Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
El pleno aprueba la propuesta para crear la comisión sobre el Patronato de la Mujer, impulsada por ERC, Comunes y CUP con el apoyo de PSC, Junts y AC
Roda de premsa al Parlament de víctimes del Patronato de la Mujer amb representants d'ERC, Comus i la CUP (Bernat Vilaró - ACN)
El Parlamento de Cataluña ha aprobado la propuesta de resolución para crear una comisión de investigación sobre la represión y el maltrato contra las mujeres menores de edad del Patronato de Protección a la Mujer, entre los años 1941 y 1981.
Durante el debate de este miércoles, la diputada republicana Tània Verge ha denunciado una «violencia de Estado» ejercida en la institución de la dictadura franquista durante 40 años, y ha pedido perdón por «el olvido institucional». Por parte de los Comunes, Susanna Segovia ha constatado que hasta hace poco se desconocía el alcance de esta represión contra miles de mujeres. La presidenta del grupo de la CUP, Pilar Castillejo, por su parte, ha alertado de que la entidad convirtió mujeres libres en «objetos de control estatal y eclesiástico».
La iniciativa impulsada por ERC, Comunes y CUP ha recibido el aval del pleno este miércoles gracias a los votos a favor de estos partidos y de PSC, Junts, y Aliança Catalana, un total de 109, mientras que PPC y Vox han sumado 24 votos en contra.
Durante el debate, la diputada Natàlia Fabian (PSC-Units) ha reiterado que hay que curar heridas con «respeto y verdad», y ha remarcado que las mujeres fueron «víctimas de una injusticia»: «Digamos basta al silencio y al olvido». Laura Martínez, de Junts, ha dicho que el Patronato era una «herramienta del régimen» para conseguir la sumisión femenina y el control patriarcal de la conducta de las mujeres durante décadas, también durante la Transición. Por parte de Aliança, Sílvia Orriols ha subrayado que España no se ha disculpado ni ha hecho ninguna reparación a las víctimas de la entidad franquista.
La diputada del PPC Lorena Roldán ha criticado que a algunos grupos les preocupe más lo que pasó hace 80 años que hoy. Y el diputado de Vox Alberto Tarradas ha apostillado que la comisión es una «cortina de humo», además de asegurar que «a nadie» de los otros grupos le importa la libertad de las mujeres.
La propuesta de resolución remarca, en su exposición de motivos, que el objetivo de la comisión de investigación es conocer y dar a conocer la represión «aún desconocida» y el maltrato que sufrieron miles de chicas a manos del Patronato de Protección a la Mujer. El texto añade que es necesario abrir un proceso de reparación en el marco de la ley de memoria democrática en trámite en el Parlamento catalán.
Una vez formalizada la constitución de la comisión, se prevé elaborar y aprobar un plan de trabajo que determine y concrete los diversos aspectos de la investigación. La comisión tendrá la vigencia de un año desde su constitución.
Los grupos de ERC, Comunes y CUP, que registraron en mayo la propuesta de resolución para pedir la creación de la comisión de investigación, plantearon la comparecencia en el Parlamento de Cataluña de los responsables de las congregaciones religiosas que actuaron con el Patronato, además de expertos y testimonios tanto de mujeres que estaban allí encerradas o como de familiares.
El Ejecutivo reconoce el muro de fusilamientos donde el franquismo asesinó a casi 3.000 personas tras la Guerra Civil como símbolo del dolor y la justicia
El Gobierno de España ha declarado Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del cementerio de La Almudena, en Madrid, escenario donde fueron asesinadas casi 3.000 personas por la dictadura de Francisco Franco tras el fin de la Guerra Civil, entre abril de 1939 y febrero de 1944. La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), convierte el enclave en un espacio protegido por su valor histórico, memorial y simbólico.
Según el texto del BOE, en la tapia del camposanto se produjo “uno de los episodios más oscuros de la represión franquista”, y hoy constituye un “símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad”.
Un lugar marcado por la represión franquista
El cementerio, conocido antiguamente como Cementerio del Este, fue escenario de una persecución sistemática contra republicanos, sindicalistas e intelectuales, así como contra mujeres y hombres que se opusieron al régimen franquista. Las cifras oficiales estiman que 2.936 personas fueron ejecutadas en la tapia sur de la necrópolis, de las cuales al menos 44 murieron a garrote vil, mientras que las demás fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes dentro del propio cementerio.
Entre las víctimas se encuentran 80 mujeres, incluidas “Las trece rosas”, fusiladas el 5 de agosto de 1939 por su militancia en organizaciones juveniles socialistas y comunistas. El Gobierno recuerda que muchos de los ejecutados fueron “juzgados sin las debidas garantías legales” en procesos militares sumarísimos.
