dissabte, 8 d’abril de 2017

CUARENTA AÑOS DEL "SÁBADO SANTO ROJO". Eusebio Lucía Olmos. (1 y 2 de 3).

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CUARENTA AÑOS DEL "SÁBADO SANTO ROJO" (1/3)
Artículo publicado en Publicoscopia, el 13/09/15
Estos días, que tanto se reclama por parte de algunos el sometimiento a la legalidad vigente, no puedo dejar de recordar aquellos otros en que políticos, necesariamente con mucha menor experiencia en su oficio que los que ahora así se expresan, ignoraban tales preceptos legales para conseguir el fin deseado: la restauración democrática. De otra forma, el acatamiento de la ley de Principios del Movimiento Nacional, de los fueros del Trabajo y de los Españoles, de las leyes fundamentales del Estado franquista en definitiva, nos hubiera obligado a una eterna parálisis en relación a aquello que toda España pretendía para dar salida a los cuarenta largos años de régimen dictatorial. Y para conseguirlo no tuvieron más que aplicar las acciones políticas más adecuadas en cada caso, olvidándose de la legalidad vigente. Hasta tal punto que, el 18 de noviembre de 1976, y tras una dura y larga confrontación entre los diferentes grupos de procuradores – aperturistas unos y ultra franquistas otros –, en la que se llegó a recurrir hasta a recabar la opinión de representantes de la oposición clandestina mediante contactos telefónicos del profesor Carlos Ollero, el gobierno de Adolfo Suárez y el presidente de la Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, consiguieron que sus propios creadores acabasen con toda la estructura jurídica del régimen franquista mediante la ley para la Reforma Política. Este texto legal fue aprobado en votación nominal por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Los propios procuradores franquistas habían hecho posible el recorrido “de la ley a la ley, a través de la ley”.

Numerosos podrían ser los ejemplos detallados de las medulares estructuras que, siendo consideradas legales, fueron cayendo en aquellas fechas por meros acuerdos políticos, sin que la transgresión de la legalidad fuese esgrimida precisamente que por unos pocos nostálgicos del régimen del general Franco. Pero, voy a centrarme sólo en uno de los casos que, por su singularidad y especial reacción en contra, merece una especial atención: el proceso de legalización del Partido Comunista de España, que se convertiría en piedra angular del arco del cambio político emprendido.

En enero de 1976, la dirección del PCE decidió que Santiago Carrillo, su secretario general, debería abandonar su residencia en las proximidades de París para instalarse clandestinamente en Madrid, por más que tal traslado le supusiera un importante riesgo para su vida, ya que tanto su nombre como su organización política despertaban imperdonables resonancias bélicas entre amplios sectores de la sociedad española y, sobre todo, los numerosos ultras franquistas. Su declarada evolución eurocomunista hacia la democracia no era suficiente transformación para ellos, de la que, además, no se fiaban. Fue necesario, de momento, un oportuno cambio de imagen, del que serían piezas imprescindibles una peluca encargada ex profeso, un pasaporte de arquitecto francés magníficamente falsificado, unas adecuadas lentillas y un traje de excelente corte. Todo ello constituiría un arriesgado aunque eficaz camuflaje para entrar en España, consiguiendo la apariencia de un individuo extravagante, de aspecto incluso homosexual, según todos los testigos. El viaje a Madrid lo realizó el 8 de febrero de 1976, en un flamante “Mercedes” blanco, conducido por la esposa de su amigo y próspero hombre de negocios, aunque simpatizante comunista – que no militante –, Teodulfo Lagunero, quien le sirvió también de acompañante. Como domicilio secreto de Carrillo en Madrid, y de acuerdo con la dirección del partido, Lagunero había adquirido un discreto chalet en la selecta Colonia de El Viso – en el número 19 de la calle Leizarán –, al que sólo tendrían acceso el propio comprador, Jaime Ballesteros, la camarada Carmen, que se cuidaba de la atención de la casa, el conductor, “Isidoro”, y la que desde entonces sería su fiel secretaria, Belén Piniés, sobrina del embajador de España ante la ONU.

