El tiempo pasa, la impunidad permanece: los retos de la memoria

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ESTHER LÓPEZ BARCELÓ. HOY

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A las Trece Rosas,

porque vuestro nombre no se ha borrado de la Historia

VALENCIA. "Por el doctor Peset, por Miguel Hernández, por los fusilados y fusiladas en todas las cárceles valencianas y que se encuentran, entre otros, en el "paredón de España", que es como se llama al cementerio de Paterna; por todos los torturados y las torturadas valencianas por la brigada político-social por luchar por la libertad y la democracia, porque, como dijo Marcos Ana, una buena memoria histórica es la mejor vacuna para las nuevas generaciones". El 25 de marzo de este año, comenzaba así mi última intervención parlamentaria. Me despedí de mi labor como representante pública con la defensa de una proposición de ley de recuperación de la memoria democrática valenciana, para cuya redacción trabajé codo con codo con mi compañera y coordinadora del grupo parlamentario de Esquerra Unida, Aurora Mora.

Existían pocos referentes legislativos en los que mirarnos, por lo que nos coordinamos con compañeros como Mauricio Valiente, actualmente concejal de Ahora Madrid, y Juan Francisco Arenas, que fuera Director General de Memoria Democrática en la Junta de Andalucía. Hubo además un tercer referente: el marco legislativo que nos ofrecía Navarra, donde había sido aprobada una ley similar. Nosotras entendíamos el concepto de recuperación de la memoria histórica como el esfuerzo normativo para el reconocimiento público y la rehabilitación moral de las personas que fueron víctimas del golpe de estado franquista y la posterior dictadura, para recuperar los restos de las personas asesinadas y, en definitiva, para deslegitimar social e institucionalmente la dictadura franquista.

Algo, lamentablemente, difícil de conseguir cuando gran parte de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular se tornaban en insumisos practicantes ante los mandatos de la Ley de Memoria Histórica de 2007, véase la denuncia interpuesta a Rita Barberá por esos incumplimientos. Es increíble que en pleno siglo XXI vivamos en municipios en donde la nomenclatura de sus calles y plazas siguen enarbolando la bandera del "holocausto español" -como lo denominó Paul Preston en su libro homónimo. Este es sólo uno de los problemas a los que se deberán de enfrentar los nuevos consistorios surgidos del tsunami de cambio que supuso el 24M. Y la mayoría ya lo están haciendo porque son conscientes de que una democracia cimentada sobre miles de fosas comunes legitima la impunidad.

La resolución de Naciones Unidas 47/133, adoptada en la asamblea general celebrada el 18 de diciembre de 1992, aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señalando que afectan a los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. En noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la desaparición forzada emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo, e instaba al estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, recomendando a las diferentes administraciones públicas españolas que asignaran los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para ello.

 

En este informe, el comité insta al estado español a colaborar en todo lo necesario con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos. Y en esa misma línea, Amnistía Internacional recuerda en su informeEl tiempo pasa, la impunidad permanece, que la ausencia de investigación de los crímenes de la guerra civil y del franquismo constituye un incumplimiento por parte de España de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional.

Es por tanto una necesidad imperiosa actuar de forma ágil, contundente y rigurosa, tanto por parte de los ayuntamientos como por parte del Consell. Porque la Ley 52/2007, por la cual se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de las personas que sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como la Ley de Memoria Histórica, a pesar de sus limitaciones, establece un conjunto de mandatos para el conjunto de las administraciones públicas que deben ponerse en marcha en el País Valenciano con un adecuado marco normativo. Por eso desde el grupo parlamentario de Esquerra Unida considerábamos urgente presentar una Ley de Memoria Democrática Valenciana que estableciese el régimen jurídico de estas tareas, que garantizara y divulgara su conocimiento, satisfaciendo el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acontecidos durante la guerra civil, la dictadura y la Transición, así como las circunstancias en que durante estos períodos se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humanos. Como dijo Nelson Mandela, «un pueblo que no es capaz de reconocer lo que ha sufrido, está condenado a repetir los mismos hechos».

