Será en el panteón ubicado en el cementerio municipal, en el que reposan los restos de los no identificados que se han ido recuperando de fosas comunes en los últimos años
Se trata de una reivindicación largamente perseguida por los familiares de los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura posterior. Con décadas de retraso, Pamplona inscribirá los 308 nombres de las personas asesinadas en Pamplona por la represión franquista. Será en el panteón ubicado en el cementerio municipal, en el que reposan los restos de los no identificados que se han ido recuperando de fosas comunes en los últimos años.
Es un panteón que tiene su origen en la Ley de Memoria Histórica foral de 2013. “Se preveía con una capacidad para 65 personas, destinado a recoger los restos de los que van apareciendo en las cunetas. Hay muchos de la fuga del fuerte de San Cristóbal -o fuga de Ezkaba, por el topónimo del monte- y que están sin identificar y sin reclamar por los familiares, explica Josetxo Arbizu, miembro fundador de las asociaciones memorialistas y de familiares de represaliados Affna36 y Txinparta.
El próximo 12 de abril se inscribirán los nombres de las 308 personas asesinadas en Pamplona, entre ellos se incluyen los 14 considerados cabecillas de la fuga de San Cristóbal, ocurrida el 22 de mayo de 1938. “Era gente de Galicia, de Castilla… de un montón de sitios, de todo el Estado”, recalca Arbizu.
La decisión la tomó la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona el pasado 19 de febrero. El texto, que fue presentado por el PSN, recoge además que se permita depositar en dicho panteón los restos identificados de personas fusiladas por deseo expreso de la propia familia o porque carezcan de ella.
La placa, que será de acero Corten y llevará los nombres grabados, cuenta con un presupuesto de 16.000 euros.
Y si fue el Partido Socialista de Navarra el que impulsó esta medida en el Consistorio, fueron dos políticos de UPN –Enrique Maya como alcalde de Pamplona y Javier Morrás como consejero de Interior- los que el 14 de noviembre de 2014 firmaron un convenio en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que hizo realidad el panteón.
Está construido en hormigón armado y revestido con piedra maciza de granito negro. En él se recoge una mención a las personas asesinadas en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo y que han sido recuperadas de fosas comunes. Enfrente se erige un monolito de piedra en color silvestre gris de 2,60 metros de longitud, 0,50 metros de anchura y 2,80 metros de altura. Tanto el panteón como el monolito están rodeados de una zona ajardinada.
En estos momentos alberga alrededor de 40 restos. En próximas fechas serán trasladados los últimos cuerpos desenterrados de cunetas: 16 de Olave, 6 de Burutain, tres de Usetxi y los tres de Urdaniz, los de Elía… “el protocolo de exhumaciones dicta que es la familia la que decide si se identifican los restos, claro”, apunta.
UNIDAD DE TODO EL ESPECTRO POLÍTICO
Arbizu también recalca la importancia de que todas las fuerzas políticas navarras apoyen estos actos de restitución. “El asociacionismo civil -Txinparta, Pueblo de la Viudas, Affna36 y Familiares de Fusilados a Raíz del Golpe de Estado de 1936- ha logrado en 15 años que la sociedad navarra se dé por enterada”.
“Hay que tener en cuenta que estamos en la tierra donde surgió el golpe de Estado, y donde antes de la Guerra Civil había 8.000 carlistas movilizados entrenando en los montes. Ellos mediatizaron el golpe. Ha sido un proceso largo, de ir poco a poco con un mensaje continuo para evitar que la gente mirase para otro lado”, relata. “Reivindicamos una memoria común, no solo de personas vinculadas a movimientos socialistas o anarquistas, sino a una parte de la sociedad que inevitablemente es plural: abogados, propietarios, industriales, médicos… gentes diversas. Lo importante es restituir esa memoria”, remarca.
Arbizu contempla el proceso como un avance paso a paso: el Pleno en el Parlamento de Navarra en 2003 de Recuerdo, reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas y represaliadas durante la Guerra Civil en Navarra, el Parque de la Memoria en 2006 en la localidad de Sartaguda -conocido como el pueblo de las viudas-, la Ley foral de Memoria Histórica de 2013… “y el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno actual ha recogido la labor de las asociaciones civiles y se ha puesto a la cabeza, tirando de este proyecto”, agradece. “Hay que reconocer que el anterior Ayuntamiento, que era de UPN, también se implicó en el proyecto”.
No obstante, el proceso de reparación comenzó antes de la Ley: la placa en el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona que reconoce a los fusilados antes de que fuese una exigencia legal, el monolito en los fosos de la ciudadela donde se producían los fusilamientos, el cambio de nombre a la plaza del Conde de Rodezno por plaza de la Libertad… “no hablamos de siglas políticas, sino de una exigencia social, de unas heridas que deben cerrarse”, sentencia Arbizu, muy en línea con lo que recoge la Resolución de Naciones Unidas 47/133 y el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica, de abril de 2013.
La ley foral remarca que reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas debe ser un objetivo prioritario para los poderes públicos en un Estado de derecho. Por ello es trascendental reparar el daño causado, reconocer la situación de indefensión y poner todos los medios al alcance para restituir, reconocer, recordar y recuperar.
La Resolución de Naciones Unidas, adoptada en la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 1992, aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señalando que afectan a los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.
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