A pesar del riesgo que corría, al poco tiempo de estar instalado en Madrid se hizo acompañar por Lagunero para volar a Roma, con objeto de asistir a una reunión de la Junta Democrática, visitando a su regreso Valencia y Castellón. Pocos días después, y convocados con la oportuna recomendación de la mayor de las prudencias, 150 dirigentes del partido se reunieron en una nave industrial de un polígono madrileño, sin conocer el motivo. La sorpresa enmudeció la natural primera reacción de aquellos disciplinados militantes, al encontrarse ante el mítico Santiago Carrillo, quien les dedicó unas emocionadas palabras. Con objeto de que su presencia se detectase también fuera de España, pocos días más tarde viajó a Yugoslavia y Rumanía, donde se entrevistó con Ceaucescu, quien le dio detalle de la conversación que había mantenido con un enviado del rey de España: ofrecimiento de la legalización del PCE para más adelante, a cambio de la moderación de sus militantes. Socialistas y democristianos serían legalizados de inmediato, lo que no era aceptable aquella para Carrillo, extrañándose de que Ceaucescu no opinase de igual modo. Al regreso de Bucarest, y para seguir haciendo pública su presencia lejos de España, participó en París en un acto de la Junta Democrática y, ya en Madrid, no dejó de frecuentar restaurantes conocidos, comprobando la eficacia de su acertado disfraz. Aunque, en el fondo, Carrillo se preguntaba si no sería más provechosa su detención para acelerar con ella la legalización del partido.

Ante el previsible final del gobierno de Arias Navarro, como indicaban sus propias discrepancias internas, toda la oposición había decidido cambiar de estrategia y unir las organizaciones rivales, Junta Democrática y Plataforma Democrática, en Coordinación Democrática – la “Platajunta” –, suponiendo un importante reconocimiento para el PCE. La nueva entidad no sería ya un organismo de confrontación, sino de negociación. Ya no se hablaría de “acción democrática nacional”, sino de “acciones y manifestaciones pacíficas” para la legalización de los partidos, así como de la amnistía o la obtención de las libertades. El PCE, por su parte, cambió también de gestos y lenguaje. Abandonaría su vieja retórica y llamará a la “ruptura pactada”, o a “la apertura de una negociación a los elementos que se declaran reformistas y a los representantes de las Fuerzas Armadas o la Iglesia”, para un gobierno provisional o transitorio. El propio Juan Tomás de Salas, en un editorial de la revista de gran influencia que dirigía – “Cambio 16” –, ya abogaba públicamente por el reconocimiento de los comunistas si se quería que el pretendido proceso democrático fuera verdadero.

Mientras tanto, Carrillo no paraba un momento en su domicilio madrileño, comprobando en sus frecuentes salidas la efectividad de su disfraz. El 1º de mayo visitó Brunete, glorioso escenario republicano de la guerra civil, para seguir hacia París, donde mantuvo una reunión con el comité ejecutivo del partido. A finales de junio salió por Bilbao hacia Berlín, donde asistió a una conferencia de partidos comunistas, en la que fueron derrotadas las tesis de Brezhnev, resultando vencedoras las de italianos, españoles, franceses, yugoslavos y rumanos. Regresó el 1 de julio para conocer la dimisión de Arias Navarro como presidente del gobierno, así como la designación de Adolfo Suárez para el cargo dos días más tarde.

Aunque la mayoría de la clase política criticó esta elección, Carrillo se sintió satisfecho en su interior con ella, tanto por la juventud del seleccionado como por su detallado conocimiento del entramado del régimen franquista. Otra cosa era lo que manifestase sobre el proceso selectivo, tal como le comentó al ex ministro de Asuntos Exteriores y decepcionado candidato, José María de Areilza, con quien se entrevistó en el domicilio parisino del arquitecto Bofill a finales de julio. Por propia sugerencia de Areilza, al día siguiente mantuvo una entrevista con el embajador español en París, Miguel María de Lojendio, en su propio despacho de la embajada, en la que le solicitó nuevamente su pasaporte, que como ciudadano español le correspondía. En distendida y amable conversación, el embajador donostiarra prometió a Carrillo consultar el caso con La Moncloa. Pero, al tener conocimiento de esta visita a la embajada, Suárez cesó fulminantemente al titular por haber recibido en su despacho oficial al dirigente comunista.

