La Federación Estatal de Foros por la Memoria lanza una ofensiva para expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. El colectivo, constituido en 2004 a partir de la integración de varias asociaciones de ámbito nacional, ha registrado este martes ante la Dirección General de Patrimonio del Estado una reclamación para que el Gobierno saque de una vez por todas del complejo monumental a la orden religiosa que custodia la Abadía desde finales de la década de los cincuenta. Y lo hace poniendo sobre la mesa el "incumplimiento sistemático" de las obligaciones que los religiosos tienen reconocidas en el armazón jurídico levantado durante la dictadura. Una violación permanente de la normativa que regula el funcionamiento del Valle de los Caídos que infoLibre desveló en una extensa investigación publicada el pasado mes de octubre.
"Hay que acabar con la impunidad con la que funcionó durante décadas un sector estrechamente vinculado con el franquismo", resalta en conversación con este diario Arturo Peinado, presidente del colectivo, quien sostiene que la salida de los religiosos del complejo monumental es "fundamental" si lo que se pretende es desacralizar Cuelgamuros y convertirlo en un espacio de memoria al estilo de los que existen en otros países como Argentina. El colectivo no cree que el Ejecutivo nacional vaya a moverse con este escrito. "Probablemente, nos encontremos con un silencio administrativo", reconoce Peinado. Sin embargo, es el paso previo que tienen que dar antes de abrir la vía contenciosa-administrativa. "No dudaremos en acudir a los tribunales si es necesario", exclaman.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria reclama la expulsión de la orden por el "incumplimiento sistemático" de la ley por la que actualmente se rige el funcionamiento del Valle de los Caídos. Una armadura jurídica que se forjó durante el franquismo, que aún sigue vigente y que se sustenta sobre tres textos diferentes. En primer lugar, el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, firmado por el propio dictador. En segundo, el Convenio de mayo de 1958. Y, por último, el reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la anteriormente mencionada fundación, un ente que administra provisionalmente Patrimonio Nacional.
La Abadía tiene derecho a permanecer en la Fundación de la Santa Cruz y a recibir "los productos de sus bienes" para el "cumplimiento de los fines fundacionales" siempre que cumpla "fielmente" con las "obligaciones establecidas". De no hacerlo, sentencia el decreto de 1957, el Patronato del ente debe dar "cuenta de ello" a la Santa Sede "para que ésta autorice la sustitución" de los benedictinos "por otra orden o instituto de la Iglesia". Algo que, sin embargo, nunca se ha hecho, a pesar del incumplimiento desde hace décadas de algunas de las obligaciones que los religiosos tienen encomendadas, tal y como desveló este diario el pasado mes de octubre en una extensa investigación publicada tras más de tres años reclamando a la administración información sobre Cuelgamuros, un largo proceso que acabó en los tribunales.
Un Centro de Estudios Sociales sin actividad desde 1983
El colectivo se agarra a este precepto para exigir la salida de los monjes. Y lo hace poniendo sobre la mesa algunos de los incumplimientos detectados. Por ejemplo, la normativa establece que la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), "con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados". Sin embargo, el CES lleva muerto casi cuatro décadas. "Dejó de tener actividad continuada a partir de 1983", señalaba Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a este diario en el marco de la investigación.
El Estado nunca ha ejercido en democracia el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional en el procedimiento judicial abierto por este periódico. El documento, fechado el 10 de diciembre de 2019 y firmado por el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, Ernesto Abati García-Manso, reconocía que en los archivos del organismo público no constaba "información concreta" de la evolución del número de monjes, una cifra fundamental a nivel presupuestario en tanto que el quinto pacto del convenio de 1958 que regula la relación entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía establece que en el presupuesto del ente "se incluirá un mínimo de 35 pesetas diarias por cada monje o novicio", una cantidad "revisable anualmente".
Descontrol económico
Del mismo modo, tampoco había ni rastro de los "ingresos y gastos" de la última década de la Hospedería o la llamada Casa de Ejercicios Espirituales. Conocer estos datos es de suma importancia. En una nota elaborada por los servicios jurídicos del Estado, la Abogacía sostiene que "si de las actividades desarrolladas por la Abadía se obtuvieran ingresos suficientes" la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no estaría "obligada a traspasarle" la subvención que históricamente se ha concedido a los religiosos para el desarrollo de sus actividades. Sin esa información, ¿cómo ha sabido Patrimonio si existía o no esa obligación de darles apoyo económico?
