Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Taula rodona “Les darreres penes de mort de la dictadura franquista. 50 anys després”
Dimarts, 7 d’octubre de 2025 a les 19 hores
La Model espai Memorial – Carrer Entença, 155. Barcelona
En el 50è aniversari de les darreres execucions a l’Estat espanyol, el Consell de Participació del Memorial Democràtic, integrat per entitats memorialistes, i el Memorial Democràtic proposen una taula rodona i un debat al voltant d’aquells episodis execrables que responien a l’actitud d’un règim polític que “moria matant”. Hi intervindran l’advocada Magda Oranich, l’historiador Pau Casanellas, Carles Vallejo, ex-pres polític del franquisme i president del Consell de Participació del Memorial Democràtic, i Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic.
Ángel Víctor Torres reporta que 240.000 descendientes de exiliados han sido nacionalizados bajo la nueva ley de Memoria Democrática.
Agencias
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 30 de septiembre de 2025Marta Fernández - Europa Press
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que 240.000 descendientes de españoles que se exiliaron en América después de la Guerra Civil ya han sido nacionalizados bajo la nueva ley de Memoria Democrática de 2022.
En una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Torres reveló que el ejecutivo ha gestionado 876.321 solicitudes de nacionalidad, otorgando la ciudadanía a 240.000 personas hasta julio de este año, lo que representa el 27% del total de peticiones.
Se espera que el número final de nacionalizados se divulgue el 31 de diciembre, después de que termine la prórroga de la Ley de Memoria Democrática de 2022, extendida hasta el 21 de octubre de este año y ratificada en julio de 2024 para procesar todas las aplicaciones recibidas.
La ley aprobada reconoce el derecho a la nacionalidad a los descendientes de hasta segunda generación de aquellos que, por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación e identidad sexual, perdieron o renunciaron a su nacionalidad española. También se incluyen los hijos de mujeres españolas que nacieron en el extranjero y perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, así como los hijos mayores de edad de españoles a quienes se les ha reconocido su nacionalidad de origen mediante el derecho de adopción, según lo dispuesto en la ley de Memoria Democrática o la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Presos realizando trabajos forzados bajo el franquismo (Imagen del documental de RTVE sobre el tema)
Juan Benlliure Aybar y Willy Meyer Moll fueron dos presos republicanos a los que la dictadura franquista obligó a realizar trabajos forzados, un delito tipificado como ‘trabajo esclavo’. La querella quedará amparada dentro de la llamada ‘Querella Argentina’, por la que se investigan delitos contra la humanidad en España, desde el fin de la guerra civil hasta 1977.
Las familias ripenses de los presos republicanos Juan Benliure Aybar, secretario de la cooperativa agraria y quinto Regidor del consejo municipal de Tendilla (Guadalajara); y Willy Meyer Moll, capitán de Ingenieros en la Unidad de maquinaria y explosivos, en el Parque móvil de transportes, así como en el Batallón de destrucciones en el parque de compresores (Madrid), presentarán una querella para denunciar estos crímenes contra la humanidad, con el apoyo de varias entidades ciudadanas ripenses. El acto de presentación pública de la querella se llevará a cabo el próximo 20 de octubre a las 12:00 horas, en las dependencias del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
La querella quedará enmarcada en la conocida como ‘Querella Argentina’, que investiga delitos contra la humanidad en España, desde el fin de la guerra civil hasta 1977. El nombre deriva del país en el que la jueza argentina María Servini aceptó, en 2010, investigar los crímenes denunciados por diferentes personas y entidades.
La segunda querella que se presenta en Rivas contra crímenes del franquismo
Ante esta iniciativa, en España se formó la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes de franquismo (CeAQUA), que ha venido promoviendo la interposición de querellas por crímenes del franquismo en distintos puntos de España.
En Rivas Vaciamadrid, el grupo municipal de Rivas Puede, formado por militantes de Podemos Rivas, logró sacar adelante, en el Pleno municipal de enero de 2016, una moción para que el Ayuntamiento presentase una querella propia, enmarcada en la causa argentina, por crímenes llevados a cabo por la dictadura franquista contra familiares de vecinos y vecinas de Rivas.
La concejalía de Participación Ciudadana abrió una Oficina de Atención a las Víctimas el Franquismo para facilitar la presentación de testimonios de familiares de víctimas de delitos de la dictadura, sobre crímenes realizados contra ellos. La oficina llegó a recoger 17 testimonios de personas de Rivas.