A finales de julio, se celebró en Roma un pleno del comité central del PCE, del que se dio amplia noticia en la prensa española, y en el que Carrillo anunció sería ésta la última reunión que se celebrase fuera de España. Allí se mostró la “ruptura pactada” y la adecuación de las estructuras del partido a la nueva realidad democrática, a cargo de un partido muy distinto al de la guerra civil. La prensa española se vuelca sobre el tema, subrayando las intervenciones de Carrillo y La Pasionaria, y destacando la presencia de nuevos dirigentes hasta entonces desconocidos, como Ramón Tamames, Julián Ariza, García Salve, Nicolás Sartorius o Marcelino Camacho. Así como el apoyo mostrado por destacados miembros de por toda la oposición democrática (Txiki Benegas, Ruiz Jiménez, Joan Garcés, Enrico de la Peña, Calvo Serer…). Resentido por el cese de Lojendio, Carrillo hizo unas críticas declaraciones sobre el proceso español hacia la democracia, involucrando al rey y a Suárez como sus rémoras. Estas manifestaciones dan pie a que la policía española piense que está llevando a cabo una campaña por el extranjero en protesta por no haber obtenido el pasaporte, cuando está siguiendo las reacciones a sus comentarios desde su casa de El Viso.

El mes de agosto disfrutaría Carrillo de unas merecidas vacaciones en Villa Comète, la finca que Lagunero poseía en la Costa Azul, haciendo en su viaje de ida una parada en Barcelona para mantener una entrevista domiciliaria con el entonces líder del catalanismo, Jordi Pujol. En las largas conversaciones vacacionales que mantuvieron Lagunero y su huésped, llegaron a la conclusión de la necesidad de que aquél estableciese inmediatamente contactos con las dos personas de su confianza que le podían hacer llegar un mensaje de Carrillo a Suárez: el ministro de Educación y Ciencia, Aurelio Menéndez, y el prestigioso abogado y presidente de la agencia de noticias Europa Press, José Mario Armero. Y así se hizo.

La mañana del 25 de agosto, Lagunero estaba en el despacho del ministro para trasmitirle la petición de Carrillo de obtener su pasaporte español, para intervenir libremente en los asuntos públicos como secretario general de un partido bien organizado y combativo, en aquellos trascendentales momentos. Ni que decir tiene que le ocultó su residencia madrileña, aunque en aquellos momentos se encontrase en la Costa Azul. El ministro le recomendó a Lagunero trasmitiese a Carrillo la necesidad de mantener una temporal paciencia, pues, además del bunquer ultraderechista, una buena parte de la sociedad española aún identificaba a los comunistas con “los malos” de la guerra civil, viendo con mejores ojos a los herederos de otras fuerzas republicanas. Más aún: que cualquier movimiento precipitado podía ser perjudicial tanto para la nación como para el propio partido comunista.

A la salida de su despacho con el ministro, Lagunero acudió a entrevistarse con Armero, quien, tras alguna consulta al más alto nivel, voló a Cannes el día 28 para conocer a Carrillo. Éste sabía de la influencia del abogado, por lo que escuchó con enorme interés sus comentarios y recomendaciones, coincidentes en gran parte con los del ministro Menéndez, a lo que añadió la necesidad de establecer un puente permanente de comunicación entre partido y gobierno, para lo que deberían buscar dos interlocutores de total confianza. En aquella primera e interesante entrevista, Carrillo aceptó la apertura de esta vía, mantuvo la reclamación de su pasaporte, y añadió su interés por mantener un contacto con los militares, aunque no planteara de momento la legalización del partido. Cuando entraron en el delicado tema de la conformación del Estado, Carrillo aseguró al abogado que si el rey defendía con firmeza las libertades democráticas, los comunistas le aceptarían. Tras su regreso a Madrid, Armero consiguió que Suárez leyera su informe con detenimiento, quedando éste muy interesado en mantener la conexión con el líder comunista.


