambos Informes. También se conocerán los comentarios a estos documentos
de los Estados visitados, entre ellos el de España. Representantes de
diferentes Plataformas territoriales de la CeAQUA acudirán a estas Sesiones y
a eventos relacionados con las mismas.
Pinchar para leer el Comunicado
sobre los Informes de la ONU en formato Word
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diumenge, 31 d’agost del 2014
CeAQUA sobre los Informes del Relator Especial por la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
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