La mayoría de las democracias de Europa se levantaron tras la II Guerra Mundial siguiendo el paradigma antifascista. El imaginario colectivo no podía olvidar a los nazis, a los campos de concentración y a las torturas. El recuerdo de la pesadilla genocida iluminó toda la normativa jurídica y permitió el proceso de concesión de derechos sociales, económicos y políticos. La constitución italiana, por ejemplo, en 1948 declaró la prohibición de la recomposición del partido fascista y vetó a quienes procedían del régimen de Mussolini.

Y en ese contexto, vivimos en una gravísima anomalía democrática e histórica. Aquí no hubo revolución antifascista ni ruptura con el entramado político de la dictadura, sino que comenzó el que ha sido conocido como "pacto de silencio". Con al menos 143.353 desaparecidos y desaparecidas, según la investigación de la Audiencia Nacional en 2008, España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de desaparecidos, y una democracia que abandona a miles de cuerpos enterrados en cunetas, no puede llamarse asimismo el gobierno del pueblo.

Según un estudio del CIS de 2008, después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero, la mayoría de los encuestados consideraba que los restos de las víctimas deberían identificarse y trasladarse a un cementerio. De ellos, el 83% opinaba que el Estado debería ser el encargado de esta tarea. Tal y como han hecho otros países tras conflictos bélicos o regímenes dictatoriales, se debería sufragar y planificar de forma sistemática la localización y recuperación de miles de cuerpos que se encuentran enterrados en fosas comunes con un protocolo de actuación multidisciplinar en el que cooperen arqueólogos, antropólogos físicos y, por supuesto, en el que exista presencia judicial que atestigüe la existencia de un crimen. Decía Vicenç Navarro, "de no hacer más, enterrando a los muertos, se enterrará también nuestra historia democrática".

Mientras leen este artículo, háganse las siguientes preguntas: ¿Sabe la sociedad valenciana que acabó la Guerra Civil en el puerto de Alicante, que se convirtió en una cárcel de agua? ¿Saben que los fascistas italianos por tierra y los buques franquistas por mar acabaron con toda posibilidad de huida de miles de personas aterradas? ¿Saben que hubo campos de concentración en el País Valenciano? ¿Saben que uno de los más célebres, lamentablemente, está en Alicante y se llama Campo de Albatera? ¿Saben que pasaron por él Manuel Tuñón de Lara, Marcos Ana o el propio doctor Peset? Pues en las escuelas valencianas se tiene que saber, porque para poder pasar esta terrible página de nuestra historia, primero tenemos que leerla y para quienes piensen que hacemos un ejercicio de "revanchismo" nadie mejor para contestarles que Marcos Ana, poeta comunista que pasó 22 años en las cárceles de Franco: "la venganza es inadmisible, la justicia necesaria".

Y por eso, también son fundamentales medidas como el acceso libre a los archivos que contengan documentación que pueda dilucidar "verdad" a millones de relatos de vida, un censo de las víctimas de la represión durante la guerra civil y el franquismo del País Valenciano, la creación de un mapa de lugares de memoria como se hizo en Andalucía, la potenciación de rutas culturales sobre el patrimonio arqueológico e histórico de la Guerra Civil y el franquismo, el impulso a las labores de investigación académica sobre la represión franquista en colaboración con las universidades públicas, y la creación de un Instituto de la Memoria Democrática Valenciana, además de una oficina de asesoramiento legal a las víctimas del franquismo en la exigencia de sus derechos incluyendo, por supuesto, los casos de bebés robados. 

Recuperar nuestra memoria histórica es una necesidad democrática que estoy segura tendrá en cuenta el nuevo Consell a pesar de que no forme parte de la letra del Acuerdo del Botánico. Tienen la oportunidad después de más de 35 años de desatar lo tan bien atado, porque esta no es una cuestión del pasado: garantizar la reparación y la justicia dice mucho de nuestro presente pero, sobre todo, de nuestro futuro; habla de lo que somos pero, sobre todo, de lo que aspiramos a ser.