La represión en La Almudena se mantuvo hasta junio de 1944, cuando se inauguró la prisión de Carabanchel, que pasó a ser el nuevo centro de ejecuciones del franquismo.
Protección, señalización y respeto histórico
La declaración como Lugar de Memoria Democrática implica que la tapia, de titularidad municipal, deberá contar con una señalización e identificación adecuadas que expliquen su relevancia histórica. Además, se garantiza su “perdurabilidad y conservación”, y se prohíbe la remoción o desaparición de los vestigios que recuerden los hechos allí acontecidos.
El Ejecutivo central subraya que el muro “sigue siendo un escenario silencioso pero atroz de la violencia política” y un símbolo del terror utilizado por el régimen franquista para consolidar su poder.
Esta decisión llega solo un día después de la declaración de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, también como Lugar de Memoria Democrática, lo que ha generado tensiones políticas entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional, que ha anunciado un recurso judicial contra dicha medida.
El exeurodiputado de IU Willy Meyer y Yolanda Martín-Alameda Benlliure han interpuesto las querellas en Badajoz y Sigüenza, las dos localidades en las que sus abuelos fueron utilizados como mano de obra en la posguerra para construir un canal de riego y una presa
Dos nietos de prisioneros republicanos han interpuesto este lunes nuevas querellas por trabajos forzados durante el franquismo. Se trata del exeurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer y Yolanda Martín-Alameda Benlliure, cuyos abuelos fueron parte del sistema de mano de obra que el régimen puso en macha contra los perdedores de la Guerra Civil. Las querellas han sido presentadas en los juzgados de Sigüenza (Guadalajara) y Montijo (Badajoz), donde se vieron obligados en 1942 y 1943 a participar como prisioneros en diversas obras públicas como parte de su castigo.
El abuelo de Meyer, del mismo nombre, fue detenido y condenado a muerte tras participar en la defensa de Madrid con el Ejército republicano, una pena que sería conmutada por 30 años de cárcel. Posteriormente fue destinado a las colonias penitenciarias de Montijo, en Badajoz, donde participó en la construcción del canal de riego del Guadiana. Por su parte, Juan Benlliure, detenido en octubre de 1939 acusado de auxilio a la rebelión, fue enviado al destacamento penal del pantano de Pálmaces de Jadraque (Guadalajara), donde estuvo implicado en el levantamiento de la presa.
“Con esta querella nos sumamos a la lucha colectiva por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, ha dicho Yolanda Martín-Alameda en la rueda de prensa en la que se han presentado las querellas. Ambas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento madrileño del que son vecinos ambos nietos, el de Rivas-Vaciamadrid, y han sido impulsadas por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). La alcaldesa del municipio, Aída Castillejo, que lidera la coalición IU-Más Madrid-Equo, ha justificado la adhesión en “no solo un acto de apoyo de un ayuntamiento, sino de una ciudad, de unos vecinos a otros vecinos”.
El trabajo forzado en el franquismo fue una de las vías de represión impuestas por la dictadura y una manera de intentar vaciar las cárceles en un momento en el que estaban saturadas de presos. Para ello se instalaron espacios concentracionarios en los que “se hacinaban a los prisioneros”, a los que “se les facilitaba una mala alimentación” y condiciones extremas al tiempo que debían desarrollar “un trabajo intensamente duro”, explica CEAQUA. “El régimen disciplinario que se le aplicaba a los presos incluía agresiones físicas, palizas, trabajo adicional y la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales inmediatas”.
Para Yolanda Martín-Alameda, el objetivo era “acabar moral y físicamente con los presos y las familias” como la suya, que se ha decidido a interponer la querella para “poner luz” sobre lo que implicó el régimen en términos de mano de obra forzada. Según ha explicado el abogado de CEAQUA, Jacinto Lara, la querella se dirige contra los “mandos del Ejército español que formaron parte” de estos destacamentos penales, de los que actualmente “se desconocen los nombres”. Por eso, una de las primeras diligencias que piden que se practique es “facilitar la identidad y filiación” de estos “presuntos responsables que son objeto de la denuncia”.
La querella se ha presentado en el marco de la campaña “contra los 50 años de impunidad”, con la que CEAQUA quiere denunciar que medio siglo después de la muerte de Franco no se hayan juzgado los crímenes del franquismo. “Con su presentación no sólo se denuncia la comisión de crímenes de derecho internacional (trabajos forzados o esclavos), sino también el modelo de impunidad que impera en el Estado español que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista”, asegura la organización, que apunta a que “la mayoría” de las 120 querellas presentadas hasta el momento han sido inadmitidas a trámite o archivadas.