CUARENTA AÑOS DEL "SÁBADO SANTO ROJO" (2/3)
El 8 de septiembre, Suárez convocó en su despacho de Castellana, 3, a los altos mandos militares para hacerles una consulta sobre el proceso reformista que se proponía llevar a cabo. Estuvo brillante en su exposición sobre el necesario camino hacia la democracia, que para todos los presentes tenía, sin duda alguna, el límite del comunismo. Aunque esa misma tarde Carrillo se entrevistó en el parisino Hotel Commodore con Armero, para que éste le diese cuenta del resultado de la trasmisión a Suárez de la reunión de hacía diez días. Éste aceptaba con interés el contacto permanente, pero daba largas a la concesión del pasaporte y, mucho más aún, a la tolerancia hacia el partido. No era mucho, pero sí un inicio de contacto. Lo que ignoraban ambos es que una semana más tarde – el 16 de septiembre – se celebraría en la Escuela de Policía, y a convocatoria del director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, una importante reunión con todos los altos cargos del Cuerpo. En ella, el director general hizo una amplia exposición del nuevo orden público, anunciando el inminente cambio de la ley, y subrayando la necesidad de servir al gobierno en exclusiva, y no a los grupos políticos que iban apareciendo, por mucha inclinación que se tuviera hacia ellos. Hizo la siguiente distinción entre éstos: a) los afines al régimen; b) los tolerados, incluido el PSOE; c) intolerancia con respecto al PCE y filiales; d) intolerancia drástica con los más a la izquierda aún (PTE, Joven Guardia Roja, Liga Comunista…); y e) estado de guerra frente a los grupos terroristas. El encendido debate posterior entre los mandos policiales asistentes se centró en las críticas al distinto tratamiento a emplear con socialistas y comunistas, pues, para la mayoría, tenían ambos similares raíces violentas y subversivas. Ante el confuso panorama, cuando llevaban años acostumbrados a obedecer órdenes claras y a taconazos, la Policía bajó ligeramente su guardia ante los comunistas.

El 19 de septiembre tomó el vuelo París – Málaga, acompañado de otros dos camaradas franceses, arquitectos, como escala para llegar a Madrid con mínimos riesgos de ser reconocido por la policía, que estaba ya alertada, como demostró su importante despliegue en el aeropuerto malagueño. Unos días más tarde se producirá un frenazo en seco al proceso democratizador, cuando la noticia de una reunión de trabajo del ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, con destacados miembros de Comisiones Obreras, tras haber celebrado similares encuentros con representantes de UGT y USO, provocó la dimisión de la máxima autoridad castrense: el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil. La mayoría del Ejército sospechaba que aquel liberalizador proceso sindical podía acabar en el político. Y no estaban dispuestos a dejar entrar al comunismo. Suárez no sólo no trató de retener al dimisionario, sino que nombró de inmediato para sustituirle a su compañero de graduación Manuel Gutiérrez Mellado, lo que provocó división de opiniones entre la milicia.

El susto de Málaga y la dimisión del vicepresidente, aconsejaron a Carrillo salir lo menos posible. El día 21 la familia Carrillo se instaló en Madrid, en el número 12 de la calle de Seco, juntándose todos sus componentes en un pueblo de la sierra, el día 2 de noviembre, en medio de grandes medidas de seguridad de la propia organización. Quedaron también decididos los dos interlocutores que se encargarán del contacto permanente entre Suárez y Carrillo: Armero, por parte del primero, y el escasamente conocido Jaime Ballesteros, por el segundo, quienes pasarían pronto de desempeñar unos papeles meramente informativos a otros ya negociadores. Su confianza en el proceso seguido llevó a Carrillo – a quien le habían hecho ya una nueva peluca, ante el deterioro de la primera – a prodigar de nuevo sus salidas, como sucedió el 11 de noviembre, cuando viajó a Barcelona para entrevistarse con Pujol y Roca. Es la víspera de la convocatoria de huelga general, que obtendría un seguimiento muy aceptable aunque inferior al esperado. La táctica comunista tenía una doble faceta: por una parte demostraba su voluntad de contribuir al sistema democrático, pero, por otra, no abandonaba la presión de masas, imprescindible para demostrar su fuerza. Dos días más tarde se reunió, en el domicilio madrileño de un camarada, con Joaquín Ruiz Jiménez; para cuatro días después encontrarse con Felipe González, también en un domicilio secreto. 