Tampoco constan documentos relativos a la justificación de esa subvención. "No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (...) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma", rezaba el certificado firmado por Abati. Es decir, se comenzaron a elaborar estos documentos después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, alertase de que "nunca" se había rendido "cuenta justificativa" del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.
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Jueves, 17 de julio de 1958. A pocos meses de que el dictador Francisco Franco inaugure bajo palio el enorme mausoleo que ordenó levantar en plena sierra de Guadarrama, una veintena de monjes se instala en el Valle de los Caídos. Pertenecen al Monasterio de Santo Domingo de Silos y, con Justo Pérez de Urbel al frente, tienen la misión de custodiar el complejo monumental. Sesenta y tres años más tarde, la misma orden religiosa sigue en Cuelgamuros. Y lo hace a pesar de llevar desde 1983 incumpliendo alguna de las obligaciones que le permiten continuar asentada bajo la gigantesca cruz de piedra que preside la sierra madrileña. El Estado es plenamente consciente de ello, según se desprende de la información facilitada a infoLibre. Sin embargo, nunca ha procedido a la expulsión de los religiosos, a pesar de que la ley le habilita para ello.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. infoLibre decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inicia ahora una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
Las obligaciones legales de los monjes
Más de cuatro décadas después de la muerte del dictador, el mausoleo continúa funcionando apoyado sobre una armadura jurídica forjada durante el franquismo, una estructura normativa que la nueva Ley de Memoria Democrática tiene previsto reformar tras su aprobación definitiva. En primer lugar, el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, firmado por el dictador. En segundo, el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, suscrito por Luis Carrero Blanco –entonces subsecretario de la Presidencia del Gobierno– y que fija los derechos y obligaciones de los monjes mientras custodien el complejo. Y, por último, el reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la anteriormente mencionada fundación, un ente que administra provisionalmente Patrimonio Nacional.
Entre sus obligaciones, la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), "con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados", así como "seguir al día el pensamiento social en el mundo, su legislación y sus realizaciones", recopilar "la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia", llevar a cabo "la redacción y, en su caso, la divulgación de aquellos trabajos que sobre materias sociales realice el centro" o preparar los documentos e informes que le sean encargados "en orden a los problemas sociales". Para ello, el decreto-ley de 1957 recogía la creación de una Junta integrada por diferentes ministros –Presidencia, Educación Nacional, Justicia y Trabajo– y autoridades religiosas –entre ellas, el Obispo de Madrid-Alcalá– que, anualmente, debía elaborar un plan de estudios y trabajos del centro. Documento de obligado cumplimiento para la Abadía benedictina.
Pero el CES lleva casi cuatro décadas muerto. Y el Estado lo sabe. "Dicho Centro de Estudios Sociales dejó de tener actividad continuada a partir de 1983", señala Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a infoLibre. Y añade que "en cumplimiento de los fines fundacionales", el CES "prosigue su actividad en el terreno del estudio y la investigación". ¿Cuáles han sido en los últimos años, entonces, los planes de estudios y trabajos que, según el decreto de 1957, tiene que elaborar anualmente la Junta en relación con el centro y que guían su actividad? infoLibre ha solicitado copia de los mismos y ha pedido conocer la composición actual de dicho órgano, cuyo presidente, según fija la ley, es designado por la Fundación de la Santa Cruz, el ente que el consejo de administración de Patrimonio Nacional administra provisionalmente. Sin embargo, el organismo público no tiene esos datos. "No dispone de información sobre los planes de estudio, sino tan solo de algunas actividades realizadas por el mismo", señalan en un informe aportado en el proceso judicial que planteó este periódico.
¿Cómo se cumplen entonces los fines fundacionales? "Facilitando consultas a investigadores en la biblioteca y archivo del CES y participando en jornadas de estudio en colaboración con otras instituciones", señala el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia.
Pero eso no es lo que dice la normativa legal. No hay ni rastro de la Junta Rectora, ni de los planes anuales de estudio y trabajo, ni de los becarios pensionados, ni de las publicaciones regulares. Todo ello de existencia obligatoria de acuerdo con la estructura jurídica aprobada a finales de los años cincuenta del siglo pasado.
