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La Junta se topa con el silencio municipal en su catálogo de símbolos franquistas
Hoy, 76 años después de la definitiva conquista de las últimas plazas almerienses por parte del bando franquista, queda poca gente capaz de dar cuenta de cómo marcaron aquellos tiempos del hambre, los toques a refugio y los disparos fratricidas. Apenas las kilométricas galerías diseñadas por Guillermo Langle para resguardar a la población de los obuses bajo el suelo del Paseo de Almería dan, en nuestros días, fiel testimonio de aquel horror.
De lo que sí queda memoria en primera persona es de los cuarenta años de régimen militar que sucedieron a la Segunda República. Memoria, esta, que se refresca silenciosamente cada día en placas, blasones, losas, insignias y topónimos del callejero que exaltan la labor de los vencedores.
A mediados del pasado febrero, un abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, denunció al alcalde de la capital, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, por un supuesto delito de desobediencia por vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología franquista. En su escrito, mencionaba el escudo tallado en piedra caliza que luce entre su ornamentación el edificio de la Agencia Tributaria del Paseo de Almería en su balcón central, flanqueado por las banderas española y andaluza. En diez días, cuando los republicanos reivindiquen la tricolor, Ranz insistirá en su denuncia contra este y otros tantos primeros ediles de todo el país ampliando el catálogo de símbolos todavía visibles, según explicó a IDEAL. «De la misma manera que es impensable que una víctima del nazismo se pasee por Alemania y vea una esvástica, no entendemos cómo una del franquismo tiene que sufrir esta humillación», señaló.
Además del escudo plantado en el citado inmueble, en la capital hay varias paradas obligadas para todo aquel que quiera recordar la propaganda de los años del yugo y las flechas, ya por nostalgia, ya por puro interés histórico. A unos metros de esa delegación de Hacienda, destacan otros testimonios franquistas, como el blasón que corona el principal acceso a la Escuela de Artes y Oficios y una inscripción primorriverista sobre los muros de la Catedral -normalmente tapada por una lona-, entre otros. Belchite, Crucero Canarias, General Moscardó, por ejemplo, nombran varias vías del mapa de la capital desde hace décadas, sobre el que también se levantan uniformes viviendas entregadas por la Delegación Nacional de Sindicatos al necesitado populacho.
Sin catálogos oficiales
En Almería, no existe ningún inventario oficial impulsado por el Consistorio que enumere estos elementos creados para propagar el mensaje de la victoria. El único es una recopilación oficiosa realizada por varias entidades hace años (el Foro por la Memoria y la Libertad, Izquierda Unida), que lo presentaron ante el Ayuntamiento y el Ejecutivo andaluz. Aunque había precedentes en otros puntos y jurisprudencia, según fuentes que participaron en la redacción de aquel inventario, no se obtuvo respuesta alguna.
Lo de la capital, no obstante, no es una excepción. El actual director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía asegura en declaraciones a este periódico que su departamento trabaja con los ayuntamientos para que remitan información sobre los trámites realizados para elaborar estos catálogos y proceder a la retirada de los «objetos o menciones conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar , de la guerra civil y de la represión de la dictadura», como reza el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Pero la cosa va lenta.
«A día de hoy, los ayuntamientos que han contestado al requerimiento de información en la provincia de Almería constituyen el 35% del total», asegura Giráldez, que reconoce que el último escrito por parte del Ejecutivo se envió en septiembre de 2013, lo que implica una total incapacidad para fijar un «plazo concreto» y dar cumplimiento a la legislación. «Seguimos esperando la relación de símbolos», afirma, antes de reconocer que dependen de la «colaboración» de las corporaciones municipales. Lo que sí puede hacer Educación, por ejemplo, es retirar elementos preconstitucionales de centros de enseñanza públicos, aunque la potestad para cambiar su denominación recae en los consejos escolares.
Más allá de cuestiones políticas o ideológicas -el de la memoria es un tema muy manoseado en el peloteo político-, la crisis económica explica también que muchos consistorios mantengan echado el freno a estas iniciativas. Cualquier intervención que se realice sobre edificios con algún tipo de protección tienen que contar con un proyecto de rehabilitación, algo que cuesta dinero y desmotiva a las muchas veces endeudadas localidades.
«La competencia es de las administraciones locales, pero el Consejo de Gobierno [de la Junta, en su proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía] ha aprobado sanciones económicas para quien no los retire», explica Rafael Salazar, portavoz de la Oficina de Vicepresidencia del Gobierno andaluz en Almería hasta la ruptura del acuerdo de Gobierno entre su partido, IU, y el PSOE al final de la anterior legislatura. «Sobre todo se trata de voluntad: algunos símbolos podrían retirarse con una pequeña brigada de operarios», reitera el antiguo responsable.
De llevarse a término esta norma, y sean quienes sean los encargados de eliminar las representaciones franquistas, tendrán que hacerlo en 18 meses desde que la Junta apruebe la norma, que le faculta para actuar subsidiariamente. El paradero de todas esas losas, insignias y emblemas será entonces los fondos del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía, una administración, aún, imaginaria. Todo lo contrario que los cuestionados símbolos.
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