El eufemismo de la ‘redención de penas’
Los cientos de miles de prisioneros del bando republicano en la Guerra Civil obligados a trabajo esclavo fueron presos que, al amparo de una orden dictada el 7 de octubre de 1938, en plena guerra civil, pasaron a ser gestionados por el siniestro Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, que se funda inspirándose en las teorías del jesuita Pérez del Pulgar. Si bien hay que señalar que otros presos terminaron trabajando en los denominados Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BB. TT.) a los que se les adjudicó la tarea de restaurar el patrimonio dañado por la guerra en las denominadas Regiones Devastadas.
Estos batallones y el Patronato fueron el germen del sistema que durante muchos años permitió explotar a los presos republicanos por los organismos del Estado, los ayuntamientos, las diputaciones, la Iglesia, la Falange o empresas privadas, bajo el eufemismo de “redención de penas”.
Yolanda Martín-Alameda Benlliure, ripense y nieta de Juan Benlliure Aybar, una de las víctimas de este trabajo esclavo, recogió documentaicón al respecto e impulsó esta querella, según narraba en una entrevista realizada por Rivas Actual el pasado mes de junio.
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA QUERELLA 20 de octubre de 2025, 12:00 horas. Dependencias del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Pza. de la Constitución s/n
Los fondos del Gobierno, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, han permitido hasta el momento la exhumación de más de 6.000 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, según ha podido saber la Cadena SER. Aunque el número total de desenterramientos son muchos más si tenemos en cuenta los que han llevado a cabo en este tiempo asociaciones de memoria y otras entidades, muchas también con subvenciones públicas. En concreto, hablamos de otras tres mil exhumaciones más practicadas por estos colectivos. Casi 9.000 en seis años.
Los expertos calculan que en España, en las fosas localizadas, hay cerca de 20.000 cuerpos de víctimas susceptibles de ser exhumadas, por lo que como ha confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "Nos acercamos casi al 50% y ante las peticiones de los familiares y tras las comprobaciones del ADN hemos podido entregar a sus familiares 70 víctimas que han tenido la sepultura que han querido sus familiares", relataba.
apuntan fuentes del gobierno consultadas por la SER, "estamos casi a la mitad del camino". Quedarían, siguiendo estos estudios, 11.000 víctimas por exhumar.
El Gobierno ha hecho balance esta mañana en el Consejo de Ministros de estas actuaciones cuando están a punto de cumplirse tres años desde la puesta en marcha de la ley de memoria democrática. Además, se han aprobado nuevas partidas para que los ayuntamientos sigan actuando en este sentido dentro del segundo plan cuatrienal de exhumaciones que comenzó el año pasado y que abarca hasta el 2028.
"Se ha aprobado un real decreto que concede 2,4 millones de euros para localizar y exhumar cuerpos en distintas fosas que han sido localizadas en municipios", ha explicado Ángel Víctor Torres tras el Consejo de Ministros. Este presupuesto se divide en un millón de euros a Federación Española de Municipios y Provincias y partidas para algunos ayuntamientos como el de Víznar (Granada) o Nerva (Huelva) en los que se han localizado fosas con 171 y 276 cuerpos, respectivamente.
Las asociaciones memorialistas exigen al Gobierno que deje de ser el único país del mundo que utiliza subvenciones para estos desenterramientos y piden que se cree una institución, con delegaciones en todas las provincias, que atienda a los familiares y garantice sus derechos.
"Seguiremos trabajando mientras haya una sola fosa en la que haya una víctima de la represión franquista"
También ha informado el ministro de los avances en el proceso de reconocimiento de la nacionalidad española para los nietos e hijos de exiliados españoles que se fueron a América: "A finales del mes de julio ha habido solicitud de 876.321 personas y se han conseguido 240.000. Habrá datos definitivos a finales de año", ha explicado Ángel Víctor Torres.
"Seguiremos trabajando en las exhumaciones mientras haya una sola fosa en nuestro país en la que haya una víctima de la represión franquista y del totalitarismo en España", zanjaba Torres
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que servirá para buscar, localizar y exhumar nuevas fosas, que se tramitarán a través de la FEMP, cinco diputaciones y cuatro municipios
El Gobierno ha concedido 2,4 millones de euros más a la búsqueda, localización y exhumación de fosas del franquismo. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto con el que canalizará ese dinero a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), cinco diputaciones y cuatro ayuntamientos con el objetivo de llevar a cabo la recuperación de cuerpos de víctimas de la guerra y la dictadura así como para la construcción de sendos memoriales en Viznar y Nerva, según ha informado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La nueva concesión forma parte del Plan Cuatrienal de Exhumaciones (2025-2028) que forma parte de las iniciativas por la memoria democrática puestas en marcha desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Desde 2019, se han realizado 8.941 exhumaciones de víctimas en toda España de las cuales 6.000 han sido financiadas directamente por los planes cuatrienales.
