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La lucha de la memoria por la Verdad, la Justicia y la Reparación quedó relegada en la transición con el eterno «No es el momento». Casi a escondidas en diversos pueblos de Navarra, Extremadura, La Rioja se exhumaron de fosas comunes a las personas asesinadas por los golpistas del 36.
Por Iñaki Alrui | 27/09/2025
Cabe destacar la iniciativa que el 28 de noviembre de 1978, apenas a diez días del referéndum constitucional, intentó sentar la bases de un Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo, iniciativa en la que participaron entre otros dos de los condenados el 27 de septiembre, Manuel Cañaveras y Pablo Mayoral. Salvando las distancias, pero sin renunciar en nada a la ambición de hacer justicia, aspiraba a seguir el ejemplo de los procesos de Núremberg o del entonces más reciente Tribunal Russell. Aquel mismo 28 de noviembre, la policía detuvo a los más de veinte participantes y a los periodistas que estaban cubriendo el evento, y en un nuevo intento en Valencia, 42 personas fueron arrestadas. El estado español de la transición no iba a consentirlo. La iniciativa se presentó de nuevo en Ginebra, coordinada allí por Christian Viret. Pese a recabar las adhesiones, entre otras la de varios diputados, finalmente no prosperó.
Los pactos de silencio de la transición surtían efecto, y la imposición del olvido siguió ganando tiempo de forma mayoritaria.
Con el inicio del siglo se inicia también un resurgir de búsquedas de recuerdos familiares, gentes que quieren saber del pasado y se hacen la eterna pregunta: ¿De dónde venimos? Empiezan a organizarse pequeños movimientos memorialistas. Se busca a los guerrilleros que, acabada la guerra, siguieron peleando contra Franco en los montes (por entonces todavía seguían vivos un considerable número de maquis). Se lleva a cabo la exhumación de la Fosa de Priaranza del Bierzo, se localizan fosas comunes, se realizan los primeros listados de fusilados y desaparecidos.
El 31 de octubre de 2007 se aprueba la primera Ley de Memoria Histórica. Fue un primer paso, pero se quedó en el papel y no tuvo ningún desarrollo más allá de los trabajos que llevaron a cabo las propias asociaciones memorialistas.
En el año 2008, las Naciones Unidas reclamó por primera vez a España que adoptase medidas concretas para acabar con la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y que garantizase los derechos de las víctimas.
El 14 de abril de 2010 se abrió una vía de esperanza hacia la justicia: dos denuncias presentadas por diversas organizaciones humanitarias argentinas y españolas junto a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, Inés García Holgado y Darío Rivas, en la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires. El caso lo abre la jueza María Romilda Servini de Cubría, en base al principio de jurisdicción universal, para juzgar crímenes de lesa humanidad. Hoy suma unas 2.000 querellas y denuncias. Entre los centenares de casos presentados en la querella están los fusilamientos del 27 de septiembre y sus consejos de guerra contra los jóvenes antifascistas. En apoyo a la querella se creó la red ciudadana Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA). Quince años después, la puerta de la esperanza sigue abierta, pese a todos los obstáculos posibles que viene poniendo la «justicia» española, negándose a colaborar judicialmente con Argentina igual que se negó a colaborar Gran Bretaña y Suiza en las causas abiertas contra el rey emérito.
En 2012 el gobierno vasco aprueba el decreto de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida entre los años 1960 y 1978. El decreto se empieza a aplicar de inmediato, y los primeros expedientes tramitados son precisamente los de Ángel Otaegi y Jon Paredes ‘Txiki’, que en noviembre del mismo año son reconocidos como víctimas de la violencia política. Un reconocimiento a nivel autonómico que, a nivel estatal, está empezando tímidamente a llegar en los últimos meses, nada menos que doce años más tarde.
En 2014, el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, Pablo de Greiff, emitió un informe donde instaba al estado español a reparar a las víctimas del franquismo. La respuesta gubernamental fue que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. Unas declaraciones que, para el relator, “demostraban un profundo desprecio por las víctimas”.
El 21 de octubre de 2022 entra en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, con más oscuros que claros. De momento han sido rechazadas todas las denuncias interpuestas por torturas en la dictadura. La nueva ley tampoco deroga ni modifica la Ley de Amnistía de 1977, utilizada para hacer borrón y cuenta nueva de tal forma que los victimarios fueron amnistiados sin haber sido investigados, ni juzgados, ni condenados, mientras que las sentencias de los tribunales franquistas contra quienes se enfrentaron a la dictadura siguieron en vigor. Como parte positiva, citar el artículo 5 de la nueva ley, en el que se declaran ilegales e ilegítimos a los tribunales y jurados constituidos a partir del golpe de estado de 1936 e, igualmente, ilegítimas y nulas las condenas y sanciones dictadas por éstos.
Fruto de este último artículo, cuarenta y nueve años después de aquel atropello, en 2024, el estado rectifica aquella aberración mediante la entrega de una declaración de reconocimiento y reparación a la familia del luchador antifascista José Luis Sánchez-Bravo. La misma notificación fue recibida por la familia de Puig Antich, uno de los dos últimos asesinados por garrote vil del franquismo. En ella se oficializa la ilegalidad de las condenas que pesaron sobre ellos. La misma declaración recibía a finales de agosto la familia de Xosé Humberto Baena, también se espera Ramón García Sanz, en marcha pero retrasada por la burocracia, al no tener familiares la solicitud de la declaración de reconocimiento y reparación ha sido gestionada por su abogado defensor, Gerardo Viada y compañero de lucha.
Pequeños pasos, queda mucho. Las víctimas del franquismo han pasado más tiempo esperando Verdad, Justicia y Reparación en democracia que durante la propia dictadura. Y es que, desde el manto de silencio impuesto en la transición, se ha cultivado un sustrato cultural, iconográfico e identitario de lo español que mantiene sus raíces franquistas, aunque haya sido a base de mentiras. En ese sustrato cultural herencia de la dictadura incluye rasgos comunes como la unidad de España, la negación del derecho a decidir y la autodeterminación, la judicialización (y militarización) de la política, la politización de la justicia, la exaltación de los cuerpos represivos, la criminalización de la disidencia, la censura, la obediencia al IBEX35 y el acérrimo vasallaje monárquico. El constitucionalismo del 78 es, ni más ni menos, antidemocracia.
Pero nada está cerrado. La crisis de la monarquía y del sistema es real. No sabemos cómo evolucionará, pero sabemos que hay que seguir tirando, como dice L’Estaca, hasta que caiga.
Han transcurrido cincuenta años desde aquel auto de fe sangriento: los últimos fusilamientos de la dictadura franquista. Es importante que se reconozca la ilegitimidad de aquellos consejos de guerra farsa y la vulneración de todos los derechos de los procesados. Tan importante como el reconocimiento de la legitimidad de la lucha antifranquista en todas sus formas.
Cincuenta años. Ya es hora. Seguimos…
Ramón, José Luis, José Humberto, Txiki, Ángel. ¡No os olvidamos!
Este texto pertenece al epilogo del libro “27 de septiembre 1975 / los últimos fusilamientos de la dictadura franquista” y fue publicado originalmente en LoQueSomos.
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