La comunidad autónoma tiene el mayor número de mujeres ejecutadas por los golpistas y de tumbas “temáticas” por “violencia machista” durante la guerra civil en España
Un tipo jala el percutor del arma. Clac. Apunta. Una mujer menos. Ellas también son víctimas y desaparecidas, como los hombres, pero no solo. La represión franquista diseña un castigo especial de género, ejemplarizante, donde el secuestro, la humillación pública y el abuso sexual anticipan la muerte. Y esa “violencia machista” supera en Andalucía las 1.500 “rosas” asesinadas por los golpistas durante la guerra civil con varios casos simbólicos de fosas comunes “temáticas”.
Por ejemplo las ‘mujeres del Aguaucho’, un puñado de chicas de 16 a 22 años que los derechistas ejecutan en agosto de 1936. El posible hallazgo de sus huesos en Cañada Rosal (Sevilla) destapa un perfil singular de crímenes asociados a las mil caras de la venganza fascista contra las que rompen los límites de la feminidad tradicional. Como aquellas jóvenes jornaleras acusadas de participar en manifestaciones, organizar una huelga y “coser banderas republicanas”.
En suelo andaluz hay 1.515 mujeres asesinadas –436 ya exhumadas– en los números actualizados del proyecto Desaparición forzada en Andalucía. La cifra supone un tres por ciento de los 50.000 cadáveres –y 900 fosas comunes– que la matanza fundacional del franquismo deja en la región, un tercio del total español y más que las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Esta dimensión represiva lejos del frente origina un dato a la cabeza del país, según confirman las investigadoras consultadas por elDiario.es Andalucía.
Mapa de mujeres en fosas comunes del proyecto 'Desaparición forzada en Andalucía'. GEOACTIVISMO.ORG
Aunque no es la única zona. Más allá hay casos como el emblema de Aurora Picornell, la 'Pasionaria de Mallorca', y las cuatro 'rojas del Molinar', o la primera fosa femenina –tres cuerpos– abierta en España en 2002 en Candeleda (Ávila). Luego hay otros, como las ‘13 rosas’, fusiladas ya en posguerra. La represión de género, al cabo, busca imponer un modelo patriarcal y deja al sur como una tierra de mujeres enterradas en fosas comunes.
Las “rosas” andaluzas
Las mujeres del Aguaucho. Cuenta la crónica popular que los fascistas buscan “carne fresca” y pillan a unas jóvenes de Fuentes de Andalucía (Sevilla). Coral, Josefa, María Jesús, Joaquina, Dolores, Manuela... Están “señaladas” por su implicación social y política. Los criminales pasean por el pueblo con la ropa interior de las chicas ensartadas en sus armas. Ocurre en agosto de 1936 y hoy sus huesos quizás han sido localizados. Una primera búsqueda –2017, pozo de la finca que nomina al grupo– resultó negativo.
Pablo Caballero con la foto de su tía, Josefa González, en la búsqueda infructuosa (año 2017) de 'las mujeres del Aguaucho'. JUAN MIGUEL BAQUERO
Las 17 rosas de Guillena. Eulogia, Granada, Natividad, Rosario, Trinidad, Tomasa, Ramona… Tienen entre 20 y 70 años. Dos están embarazadas cuando las liquidan en noviembre de 1937 por ser familia de personas de izquierda y no revelar el paradero de sus seres queridos. Otro símbolo de la brutalidad represiva del fascismo patrio. Exhumadas (2012) en la vecina localidad sevillana de Gerena, reciben entierro digno en el cementerio de su pueblo.
La fosa de las mujeres de Grazalema (Cádiz). Quince vecinas y un niño, el Bizarrito, aniquiladas con brutalidad extrema en febrero del 37. Los golpistas las sacan de sus casas por “ser esposas o novias de republicanos”. Exhumadas (2008) en un paraje natural de la sierra gaditana. Los huesos tienen múltiples fracturas, como un cráneo con una severa rotura por un golpe de arma blanca. Yacen en la necrópolis municipal.
Las 16 “fieras humanas” de Zufre. Tezaodora, un tiro en la sien, Mariana, un par de balazos, Modesta, sin vida, y Amadora, Elena… así, de una tacada, en noviembre del 37. Calificadas como “fieras humanas” en el juicio póstumo de las autoridades golpistas. Algunos de sus hijos las ven subidas a un camión camino de la muerte. No localizadas en la búsqueda (2019) en Higuera de la Sierra (Huelva).
Las 15 rosas cortadas en la Fuente Vieja. El testimonio del hijo de una víctima, José Domínguez, alias Pedro El Sastre, apunta a una fosa común del antiguo camposanto de Puebla de Guzmán (Huelva). No localizadas, la tarea de campo (2013/14) certifica la destrucción de la sepultura en los años 70. Los crímenes están fechados en septiembre del 37, mientras El Sastre –reclutado por los golpistas– todavía escribe cartas a su madre desde el frente.