Son los días 16 al 18 de noviembre, en que se reúnen las Cortes franquistas para “hacerse el harakiri” con la aprobación del proyecto de ley para la Reforma Política, que será sometido a referéndum un mes más tarde. Carrillo, en un exceso de confianza, convocó el 21 de noviembre la primera reunión en España del comité ejecutivo desde la guerra civil, en un molino perdido de la provincia de Guadalajara, en la que ninguno de los cuarenta asistentes fue detectado por la Guardia Civil. En ella se decidió formalmente el cambio radical de estrategia, así como el rechazo sin una campaña demasiado intensa del anunciado referéndum. El PCE se limitaría a evitar su aislamiento y conseguir su legalización antes de las futuras elecciones, para lo que continuaría con la “salida a la superficie” de su militancia y dirigentes, iniciada ya con la presentación pública del comité central en Roma.

Los días siguientes serían de gran actividad para Carrillo, pues, ya sin disfraz alguno, rodó para dos cadenas de televisión (francesa y sueca) unos recorridos en coche por el centro de Madrid, viéndosele circulando por delante de monumentos muy conocidos y acompañado por los periodistas, con lo que demostraba su estancia en la capital, además de hacerle sendas entrevistas posteriores en las que lo ratificaba. La policía española llegó a la conclusión de que, si bien las imágenes eran ciertas, no estaban rodadas en los momentos en que se decía, sino en otros anteriores en que había hecho una fugaz escapada a Madrid, exhibiéndolas después para despistar a las autoridades españolas. Ante la impasibilidad de gobierno, decidieron dar un paso más y provocar detenciones, para lo que empezaron por repartir carnets del partido en fábricas y otros lugares públicos. Por este motivo fueron detenidos por la Guardia Civil Jaime Ballesteros y Simón Sánchez Montero, el día 28 de noviembre, cuando lo hacían en Pegaso, declarando ambos ser miembros del comité ejecutivo del PCE ante la sorpresa de los agentes. Antes de ser conducidos a la Dirección General de Seguridad, Ballesteros pidió hacer una llamada, que evidentemente, fue a José Mario Armero. A pesar de que Suárez había salido de La Moncloa, para recibir en Barajas al presidente de Venezuela que venía en visita oficial, Armero consiguió hacerle llegar la noticia de la detención de los dos comunistas, dando inmediatamente la orden de su puesta en libertad. En línea con esa nueva actitud, la noche anterior Carrillo había asistido a una cena en el domicilio de José María de Areilza, en Aravaca, a la que también acudieron Enrique Tierno Galván, Joaquín Ruiz Giménez, Felipe González y Antonio de Senillosa, dando un repaso a la situación del país, y a las previsiones sobre el referéndum del próximo día 15 de diciembre. José María Gil Robles declinó la invitación al saber que asistiría Carrillo.