Torres ha recordado que esa cifra se acerca a la mitad de las 20.000 que un estudio de la Sociedad Aranzadi situó como susceptibles de exhumación.
De la nueva concesión, un millón de euros se canalizará a través de la FEMP para financiar las actuaciones de las entidades locales relativas a la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas de la Guerra de España y la dictadura, así como las destinadas a su dignificación.
Las diputaciones de Cáceres, Sevilla y A Coruña recibirán 150.000 euros, respectivamente; y Badajoz y Jaén, 100.000 euros cada una para la exhumación de fosas.
El Ayuntamiento de Sevilla recibirá 200.000 euros para la exhumación de la fosa común de Monumento del cementerio de San Fernando, en la que se encuentran los restos de más de 2.000 víctimas de los bandos de Guerra de Queipo de Llano y consejos de guerra. En el caso del Ayuntamiento de Jaén, el importe será también de 200.000 euros para la exhumación de la Fosa 702 del cementerio de San Eufrasio, en el que se encuentran los restos de unas 1.800 personas, resultado de las ejecuciones de las condenas a muerte de los Consejos de Guerra sumarísimos, según informa el ministerio en una nota de prensa.
Al Ayuntamiento de Huelva se destinarán 150.000 euros para continuar con la exhumación de fosas comunes del cementerio de La Soledad, en el que se encuentran los restos de 1.100 personas; y al de Córdoba, 150.000 euros para continuar con la exhumación de las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael, en los que puede haber unas 4.500 personas.
En los casos de Nerva (Huelva) y Víznar (Granada) recibirán 50.000 euros, respectivamente, para erigir memoriales de dignificación en donde se puedan depositar los cadáveres sin identificar. En las actuaciones de exhumación de fosas desarrolladas con financiación estatal en ambos municipios se han recuperado 266 víctimas en Nerva y 171 (de ellos 5 ya identificados genéticamente) en Víznar, que es la localidad en la que desapareció el poeta Federico García Lorca, cuyos restos no han sido localizados.
Tras exhumar a casi 9.000 víctimas, el Ministerio de Política Territorial aprueba una partida de 2,4 millones para la localización e identificación de fusilados
El Gobierno calcula que quedan por recuperar de fosas comunes los restos de 11.000 fusilados del franquismo tras haber exhumado, en los últimos cinco años, cerca de 9.000. El antropólogo forense Francisco Exteberria ya explicó en este diario que 20.000 era la cifra de víctimas recuperables, ya que muchos enterramientos clandestinos habían sido sepultados por carreteras y obras de distinta índole lo que impide intervenir en ellos. De los 8.941 restos de fusilados recuperados desde 2019, 6.000 exhumaciones han sido financiadas directamente por los planes cuatrienales de apertura de fosas elaborado por el Ejecutivo central. “Hemos avanzado mucho”, ha celebrado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. “Y ha sido gracias a las entidades memorialistas, las administraciones públicas en todos sus niveles y a la aportación del Gobierno de España”, ha añadido.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula la concesión directa de 2,4 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y distintas entidades locales para la localización, exhumación e identificación de restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre las entidades beneficiadas figuran las diputaciones de Cáceres (150.000 euros), Badajoz (100.000 euros), Jaén (100.000 euros), Sevilla (150.000 euros) y A Coruña (150.000 euros), así como los ayuntamientos de Sevilla (200.000 euros), Jaén (200.000 euros), Huelva (150.000 euros) y Córdoba (150.000 euros), que cuentan con grandes fosas comunes. En la del cementerio sevillano de San Fernando se calcula que hay unas 2.000 víctimas, en la del cementerio jienense de San Eufrasio, unas 1.800; en el onubense de La Soledad, 1.100; y en los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael, unas 4.500.
El real decreto incluye una partida de 100.000 euros para erigir memoriales en Nerva (Huelva) donde se han recuperado los restos de 266 víctimas, y en Víznar (Granada), donde fueron exhumadas otras 171, entre ellos los de un niño de entre 11 y 14 años. En las inmediaciones del barranco de Víznar fue asesinado el poeta Federico García Lorca, cuyos restos no han sido localizados.
