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Los querellantes buscan alternativas después de que el Gobierno denegara la extradición
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 10 ABR 2015 - 16:02 CEST
La juez argentina María Servini en la Audiencia Nacional en 2014. / ÁLVARO GARCÍA
Un grupo de familiares de víctimas del franquismo ha pedido este viernes a la juez de Buenos Aires María Servini de Cubría que solicite autorización a España para que ella —acompañada por magistrados de la Audiencia Nacional— pueda interrogar en territorio español a casi una veintena de acusados. Los querellantes intentan abrir así una nueva vía, después de que el pasado 13 de marzo el Gobierno de Mariano Rajoy denegara la extradición de 17 acusados por la justicia argentina por crímenes cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Los familiares han ampliado sus denuncias contra Rodolfo Martín Villa por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos cuando era ministro de Gobernación, entre 1976 y 1977.
El objetivo de Ricardo Huñis y Máximo Castex, abogados de las víctimas en Argentina, es que si los acusados —entre ellos, exministros— no declaran en este país, al menos lo hagan en España. Mientras tanto, rige la orden de captura internacional contra ellos que la juez Servini había pedido a Interpol, por lo que corren el riesgo de ser arrestados en caso de salir del territorio español.
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Los acusados por presuntos homicidios y torturas son Martín Villa, los exministros de la Presidencia Antonio Carro y Alfonso Osorio, de Justicia José María Sánchez-Ventura y de Trabajo Fernando Suárez González, el ex secretario general del Movimiento José Utrera Molina, los expolicías Jesús Quintana Saracíbar, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, Pascual Honrado de la Fuente y Jesús González Reglero, los abogados del régimen Carlos Rey González y Jesús Cejas Mohedano, el exmilitar Antonio Troncoso de Castro y el médico Abelardo García Balaguer.
Pero en el caso de Martín Villa se han añadido nuevas acusaciones. Después de las declaraciones de testigos en el Consulado de Argentina en Madrid, el pasado febrero, los familiares de las víctimas le achacan también los asesinatos de los militantes sindicales y políticos Rafael Gómez Jáuregui, José Luis Cano Pérez, Francisco Javier Núñez, José María Zabala Erasun, María Norma Menchaca Gonzalo y Arturo Ruiz García. Martín Villa llegó a ser vicepresidente primero del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo entre 1981 y 1982, fue diputado del PP y presidió Endesa y Sogecable.
Uno de los abogados de los familiares de las víctimas del franquismo en España, Carlos Slepoy, pidió además a autoridades del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que protestaran ante el de Rajoy por la supuesta falta de cumplimiento del tratado bilateral de extradición. También se manifestó esperanzado en que un cambio político en las próximas elecciones generales de España facilite el enjuiciamiento de los acusados.
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