Entre los días 5 y 8 de diciembre, el PSOE, todavía ilegal aunque tolerado, celebró en un hotel madrileño su primer congreso en España desde 1932, al que asistieron los grandes líderes del socialismo mundial. El grito entonado por los asistentes era “¡España está de suerte, el PSOE es el más fuerte!”, en clara alusión a su entonces partido rival. El día 8 de diciembre se reunió el comité ejecutivo del PCE para analizar la evolución de los acontecimientos, sobre todo la puesta en libertad de Ballesteros y Sánchez Montero, siendo miembros de la ejecutiva. Ante el desconcierto del gobierno, se reafirmó la idea de incrementar el número de acciones al descubierto para forzar el reconocimiento del partido, al menos para gozar de similar tolerancia a la aplicada al PSOE. Se decidió asimismo convocar una rueda de prensa en Madrid para todos los medios nacionales y extranjeros, que supondría, sin duda, la detención del líder comunista. El 10 de diciembre, y tomando las debidas medidas de seguridad, unos 70 periodistas, previamente convocados el día anterior para “una rueda informativa muy especial, en la que se va a producir una noticia”, fueron siendo recogidos en distintos lugares de Madrid y trasladados a un piso medio vacío del nº 5 de la calle de la Alameda, a 50 metros del diario franquista “PUEBLO” y de la comisaría de policía del distrito de Retiro. En aquel piso abarrotado de periodistas expectantes por la anunciada primicia informativa y en medio de un tenso ambiente de clandestinidad, hizo Carrillo acto de presencia ante la general sorpresa, encabezando el más representativo grupo dirigente del comunismo español del momento (Tamames, Ballesteros, Pilar Bravo, Azcárate, Díaz Cardiel, López Raimundo y Ormazábal). Durante dos horas habló y contestó a multitud de preguntas sobre la situación política y el necesario reconocimiento del PCE, ofrecimiento de sumarse a una política de reconciliación nacional, anunciando su presentación de listas a las próximas elecciones y aceptación formal de tres puntos vitales: a) una entrevista con el rey, b) la economía de mercado, y c) del riesgo físico que a partir de entonces supondría su liderazgo.

Mientras toda la prensa se hizo amplio eco de la noticia, el gobierno no salía de su sorpresa por la osadía del viejo líder comunista, que contaba con grandes contactos internacionales, y que manejaba una organización muy disciplinada y experimentada. El ministro de la gobernación, Rodolfo Martín Villa, dio tajantes órdenes de proceder a su detención, mientras en determinados medios policiales fue creciendo cierto malestar a medida que lo hacía el rumor de que la estancia madrileña de Carrillo era conocida y tolerada por algunas autoridades políticas. Aunque la mayor parte de las fuerzas del orden seguía creyendo que Carrillo había entrado ocasionalmente a España para celebrar alguna entrevista puntual, pero que sus estancias habían sido fugaces y buscando el desconcierto policial. Lo que todos tenían muy claro era el compromiso en que se vería el gobierno una vez fuese detenido, para lo que estaba ya movilizada toda la policía madrileña, que seguía de cerca a todos los responsables conocidos.

El mismo día de la rueda de prensa de Carrillo quedó constituida la denominada “Comisión de los Nueve” (o “de los Diez”, según acudiera o no, en calidad de observador, un representante de las centrales sindicales). Formaba parte de ella, en representación de los comunistas, Santiago Carrillo, que, al no estar “reconocido oficialmente en Madrid”, es representado por Simón Sánchez Montero. Acuerdan siete puntos que intentan transmitir a Suárez, empezando por el reconocimiento de todos los partidos y organizaciones sindicales, pero el presidente está a la espera del resultado del referéndum del día 15, para saber si podría mantener una firme postura en la negociación.