Franco hizo oídos sordos a las numerosas peticiones que recibió para indultar a los condenados. Fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1975
Muchos de los militares implicados en el juicio continuaron ostentando cargos de gran relevancia en el ejército o la judicatura
Xosé Humberto Baena junto a su familia. M.F. Baena
El 27 de septiembre de 1975, la dictadura franquista asestó su último golpe mortal a la libertad política en España. Cinco jóvenes militantes de 11 acusados, dos de ETA político-militar (Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui) y tres del FRAP (Frente revolucionario Antifascista y Patriota) –Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz–, fueron condenados a muerte y fusilados en juicios militares sumarísimos y mediante consejos de guerra ante multitudinarias muestras de rechazo internacional. Sobre por qué las penas de algunos de los acusados fueron conmutadas por cárcel y otras no, la escritora Aroa Moreno Duran reflexiona: "No se explica, aquellas penas de muerte fueron un castigo que quería mostrar ejemplaridad desde dentro de ese régimen que colapsaba. Igual que los consejos de guerra fueron una farsa arbitraria, lo fueron sus sentencias".
La ejecución de los jóvenes significó el culmen del sistema franquista, que entendía la autoridad como violencia. "Los fusilamientos son la última expresión de un proceso de radicalización que tuvo su punto álgido en los últimos años del franquismo", razona Alejandro Quiroga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. "Los niveles de represión fueron menores en los años 60, pero, al crecer la oposición al régimen, este respondió con aún más castigo", añade.
Franco hizo oídos sordos a las numerosas peticiones que recibió para indultar a los condenados y el caso adquirió tal relevancia que el propio papa Pablo VI trató de interceder por ellos: llamó en varias ocasiones a Franco pero fue ignorado. También el propio hermano del dictador insistió en que los perdonara, apeló a su moral cristiana y le aseguró que se arrepentiría. La presión internacional no frenó al régimen, que "no pensaba que iba a tener una gran reacción desde fuera", argumenta Quiroga. Y, en parte, el cálculo no fue del todo erróneo puesto que, según Quiroga, "no hubo grandes sanciones a medio plazo", lo que dio al dictador la potestad de continuar con su actividad.
Franco firmó las condenas de muerte, y es probable que no tuviera tiempo para arrepentirse, pues tan solo dos meses después murió a consecuencia de su ya muy deteriorado estado de salud. Moreno Durán explica que "el dictador estaba enfermo y con él, la dictadura"; y por tanto "la fuerza de la oposición desde principios de los setenta era cada vez más desestabilizante y se agravó la respuesta represiva".
Un nutrido grupo de militares participaron en los consejos de guerra que condenaron a muerte a las últimas cinco víctimas de la represión franquista. Fiscales, vocales y jueces que protagonizaron un proceso sin las garantías judiciales exigibles. Pasado el tiempo, y bajo la protección que les otorgaban la Transición y los primeros pasos de la democracia, algunos de ellos reconocieron haber sido parte del proceso de mala gana y haber recibido órdenes “de arriba” para que la mayoría de los acusados recibieran como castigo la pena capital.
Los jueces
El consejo de guerra en el que se condenó a muerte a Ángel Otaegui fue presidido por el coronel de infantería José Lasanta Martínez, que hizo las veces de juez instructor. Lasanta, ya retirado y dedicado a la vida contemplativa, fue asesinado por ETA 13 años más tarde, el 13 de junio de 1990, mientras paseaba por el paseo de La Concha de San Sebastián. José Urtubia Ramírez, fallecido en el año 2010, fue otro de los presidentes del consejo de guerra y fue ascendido a general de brigada de artillería en el año 1983, ya en democracia, cuando era ministro de Defensa Narcís Serra Serra y presidente del Gobierno Felipe González. Por sus "méritos", le fue concedida la Gran Cruz de San Hermenegildo en el año 1986.
Otra de las figuras relevantes en los juicios fue el capitán auditor Jesús Cejas Mohedano. El diario digital El Salto desveló en 2018 que Cejas Mohedano estaba implicado en una trama de fondos de capital riesgo relacionada con CRM (Capital Riesgo Madrid), empresa que también se vio envuelta en polémica por invertir un millón y medio de euros en otra compañía, de la cual era accionista un primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, como también reveló El Salto.
Entre los militares involucrados en las ejecuciones, Ángel Campano López, que murió en 1995 y fue uno de tantos que se presentaron voluntarios para formar parte de la División Azul tras la Guerra Civil. Ejercía como capitán general de la I Región Militar (Madrid) y director general de la Guardia Civil, puesto del cual fue cesado el 23 diciembre de 1976 por no impedir que miembros del cuerpo se manifestaran ilegalmente. Su hijo Miguel Ángel Campano Mendaza, fallecido en 2018, fue un reconocido pintor galardonado con el premio Nacional de Artes Plásticas.