Zapato de tacón de una víctima de los golpistas. JUAN MIGUEL BAQUERO
Enterradas “como una puta”
Los números andaluces son fruto “de la represión caliente y las fosas en la retaguardia, sin relación muchas veces con la guerra en sí”, sintetiza la historiadora Carmen Jiménez, experta en violencia de género golpista. Los episodios donde ellas son las protagonistas exclusivas recorren todo el país “pero Andalucía es la que más tiene por número de víctimas y de este tipo de fosas”, añade Eulàlia Díaz, que investiga la represión “temática” franquista.
La “saña especial” de la “venganza patriarcal” también está en los papeles. “La hemos enterrado como una puta”, con un hombre arriba y otro abajo, muertos y simulando una doble penetración, hace memoria el sepulturero sobre una joven de 22 años violada y asesinada por derechistas. El caso, que destapa la investigación de Laura Muñoz-Encinar, retrata la represión extrema contra ellas.
“El cuerpo de la mujer es un símbolo de triunfo sobre el enemigo, masculino, donde se quiere hacer evidente su impotencia”, explican en sus estudios Lourdes Herrasti y Queralt Solé. Un discurso, recuerdan, que “verbalizó” desde la radio el genocida Queipo de Llano: “Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad y, a la vez, a sus mujeres”.
O la definición de “fieras humanas” a las rosas de Zufre. Y documentos con expresiones como “fulanas”, individuas “anticlericales” o culpadas de “tener ideas más avanzadas”, cuenta Carmen Jiménez. “Cuando las fosas son exclusivas de mujeres es que hay una selección de ese grupo”, una intencionalidad, coincide Eulàlia Díaz, que estudia las tumbas colectivas femeninas como fuente interpretativa de la represión franquista.
Asesinadas “por sustitución”
Las fosas “temáticas” nacen en el sur con “la matanza fundacional del franquismo y ese primer momento en que hay una fiereza contra ellas y se meten en el mismo saco que a los hombres”, señala Jiménez. “Aunque hay muchos aspectos de la violencia física ejercida contra la mujer que en los restos óseos arqueológicamente no siempre podemos ver”, como las vejaciones de carácter sexual y otras “como el aceite de ricino o el rapado de pelo”, observa Díaz.
Una mujer, la tierra abierta, una fosa común. JUAN MIGUEL BAQUERO
Porque los golpistas usan los cuerpos femeninos como campo de batalla. Pero no solo. “Muchos son asesinatos por sustitución, que no están sus maridos o sus hijos, pero cuando te pones a rascar ellas también tienen implicación política y militancia”, amplían. “Hay que quitar la idea de que las mujeres no eran sujetos ideológicos, como quería el franquismo”, subraya Díaz.
“¿Por qué dar por supuesto que los hijos varones sí tenían un compromiso político, mientras que las hijas mujeres, las hermanas o las madres, solo actuaban por un compromiso emocional y familiar?”, cuestionan las investigadoras Laura Martín-Chiappe y Zoé de Kerengat. Caso de ‘las mujeres del Aguaucho’ que superaron el modelo de “española rancia” y ahora pueden mostrar que el rastro de la historia también está en los huesos.
“Los perfiles biológicos –de los cuerpos exhumados de una fosa común– son bastante coincidentes, hay indicios y barajamos esa hipótesis, pero todavía no se puede hablar de una evidencia de que sean ellas”, dice Carmen Romero, coordinadora de la intervención arqueológica que ha exhumado un grupo de cuerpos “compatible” con las jóvenes andaluzas. Cabe aplicar “todas las cautelas” científicas y esperar “al estudio antropológico y genético” de los restos, extiende.
Pero hay una complicación añadida para buscarlas y ponerles rostro: “Las mujeres muertas en estos contextos de retaguardia franquista en la mayoría de las ocasiones no constan inscritas en los registros civiles, quedando en un silencio documental absoluto”, escriben Herrasti y Solé. De muchas víctimas “no aparecen ni sus nombres, un problema más acentuado que con los hombres”, encaja Díaz.
Desaparecidas, e invisibles, hasta sobre el papel. Olvidadas en el “silencio amplificado” de un mundo rural donde retumba una violencia lejos del frente que “hace que la mujer muera en su cotidianeidad, a menudo vejada y casi siempre enterrada en fosas comunes”. Ahí, entre esqueletos, quieren hablar los pendientes, los peines, las horquillas y un anillo, un dedal, un crucifijo. Y ahí está Andalucía, en los huesos, como una tierra de mujeres enterradas en fosas comunes.
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