LA REALIDAD DEL CENTRO
Es más, ni siquiera los religiosos esconden la realidad del Centro de Estudios Sociales, aunque culpan de ello a la Administración. "Cuando el Gobierno decidió cerrarlo en 1982 no tuvimos el menor problema en dejarlo, aunque sí dolor y tristeza por lo que había significado. Porque esos estudios también contribuyeron al sentido de la reconciliación que tenía este lugar, y que no son palabras que están escritas o ideas que se aportan ahora, sino que pertenecen a la misma esencia de su fundación. El trabajo de casi 25 años y su compilación en 60 volúmenes está ahí. Pero de todo esto nadie quiere acordarse tampoco, como si nunca hubiera pasado", explicaba en 2007 el entonces abad, Anselmo Álvarez, al diario Abc.
El historiador Julián Casanova estuvo allí. Y contó su experiencia en noviembre de 2007 en un artículo en El País. "Un conserje me indicó que no había allí ninguna biblioteca y, como insistí y le recordé que estábamos en un recinto custodiado por el Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que ir a hablar con los monjes benedictinos. Pregunté en la abadía por el bibliotecario, quien, tras una breve conversación sobre los fondos disponibles, me acompañó a la Hospedería y le pidió la llave de la biblioteca al conserje. La biblioteca, que contiene miles de libros de historia y sociología, huele a cerrado y abandono", relataba.
Es cierto que desde la Abadía se han impulsado algunos cónclaves centrados en el estudio social. Por ejemplo, en septiembre de 2019, el prior administrador, Santiago Cantera, impartió en el complejo monumental el "Curso de Historia de la Doctrina y de la Acción Social de la Iglesia". El problema es que la normativa que regula la permanencia de los monjes es bastante clara en relación a las actividades del centro, que en ningún momento quedan reducidas a la participación en unas jornadas o a facilitar consultas. Se debe "seguir al día" la "evolución del pensamiento social en el mundo" y mantener actualizada "una biblioteca especializada en materia religiosa y católico-social", llevando a cabo la "redacción" y "divulgación" de aquellos trabajos sobre materias sociales que se realicen en el CES.
Sustitución por otra orden religiosa
Buena parte de esos estudios forman parte del fondo bibliográfico de Patrimonio Nacional. Así, el organismo conserva en la actualidad, según su propia base de datos, títulos como Situación y revisión contemporánea del marxismo (1966), La familia española (1967), Juventud y formación religiosa (1974) o La concentración urbana en España: problemas demográficos, sociales y culturales. El más reciente disponible, Acción Social de la Orden Benedictina, está fechado precisamente en 1982.
A pesar de que el Estado ha sido siempre consciente de que el Centro de Estudios Sociales lleva sin tener actividad continuada desde 1983, los diferentes Gobiernos liderados por PSOE y PP nunca han actuado para que se cumpliese la normativa vigente, o para cambiarla en caso de que considerasen que la actividad del CES ya no debería figurar como una de las obligaciones exigidas a los monjes para permanecer en el Valle de los Caídos. Y es algo que, con la ley en la mano, debería haber hecho. Así, el decreto de 1957 establece que la Abadía tiene derecho a permanecer en la Fundación de la Santa Cruz y a recibir "los productos de sus bienes" para el "cumplimiento de los fines fundacionales" siempre que cumpla "fielmente" con las "obligaciones establecidas". "Caso de incumplimiento, el Patronato dará cuenta de ello, razonadamente, a la Santa Sede, para que ésta autorice la sustitución de la Abadía Benedictina por otra orden o instituto de la Iglesia", sentencia la ley.
Sin embargo, el Centro de Estudios Sociales no ha sido la única cuestión en la que el Estado ha preferido mirar hacia otro lado. De hecho, como ha podido averiguar este diario, Patrimonio Nacional no ejerció en democracia el necesario control sobre otras tantas obligaciones que tenían los monjes de Cuelgamuros, a los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto expulsar del complejo monumental en cuanto salga adelante la nueva Ley de Memoria Democrática que ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados. Es decir, no supervisó correctamente que se estuviera cumpliendo lo que marca la ley que regula el funcionamiento del complejo monumental. La explicación de todo ello será el eje de una próxima entrega de la serie que hoy inicia infoLibre.
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