Ángel Urquijo Quiroga, fallecido en el año 2010, y Juan García Saro actuaron como vocales, y el teniente coronel Ramón González Arnao Díez lo hizo como fiscal. El coronel Ricardo Oñate, que fue jefe del tribunal durante uno de los juicios, ejerció el cargo de capitán general de Granada hasta su muerte en el año 1984 y a día de hoy conserva un monumento con su imagen en su pueblo natal, en la provincia de Valladolid.
Muchos de los militares implicados en el juicio continuaron ostentando cargos de relevancia en el ejército o la judicatura. Quizá el más destacado fue José Antonio Sáenz de Santamaría, quien en aquel momento era jefe del Estado Mayor y número dos de la Guardia Civil. Sáenz de Santamaría fue responsable de llevar a cabo los preparativos para las ejecuciones que acabarían con la vida de los cinco jóvenes militantes que formaban parte de ETA y del FRAP. Además, fue director general de la Guardia Civil hasta el año 1986. El militar (que no tiene parentesco con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría) ejerció deasesor del ministro del Interior José Barrionuevo entre 1982 y 1989, en el Gobierno de Felipe González. Barrionuevo sería condenado en 1998 y pagaría una breve pena de cárcel por la guerra sucia contra ETA. El juez Baltasar Garzón investigó a Sáenz de Santamaría por su implicación en los GAL pero no recibió condena alguna.
Franquistas en democracia
El Consejo de Ministros, que dio su "enterado" a las sentencias de muerte, estaba formado, entre otros, por figuras que formaron parte de la vida política tras la Transición. Más tarde algunos de ellos participarían de la fundación de Alianza Popular, ahora Partido Popular. Fernando Suárez González fue ministro de Trabajo y procurador de las Cortes franquistas y más tarde diputado de Alianza Popular en el congreso hasta el año 1989 y eurodiputado hasta el 1994.
Antonio Carro Martínez fue el último ministro de presidencia franquista durante los gobiernos de Arias Navarro, formó parte de la legislatura constituyente con Alianza Popular y ejerció como diputado hasta el año 1989. Luis Rodríguez de Miguel estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y fue consejero nacional del Movimiento durante el tiempo en que se llevaron a cabo las ejecuciones. Años más tarde, y ya en democracia, fue designado como fiscal general del Tribunal Supremo hasta su muerte, en 1982. De esta forma, la Transición supuso, más que una ruptura, una continuación. "Se lleva a cabo un pacto entre élites que lo que buscaban era que el régimen siguiera su curso, no que se pasara a un sistema democrático real", manifiesta Quiroga.
Tanto es así que la impunidad para todos los implicados en los fusilamientos fue absoluta. La ley de amnistía aprobada en las Cortes generales en 1977 perdonó todos los delitos políticos, y si bien permitió la salida de prisión de aquellos cuyas penas de muerte habían sido conmutadas por tiempo de cárcel, no administró justicia, librando de responsabilidad alguna a aquellos que, en los últimos meses de la dictadura, acabaron con la vida de cinco jóvenes que no pudieron disponer de un juicio justo.
Tal y como Aroa Moreno Durán explica a este medio, “es insólito que no hayan podido ser juzgados los crímenes de una dictadura, que se permitiera la continuidad de ciertas personas en cargos políticos en democracia y que, hasta hace dos días, torturadores y agentes de la represión conservaran sus condecoraciones y méritos”.
Justicia y reparación
Este sábadose cumplen 50 años desde que el régimen asesino de Franco diera sus últimos golpes mortales. Este mismo año, la familia de Xosé Humberto Baena ha logrado que el Gobierno aplique la ley de memoria democrática, y que Xosé deje de constar como asesino en la documentación oficial para pasar a ser considerado víctima. Una reivindicación que la familia ha llevado siempre por bandera desde que el padre del joven militante comenzara a reclamarlo un año después de su fusilamiento.
En la memoria también ha habido jerarquías y el recibir o no justicia ha dependido en ocasiones del lado del que caía la victima. "Los miembros de ETA han tenido un mayor reconocimiento por el impacto posterior del grupo. En cambio, las víctimas pertenecientes al FRAP han pasado más inadvertidas", expone el profesor de la Complutense. Sobre las víctimas y su reconocimiento, Moreno Durán afirma que “todas deben ser reconocidas como víctimas, sin escalas, lo que implica el reconocimiento oficial de todos los crímenes del franquismo”.
.jpg)
2