Pero, comenzaría entonces un mes y medio en que se vio seriamente amenazada la transición política española por la concatenación de una serie de nefastos episodios. El día 11 de diciembre fue secuestrado Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, acción que es reivindicada por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), al tiempo que exigían la libertad y traslado a Argelia de quince presos de diversas organizaciones políticas. El día 14, el presidente Suárez se dirigió a los españoles, a través de RTVE, para cerrar la campaña del referéndum, calificando de “criminal acción” el secuestro de Oriol. El día 15 se celebró el referéndum, que obtuvo el respaldo mayoritario popular, mientras los GRAPO, en nuevos comunicados a la prensa señalaban un ultimatum para que el Gobierno cumpliese las condiciones exigidas. En caso contrario, amenazaban con pasar a Oriol “por las armas”. El día 17, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid en demanda de un salario digno y su inclusión en el sistema de Seguridad Social. Ante este nuevo pulso, el Gobierno reaccionó con un gesto de firmeza destituyendo a toda la cúpula policial. Ese mismo día, los GRAPO anunciaron en un nuevo comunicado la ejecución de Oriol, si antes de las once de la noche el Gobierno no hacía un anuncio claro de una próxima amnistía total para los presos políticos. Minutos antes de que expirara este plazo, el ministro de la Gobernación se dirigía al país a través de RTVE, manifestando que el Gobierno no podía aceptar el chantaje. El día 18, dieciocho horas después de que finalizase el ultimátum dado por los secuestradores, los GRAPO hicieron llegar un nuevo mensaje al diario “Informaciones”, al que se adjuntaba una carta autógrafa del secuestrado. En el mensaje, los secuestradores comunicaban su decisión de no cumplir sus amenazas de “pasar por las armas” al presidente del Consejo de Estado, ante las “vagas” esperanzas de que el Gobierno accediera a una ampliación de la amnistía. Nueva intervención de Martín Villa en RTVE, manifestando la satisfacción del gobierno al conocer las noticias de que el señor Oriol estaba con vida, y que, en efecto, se estaba estudiando la posibilidad de ampliar la amnistía. Durante los treinta días siguientes fueron frecuentes los comunicados enviados por los secuestradores, en los que se incluían cartas manuscritas del señor Oriol dirigidas a su familia.

Carrillo salía poco de su casa aquellos días, pero el día 18 acudió a presidir una reunión del secretariado del partido en casa de un camarada, en la que todos se mostraron satisfechos por el éxito de la rueda de prensa, aunque seguros de que se acercaba el momento de la detención del líder, por muy contradictoria que fuese con la apertura democrática. Estaban preparados para ella, aunque mucho más les preocupaba su detención por algún “comando incontrolado”, como los hechos de aquellos días hacían sospechar. El día 22 se celebró la reunión del comité central en otro domicilio particular, en el número 14 de la discreta calle Jesús Ordóñez, en el barrio de la Prosperidad, estando ya toda la policía pendiente de quienes entraban y salían del edificio, lo que fue detectado por el chófer de Carrillo quien, ignorante del piso en el que se celebra la reunión, no pudo dar el aviso. A su salidaa, sobre las 7 de la tarde, tres hombres le piden su identificación, aceptando la presentación previa de las suyas como les demanda el interpelado. Tras proceder a lo solicitado, Carrillo se quita la incómoda peluca, entregándosela a uno de los policías. Él ya no la necesita.

Alguno de los reunidos vio desde el balcón la detención de Carrillo, dando la voz de alarma al resto, comprobando por el despliegue de coches que se trataba de la policía y no de incontrolados. Esperando que subieran también a por ellos, pusieron inmediatamente en marcha el plan previsto para una movilización inmediata (aviso a la militancia y enlaces, impresión de carteles, contactos con París y Roma…), pero nadie subió a detenerles hasta una hora más tarde. Mientras tanto, Carrillo había llegado a la Dirección General de Seguridad donde, tras ser fichado, le pasaron al despacho del Jefe Superior de Policía. Pero pronto comenzaría a detectarse el inicio de una manifestación ante las puertas del céntrico edificio, por lo que decidieron trasladarle a la comisaría de la discreta calle de la Luna, donde procedieron a tomarle declaración. Contestó a todo lo que se le preguntó, sin facilitar nombre ni dirección alguno, pero aprovechando el interrogatorio para defender la causa del partido, manifestando estar en similar situación al resto de los partidos democráticos, como el PSOE, el PSP o los democristianos. Subrayó que el motivo de su residencia en España desde el pasado mes de febrero era la obtención de su legalización, tanto personal como del partido. Conducidos también a la Dirección General de Seguridad, los miembros del comité central fueron haciendo sus declaraciones, sin ser bajados a los calabozos, pues les hicieron permanecer en las oficinas hasta su traslado a la cárcel. Los militantes seguían conectando entre sí, mientras la eficiente Belén Pinies acudió al chalet de El Viso para destruir los documentos más comprometidos, como el falso pasaporte francés. Al día siguiente llevaría buena parte del archivo de Carrillo al inmejorable recaudo de la casa de sus padres.
EUSEBIO LUCÍA OLMOS